La obligatoriedad excluyente

 

A un año del cierre de las escuelas, estando claras las diversas consecuencias de esta medida drástica y duradera, es incuestionable el interés de recuperar la mayor presencialidad posible en la educación.

Cabe advertir que, mientras la pandemia siga en curso, lo “posible” dependerá de una compleja interrelación entre (1) el contexto epidemiológico, (2) la seguridad que podamos garantizar en las aulas, (3) la correcta implementación de estrategias de vigilancia epidemiológica, (4) una adecuada estrategia para el uso de transporte público y (5) la implementación de restricciones sanitarias en otras áreas, que acompañen y contrarresten el impacto de la actividad escolar presencial.

Coincidimos en la enorme relevancia de la asistencia a la escuela como parte del proceso pedagógico, y en particular para garantizar la continuidad de quienes tienen problemas de acceso a dispositivos y conectividad. Asimismo, la concurrencia a la escuela aporta a sus alumnos una interacción social y afectiva que constituye un estímulo especialmente importante en edades de formación y desarrollo. Sabemos además que es la escuela la que garantiza el acceso a algunos derechos para muchos niños, niñas y adolescentes.

Por otro lado, la educación no presencial ha transferido a las familias cargas adicionales de trabajo de apoyo escolar, y de demanda de presencialidad en el hogar para el acompañamiento de menores. Como consecuencia se han producido desigualdades en el acceso de los menores al apoyo escolar y los cuidados, de acuerdo a las dispares capacidades de las familias. A su vez, el cumplimiento de las mayores demandas de cuidados dificulta a las familias la realización de tareas laborales fuera del hogar, pudiendo impactar en sus ingresos. Para quienes realizan trabajo de manera remota supuso una gran sobrecarga de trabajo (remunerado y no remunerado) que tiene, por cierto, un mayor impacto sobre las mujeres. Esto último porque la gestión familiar del trabajo no remunerado se produce en el marco de asimetrías de género preexistentes.

Evidentemente la vulnerabilidad social agrava todos esos problemas que supone la modalidad no presencial de educación. Sin embargo, es importante advertir que si alumnos y sus familias en condiciones de vulnerabilidad son los principales damnificados por la no presencialidad, también lo serán frente a una implementación insegura de la presencialidad. Es en esas mismas familias donde más frecuentemente conviven niños y adultos mayores de 60, con el consiguiente riesgo aumentado de fallecimiento de un familiar producto de un posible contagio en la escuela.

La garantía de derechos educativos debe ser implementada de modo tal que no se vulnere el derecho a la salud de las familias y personal de la comunidad educativa, y sin que introduzca una seria amenaza para el contexto sanitario general. Por ello, la recuperación de la presencialidad educativa requiere diseñar una estrategia que minimice los riesgos de transmisión de Covid-19.

Planteamos aquí algunos de los ejes que consideramos que deberían ser de cumplimiento mínimo, debiendo ser las autoridades de cada Ministerio de Educación provincial las responsables de reglamentar, garantizar y auditar su cumplimiento. Para ello consideramos necesario que establezcan y hagan público, en cada uno de los siguientes ejes, cuáles serán los parámetros mínimos exigidos, cómo promoverán o facilitarán su cumplimiento, cómo dispondrán que se realice el control o monitoreo constante y cómo deberá procederse en caso de no lograr el cumplimiento con las condiciones adecuadas.

1. Monitoreo del riesgo epidemiológico. Debe estimarse el riesgo epidemiológico a través de un sistema de semáforo, que sea transparente y establezca condiciones mínimas para la continuidad de la presencialidad y su frecuencia. La cantidad diaria de contagios en una población determina la probabilidad de que un asistente a una actividad escolar esté contagiado, y que represente por tanto un riesgo para el resto de la comunidad educativa así como el de la actividad escolar como factor de agravamiento de la situación sanitaria general.
2. Deben tomarse medidas para reducir todo lo posible los riesgos de contagio a través de las escuelas, tanto para las familias como para el personal del sistema educativo:

a. Distanciamiento. Es importante establecer un máximo de alumnos por metro cuadrado en espacios cerrados y en espacios abiertos (que permitan 2 metros de distanciamiento mínimo o 1,5 en contextos epidemiológicos favorables), y garantizar su cumplimiento mediante la división de cursos y reducción de días de asistencia.

b. Ventilación. Considerando el predominio del riesgo de contagio por aerosoles (transmisión por la contaminación del aire con carga viral), resulta fundamental la renovación frecuente del aire de las aulas y otros espacios cerrados compartidos por alumnos y personal. Existen parámetros que permiten evaluar si la ventilación de un espacio cerrado resulta suficiente, pero además, para auditar la correcta  ventilación, se sugiere la utilización de medidores de concentración de CO2 en el ambiente. Donde no sea viable la adecuada ventilación, debe disponerse algún sistema adecuado de filtrado del aire. Si no es viable ninguna de estas alternativas, el espacio en cuestión no podrá ser utilizado.

c. Tapabocas adecuados. Los tapabocas cumplen un papel clave en la prevención al filtrar gotas y aerosoles con virus. Sin embargo, su efectividad puede ser muy dispar en función del material del que están realizados, la cantidad de capas, su adecuada higiene y recambio, y su adecuado ajuste al rostro. Por ello es necesario que se dispongan condiciones mínimas que deben cumplir los tapabocas (que contemple al menos la exigencia de triple capa, con alambre o aluminio para sujeción en la nariz) y en lo posible proveerlos desde la escuela (al menos en establecimientos públicos).

d. Desinfección adecuada. Además de la disponibilidad de desinfectante para las manos, es particularmente clave la higiene de los baños, razón por lo cual sería importante que se determine el mínimo de tiempo requerido entre una y otra desinfección de los mismos y se garantice la disponibilidad de materiales de limpieza y personal para cumplir con las condiciones establecidas.

3. Vigilancia epidemiológica. Es fundamental disponer estrategias para detectar ágilmente cuando un alumno o docente se encuentre infectado o sea sospechoso de estarlo (ya sea por síntomas o por nexo epidemiológico) y prever claras pautas para proceder en esos casos. Al respecto, deben comunicarse claras instrucciones a las familias para reportar cuando un alumno sea sospechoso de Covid por síntomas o por exposición como contacto estrecho (en particular cuando conviva con un paciente de Covid-19). También es importante que se realice en cada jurisdicción el trabajo de rastreo de contactos de cada paciente y se notifique a las escuelas cuando se identifiquen casos o contactos de menores en edad escolar. Los establecimientos educativos deben tener instrucciones claras para, frente a una notificación, proceder al aislamiento de burbujas completas, es decir de todos los alumnos y docentes que hayan compartido espacios áulicos con el caso positivo. Resulta conveniente que las burbujas sean lo más acotadas posibles, por lo que es necesario pensar una estrategia específica para el caso de docentes que trabajan en muchas aulas. Se aconseja, además, proponer una estrategia de testeo periódico, en pooles, del personal de establecimientos educativos.

4. Reducción del impacto del uso de transporte en el incremento de la transmisión. La presencialidad implica en muchos casos, especialmente en grandes ciudades, el incremento de la demanda de uso de transporte público. Es necesario trabajar en estrategias para evitar que ello resulte en aglomeraciones y situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, segmentación del horario de ingreso y egreso a la escuela, refuerzo de la frecuencia de transporte público en horarios clave y/o refuerzo con la implementación de transportes escolares. Es imperativo que los transportes funcionen con todas las ventanillas abiertas, con una ocupación parcial estipulada claramente y con todos los ocupantes del vehículo utilizando barbijo en todo momento.

5. Compensación del aumento de la movilidad incorporado por la apertura de las escuelas. La apertura de las escuelas incrementará la movilidad de la población, y ello tiene un impacto en la transmisión viral. Por ello, la vuelta a la presencialidad debería estar acompañada con restricciones selectivas y parciales a la movilidad del resto de la población, especialmente de aquellos sectores que fueron menos castigados por las medidas restrictivas durante 2020. De esta forma el aumento de movilidad generada por las actividades escolares presenciales será, al menos parcialmente, contrarrestado o compensado.

Finalmente consideramos que la obligatoriedad de la presencialidad educativa no debería re-instalarse hasta que se haya conseguido una amplia inmunización de la población o una drástica reducción de la circulación del coronavirus. La obligatoriedad de concurrir a la escuela podría terminar generando tanta o más exclusión que la educación no presencial si quienes no asisten corren el riesgo de perder la continuidad pedagógica o incluso su vacante. Algunas familias podrían preferir no sumarse a la presencialidad escolar por temor a enfermarse, incluso sin que resida en el hogar una persona con factores de riesgo. Luego de un año de realizar esfuerzos para evitar el contagio propio, de las personas que conviven en el hogar y de la sociedad en general, resulta contradictorio forzar a las familias a relegar su temor al contagio para realizar una actividad viable de forma remota.

 

 

Sol Minoldo, doctora en Ciencias Sociales, CONICET

Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas, UNC, CONICET

Jorge Aliaga, doctor en Ciencias Físicas, UNAHUR, CONICET

Miguel Pagano, doctor en Ciencias de la Computación, UNC

Malena Moiraghi, doctora en Ciencias Agropecuarias, UNC, CONICET

Roberto Etchenique, doctor en Química, UBA, CONICET

Guillermo Durán, doctor en Ciencias de la Computación, UBA, CONICET

Mario Lozano, doctor en Ciencias Bioquímicas, UNQ

Rodrigo Castro, doctor en Ingeniería, UBA, CONICET

Diego Garbervetsky, doctor en Ciencias de la Computación, UBA, CONICET

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí