ALERTA MINERÍA

 

La reforma constitucional de 1994 instaura a los Estados provinciales como propietarios del subsuelo, delegándoles así el uso de sus recursos minerales/metalíferos. Chubut es una de las provincias con mayores reservas mineras no explotadas en el mundo en lo referente a plomo, plata y oro, pero también de uranio con el yacimiento Cerro Solo, ubicado en proximidades de Paso de Indios, capaz de abastecer de materia prima a nuestra industria nuclear, y por lo tanto permitir su independencia de materias primas importadas.

No obstante ello, la explotación minera a cielo abierto y con uso de cianuro está prohibida desde que se aplica la ley 5001, gestada y sancionada tras el plebiscito que se hizo en Esquel en 2003, donde una mayoría aplastante votó contra la actividad en las inmediaciones de esa ciudad cordillerana.

Pero además de dicha ley, amplias franjas de la ciudadanía han ido cristalizando un rechazo a la actividad minera, bajo la sospecha de que sólo las corporaciones multinacionales se verán beneficiadas económicamente, quedando para los chubutenses el pasivo ambiental y migajas en términos económicos y puestos de trabajo. Las filtraciones de un video en que se ve a un diputado provincial del PRO negociando su apoyo a la megaminería a cambio de dinero, y las silenciosas indefiniciones de otros diputados y diputadas solo consolidan el sentir anti-minero en la población, y siembran el temor y la incertidumbre en quienes sin tener información genuina se sienten manipulados por los medios.

Desde hace algunos años, vemos actores políticos que mutan de posicionamiento sin exponer los argumentos que los llevaron a cambiar de vereda, y la crisis política que vive Chubut desde hace más de 5 años agrava la posibilidad de construir consensos, dado que todos los partidos mayoritarios se encuentran fragmentados, con profundas internas en sus espacios políticos. No obstante esas atomizaciones, los herederos del dasnevismo se encuentran hoy amalgamados en pos de la aprobación de la Ley 128/20, ingresada por el gobernador Arcioni en la Legislatura en noviembre del año pasado. Girada sólo a una única comisión dominada por el oficialismo, y en un tratamiento ultra express y de abyecto blindaje mediático, busca zonificar y habilitar los emprendimientos megamineros en los departamentos de Gastre y Telsen. En paralelo, y apelando a mecanismos constitucionales, las asambleas territoriales presentaron una Iniciativa Popular respaldada por más de 30 mil firmas, que ratifica la prohibición minera, y que la mayoría oficialista decidió no tratar en recinto.

Ante las fuertes críticas por lo hermético de su tratamiento, la semana pasada se escenificó una suerte de “mesa de trabajo” donde el gobierno provincial invitó a diversos sectores de la sociedad civil (partidos políticos, intendentes, cámaras sectoriales, organismos científicos y académicos, iglesias, sindicatos, etc.) en un formato que comprendió una exposición del proyecto a cargo de ministros del Ejecutivo, que duraba solamente una hora, seguido de comentarios, preguntas y respuestas de los invitados, con menor tiempo que la exposición inicial. Nada de ello fue transmitido en vivo, y la mayoría de invitados desistieron de asistir por tratarse, ciertamente, de una pantomima. La no asistencia de vastos sectores, que en algunos casos surge de decisiones colegiadas atendiendo a la propia gobernanza de cada institución, fue criticada por el vicegobernador Ricardo Sastre, presidente de la Legislatura, quien hasta hace poco era un convencido anti-minero, y que luego de una pirueta evidente mencionó que “aquellos que no quieren participar, porque no se puede modificar, es la mejor excusa para seguir manteniéndose apartados y haciendo críticas que no son constructivas en absoluto, porque lo que necesitamos es fortalecerlo con la participación de todos”. Parafraseando a un colega: “Si los vegetarianos no quieren venir a mi asado no hay forma de que los convenzamos de que les gusta la carne”.

Pero este cliché de que quien no ha participado del “debate” no presenta alternativas para el desarrollo productivo de la Meseta, encierra la falacia de que, precisamente, son esos sectores de la sociedad civil, los pueblos originarios, las iglesias, el sector científico y otros estamentos los que históricamente han planteado el abandono por parte del gobierno y reclaman que se dé la discusión de fondo sobre el desarrollo de la Meseta Central.

¿El gobierno provincial podría haber organizado un proceso participativo, amplio, que garantizara la diversidad y pluralidad de opiniones, y fundamentalmente el registro sistemático de aportes y cuestionamientos ? Por supuesto. Y hubiera contado con apoyos genuinos.

Para desmontar entonces este lugar común de “critican pero no aportan”, exploremos la hoja de ruta que nuestra provincia podría darse a sí misma si existiera voluntad política genuina y una oreja puesta en la sociedad y el desarrollo genuino de los chubutenses, y no sólo en las mineras.

El primer hito de esa ruta es una discusión abierta sobre el Ordenamiento Territorial. ¿Qué podemos hacer en cada lugar? ¿Qué beneficios y perjuicios nos generaría? ¿Qué elementos logísticos y de infraestructura nos faltan? ¿Dónde podríamos conseguirlos? ¿Qué características socio-demográficas presentan los distintos departamentos y sub-regiones de la Meseta Central? Paradójicamente, muchas de esas cuestiones ya tienen información acumulada a lo largo de décadas de investigación científica en el territorio, llevada adelante por nuestras instituciones científicas y académicas. La explotación de la fibra de guanaco, el mejoramiento de la producción ovina, la naciente industria vitivinícola, la agricultura de precisión/agroecológica, son sólo algunos ejemplos de emprendimientos que, dado el capital intelectual acumulado, merecen atención.

Lo increíble de la situación que atravesamos en Chubut es que no se partiría de cero, sino de copiosas investigaciones teóricas y prácticas en terreno llevadas adelante por nuestras instituciones afincadas en la provincia (la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad del Chubut, el CENPAT, el CIEFAP, el MEF, el INTA, etc.), financiadas por el Estado, y con décadas de trayectoria en la Meseta Central.

 

 

¿Qué falta entonces?

Para un llamado genuino al ordenamiento territorial sólo hace falta una convocatoria de la conducción política de nuestra provincia. Si al final del debate sobre el Ordenamiento Territorial se llegara colectivamente a la conclusión de que la única alternativa es la minería, podría pensarse en un modelo totalmente antagónico al que plantea el proyecto de ley 128/20, que deja el control de la megaminería en manos de un Estado incapaz de controlar actividades infinitamente más sencillas, como la pesca artesanal en el Golfo San José. Que no establece un régimen que garantice una renta (regalías, bonos, fondos específicos, etc.) que a su vez mitigue la pérdida por parte de los ciudadanos chubutenses de un recurso no renovable, que no encara ni financia los desarrollos productivos alternativos para las generaciones futuras y prefiere optar por un flujo presente mucho más beneficioso para el gobierno nacional que para el provincial. Que no piensa en una empresa minera provincial como la gran emprendedora. Que delega en las propias multinacionales aspectos críticos del control, los estudios de base ambiental, de impacto, en lugar de dejar esos aspectos críticos en agencias de control conducidas por las comunidades, por actores respetados por la sociedad (y la malas praxis se paga caro cuando se trata de cuencas hídricas en regiones desérticas).

Y para cerrar el análisis, nada de lo anterior puede llevarse adelante sin ser conscientes que una provincia desértica, con pocas cuencas hídricas, amadas y veneradas por nuestra población porque de ellas dependemos para nuestra vida, requieren una política integral y una gestión basada en conocimiento científico. Una nueva paradoja: nuestra provincia cuenta con equipos interdisciplinarios que hace tiempo publican, difunden y ofrecen su experiencia para la gestión y el modelado de nuestras cuencas en el inquietante escenario que plantea el Cambio Climático.

Si la minería fuese una actividad identificada como viable luego de una discusión seria sobre el ordenamiento territorial, pues deberíamos discutir seriamente, qué tipo de Estado queremos en este marco. Hoy, tristemente, estamos muy lejos de abordar estas cuestiones.

A través de nuestro Ministerio de Medio Ambiente, Argentina acaba de ratificar su adhesión al “Acuerdo de Escazú” ante las Naciones Unidas. De este modo se confirma la entrada en vigor del Acuerdo el próximo 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra. En su artículo 1, el Acuerdo define sus objetivos centrales: "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible".

Todo lo contrario a lo que estamos viviendo en Chubut. La población movilizada que sólo replica en sus consignas el artículo 1 de Escazú estará nuevamente a merced de apremios policiales que ya sufrió en el pasado reciente.

Los gobernantes que se autodefinen como actores de un Frente del campo nacional y popular tienen en sus manos una responsabilidad histórica: o encaran las discusiones de fondo sobre las transformaciones que nuestra matriz productiva necesita, sin claudicar en el uso estratégico de nuestros recursos naturales, pero anteponiendo el bienestar de la población, la inclusión genuina, el capital nacional y la salvaguarda ambiental por sobre todas las cosas, o se inclinan por la receta neoliberal de dejar en manos de las multinacionales los recursos naturales que nos pertenecen.

Si no entienden el momento histórico que deben afrontar, parafraseando a nuestra Vicepresidenta, que se busquen otro laburo.

 

 

 

Rolando González-José es Investigador Principal del CONICET.
Gabriela Dufour es profesora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ex Ministra de Economía del Chubut, Diputada Provincial MC

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