La tarea pendiente

 

El plan sistemático de exterminio de la última dictadura cívico-militar tuvo un dilema repetido en diversos centros clandestinos: los cuerpos. ¿Qué hacer con los cuerpos de las personas secuestradas? La desaparición. Los vuelos surgieron en ese contexto como dispositivo de exterminio paulatino de industrialización de muerte. La metodología a través de la cual se arrojaron personas vivas al río o al mar cambió de lógicas, quedó probada en la causa ESMA pero empezó a ser materia de investigación en el debate oral que se lleva adelante en San Martín por la responsabilidad del Ejército en la desaparición y exterminio de miles de prisioneros. Desde principios de octubre pasado se desarrolla el juicio contra cinco integrantes del Batallón de Aviación 601, sostenido por primera vez por testimonios de testigos directos, los conscriptos. Pero no es la única hipótesis que se investiga en el contexto de ese territorio donde hubo al menos cuatro centros de detención: también comenzaron a ser investigados los enterramientos clandestinos.

Para eso, un avión sobrevoló esta semana las casi 5.000 hectáreas de Campo de Mayo y tomó imágenes, por primera vez en el país, con la tecnología LIDAR aéreo, cuyos datos serán estudiados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de un operativo ordenado por el Juzgado Federal N° 2 en lo Criminal y Correccional de San Martín. A partir de la información que surja como resultado en los próximos meses, se podrá acotar y determinar posibles zonas de interés para un nuevo análisis de proximidad que dé lugar a la posibilidad de encontrar restos humanos.

“El escaneo realizado genera series de puntos que permiten identificar alteraciones físicas, movimientos en la tierra, que se asemejan a posibles enterramientos. Es una de las capas tecnológicas que se aplica previamente a la excavación”, explica Marcelo Castillo, coordinador de la Unidad de Búsquedas del EAAF. “Analizamos la totalidad del predio y los resultados se van a ir cruzando con las informaciones parciales que tenemos de cada sector denunciado”, agrega quien está involucrado desde 2005 en la investigación de lo que sucedió en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar.

Castillo fue convocado hace más de 15 años por Abuelas de Plaza de Mayo porque el testigo principal de la causa y uno de los pocos sobrevivientes, Juan Carlos “Cacho” Scarpati, padecía una enfermedad terminal y querían resguardar su testimonio. El militante montonero había aportado desde 1979 datos y planos del funcionamiento del lugar. Lo hizo por primera vez ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) desde su exilio en España, luego de fugarse tras más de cinco meses secuestrado. “Me lo presentaron y tuvimos la posibilidad de generar un muy buen vínculo de trabajo, con muchísimas reuniones de intercambio”, recuerda Castillo. “Hizo muchos planos en los que describe El Campito con un alto nivel de precisión. Nos encontrábamos a repasar y trabajar sobre el último plano, y agregaba información. Iba recordando cada vez más y mejor”.

 

 

 

 

En los años siguientes sumaron nueva información sobre la organización del predio durante la dictadura. Primero apareció una carta a Ernesto Sábato fechada el 10 de enero de 1984 en un rastreo de información entre los archivos de la CONADEP. El remitente era alguien llamado Pepe, un supuesto agente de inteligencia que explicaba —sin decir su verdadero nombre— su conocimiento sobre el funcionamiento de Campo de Mayo de forma precisa. La estructura de ubicación de El Campito coincidía con el testimonio de Cacho Scarpati. También puntualizaba otras referencias como el Hospital Militar, la prisión militar, señalaba la existencia de un horno de incineración en el que se habrían quemado cuerpos —hallado luego en excavaciones— , hablaba de los vuelos de la muerte y mencionaba por primera vez la Plaza de Agua, un espacio “convertido en un campo de concentración de mujeres” afuera de Campo de Mayo. Esta semana, el avión también sobrevoló ese último espacio dado que no fue investigado. Nunca se pudo esclarecer por qué la carta de Pepe no se había incorporado a la causa.

 

 

 

 

 

En 2008, el EAAF accedió a un material fotográfico muy importante en la investigación documental. “Nos llegó un sobre con tres CDs, suponemos que desde dentro del Ejército pero no sabemos de quién”, recuerda Castillo. Eran varias fotos de alta resolución, entre ellas se ubica la de El Campito en 1974 y otras dos tomas aéreas de 1979 en las que se nota la demolición de la estructura de ese centro clandestino de detención. Estas últimas son de mucho valor: muestran al predio lo más parecido al momento del funcionamiento represivo, con las arboledas, los caminos, las construcciones. Una vez más, todo coincidía con los testimonios y planos de Scarpati. “Viste, boludo, está lo que yo describí”, cuenta Castillo que le dijo Cacho días después, cuando se las mostró en el Hotel Castelar tras un acto de su organización política, Peronismo 26 de Julio. Fue el último encuentro que tuvieron antes de la muerte del sobreviviente.

Ese mismo año se presentó la primera parte de la investigación preliminar a la Justicia con el desarrollo cartográfico de Campo de Mayo, los testimonios de Scarpati, de otros sobrevivientes y de soldados, la carta de “Pepe” y las nuevas fotos. A partir de ese momento, el EAAF inició el trabajo en el terreno mediante la aprobación del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín. El objetivo era encontrar los restos y cimientos de El Campito para entender su organización física y después ordenar las búsquedas de posibles enterramientos. Se realizaron las excavaciones y quedó determinada la existencia del edificio y sus construcciones. Una vez más, en línea con los primeros planos de Scarpati en 1979. Sin embargo, hasta ahora no se había podido realizar un análisis global del predio por donde pasaron 5.000 detenidos-desaparecidos, según estiman los organismos defensores de derechos.

“Queremos saber qué pasó en esos lugares”, dice Lorena Battistiol Colayago, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo e hija de Juana Colayago y Egidio Battistiol, secuestrados el 31 de agosto de 1977, quienes estuvieron luego en Campo de Mayo. “En los años que vienen, el tiempo para la reparación judicial se va a ir terminando. Se va terminando la vida, tanto de sobrevivientes y familiares como de genocidas. Y esto es lo más valioso que nos puede suceder: saber cuál fue el destino de nuestros familiares desaparecidos”.

“No hay dudas de los vuelos de la muerte como método de exterminio en Campo de Mayo, se confirmó, tenemos una enorme cantidad de pruebas y cada vez aparecen más”, explica el abogado querellante Pablo Llonto. Y agrega: “Pero existe esta segunda hipótesis, la de que haya habido enterramientos, que se fundamenta en algunos testimonios que hablan de comentarios por aquellos años, de que se habían enterrado en Campo de Mayo a víctimas que estaban en El Campito. Es una hipótesis menos fuerte pero hay que seguirla, estudiarla, no descartarla. Hay testimonios del sargento Victor Ibañez, que habló de la posibilidad de enterramientos, otros de algunos ex soldados a los que les había llegado el mismo comentario. Es necesario este relevamiento para confirmar si estos dichos tienen algo de certeza”.

 

 

 

 

En paralelo, el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín que lleva adelante el juicio de los vuelos de la muerte pidió al EAAF investigar la cabecera norte del predio, en un punto marcado por uno de los testigos—el ex conscripto Raúl Escobar Fernández— como el lugar donde eran dejadas las ampollas de Ketalar, la droga usada para sedar a las personas antes de subirlas a los aviones y arrojarlas al agua.

En el juicio de los vuelos se escucharon testimonios que se suceden en paralelo a un debate denominado Megacausa de Campo de Mayo. Sobrevivientes y familiares van confirmando también datos que hablan de los enterramientos. Con esa información, el EAAF y Abuelas de Plaza de Mayo propusieron una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. Dada la posibilidad de contar con esta nueva tecnología LIDAR por parte del Equipo y su capacitación para utilizarlo, la iniciativa fue avanzar en la investigación y agotar la exploración de los Centros Clandestinos de Detención. Estaba la decisión política para avanzar, sumada la disposición del Ministerio de Defensa conducido por Agustín Rossi.

En consecuencia, se solicitó una reunión con la jueza Alicia Vence, a cargo del juzgado federal de San Martín. Todos coincidieron en que era el momento indicado para organizar una recorrida conjunta en el predio y se presentó el plan de trabajo en septiembre, que fue aprobado por la jueza y el Ministerio de Defensa. El EAAF diagramó dos etapas. Una primera sobre la totalidad de Campo de Mayo, que se realiza con el vuelo que partió el lunes pasado desde la Base Aérea de Morón y su análisis correspondiente en el laboratorio. “A partir de las zonas de interés que definamos, vamos a poder precisar pequeñas intervenciones más cercanas que nos permitan la posibilidad de encontrar restos para su posterior identificación”, dice Castillo. La segunda etapa tiene que ver con retomar las excavaciones dentro dentro de la zona identificada como El Campito, un área de diez hectáreas donde queda pendiente el trabajo sobre 60% del territorio, también para intentar hallar restos óseos.

En su discurso de apertura de sesiones extraordinarias de marzo de 2020, Alberto Fernández anunció la intención de impulsar un sitio de memoria en Campo de Mayo. “Estamos trabajando en crear el espacio de memoria donde funcionó El Campito para contar su historia. Sin este gran trabajo previo no podríamos comenzar a construirlo, es parte del inicio de esa promesa”, señala el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. “El día que se pueda visitar, recorrer, interpretar su funcionamiento, ese día ya no podemos seguir con ninguna duda. No podemos no saber si lo estamos haciendo sobre enterramientos clandestinos, necesitamos descartar esa dolorosa incertidumbre que cargan los familiares, pero tampoco nuestra democracia puede cargar con estas dudas a 45 años del golpe".

“La decisión de volver a levantar las banderas de los organismos de derechos humanos como política de Estado fue fundamental para que desde Defensa y desde la Justicia se haga lugar a nuestra solicitud”, explica Lorena Battistiol. “Eso nos facilitó mucho que se avance en realizar este trabajo que recién comienza y que seguramente, en un futuro bien cercano, se repita en otros ex centros clandestinos de detención”, agrega la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

Además la idea es sumar esta nueva herramienta en otras causas donde hay testimonios de enterramientos clandestinos, como ocurre en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. “Para esto nos fuimos capacitando en la aplicación de estas tecnologías. Vamos fijando objetivos conjuntos para poder procesarlos y luego presentarlos en las causas judiciales que están abiertas”, dice Castillo y concluye: “El objetivo es acelerar y precisar lo mayor posible cada una de las investigaciones para dar respuestas a los pedidos de los familiares en la búsqueda de aquellas personas secuestradas y desaparecidas”.

 

 

 

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