POR SI NO ES LO QUE PARECE

 

41°41'00.5" latitud sur y 71°06'50.6" longitud oeste marcan el punto donde murió Arnoldo Orlando Mol, “el Negro”, 43 años, empleado de una de las firmas de capitales de los Emiratos Arabes que controlan tierras rurales en la zona andina de Río Negro. Mol conducía un Mercedes Benz Unimog del fideicomiso Amaike que derrapó en el camino pedregoso que bordea la costa este del río Alto Chubut, en la zona del campo que su familia ocupa desde hace décadas con el reconocimiento de las autoridades de Tierras de la provincia, pero sin título de propiedad.

La policía local determinó rápidamente que el empleado rural murió en un accidente vial en octubre del año pasado. La versión oficial no satisface a sus hermanos, quienes se constituyeron como querellantes en el expediente judicial abierto por muerte dudosa. La actuación policial durante la extracción del cuerpo sin vida, las certificaciones oficiales del primer mes, el comportamiento del profesional médico que determinó la causa de muerte y las diligencias de la empresa empleadora, son observadas por los hermanos, que exigen mayor claridad y rigor profesional en el expediente.

 

 

 

 

En octubre de 2019 la comunidad mapuche Kom Kiñé Mu (KKM) denunció que Mol era parte del grupo que incendió intencionalmente y destruyó un puesto de veranada en tierras altas en conflicto con Alberto Barabucci e Ignacio Petrocci Massuh, los empresarios argentinos que compraron tierras para los capitales cataríes en violación a la ley nacional vigente que pone restricciones a las operaciones por parte de extranjeros. Esa denuncia penal no prosperó en la Fiscalía de El Bolsón, la misma que ahora debe investigar esta muerte dudosa.

Mol fue empleado de la estancia Río Foyel entre 1994 y 1997, antes de que quedara en manos de Burco Group International Real Estate Development, de capitales belgas. Luego estuvo en relación de dependencia con Hidden Like SA por tres años, de acuerdo al curriculum vitae que realizó en algún momento. Tuvo otros destinos laborales fuera de la provincia hasta que regresó a Hidden Lake en 2014, lo que está acreditado por lo menos hasta 2017 en algunos recibos de sueldo en poder de l@s herman@s. Fuentes de la región lo identifican como uno de los que aparecía en manifestaciones en la tranquera de acceso a la propiedad de Joseph Lewis en oposición al libre acceso al lago Escondido. En algún momento de 2017 comenzó a trabajar para el Fideicomiso Amaike, una de las firmas en Argentina de la familia Al Nahyan de la realeza que gobierna Qatar, de los Emiratos Arabes Unidos. La empresa le construyó la cabaña nueva donde vivía, dentro del campo de la familia.

En 2017 Barabucci compró a Damián Miguel Mindlin, hermano de Marcelo, tres fracciones ubicadas sobre el límite norte de Hidden Lake en la zona en que se unen los río Foyel y Manso, que luego transfirió a Amaike. La contratación de personal por parte de ese fideicomiso para trabajar en el coto de caza de Rincón del Diablo confirma que las propiedades responden a un mismo origen de capitales junto a Baguales Adquisition SA (con Gastón Gaudio), Manzil SA y Diuna Inmobiliaria SA.

 

 

Campos chicos, vecinos poderosos

Carlos Mol con su familia ocupó un espacio junto al río Chubut en 1935, lo que quedó acreditado en una inspección de Tierras cinco años después. Se originó un expediente administrativo de esa ocupación antes que Río Negro se transformara en provincia. En esa primera inspección de regularización ya estaban asentados como vecinas las familias Miranda y Alvarez. Cada generación hizo sus presentaciones en ese expediente para que el Estado la reconociera como continuidad de la ocupación tradicional de la tierra cuya propiedad siguió en manos del Estado, lo que corroboramos en una copia del expediente administrativo de Tierras y en Catastro.

Las tierras fiscales de Mol, Miranda y Alvarez junto al río Alto Chubut son parte del espacio territorial que desde la década del ’90 la inmobiliaria de Bariloche creada por Federico van Ditmar pretende obtener para sus clientes de capitales transnacionales, con la participación activa de los sucesivos gobiernos provincial y del aparato de Estado, como se probó en numerosos casos que la justicia ordinaria de Viedma dejó impunes (2017, fallo en el caso “Accatino, Juan Manuel, Tait Daniel Alberto y Belacín, Jorge Daniel sobre fraude en perjuicio de la administración pública”). El coto de caza mayor iniciado por Marcos Marcelo Mindlin vulneró también derechos de Miranda a tierras de veranada, lo que constató la Comisión Investigadora de Tierras Fiscales de la Legislatura de RN en 2013, muchos años antes que el zar criollo de la energía revendiera más de 14.000 hectáreas de Rincón del Diablo a las firmas del emir de Qatar.

En el Catastro de acceso público continúa a nombre de Américo Mol, tío de la víctima fatal, la fracción de 380 hectáreas, y otras 77 están a nombre de Elizardo Alvarez. Arnoldo Mol había hecho una presentación ante Tierras en 2015 para anexar la fracción a nombre de Alvarez a la de su familia, según copia de las notas en poder de sus herman@s.

Las nuevas generaciones de esas familias fiscaleras son incorporadas como mano de obra de los capitales que acaparan y concentran territorios, mellando voluntades y conciencias. El cuerpo sin vida de Mol fue encontrado por un miembro de una familia vecina que trabaja en la estancia La Yvelina ubicada sobre la costa del arroyo Lepá, Chubut, propiedad del grupo Burco, que en Río Negro todavía controla las nacientes de cinco ríos en el cerro Carrera.

 

 

Express

El 18 de octubre la policía de El Bolsón intervino y labró las primeras actuaciones por la muerte en el área rural. El 17 de noviembre el fiscal Francisco Arrien hizo lugar a la presentación de una de las hermanas, iniciando legajo por muerte dudosa ocurrida entre el 16 de octubre (cuando fue visto por última vez) y el 18 cuando un vecino encontró el cuerpo, según una apurada e imprecisa declaración grabada por la policía a cargo del procedimiento en el campo.

 

 

 

El empresario Federico Bergter, de Bariloche, es directivo de varias firmas de desarrollos inmobiliarios rurales de Burco y representante de los cataríes en la zona. Bergter fue quien recibió a la policía y a Defensa Civil en el acceso a la estancia Río Foyel, sobre la ruta nacional 40. A bordo de un tractor encabezó la caravana que vadeó el río Foyel y el arroyo del Diablo en cuatro oportunidades en poco menos de 50 kilómetros. Según el informe policial, Bertger hizo estas gestiones en su condición de integrante de la empresa “Altos del Chubut”, que no tenemos acreditada en nuestra investigación ni pudimos corroborar en ningún documento público.

Fue testigo de esas mismas actuaciones Andrés Saint Antonin, “Cané”, que es encargado de la estancia Cacique Foyel lindera al coto de caza comprado por Petrocci/Barabucci a través de un engranaje de empresas, de cuyo personal también se ocupa. De familia ligada a la Sociedad Rural de Bariloche desde hace décadas, confirmó la relación de dependencia laboral de Mol con Amaike, en consulta telefónica para este informe.

El año pasado Saint Antonin y Barabucci fueron denunciados ante el fiscal Arrien por violar una medida judicial de no innovar, cuando realizaron un alambrado en tierras de pastoreo del territorio tradicional de la KKM. El poblador fallecido habría participado de esos trabajos, así como también Pablo Javier Pradena, de El Maitén (Chubut), que firmó como testigo de una de las primeras actuaciones policiales en el caso Mol, debajo de Sain Antonin.

 

 

Verdad y justicia

Los siete hermanos de “El Negro” reclaman una investigación seria junto a su madre, de 70 años, que vive en El Foyel. Cuestionan, entre otros puntos, que:

• Una médica del hospital público de El Bolsón firmó el certificado de defunción sin ver el cuerpo sin vida, respaldada por videos y fotografías digitales, asegurando que la causa de muerte fue politraumatismos, los que no precisó en el informe oficial que consta en el expediente;
• No fueron hallados o secuestrados en el lugar del presunto accidente el teléfono celular personal ni el handy que usaba para su trabajo;
• La policía local, sin perito técnico en el lugar, en trámite express de pocas horas determinó que fue un accidente vial; en este sentido, reclaman se realice una pericia mecánica al Unimog negro que conducía al momento de la muerte;
• No se resguardó el perímetro del lugar donde se desbarrancó el vehículo y unos veinte metros abajo se estrelló con la víctima dentro;
• Algunas de las medidas se hicieron un mes después en un lugar sin custodia ni resguardo;
• La relación con la policía, el hospital y el servicio fúnebre la concentró la patronal, al punto que los hermanos circunstancialmente pudieron impedir la cremación del cuerpo;
• La empresa tomó control de la vivienda familiar de Mol –que aunque se la construyó no puede ser de su propiedad, ya que sigue siendo mejora en tierra fiscal–, al punto que la hija adolescente y su madre recibieron sus pertenencias personales ya embaladas, fuera de la casa.

El 18 de octubre, un domingo, se corrió la voz en la zona. Hubo una confusión entre El Negro que se llamaba Arnoldo y otro hermano que se llama Aroldo. Alguien llamó a Aroldo, que contestó la llamada. Parecía un error. Algu@s de los herman@s se acercaron a la policía de El Bolsón a buscar información. Nada, porque en el campo no hay señal de celular. Desde la 21 hasta la medianoche cuando llegó la ambulancia con el cuerpo. Recién entonces supieron que era el hermano. En estos tres meses pasaron por zaranda fina y gruesa todos y cada uno de los detalles. Necesitan una respuesta institucional seria, la que sea, pero seria.

La muerte de este empleado rural revela la violencia que atraviesa todas las relaciones laborales y sociales de la apropiación del territorio y los bienes de la naturaleza. La decisión de la familia de reclamar verdad y justicia, a diferencia de otras muertes dudosas que engrosan la memoria, permite alentar expectativas en desentrañar métodos y dinámica de grupos locales de choque de existencia probada y continua, fundamentales en las operaciones económicas y financieras. La verdad no permite maquillar el pasado de las víctimas, que reconocemos como propias con sus oscuridades.

 

 

 

 

 

 

* Nota escrita en colaboración con Gioia Claro, periodista, desde Lago Puelo. Javier Grosso, geógrafo, investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para este informe.

 

 

 

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