La libertad de los presos políticos

                                 

El sábado 16 de enero una movilización de más de 15.000 personas reclamó frente a la Corte Suprema por la libertad de Milagro Sala, cerrando simbólicamente el acto con una gran acumulación de basura frente a las puertas del palacio.

En Jujuy, desafiando la “Orden de Operaciones” del gobernador Gerardo Morales, la agrupación Tupac Amaru y otras organizaciones demostraron con movilizaciones en las ciudades más importantes de la provincia que siguen en pie y están dispuestas a seguir luchando por la libertad de Milagro y demás compañeros, por el restablecimiento de las libertades democráticas y el orden constitucional, vulnerados desde hace cinco años por el gobierno autoritario de Morales.

 

El estado de excepción neoliberal

El gobierno de Macri había iniciado su mandato el 10 de diciembre de 2015 a través de un acto irregular: la Presidenta fue destituida el día anterior a la fecha de la transmisión del mando a través de una sentencia de la doctora Servini de Cubría, lo que hizo posible la presidencia por horas de Federico Pinedo.

Increíblemente, los medios hegemónicos parecen haberlo olvidado. Todavía hoy se atreven a afirmar la falsedad de que la “soberbia” de Cristina Fernández de Kirchner habría impedido la transmisión normal del mando a Macri. No podía hacerlo, porque el fallo judicial la había destituido 24 horas antes. Fue un verdadero golpe de Estado judicial. Compartimos la opinión de que tal hecho –sin precedentes en la historia constitucional de nuestro país— fue una “demostración de fuerza del poder real que establecía de ese modo un precedente importante, en realidad el primer paso del nuevo régimen” [1].

El nuevo régimen inició velozmente la reestructuración económica por la que venían bregando los grupos económicos. Contrariando el ciclo económico internacional adverso que exigía priorizar el mercado interno, sus medidas económicas tendieron al achicamiento del mismo mediante la rebaja salarial y de las jubilaciones, una megadevaluación, la eliminación y reducción de las retenciones a las exportaciones cerealeras y mineras, la liberalización de las importaciones y un colosal aumento de tarifas de los servicios públicos. Ello determinó una enorme transferencia de recursos hacia los grupos económicos más concentrados del capital financiero y exportadores agrarios.

Una de sus primeras decisiones fue la de anular mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia artículos fundamentales de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, medida favorable a la concentración de los medios audiovisuales, sin límite alguno a favor del grupo Clarín y otros grupos menores.

La segunda: instrumentaron una Corte Suprema adicta mediante la designación por simple decreto y “en comisión”, como integrantes de la misma, de los doctores Rosenkranz  y Rosatti.

Tercera, la de pagar a los fondos buitre con un interés del 1.000 %, aceptando la extorsión de un juez extranjero, conjuntamente con la derogación de las leyes cerrojo y de pago soberano, que abrió la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento del país y al sometimiento al capital financiero y los organismos de crédito internacionales (FMI, Banco Mundial), y al alineamiento político incondicional con Estados Unidos y la Unión Europea.

Es necesario recordar que estas medidas inconstitucionales fueron convalidadas por mayorías en el Congreso. El Poder Ejecutivo tomó las decisiones a través de Decretos de Necesidad y Urgencia –convalidados por el parlamento— por decretos simples o vetando las leyes dictadas por el Congreso que no fueran favorables a los intereses de la clase dominante, como ocurriera con la ley de prohibición de los despidos incausados.

El gobierno macrista fortaleció su rol represivo a través de la declaración del estado de emergencia en seguridad, encubriendo –con el pretexto de lucha contra el narcotráfico— la adquisición sin licitación alguna de armas y equipos en Estados Unidos e Israel destinados a la represión de las organizaciones sociales, aprobación de nuevos protocolos represivos de carácter secreto, y la actividad de los servicios de inteligencia redireccionada hacia la persecución política a través de un Poder Judicial adicto o coaccionado.

Las decisiones económicas y políticas del macrismo y el diseño de la persecución política e ideológica definieron un cambio de régimen político y un estado de excepción.

 

 

La reforma democrática del Poder Judicial

Uno de los objetivos fundamentales del bloque nacional-popular y del gobierno del Frente de Todos es la reforma de la Justicia, que va más allá del reordenamiento de la Justicia Federal. La democratización del Poder Judicial requerirá una concentración de fuerzas y recursos políticos, jurídicos y morales para lograr la superación dialéctica de la contradicción entre las manifestaciones de una nueva Justicia que ha enjuiciado y condenado criminales de lesa humanidad y la vieja Justicia oligárquica, elitista y antidemocrática.

Es muy difícil que una profunda reforma democrática del Poder Judicial pueda corregir o reparar el daño causado a las personas que sufrieron la cárcel, la destitución de sus cargos y las diversas formas de persecución política desplegadas durante cuatro años por fiscales y jueces que aún continúan, siempre con la participación entusiasta de políticos y políticas de derecha y de los aprendices de Goebbels de los medios hegemónicos.

 

La amnistía y el indulto

La amnistía es una decisión jurídica que se concreta a través de una ley dictada por el Congreso, que se traduce en el olvido de los delitos y la extinción de la responsabilidad penal de los autores.

El indulto es la decisión de perdonar un delito, extinguiendo la pena que el Código Penal impone al mismo. El Artículo 99 inciso 5 de la Constitución Nacional establece que el Presidente de la Nación “puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.

El indulto o la amnistía son instrumentos legales que se emplean en las transiciones políticas. Entre ellas cabe mencionar la ley de amnistía de 1977 dictada en España en la transición de la dictadura franquista al régimen monárquico constitucional, que liberó a cientos de presos políticos y eximió de consecuencias penales a militares y miembros de fuerzas de seguridad.

El Presidente de la Nación ha dicho que el indulto constituye una “rémora del régimen monárquico”. Es cierto que su origen histórico es el derecho de gracia de los monarcas. Pero cabe destacar que este derecho no ha sido eliminado por ninguna de las monarquías constitucionales existentes y todos los regímenes republicanos confieren este derecho a los titulares del Poder Ejecutivo.

La historia de nuestro país registra numerosos indultos y amnistías:

1.- Cabe recordar el indulto dispuesto por Hipólito Yrigoyen en 1929 a favor de Simón Radowitzky, el militante anarquista que dio muerte al coronel Ramón Falcón, Jefe de Policía de Buenos Aires, responsable de la feroz represión contra trabajadores y sus familias en el acto del 1° de Mayo de 1909 de la FORA en Plaza Lorea, que costó la muerte de 12 personas.

2.- Juan Domingo Perón indulta a Ricardo Balbín en 1950, quien se hallaba detenido luego que la Cámara de Diputados dispusiera su desafuero para responder por once causas que le fueron iniciadas por desacato al Presidente de la Nación, que por entonces constituía delito, según el artículo 244 del Código Penal. Balbín había rechazado el indulto, pero igualmente salió en libertad en enero de 1951.

3.- El Congreso de la Nación, por ley 14.436 del 22 de Mayo de 1958 (presidencia de Arturo Frondizi) concedió una amnistía amplia y general para todos los delitos políticos, comunes conexos o militares también conexos, cometidos hasta la promulgación de dicha ley, comprendiendo los actos y los hechos realizados con propósitos políticos o gremiales, o cuando se determine que bajo la forma de un proceso por delito común se encubrió una intención persecutoria de índole política o gremial.

3.- La Cámara Federal Fuero Antisubversivo —creada por la dictadura de la denominada “Revolución Argentina” a fines de mayo de 1971—  juzgó y condenó a 1.450 militantes populares (combatientes, delegados, activistas gremiales y estudiantiles, etc.). En su campaña como candidato a Presidente por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), Héctor J. Cámpora había prometido: “Ni un solo día más con presos políticos”. El día de la asunción del gobierno, 25 de Mayo de 1973, los más de 300 presos y presas políticas detenidos en Villa Devoto reclaman su libertad, apoyados por una gigantesca movilización. La libertad se produjo esa misma noche. El decreto de indulto fue firmado al día siguiente, sancionando luego el Congreso —por unanimidad— la Ley de Amnistía 20.508, cuyo artículo 1° incluía los delitos cometidos por móviles políticos, sociales, gremiales o estudiantiles, cualquiera sea el bien jurídico lesionado, el modo de comisión y la valoración que merezca la finalidad perseguida; la participación en asociaciones declaradas ilícitas, con fines políticos, sociales y gremiales o estudiantiles, cualquiera sea la valoración que pueda merecer; los realizados con motivo o en ocasión de manifestaciones o movimientos de protesta contra las autoridades, o para arrancarles alguna medida o concesión; los cometidos con motivo o en ocasión de una huelga, un paro, ocupación de fábrica u otra medida de fuerza. Abarcaba tanto a quienes habían sido condenados como a quienes estaban bajo proceso.

 

Continuidad o ruptura

Habrá quienes sostengan que el gobierno del Frente de Todos no es post dictatorial, y que el gobierno anterior era tan legítimo como el actual.

No compartimos dicha opinión. Los procesos judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios de su gobierno y militantes populares, son tanto o más irregulares e ilegítimos que los de la Cámara Federal Fuero Antisubversivo, el fuero especial creado durante la dictadura de la “Revolución Argentina”, que los de la Justicia Federal o de los tribunales militares que juzgaron y condenaron militantes populares durante la última dictadura. La “mesa judicial” macrista se ocupó de seleccionar los jueces que debían intervenir, se destituyó a quienes no eran adictos. En palabras del propio Macri: “Más vale que ellos nos representen, si no vamos a buscar otros jueces que nos representen" [2].

Los jueces que intervinieron en estos procesos –lejos de actuar conforme a la ley y la Constitución Nacional—, han seguido al pie de la letra los planes organizados por una “mesa judicial” encabezada por el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, con la participación activa de los medios hegemónicos.

Pero el plan desplegado por el gobierno neoliberal no se limitó a armar y desarrollar procesos judiciales irregulares, sino que se orientó a crear una Justicia adicta. Los jueces que no se sometieron fueron perseguidos, estigmatizados y en algunos casos destituidos.

La Corte también avaló por acción u omisión la persecución política de Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios de su gobierno, y aún las destituciones de jueces y camaristas federales que resistieron las presiones del Ejecutivo. La llamada “doctrina Irurzun”, con la que se pretendió legitimar la denegación de la excarcelación a los ex funcionarios del gobierno kirchnerista, es una prueba evidente de ello.

Es una falacia considerar que dichos procesos amañados, con imputados “arrepentidos” y testigos guionados y coaccionados, con pericias técnicas cuyas conclusiones eran publicadas previamente por periodistas de los medios hegemónicos –entre otras irregularidades— deben ser respetados como si fueran producto de la aplicación de la ley a un caso concreto.

Es que el objetivo de estos procesos no era la investigación de la verdad real, sino el cumplimiento del plan pergeñado por el Ejecutivo en una aplicación literal de la dialéctica amigo-enemigo: la proscripción política, la humillación, el descrédito y la destrucción moral del sujeto perseguido.

Creemos que el gobierno del Frente de Todos no puede legitimar los procesos irregulares y sentencias arbitrarias que fueron instrumentados a través de una mesa judicial, jueces prevaricadores, agentes de inteligencia y pseudo-periodistas al servicio de los grupos económicos.

Se impone la ruptura de la continuidad jurídica del régimen político que –a través del espionaje ilegal, la instrumentación de una justicia adicta y la práctica sistemática del law fare— ha conspirado contra el orden constitucional y los derechos humanos.

Siendo incompatible la democracia con la existencia de presos y/o procesados por razones políticas; la amnistía o el indulto son las únicas vías constitucionales que harían posible su inmediata libertad y el cese de toda persecución penal, mientras que una reforma profunda del Poder Judicial y la Corte Suprema abrirá el camino hacia una verdadera justicia democrática e independiente no sólo de los demás poderes del Estado, sino del poder económico dominante.

 

 

 

 

[1] Beinstein, Jorge, “Argentina oscilando entre la crisis de gobernabilidad y la dictadura mafiosa”, ALAI- amlatina, 22/12/2015.

[2] La Capital, Rosario, 1° de Junio de 2017.

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