ALTA SUCIEDAD

 

Ayer a mediodía, entre 10 y 15.000 personas marcharon con barbijos y distancia por la Avenida 9 de Julio hasta la Plaza Lavalle, frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia, donde depositaron sendas bolsas de residuos ante lo que llamaron el basurero de la democracia, cuando se cumplían cinco años de la detención arbitraria de la dirigente social Milagro Sala, creadora de la Organización Barrial Túpac Amaru. Al mismo tiempo, en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales acudía a un aparatoso despliegue represivo para impedir que una movilización de la Túpac Amaru pudiera llegar a la plaza Belgrano, frente a la sede gubernativa.

 

Fueron convocados para la tarea el grupo especial Halcón del Comando de Seguridad y Prevención de la policía, el Cuerpo Especial de Operaciones Policiales (CEOP), la caballería de Perico, San Pedro y Alto Comedero, los bomberos con perros rastreadores de bombas, la Infantería de La Quiaca, Humahuaca, Ledesma. La Orden de Operaciones de la policía provincial afirma en forma explícita que las fuerzas policiales deben impedir que los asistentes realicen un acampe en la plaza Belgrano, que no está en sus planes anunciados, y tiene nada menos que 18 fojas, que podés ver en detalle acá.

Esto mide tanto la relevancia de la dirigente que Morales tomó como rehén hace cinco años, como el pánico gubernativo a un renacimiento de la organización, pese a que lleva cinco años dedicado a desmantelar todas y cada una de sus sedes y actividades, de las que se apoderó el gobierno: escuelas, unidades productivas, centros de atención de la salud. La Orden de Operaciones afirma en forma explícita que las fuerzas policiales deben impedir que los asistentes realicen un acampe en la plaza Belgrano, que no está en sus planes anunciados. Lo que dispusieron, además de la concentración en San Salvador, es montar ollas populares al costado de las rutas en Libertador y Calilegua, El Carmen, Perico, San Pedro, La Esperanza, Humahuaca. Los días previos la policía citó a los dirigentes de cada localidad para que revelaran qué harían el sábado.

 

 

 

 

Las fotógrafas Silvana Lánchez y Laura González Vidal documentaron esa destrucción programada de una obra social admirable. Aquí podés leer el hermoso texto con que presentaron la muestra.

 

 

 

 

 

 

La remake

El gobierno de Morales también comenzó con el intento de copar con tropas la plaza Belgrano, para evitar que la Túpac Amaru estableciera allí un acampe, lo que terminó en una tragedia. Pero en 2015, el contador Morales llegó a la gobernación con el 58,1% de los votos y en 2019 consiguió la reelección con apenas 43,8%, una cuarta parte menos. Milagro y sus compañeras y compañeros Graciela López, María y Adriana Condorí, Mirta Aizama, Gladys Díaz, Mirta Shakira Guerrero, Iván El diablo Altamirano, Miguel Sibila, Javier Nieva y Patricia Pachila Cabana fueron los primeros presos políticos en cuanto comenzó la administración nacional de la Alianza Cambiemos. Maurizio Macrì respaldó a Morales, pese al consejo en contrario de su asesor Jaime Durán Barba, quien conoció en Ecuador el arraigo de las organizaciones indígenas. La solución está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene a consideración el recurso de queja de la defensa de Milagro por la condena que se le impuso a nada menos que 13 años de cárcel, en la causa conocida como Pibes Villeros. Ese es el nombre de una de las cooperativas que se agrupaban en red con la Túpac, para construir en forma más eficiente y bajar costos, lo que enfurecía a las empresas constructoras y al bipartidismo PJ-UCR que sostenía el statu quo. Los últimos años los pasó en arresto domiciliario, por un fallo de la Corte Suprema que acató la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el riesgo para su vida, de haber continuado la detención en el penal de Alto Sufridero. El actual Presidente Alberto Fernández la visitó en esa prisión el 31 de diciembre de 2016, y luego de asumir el cargo dijo que el proceso por el que había sido condenada fue irregular y plagado de arbitrariedades, que la Corte Suprema deberá revisar. Al año siguiente recibió la visita del presidente y la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, Francisco Eguiguren y Esmeralda Arosemena. La Comisión dictó la primera medida cautelar para que Milagro dejara ese sitio donde su vida estaba en peligro.

 

 

 

Hacer la Corte

El contador Morales suspendió la entrega de fondos a las cooperativas, lo que paralizó las obras. Esto fue utilizado luego para acusarlas de incumplimientos.

Morales no se proponía dialogar, sino reprimir. Aduciendo que se preveían protestas y saqueos, pidió refuerzos de Gendarmería Nacional y Macrì se los remitió sin discusión. El fundamento era un parte de información confidencial, sin membrete pero firmado por la delegación Salta de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Titulado “Movilización de la Túpac Amaru que acabaría en saqueos en la Plaza Belgrano”. Describía un presunto acuerdo entre la organización “liderada por Milagros Salas” (sic) y “dirigentes ligados a la agrupación juvenil La Cámpora”. Con la prosa y las mayúsculas clásicas de esa subespecie literaria anunciaba que “los manifestantes cuentan con armas de fuego… con el objeto de sembrar el caos”. Mencionaba "material fílmico, fotografías, grabaciones de conversaciones telefónicas, aunque se desconoce si eso es así”.

Los 150 gendarmes enviados desde Santiago del Estero nunca llegaron a San Salvador. En la madrugada del lunes 14 de diciembre uno de los tres colectivos en que viajaban se desbarrancó en Salta, por el desgaste de los neumáticos. Cuarenta y tres murieron por la caída desde 25 metros, pocas horas antes de que miles de personas acamparan en la plaza Belgrano, a la espera de una respuesta de Morales acerca de los planes de vivienda. Las armas, el material fílmico, las fotografías y las grabaciones nunca aparecieron y los saqueos no se produjeron, porque nunca formaron parte de ningún plan de la Túpac Amaru.

Quien tenía una hoja de ruta clarísima era Morales. El 10 de diciembre de 2015 envió a la Legislatura un proyecto de ampliación del Superior Tribunal de Justicia, de cinco a nueve miembros. El 15 la Legislatura lo convirtió en ley, con el voto de Pablo Baca y Beatriz Altamirano. El 16, Morales los designó para integrar el tribunal, junto con el ex candidato radical a la vicegobernación Federico Francisco Otaola y a su amiga la jueza Laura Lamas. El 17 a las 10 de la mañana, Baca y Altamirano presentaron su renuncia a la Legislatura, con sus sellos como diputadxs por la UCR. A las 3.36 de la madrugada siguiente la Legislatura les dio el acuerdo.

Baca no era un diputado cualquiera. En 2014 formuló una objeción global a la organización de Milagro Sala, con todos y cada uno de los tópicos que Morales retomaría al llegar a la gobernación: la supuesta privatización de la política social, la derivación de fondos del gobierno nacional a las organizaciones sociales, “el uso de una metodología violenta”, la obligación de “participar de actos de protesta, de mítines partidarios, de actos políticos, de cortes de ruta”.

A los cuatro nuevos jueces se sumaría para constituir el bloque oficialista la recién electa presidenta del tribunal, la ex vicepresidenta del bloque de diputados de la UCR, Clara De Langhe de Falcone. Ingresó al Superior Tribunal en cumplimiento del Pacto 2x1: un juez radical por cada dos justicialistas. Pero, ampliación mediante, la mayoría pasaría a ser radical. Ni Menem fue tan efectivo. Poco cambió desde entonces. En enero de 2020, Baca fue denunciado por la violación de la directora de estadísticas y censos de la provincia, Ana Juárez Orieta, como ella misma se lo contó a Alejandra Dandan, del Cohete.

 

 

 

 

 

 

En marzo Morales le pidió la renuncia. En su lugar colocó al ministro de gobierno Ekel Meyer, que fue quien detuvo en persona a Milagro.

En una de sus primeras actuaciones como fiscal de Estado, el recién designado dirigente de la UCR Mariano Miranda denunció a Milagro por sedición y por instigar a terceros a cometer delitos. No pidió que se investigara un hecho, como correspondía, sino a Sala y algunos de sus compañeros “que instigan a un colectivo de personas cuyos datos se desconocen a ocupar los lugares públicos”. El viernes 15 de enero a las 10 de la noche, la fiscal de menores Liliana Fernández de Montiel, a cargo de la fiscalía de mayores en la feria judicial, pidió que Milagro fuera detenida, por “la alarma social que suscita y por el temor que sufre la población”. De otro modo se llegaría “a una situación de anomia y anarquía generalizados, en la que la imputada terminaría haciendo lo que quiere y la población sometida a sus designios”. En la madrugada del sábado 16, el juez Raúl Gutiérrez encomendó al Ministro de gobierno de la Provincia, Ekel Meyer, la detención de Milagro por “mantener el acampe”. Luego de firmar, pidió licencia, y la presidenta de la Suprema Corte designó para reemplazarlo a Gastón Mercau, el padre de tres de sus nietos.

A primera hora del sábado 16 de enero y con previo anuncio a la televisión para que registrara la victoria oficial, Ekel Meyer encabezó el procedimiento. Altísimo, con el cráneo rapado y en mangas de camisa, sobresalía sobre todos los demás.

 

 

 

 

 

 

Montado el dispositivo, faltaba la justificación. El entonces presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz, explicó tanta premura a la periodista Cristina Pérez en una entrevista para la radio insignia del Grupo Clarín. Dijo que le haría una confesión:

—Morales asume el 10 de diciembre. Si no hacía lo que hizo, en menos de 24 horas dejaba de ser el gobernador de la provincia, porque gobernaba Milagro Sala con un Estado paralelo que le impedía ser gobernador.

Era tan escandalosa esa detención por protestar, que el propio radicalismo y sus grandes juristas, eternos candidatos a la Corte Suprema, sobre la que hacen lobby, se pusieron a buscar otro pretexto menos grosero. Así surgieron las denuncias por corrupción.

—Ernesto, ¿a usted lo convencen los términos en que se hizo la detención de Milagro Sala por la protesta?— le preguntó Cristina Pérez a Sanz.

—No, es la primera vez que lo digo. No, pero a los tres días se corrigió el error y hoy está detenida por otra causa en otro expediente y por una razón absolutamente distinta de la protesta. Yo le voy a contar ahora y voy a defender a mi amigo el gobernador de Jujuy. Hoy está detenida por asociación ilícita, malversación de caudales, por defraudación, por extorsión, por medio código penal. Hoy está bien detenida, absolutamente bien detenida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 60 causas

El 1° de marzo de 2016 volé a Jujuy para entrevistar a Milagro. Dos filas detrás de la mía, descubrí al contador Morales. Cuando el avión alcanzó su altura de crucero me levanté con la intención de encararlo, pero Morales reclinó la cabeza y cerró los ojos. El trayecto dura más de dos horas. Pero cada vez que miraba en su dirección, seguía durmiendo. O lo fingía.

Recién abrió los ojos cuando el avión comenzó el descenso y se activaron los letreros de abrochar los cinturones y colocar los asientos en posición vertical. Después del aterrizaje, activé el grabador de mi telefonito, lo acomodé en el bolsillo superior del saco, bajé mi valija del compartimento superior, retrocedí una fila y la planté en medio del pasillo. Me volví hacia atrás y quedé frente a frente con el caudillo salteño que gobierna Jujuy.

–¿Hasta cuándo piensa tener privada ilegalmente de la libertad a Milagro Sala?— le pregunté.

–Ese no es un tema que maneje yo— quiso desligarse.

–Es una ex diputada radical a cargo del Superior Tribunal la que designa a su yerno para llevar la causa.

–Ha robado mucho esta gente.

–Eso hay que probarlo— le repliqué.–Habilitan feria fuera de horario...

–Se han robado todo...

–La orden de detención la firman a la madrugada.

–Se han robado todo.

–¿A usted no la preocupa tener una persona privada ilegalmente de la libertad?

–Es un tema que maneja la Justicia.

–Eso no es así. Esa justicia se maneja por izquierda.

–Lo que hubo además fue un intento de golpe de Estado, destituyente.

–¿Golpe de estado por un acampe en la plaza, con mujeres y chicos? Un golpe de Estado es otra cosa, Morales.

–Verbitsky, no vive usted acá en Jujuy.

–Espero que no les toque a ustedes este tipo de privación ilegal de la libertad. No es bueno cuando le toca a nadie, porque después...

–...si no se cometen delitos...

–Me refiero a la privación ilegal de la libertad.

–Han violado sistemáticamente los derechos humanos.

–Eso hay que juzgarlo y ustedes comienzan por la detención.

–Hay 60 demandas penales. Hay un juez que denuncié porque escondía todas las causas, cajoneaban todo.

–Puede haber 60 ó 600, pero eso hay que juzgarlo, no se puede detener sin juicio.

–Tenían mucho miedo los jueces, había mucha violencia.

–Ahora tienen miedo los movimientos sociales.

–No, para nada, desde el primer momento les di todas las garantías, que se las estamos dando. Porque, detrás de este quilombo hay mucha gente. Les estamos dando todas las garantías. El otro tema hay que hablarlo con la Justicia.

Tardé en entender qué tenía entre cejas Morales cuando me dijo que había 60 demandas penales contra Milagro: su estrategia era desempolvarlas cada vez que fuera necesario para impedir que recuperara la libertad. El lenguaje lo delata: pretende que la que decide es la justicia, pero él es quien ofrece “las garantías”.

–Chau— se despidió Morales, mientras con las puertas del avión ya abiertas, el resto de los pasajeros pugnaban por descender.

En el aeropuerto el gran cartel de recepción no lo firma la provincia sino el Ingenio Ledesma, el verdadero poder en Jujuy, que no perdona el desafío que Milagro y la Túpac le plantearon, origen de todas sus desgracias.

 

 

 

Pibes Villeros

De las 60 causas de Morales, seis ya fueron llevadas a juicio oral y público. Se conocen con estas denominaciones:

• Pibes Villeros.
• De los huevos. Fue condenada a 3 años y seis meses aunque se probó que no estuvo presente cuando fue agredido Morales, antes de ser gobernador. Morales fue querellante, patrocinado por el estudio de Ricardo Gil Lavedra.
• El acampe. Fueron dos causas en distintos fueros por los mismos hechos.
• De las bombachas. Fue absuelta en juicio, condenada en apelación. Está en queja en la Corte Suprema.
• La balacera de Azopardo. Fue absuelta.
• Luca Arias. Fue condenada a cuatro años. Está en apelación en el Superior Tribunal jujeño.
• Otras cinco prosiguen en distintas etapas procesales.

Uno de los jueces que la procesaron, el afiliado del PRO Pablo Pullén Llermanos, intentó menoscabarla, pero Milagro lo puso en su lugar. Esas son las cosas que no se le perdonan a la india retobada.

La causa a la que se refirió Sanz es Pibes Villeros y se fraguó así:

El viernes 15 de enero desde la seis de la tarde y hasta las diez de la noche (es decir al mismo tiempo que escribía la solicitud de detención contra Milagro Sala) la fiscal Fernández de Montiel tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir una nueva causa contra la dirigente social. Como no pudo hacer todo al mismo tiempo es obvio que incurrió en el delito de falsedad ideológica, que consiste en asentar en un documento público afirmaciones que no son ciertas.

La razón de tanto apuro se encuentra en los turnos judiciales para la feria de enero de 2016: el de Liliana Fernández de Montiel terminaba el 15 de enero a medianoche. Elegida para iniciar las nuevas causas contra Milagro, esta Cenicienta multitasking tenía que terminar la faena antes de la medianoche. No lo consiguió y siguió actuando, sin siquiera explicar por qué. Con el entusiasmo que la administración esperaba de él, el padre de los nietos de Titina también siguió en funciones: levantó la insostenible orden de detención de Milagro por la “instigación a cometer delitos y tumultos” pero dictó una nueva por los supuestos delitos de administración fraudulenta, extorsión y asociación ilícita con el material aportado por Fernández de Montiel.

El jueves 14 de enero, el contador Morales se reunió con cinco dirigentes de distintas cooperativas. A las seis de la tarde del día siguiente todos ellos más otros cuatro cooperativistas no pudieron contener su anhelo de justicia y se presentaron en forma espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel, quien en admirable demostración de productividad les tomó declaración sin pausa, entre las 18.30 y las 21.55. ¡Un viernes de enero! Aún así a la superfiscal le quedó tiempo para redactar el pedido de detención de Milagro, que presentó a las 21.40.

Todos dijeron que venían a denunciar a Milagro Sala pero describieron conductas delictivas cometidas por cada uno con su respectiva organización. La operatoria consistía en recibir cheques con fondos otorgados por la Nación, endosarlos y entregárselos a colaboradores de Milagro Sala, que los cobraban y le llevaban el dinero a Milagro, que lo repartía. “Para hacer obras”, acotó la defensa de Milagro al pedir la nulidad de esas declaraciones y el enjuiciamiento de sus autores. Ante las preguntas de la fiscal todos respondían con las mismas palabras. "Si bien sabía que facturaba por montos muy superiores a los que correspondían a las obras que me otorgaban, yo obtenía un beneficio para mi cooperativa, pero igual era como una orden que nos daban y no podíamos decir que no". Algunos dijeron que esas operatorias se realizaban desde 2009, pero no explicaron ni les preguntaron por qué esperaron seis años para denunciarlas. El único que dijo haber sido amenazado para endosar los cheques no identificó por quién.

Como era difícilmente sostenible, Fernández de Montiel llamó a varios de estos cooperativistas a ampliar su declaración espontánea. En la declaración del 20 de enero dijeron lo que se habían olvidado en la inicial: que fueron amenazados o amedrentados en persona por Milagro Sala. ¿Nadie les avisó que hubieran podido negarse a declarar y que al hacerlo bajo juramento se acusaban a sí mismos? Todos arguyeron temor a represalias contra su cooperativa y su familia.

En todos los casos la mecánica fue la misma: descargar en Milagro la responsabilidad por los delitos que cada uno confesó haber cometido.

Milagro fue detenida por asociación ilícita y fraude debido a múltiples denuncias: de los cooperativistas extorsionados, de Miranda y del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ), firmada por su nuevo presidente Walter Morales.

Una de esas denuncias ganó abusiva difusión en la televisión oficial, con las cámaras de seguridad de un banco en el momento que los cooperativistas presentan un cheque por ventanilla. El canal de noticias del Grupo Clarín acompañó la escena con un fondo musical, una locución y títulos dramáticos: “Los millones de Milagro”. La imagen y la percusión se aceleran hasta el paroxismo mientras dos hombres y una mujer entran y salen del banco con bolsos que acomodan en el asiento trasero de un auto. “Los integrantes de la Túpac Amaru se llevan, a la vista de todos y en plena luz del día, 14 millones de pesos repartidos en ocho bolsos”. La imagen se repetirá en ese y en todos los canales hasta que todos crean que han sido testigos de un asalto, y no del simple cobro de un cheque.

Bajo el gobierno de Morales, en Jujuy las opciones son binarias. Cada uno tiene libertad de ser acusador o acusado. Y si elige bien, puede contar como estos cooperativistas con el asesoramiento del abogado Gastón Morales, hijo del gobernador.

Más denuncias se presentaron el 18 de enero a las 19:40 y a las 19.45, cuando Montiel ya no debería haber intervenido. Una nueva feliz coincidencia: estos casos forman parte de la auditoría de urgencia realizada por el director radical de la AGN, Alejandro Nieva, según la cual en diciembre de 2015 se pagó un anticipo por obras que el 18 de enero no habrían comenzado. En la imagen del Banco Nación que repite la televisión los cooperativistas estaban cobrando el anticipo para esas obras.

Las cooperativas tenían 30 días para comenzar las obras. A lo sumo podía discutirse si eran días hábiles o calendarios. En el medio se produjo el cambio de gobierno, la suspensión de las personerías y la interrupción de los pagos, y frente a incumplimientos los convenios prevén una intimación a las cooperativas, que no se realizó. Pero esos detalles de la realidad no tienen por qué colisionar con el mundo ideal del expediente.

Sobre esa base tan endeble la fiscal Fernández de Montiel pidió y el juez Mercau ordenó la nueva detención de Milagro Sala y de varios de sus colaboradores por defraudación contra la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

 

 

 

Un show obsceno

Como la detención por el acampe era insostenible y los cargos por defraudación no le parecían suficientes, Morales también acusó a Milagro Sala por tres homicidios. Lo hizo en la televisión porteña, ante la complacencia del vocero oficioso Luis Majul, quien se limitó a amplificar las afirmaciones de su invitado y subrayarlas con gestos de indignada aprobación. Los cargos de Morales son falsos: en ninguno de los tres casos está involucrada Milagro Sala. Mientras Morales hablaba, a sus espaldas se veían párrafos de la Carta Abierta en la que Rodolfo J. Walsh investigó y denunció desde la clandestinidad los crímenes de la dictadura más poderosa de la historia argentina contra militantes populares indefensos. Emplear ese texto como imagen de fondo para la acusación falaz de un gobernador contra una militante popular privada en forma ilegal de su libertad agregó un costado obsceno a esa operación burda de propaganda política disfrazada de periodismo.

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

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