LA INDEPENDENCIA TE LA DEBO

 

“La Corte de Jujuy es tan adicta como fue aquella durante el menemato”, dijo la diputada provincial Leila Chaher, del Frente de Todos-PJ, en la sesión extraordinaria de la Legislatura de Jujuy durante la cual el interbloque de Cambia Jujuy o Juntos por el Cambio validó el pliego del hasta ahora ministro de Seguridad Ekel Meyer para que integre el Superior Tribunal de Justicia. El jueves 17 de diciembre Chaher describió con aquella imagen la vida de la corte de la provincia. “La comparación con la Corte adicta menemista es clara y absoluta”, repitió. Cinco días más tarde, el hombre que detuvo a Milagro Sala en diciembre de 2016 con un mandato que debía corresponder a la Justicia juró como nuevo vocal de la Corte vernácula.

“Ese gobierno neoliberal, que a los y las peronistas nos avergüenza porque entregó el país, tuvo la peor Corte de la historia”, repasó la diputada. “Morales hizo lo mismo desde el día que asumió: amplió el número de jueces del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 integrantes, y diputados que un día levantaron la mano para votar esa ampliación asumieron al día siguiente como jueces”.

En medio del silencio del recinto legislativo, remató: “De ahí a esta parte, ya conocemos cómo utilizaron el Poder Judicial, el Ejecutivo y los medios de comunicación para armar causas y perseguir a opositores”.

El lunes pasado Ekel Meyer cumplió su último día como ministro de Seguridad. Y desde el martes integra la Corte. Estuvo al frente de la cartera 1.838 días y como Supremo un día hábil, una jornada de asueto y una marcada como feriado nacional. El juramento se hizo a las 19 en el Salón Vélez Sársfield y su primer día hábil en funciones será el próximo lunes, también una semana reducida. Si logra eludir el sorteo de los jueces que deberán estar de turno en la feria judicial, tendrá por delante un enero de vacaciones.

Luego de la corta ceremonia de asunción, Meyer resaltó ante los medios que los desafíos serán “reafirmar el sistema republicano y la independencia de los poderes”. Y con tono castrense afirmó: “A partir de ahora, a trabajar en la aplicación de la ley y la justicia”.

A modo de adelanto, dijo que va a trabajar “por la modernización y la transparencia de la Justicia”, sin dar mayores detalles. Con su asunción, el gobernador Gerardo Rubén Morales repite la película vivida en diciembre de 2015 como explicó la diputada. Pablo Baca y Elizabeth Altamirano fueron el diputado y la diputada que primero votaron y luego asumieron como supremos. Altamirano permanece en el cargo. Baca se fue tras la denuncia de violación realizada por Ana Juárez Orieta, antigua directora de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censo. La denuncia incluyó la difusión de una serie de comunicaciones en las que él admitió a la Corte como parte del mismo equipo del gobierno. Los diálogos hablaban de la persecución penal en la provincia que había tenido como blanco a la lideresa de la Organización Barrial Tupac Amaru. En las grabaciones, el todavía presidente del Superior Tribunal repetía lo que Morales ya había deslizado: que Milagro debía estar presa para que el radical pudiera gobernar. Tras resistirse varios días, Baca abandonó el cargo el 13 de marzo de 2020 luego de perder apoyo del gobernador. La silla que ocupaba ahora la ocupa Meyer. Pero las esquirlas de aquella denuncia todavía no pasan.

La denuncia de Ana Juárez Orieta motorizó una campaña de denuncias contra su hermana, diputada del espacio del Frente de Todos, la renovadora Débora Juárez Orieta. La denuncia por una supuesta venta irregular de terrenos de su propiedad ya había tenido como antecedente una orden de allanamiento, considerada ilegal por sus fueros de diputada. Como sucede en Jujuy, la causa se activa o desactiva de acuerdo a los cambios de humor del primer mandatario. En las últimas semanas, Débora, que fue blanco de amenazas, supo que la causa podría ser elevada a juicio oral.

Morales no perdona. Y este parece el caso. La denuncia de Ana Juárez Orieta sobre Baca aceleró a comienzos de año el pedido de intervención al Poder Judicial de la provincia. Primero en la Legislatura local, y luego con altavoz en el Congreso Nacional, impulsado por el senador nacional por Jujuy Guillermo Eugenio Mario Snopek, cuñado de Morales. Hasta ahora, la salida de Baca y la pandemia dejaron el remedio federal en suspenso. Pero la incorporación de Meyer, repudiada desde sectores políticos, sociales y de derechos humanos, podría reactivarlo.

De suceder lo que se espera que ocurra, el Superior Tribunal de Justicia a partir del primer día del 2021 estará conformado por Federico Otaola como presidente, Clara Falcone, Elizabeth Altamirano y Laura Nilda Lamas, todos radicales; y por Sergio Jenefes, José Manuel del Campo, Sergio González y María Silvia Bernal, de extracción peronista. Meyer en la Corte le asegura al gobernador cinco votos de nueve. Pero además su ex ministro no solo tiene origen radical, sino que, sobre todo, pertenece al círculo cerrado de Morales.

 

 

Impugnaciones y otras yerbas

Un par de semanas antes de la jura y asunción, el ex funcionario fue cuestionado por entidades locales y nacionales, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó una nota al presidente de la Legislatura, Carlos Haquim. La nota cuestiona el mecanismo de designación de jueces y juezas, en el caso particular de Meyer remarca que no es posible eliminar las dudas sobre su independencia o imparcialidad si fuera finalmente confirmado en el cargo.

El CELS destaca “la necesidad de contar con un mecanismo de designación de miembros de los máximos tribunales superiores amplio, participativo y que permita la discusión sobre los antecedentes de los y las candidatas, en este caso del candidato Meyer, así como conocer los objetivos que tendrá para el cumplimiento de su función”.

Por su parte, la organización Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) presentó una impugnación ante la Cámara de Diputados de Jujuy. Los argumentos son contundentes: falta de idoneidad técnica, falta de independencia de criterios y falta de compromiso con valores democráticos, entre los más importantes.

La abogada de la entidad, Malka Manestar, lo explicó en estos términos: “Se entiende que el Superior Tribunal es el máximo eslabón de la Justicia, entonces se supone que quienes lo integren deben tener la mejor preparación, la mayor formación académica, los mayores antecedentes, publicaciones, investigaciones, reconocimiento, premios, distinciones. En fin, una carrera que nos lleve a decir que cumple con requisitos mínimos para ocupar ese lugar”.

Aclaró que esos requisitos mínimos, incluso, son exigidos a los jueces de instancias inferiores. “Si nos ponemos a indagar los antecedentes del doctor Meyer, solo los encontramos en el ejercicio en cargos políticos”, completó. “Esto nos lleva al segundo punto, que es la independencia de criterio: la pregunta es cómo podes ser un día ministro de Estado, con dependencia directa del gobernador, y al otro día juez independiente e imparcial del Superior Tribunal. No hay forma”. También recordó que esa falta de independencia ya se había puesto en evidencia en 2015 cuando los diputados Baca y Altamirano dejaron sus bancas para integrarse al Superior Tribunal: “Tenemos que manifestarnos frente a esto y dar nuestras razones y argumentos”.

La Asociación de Abogados y Abogadas de Jujuy (AAJ), en tanto, expresó en un documento su “más profundo y enérgico rechazo a Ekel Meyer, en el entendimiento de que la poca solvencia técnica evidenciada en el CV del candidato propuesto, así como su ausencia de independencia política y falta de criterio, perspectiva de género y compromiso con los derechos humanos, en manera alguna representan una mejora en la composición y por ende en el funcionamiento del órgano supremo”.

Allí advirtieron que “subsiste, peligrosamente, la ya denunciada vinculación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con la ostensible y obstinada intromisión del poder político que sólo vicia al Poder Judicial independiente, autónomo y autárquico que prevé nuestra Constitución Provincial y que anhelamos y nos merecemos todos los jujeños”.

Los abogados señalan que la postulación se realizó de manera “acelerada, inconsulta y sorpresiva”, y remarcan que Meyer es el ministro de más confianza del gobernador Gerardo Morales, puesto que es “su ‘representante’ de facto en casos de ausencia del titular del Poder Ejecutivo”. En efecto, Meyer fue el ministro elegido por el gobernador para ocupar su lugar en los informes televisivos del COE, que se emitían dos veces por semana en el momento más complicado de la pandemia.

“Dar acuerdo a un candidato tan cuestionado por su proceder en la función pública, e incapaz de superar estándares mínimos de idoneidad y compromiso con las instituciones republicanas, solo remarca la baja calidad democrática que hoy rige en la provincia, y el absoluto desinterés y falta de responsabilidad de nuestros legisladores en reconstruir la fe y la confianza de la población en el sistema republicano y democrático de gobierno en el que elegimos vivir”, señalaron desde la AAJ.

 

 

 

Caso contrario

El 16 de enero de 2016, cuando apenas cumplía un mes de mandato, Meyer lideró el operativo policial que terminó con la detención de Milagro Sala en su casa del barrio Cuyaya. "El acampe sigue y la comisión del delito sigue —dijo—. La conducta desplegada llevó a la detención de Sala. Se le garantizaron absolutamente todos sus derechos". La orden de detención fue firmada por el juez penal Raúl Gutiérrez, que inmediatamente se enfermó, pidió licencia sanitaria y luego se jubiló.

Este mes, cuando Morales presentó formalmente la propuesta para que integre el STJ, Meyer asistió a una reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Cuando salió, un periodista le preguntó si iba a renunciar al cargo de ministro. La respuesta fue insólita: “Voy a presentar mi renuncia al ministerio cuando me informen si se aprueba o no el pliego. Si aprueban, me voy; y la renuncia estará a disposición del gobernador, y él tomará la decisión. Caso contrario, seguiré en el cargo”.

Una vez asumido en el STJ, su antiguo cargo de ministro fue ocupado por el ex jefe de la Policía de Jujuy, el comisario retirado Guillermo Corro.

 

 

 

Milagro la Corte

La Corte de Justicia de la Nación volvió a poner en agenda a Milagro, todavía con prisión domiciliaria. Primero pidió al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy el expediente completo de la causa conocida como Pibes Villeros, por la que ella fue condenada a 13 años de prisión. No es una garantía de resultados pero alejó la posibilidad de que el pedido de revisión concluyera con un rechazo, a través de la firma de un 280.

Además, esta semana dejó sin efecto la sentencia de Casación en la llamada "causa de los huevos", un escrache de 2009 a Morales en el que Milagro no estuvo presente ni ordenó, pero se trasformó en la primera escena de juicio público y condena a tres años de prisión en suspenso en octubre de 2016. Un fallo que tendrá como resultado dejar sin efecto la sentencia. Esto es así porque la Corte sostiene que la sentencia de Casación no garantizó el derecho de uno de los imputados a elegir su defensor de confianza. El Tribunal Oral le había impuesto un defensor oficial cuando él había elegido uno particular. En ese contexto, la Corte ordenó la nueva sentencia. Pero como el vicio ocurrió antes del juicio oral, cuando se dicte la nueva sentencia todo vuelve a ese estado procesal y queda sin efecto la sentencia de condena. Para eso, el fallo toma la presentación realizada por el Procurador Fiscal Victor Abramovich. "Concordemente con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal —dice—, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada". En ese contexto, exigen nuevo pronunciamiento de los jueces.

 

 

 

 

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