AL PALO

 

 

Llegó la hora de la Corte. El capítulo que puso al desnudo el espionaje sistémico sobre miles de ciudadanos a escala inédita desde el retorno de la democracia, ahora avanza sobre el papel que le cupo a la oficina de escuchas de la Corte Suprema. Leopoldo Moreau presidirá mañana lunes el último plenario de la Bicameral de Organismos de Inteligencia del Congreso, donde presentará el resultado de seis meses de la auditoría de Seguimiento a la Actividad de la Dajudeco, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado bajo jurisdicción de la Corte. El Informe se inició por mandato de la Resolución 08/2020 de la presidenta y presidente de Cámara de Senadores y Diputados, y concluirá su primera etapa el miércoles 30 en un pequeño acto en el que será entregado a Cristina Fernández y Sergio Massa. El informe no contempla recomendaciones sobre el futuro de la oficina de escuchas, pero algunos de sus drásticos hallazgos confirman que no puede permanecer donde está. No sólo porque transformó al Poder Judicial en juez y parte en la producción de pruebas que es competencia del ministerio público fiscal. Sino fundamentalmente por lo que hizo bajo cuerda, a través de decenas de acordadas y resoluciones que rediseñaron las funciones originales de órgano administrativo hasta convertirlo en una mega policía judicial, auxiliar de jueces y fiscales, con capacidad de monitoreo sobre todas las causas y jurisdicciones, modificando disposiciones legislativas a través de las cuales usurpó competencias parlamentarias.

“La Corte recibió esta oficina y sobre esta oficina creó un mega-ente para intervenir sobre todas las causas, que es lo que hoy es la Dajudeco”, dice Moreau convencido de que en ningún lugar del mundo una oficina de estas características está bajo jurisdicción de la Corte. ¿Dónde tiene que ir? Él dice que puede estar bajo el control del Ejecutivo, del Ministerio Público o también del Parlamento.

En ese sentido, el Informe es una pista. Releva el primer decreto de necesidad y urgencia con el que se estableció la transferencia desde el Ministerio Público Fiscal hacia el Poder Judicial, señala que fue el primer decreto de Mauricio Macri, que lo firmó sólo 14 días después de llegar al gobierno para vaciar de poder a la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Y avanza con lo que luego hizo el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a través de 12 acordadas y 18 resoluciones que cambiaron las características del organismo. Otra línea discute la incompatibilidad de Martín Irurzun en su doble rol de integrante de la Cámara Federal porteña y decano del organismo hasta 2020. El informe sigue las pistas burocráticas de los 209 días de escuchas a Oscar Parrilli en 2016 y vuelve a revisar papeles de la Operación Puf, dos escenarios empantanados.

 

 

 

El andamiaje

Hasta diciembre de 2015 las escuchas estaban en la órbita del Departamento de Interceptación de Captación de las Comunicaciones (DICOM) del Ministerio Público, y bajo la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico dirigida por Cristina Caamaño. Una tenía una faz administrativa de interceptación de comunicaciones, como dice su nombre. Y otra tenía un área de investigaciones de la que salió, por ejemplo, el estudio facial que permitió identificar a los policías que en 2001 habían atacado a las Madres de Plaza de Mayo. O más tarde, los peritos claves para determinar que Miguel Etchecolatz podía seguir en la cárcel. El decreto 256/2015 de Mauricio Macri le sacó la DICOM al MPF y lo transfirió al Poder Judicial con bienes, personal y presupuesto. Lo que no hizo Macri fue transferir la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, que es lo que de alguna manera recreó la Corte Suprema bajo cuerda, por su cuenta y vía sucesivas resoluciones.

Con la Acordada 45/2015 del 29 de diciembre de 2015 sólo pospuso la transferencia hasta el 15 de febrero de 2016, fecha en la que publicó la Acordada 02/2016 que creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, hoy antecedente de la Dajudeco. La Acordada 02/2016 determinó que la estructura no sólo se ocuparía de escuchas sino de colaborar en delitos complejos a requerimiento de jueces y fiscales. Siete meses después, la Acordada 30 del 20 de septiembre de 2016 aprobó la reglamentación actual de la Dajudeco, incluyó Captación de Comunicaciones y la función de auxiliar de autoridades judiciales en causas complejas y de crimen organizado con: estudios técnico-jurídicos; propuestas de líneas de acción; asistencia; nuevas herramientas tecnológicas y acceso a la información para encontrar patrones comunes, entre otros objetivos. El 20 de marzo de 2017, la Acordada 3/2017 cerró finalmente ese rediseño: le transfirió el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública. La fantasía lavajatista dio origen a una subdirección llamada de Gestión de los Peritos Anticorrupción y Traducciones.

El cuerpo de peritos había sido creado en 2014 bajo la órbita de la Corte. En 2017, lo transfirieron. Tenía ingenieros civiles e informáticos apropiados para investigaciones de obra pública, abogados y contadores especialistas en blanqueo de dinero y finanzas internacionales, apropiados para análisis de rutas de dinero. El punto es que ese cuerpo especial no era necesario: cada una de las especialidades ya estaban cubiertas en otros cuerpos periciales de la Corte. Había peritos contadores en el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales e ingenieros en el Cuerpo de Peritos Tasadores. En 2017, todos ellos fueron integrados al Centro de Asistencia Judicial Federal, pero los peritos anticorrupción pasaron a la Dajudeco. A lo largo del tiempo, la Corte publicó varias convocatorias ante lo que denominaba el crecimiento de las causas. Catorce días después del nacimiento de la subdirección de los super peritos, Lorenzetti recibía al fiscal brasileño Sergio Moro.

 

 

 

 

 

Los sorteos

Las actividades de la Dajudeco se expandieron de manera constante: los números que cuentan documentos recibidos se duplican entre 2016 y 2019. La agencia actuaba vía interceptación e investigaciones, para los auditores tenía la potencialidad de concentrar la observación de las investigaciones en curso y realizar interrelaciones, funciones que en realidad corresponden a la actividad investigativa del Ministerio Público Fiscal.

¿Qué ocurrió con los peritos? A enero de 2019 tenían 25 peritajes en trámite y a noviembre de 2019, sumaban 12 pedidos más. Ese 2019 finalizaron 14 trabajos y una entrega parcial. Los peritos entregan el trabajo cerrado y termosellado a la Dirección que los eleva a los magistrados. El punto que objetó la auditoría no fue la cadena de custodia, sino la distribución de las causas.

La Dajudeco usa sorteo manual. Un método mejor, según creen, que el automático que le permitía a Bonadio garantizarse los expedientes sobre CFK. El método manual se hace con los peritos presentes, todos tienen un número que se pone en el bolillero. El problema que detectó el informe es que no fue el único criterio de distribución, porque también se repartían casos de acuerdo a la cantidad de trabajo de cada perito, todo fundamentado, pero a dedo y objetado por discrecional. De los papeles surgen problemas con los peritos. Que no eran fáciles de llevar. Hubo reclamos por espacio y lo que definen como autonomía. Quisieron designar decano y vicedecano, pero en octubre de 2017 no los dejaron. Y la dirección rechazó la elección por improcedente. Y si bien les reconoció “la autonomía técnica” estableció que podrán organizarla conforme sus propias competencias “en coordinación” con el subdirector respectivo. La autonomía permitía a los peritos, según se desprende del informe, repartirse y decidir quién iba a evaluar qué.

 

 

 

 

 

 

La filtración

Otro punto de análisis fueron las grandes filtraciones. Los diálogos de Cristina y Parrilli, la operación Puf y las escuchas al hermano de Santiago Maldonado. Las primeras son varias filtraciones de 2017: 23 de enero, 5 y 7 de febrero y 9 de julio. Plena expansión de las bases AMBA en la provincia de Buenos Aires con el comienzo de la campaña electoral. Pablo Torello visitaba el despacho del juez federal de La Plata con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu, para pedir la intervención del PJ de la Provincia. Y la televisión iniciaba el show de las escuchas. Las filtraciones dieron lugar a causas judiciales. Se supo que se habían producido en el marco de una causa y una precausa. Una de enero de 2016 ordenada por María Servini a pedido del director de la AFI, Gustavo Arribas, que ventiló un diálogo entre Parrilli y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, preocupado porque debía concurrir al juzgado de Sebastián Casanello. “Es raro, viste. Yo no lo conozco, nunca estuve con él. Y por lo que estoy averiguando, me quiere procesar por nada”, le dijo Echegaray a Parrilli. La otra filtración provenía de una causa de Ariel Lijo abierta por una denuncia de Graciela Ocaña. El análisis de los papeles y del cruce de las dos investigaciones internas de la Dajudeco constataron algunos datos.

• Las dos intervenciones a Parrilli se hicieron en causas que se judicializaron en el mes de enero de 2016. El 20 de enero a raíz de la denuncia de Ocaña y el 29 de enero por Legajo de Intervención de Comunicaciones solicitadas por el director de la AFI a Servini.
• Si bien se produjo la judicialización en simultáneo, la intervención del teléfono de Parrilli no se hizo al mismo tiempo, pese a la gravedad de los supuestos hechos imputados. Se instrumentaron una después de la otra: primero del 30-01-16 al 29-05-16 por orden de Servini y luego del 24-06-16 al 21-09-16 por orden de Lijo, quien hizo el primer pedido de interceptación más de cinco meses después de la denuncia.
• En total, las escuchas en tiempo real se hicieron durante 209 días.
• En ninguna de las dos causas surgieron elementos que permitieran atribuir comisión de delito.

También reconstruyeron fechas, entregas y destinatarios. Servini ordenó destruir el material, por ejemplo, el 29 de junio de 2016, pero las escuchas siguieron vivas porque se difundieron el 07 de febrero de 2017. Lijo en cambio dio dos órdenes en simultáneo. Le ordenó a la AFI hacer las escuchas directas de Parrilli y sus interlocutores; retirar los discos, desgrabar y transcribir los audios. Y al mismo tiempo a la Dajudeco. Nunca dio los motivos. La AFI tenía los audios desde el 12 de julio de 2016. La Dajudeco le entregó la primera tanda de transcripciones y audios el 23 de enero de 2017, ese día se produjo la filtración indebida. Los técnicos despegan a la Dajudeco porque las transcripciones las hacían con personal rotativo, para que todo el mundo tuviera información descontextualizada. Pero le apunta a Irurzun por el papel en la causa.

 

 

 

 

Parte de la trastienda es conocida. Lorenzetti designó como director de la Dajudeco a Martín Irurzun, amigo y pieza clave del tribunal de alzada de los doce juzgados federales de Comodoro Py. El primer decreto de Macri de diciembre de 2015 estableció que el organismo debía estar a cargo de un juez penal con rango de Juez de Cámara, designado por sorteo y por un año sin reelección. Con Irurzun, la Corte designó como subdirector al camarista de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra. Los diarios anticiparon el nombre del elegido Irurzun antes del día del supuesto sorteo. Nunca apareció el acta del sorteo, que fue causa de una investigación penal archivada tras un fallo de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. Veinte días antes de que vencieran sus mandatos, otro decreto extendió la vigencia de los cargos de uno a tres años. Irurzun y Leal de Ibarra fueron ratificados en los cargos y continuaron por el nuevo período.

Para la época de la interceptación y la filtración, Irurzun era vocal de la Sala II de la Cámara de Apelaciones que decidió revocar un sobreseimiento en favor de Oscar Parrilli y era responsable del organismo encargado de instrumentar, en aquella misma causa penal, la captación y transcripción del contenido de sus conversaciones. En ese sentido, el informe observa un déficit en el principio de imparcialidad que debe prevalecer en la actuación de los miembros del Poder Judicial al verificarse que intervino en el caso en su doble condición.

 

 

 

 

Finalmente también aparece como eje de la Operación Puf. Una nueva vuelta de tuerca. Las escuchas a los detenidos del penal de Ezeiza se usaron para detener la causa de D'Alessio bajo la hipótesis del complot contra fiscal y juez de la causa cuadernos. Bonadio buscó desesperadamente los audios producto de escuchas a los pabellones ordenadas por Federico Villena. Bonadio tuvo las copias, pasó un período de licencia, volvió, las distribuyó en el Consejo de la Magistratura y 48 horas después se desató el festival de emisiones al aire. Ahora, la relectura de los papeles analizados por la autoría revelan que quien entregó el material de manera indebida fue Irurzun.

En un escrito del 11 de febrero de 2019, Villena le dijo a Bonadío que “la tarea de escucha y transcripción del producido de las interceptaciones telefónicas en cuestión (…) está a cargo de la Dirección de Contrainteligencia de la AFI, quedando autorizado el Sr. Juez oficiante a requerir a dicho organismo la información y el contenido que estime pertinente”. Bonadío presentó ese escrito a la Dajudeco. Y el organismo autorizó las copias que el finado juez debía haber pedido, en realidad y según ese papel, a la AFI.

 

La Matrix

Para el próximo año la Bicameral pretende elaborar un informe que reúna el trabajo de este año y establezca una especie de Nunca Más sobre el espionaje. Acá hubo un plan sistemático de espionaje prohibido, suele decir Leopoldo Moreau. Y de persecución y encarcelamiento a los opositores ordenado por la cabeza del Estado. En ese esquema piensan el rol de la Mesa Judicial, encargada de establecer los blancos. Y analizan el rol de la Corte. La Dajudeco es sólo una herramienta de ese diseño, la cara panóptica. La Corte sostiene que los cambios eran parte de sus prerrogativas como cabeza del Poder Judicial, pero eso es lo que empieza a desnaturalizar el Informe con su descripción de la matrix. Y tal vez apuntes para la teoría del lawfare.

 

El Guardían

– ¿Con quién hizo el viaje?

– Con Gerardo Milman la primera vez, después sólo.

– Dígame una cosa –insistió Leopoldo Moreau-- en ese primer viaje que usted realiza con Milman y algunos otros funcionarios a Israel, ¿ya ahí se habló de la adquisición de esta tecnología? ¿Tanto de OpenMind como de Guardián

– Sí –dijo Facundo Federico Pardo--. Fue una comitiva donde nos presentaron a un montón de empresas. Y cada empresa presentaba sus tecnologías. La idea era evaluar todas esas tecnologías para definir qué adquirir para el evento del G-20.

El diálogo ocurrió el lunes 21 de diciembre en una nueva audiencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Organismos de Inteligencia. Pardo fue director de tecnología de la Dirección de Inteligencia Criminal (Dinic) del ministerio de Seguridad, bajo la dependencia de Gerardo Milman. Durante la preparación del G20 estuvo a cargo de la evaluación de tecnología y viajó a Israel en dos ocasiones para gestionar la compra de aparatos de vigilancia por los que el Estado argentino, dijo, pagó 2.400.000 dólares equivalente a unas 25.000 IFE. La oferta a paquete cerrado del OpenMind incluyó productos que la Argentina no pedía ni tenía manera de usar. Uno de ellos es un sistema de captación de geolocalizaciones conocido como el Guardián. El gobierno pagó por ese sistema que nunca llegó a utilizarse entre 350 y 400 mil dólares, según confirmó el ex funcionario. Primero intentaron usarlo. Las prestatarias de comunicaciones negaron el acceso por razones legales. Luego lo ofrecieron como donación a la Dajudeco, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial. Que tampoco lo aceptó.

– ¿A usted no le parece que es una suma lo suficientemente importante como para haber comprometido la adquisición de un sistema que ha tenido tantos inconvenientes --preguntó Moreau.

Yendo a los hechos, explicó Pardo, cuando la Dajudeco rechazó la donación, el ministerio ideó una propuesta alternativa como adenda: pedir más usuarios para el OpenMind y más capacitación.

--¿O sea este sistema jamás se utilizó? --volvió a preguntar el diputado.

– No jamás –dijo Pardo--. Lo único que llegamos a tener es el hardware todavía está. Y ese hardware quedó inutilizado porque el software nunca estuvo habilitado para ser utilizado.

– O sea –volvió Moreau-- se adquirió algo que nunca se utilizó.

Pardo aún es parte del ministerio de Seguridad pero trabaja en otra área. Habló de la adenda, del intento de compensación por el equivalente económico. La Bicameral preguntó por los viajes. Quiso saber si se había cruzado con Mario Montoto, con la ministra Patricia Bullrich o con su esposo Guillermo Yanco. Dijo que no.

El Guardián iba a ser utilizado como método de capturas de geolocalizaciones e historiales ante requerimiento judicial. El acuerdo con las prestatarias era clave para acceder a las bases. El sistema no escucha teléfonos, los geolocaliza. “Te tira el histórico de dónde estaba impactando ese celular”, dijo el ex director. “Si uno ejecuta una consulta de forma constante, seguramente pueda saber dónde estuvo esa persona hace treinta segundos, un minuto o diez”.

El G20 sirvió como cobertura todo terreno para compras de aparatos que usaron para vigilancia masiva, pero este caso demuestra que también para compras que ni siquiera servían. La vinculación directa con la mesa chica de Patricia Bullrich, puede ser la punta del comienzo de una nueva investigación.

 

 

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