QUIÉN VACUNA A QUIÉN

 

El inminente fin de año gira en torno de varios temas excluyentes:

• la salud pública y la posibilidad de contener la peste;
• la economía, con las múltiples alternativas que se ofrecen, luego de la peor caída del Producto Interno Bruto, lo cual incluye los temas que CFK planteó en su última aparición pública: precios, jubilaciones, salarios y tarifas de servicios, que a su vez son expresión de la pugna entre clases y sectores sociales, sobre las que sobrevuela el FMI;
• la justicia, que invita a soluciones drásticas para cortar un nudo gordiano;
• los equilibrios o trastornos entre las distintas cofradías de la coalición que hace un año batió al gobierno neoliberal en primera vuelta pero que no consiguió mayoría en la Cámara de Diputados, y
• las relaciones entre el gobierno nacional y la oposición, que en agosto y/o en octubre se medirán en las urnas, de cuyo contenido dependerá la relación de fuerzas en la segunda mitad del actual mandato de lxs Fernández.

Avancemos por partes, o del análisis a la síntesis.

 

 

El virus

La humanidad sufre una plaga sólo comparable con la de un siglo atrás, que el genio propagandístico yanqui consiguió bautizar como Gripe Española, aunque comenzó en los campamentos militares de Estados Unidos. El virus chino, dice ahora Donald Trump, en su intento de replicar aquella prestidigitación verbal. País por país, los gobiernos han pasado por momentos de aprobación y de repudio, a medida que se alteraba su ubicación en el horrendo ranking de infectados, analizados y muertos. Salvo que se desee castigar a un adversario político, lo aconsejable es aguardar a que cese la maldición para trazar un balance objetivo. La Argentina salió esta semana del Top 15 de la pandemia, lo cual por supuesto no fue noticia. Hasta el Uruguay, que funciona como superyó razonable y de buenas maneras de la clase media porteña, padece los difíciles ascensos y vertiginosas caídas de esa montaña rusa.

El Cuquito Lacalle Pou mandó al Ejército a cerrar las fronteras, mientras crecen las infecciones y los óbitos y el Frente Amplio lo acusa de falta de previsión en la reserva de vacunas y en “las medidas de aislamiento físico”. La revista más importante de Alemania, Der Spiegel, dice que “a Angela Merkel se le escapó la pelota” y que su gobierno “hizo poco y tarde”, problema que se extiende a toda la Unión Europea, que no tomó previsiones para disponer de la cantidad de dosis necesarias para vacunar a su población.

 

 

 

 

 

Por cierto, en ningún otro país se llegó al extremo de los cambiemosos argentos Alfredo Cornejo (quien dijo que no se animaba a afirmarlo porque no le constaba, pero que había versiones de que la negociación con Pfizer se frustró por un tema de corrupción) y Elisa Carrió (quien fue hasta tribunales para denunciar al Presidente y a su ministro de Salud por “envenenamiento” al negociar la adquisición de la vacuna Sputnik V). También dijo que haría una denuncia en Washington ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hay otros jueces además de Zaffaroni. Su confusión es total: la Corte tiene sede en Costa Rica y las peticiones deben presentarse ante la Comisión, donde no hay argentinos.

 

 

Confidencial

Una de las críticas opositoras es por la escasa información que suministra el Estado. El ministro GGG responde que las tratativas con la asociación entre el gigante estadounidense Pfizer y el pequeño laboratorio alemán BioNTech, continúan e incluyen una cláusula de confidencialidad. En fuentes médicas es posible fisurar ese secretismo acerca de las condiciones inaceptables de Pfizer, el líder mundial de Big Pharma.

La Argentina negoció con Pfizer un acceso privilegiado a su producto, a cambio de la participación de miles de voluntarixs en las pruebas de la Fase 3 en el Hospital Militar Central. El trato incluía

• la sanción de una ley de prórroga de jurisdicción (cualquier reclamo se trataría ante árbitros y jueces de Nueva York);
• renuncia a la defensa de inmunidad soberana contra el laboratorio por posibles efectos adversos de las vacunas, y
• confidencialidad.

En el tratamiento legislativo, la ex ministra Graciela Ocaña consiguió incluir una excepción a la indemnidad: en caso de fraude, dolo o negligencia de la compañía. Pfizer la consideró demasiado vaga y amplia y pasó a exigir que el Estado contrate un seguro por 20 millones de dólares con una compañía estadounidense, cuyo beneficiario sea el laboratorio. La aseguración con una compañía extranjera está vedada por ley, pero podría salvarse si el contrato lo realizara una empresa local, como la del Banco Nación, que descargara el reaseguro en Nueva York.

Si la filial local de Pfizer bancara el seguro, la solución estaría a la vista y eso es lo que se está discutiendo ahora.

No es una exigencia exclusiva para la Argentina. En Estados Unidos la Ley Pública 99-660 de 1986 creó el Programa de Indemnizaciones por Daños de las Vacunas. En su libro de 2014 Sana Sana, la industria de la enfermedad, la médica argentina Mónica Müller explicó que para cubrir el costo de las millonarias indemnizaciones que se pagan todos los años, cada dosis de vacuna que se aplica tiene un impuesto adicional de 75 centavos por enfermedad cubierta. Es decir que cada vacuna triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas), tiene un costo extra de 2,25 dólares. “Hasta 2012 se han recibido 14.846 demandas, 1.120 de ellas por muertes y 13.726 por daños graves, y de ellas se han pagado 3.465”, afirma. Si la oposición toma nota, verá que la Argentina no es un caso excepcional y que hay actitudes más dignas que morderle los tobillos al gobierno cuando está forcejeando con el gigante.

 

 

Geopolítica y salud

Además, el Estado negoció la provisión de vacunas con el laboratorio ruso Gamaleya, con la compañía británica AstraZeneca, que desarrolló su producto en colaboración con la universidad de Oxford, y con dos proveedores chinos: Sinovac y Sinopharm. También acaba de aprobarse un tratamiento desarrollado en la Argentina, con suero equino hiperinmune, que se mostró efectivo ante casos de Covid-19. La vacuna de Gamaleya, cuyas primeras 300.000 dosis llegaron en Nochebuena y comienzan a aplicarse el martes, según acordó ayer Alberto Fernández con todos los gobernadores, provino de una negociación de Estado a Estado, que incluyó contactos con Vladimir Putin por parte del Presidente y de la Vicepresidenta y tiene un inocultable costado geopolítico. Otro tanto ocurre con las vacunas chinas, de las que se esperan 22 millones de dosis, la mitad de cada laboratorio. El Poder Ejecutivo comenzó las tratativas por la vía diplomática formal, pero no obtuvo respuesta. El representante comercial en la embajada, Sabino Vaca Narvaja, suministró un modelo de carta personal que sugirió se enviara de Presidente a Presidente. Alberto Fernández firmó la comunicación y Xi Jinping accedió en forma inmediata a lo solicitado. Después de esa demostración de eficacia, Vaca Narvaja quedará a cargo de la embajada. Resta por verse si todas las dosis llegarán a tiempo para cumplir el plan de vacunación que anunció el gobierno y si esto impedirá el rebrote que está azotando a Europa y Estados Unidos.

 

 

Hablando en plata

De la contención de la pandemia depende la recuperación económica, que el presupuesto aprobado por el Congreso estimó en un 5,5%, luego de la peor caída en la serie histórica. A su vez la economía explica la situación social. Que los niveles de pobreza e indigencia más altos que se recuerden, no hayan redundado en estallidos violentos, ya fueran anárquicos u organizados, dice algo de la utilidad de las medidas de auxilio dispuestas por el gobierno nacional, que el año próximo disminuirán sólo en la medida en que la producción y el empleo se afiancen sin ese andador. Ese tránsito sereno también se debe a la articulación oficial con diversos movimientos sociales, según el modelo que comenzó Alicia Kirchner a principios de siglo y adquiere una mayor organicidad desde el cambio de gobierno.

Esto dio lugar a un picante intercambio del Presidente con un arlequín especializado en psicopatear a la culposa clase media progre.  Comenzó con una afirmación en un medio del Grupo Clarín de que no se entendía para que estaba Fernández en la Casa Rosada, motivó la respuesta de que este gobierno no podía darle todo lo que le dio Carolina Stanley, y terminó con un pedido de disculpas al Presidente y el reconocimiento de la mejora del Índice de Gini, que mide la desigualdad. El juego de acumular los beneficios del oficialismo y las libertades de la oposición tiene sus límites, y Alberto empieza a hacerlos sentir.

Pero todos saben que no sobra nada. El último informe de CIFRA se detiene en el índice de desocupación, que en el segundo trimestre del año trepó a 13,1% y en el tercero mejoró a 11,7%. Algo similar ocurrió con el de subempleo.

 

 

Tasas de desocupación y subocupación en el total de aglomerados urbanos,3er trim. 2015-3er trim. 2020 
(porcentajes sobre la población económicamente activa)

 

 

 

En todo el mundo, la desocupación se mide sobre la Población Económicamente Activa, es decir aquellas personas en condiciones de trabajar y que buscan dónde hacerlo. Por eso la desocupación puede bajar en la peor crisis, si demasiada gente desalentada deja de buscar empleo. En cambio, la Tasa de Empleo mide qué porcentaje de la población total tiene trabajo, lo cual es más elocuente sobre la situación social. CIFRA propone el ejercicio analítico de calcularla así: la tasa de desocupación hubiera sido de 29,3% en el segundo trimestre de 2020 y de 19,4% en el tercero.

Como es de imaginar, esta caída del empleo también afectó el salario real de los trabajadores, en blanco del sector privado y estatales, como muestra este inquietante cuadro:

 

Evolución del salario real de los trabajadores registrados en el sector privado y en el público, 
Noviembre 2015-Septiembre 2020 (número índice noviembre 2015=100)

 

 

 

Este es el encuadre imprescindible para analizar los temas que CFK planteó en La Plata: deben aumentar lo máximo posible jubilaciones y salarios, y contenerse precios, tarifas de servicios y pagos al FMI. De otro modo la explosión está a la vuelta de la esquina.

 

 

De acuerdo

En este punto no hay discrepancias de fondo entre las manifestaciones públicas de la Vicepresidenta y el plan del gobierno que preside Alberto Fernández. Algunas de sus medidas estaban en ejecución o avanzado planeamiento antes de que Cristina las mencionara. Otras fueron conversadas entre los integrantes de la fórmula durante los encuentros reservados que no dejaron de ocurrir, pero lejos de la insidiosa prensa militante (bien lo sabe alguno de los integrantes de la trifecta mediática, que se entera al minuto de los movimientos en RPO, como la Policía Federal denomina a la Quinta de Olivos). La búsqueda de contradicciones entre ellos es la actividad principal de esos medios, que cuando no las encuentran las imaginan y novelan como ocurridas.

La mejor síntesis provino de la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca (era la candidata de Alberto al Ministerio de Economía, pero declinó por razones de salud):

“Cristina tiene un tono, hay gente que le gusta mucho y hay gente que no. Pero lo que ella dice es cierto. Cuando habla de alinear precios, salarios y jubilaciones, y dentro de los precios son tarifas, agregaría tipo de cambio. Eso es lo que hay que hacer, es lo mismo que dice el ministro de Economía. La gran dificultad es la sábana corta”.

En ese sentido el gobierno está negociando con la industria de la carne la provisión de una docena de cortes a precios accesibles durante todo el año y con aceiteros y productores de maíz y trigo, de modo de asegurar el abastecimiento del mercado interno a precios congruentes con los ingresos locales, antes de liberar la exportación. Con Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) se acordó la formación de un fideicomiso que cumpliría esa función, y sólo falta el visto bueno de Roberto Urquía, de la Aceitera General Deheza y cuñado del presidente de la Unión Industrial, Miguel Acevedo. El ministro de Agricultura y afines, Luis Basterra, recibió plazo hasta el 31 de diciembre para cerrar el trato por trigo y maíz. Si no lo alcanzara, lo dispondría el Presidente a sola firma.

 

 

El porrazo de las tarifas

La prórroga por todo el verano del congelamiento tarifario de gas y electricidad y el tope del 5% para el aumento de los precios de las tecnologías de la Información y la Comunicación avanzan en ese sentido. En agosto, el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, determinó el carácter de servicios públicos esenciales en competencia de la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable y congeló sus precios hasta fin de año. Ahora su reglamentación fijó el precio de la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de esos servicios. El de telefonía móvil será de 150 pesos. La clave es que el 60% del consumo de las TICS se realiza con tarjetas prepagas, cuyos usuarios incluyen a las familias receptorxs de la Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo; beneficiarixs de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles; clubes de barrio y de pueblo y asociaciones de bomberos voluntarios.

Todos ellos recibirán un descuento de casi la mitad de los valores promedio actuales. Por ejemplo, quien pagaba 700 pesos mensuales por la telefonía fija sólo oblará 380 y en la misma proporción para paquetes de datos y acceso a internet. Las rebajas son mayores según el tamaño de la empresa, lo cual impide un emblocamiento tipo 125. Los prestadores esperaban compensarlo con un incremento sustancial del servicio en el 40% restante de los usuarios, y ya habían anunciado incrementos del 20%. Ante el malestar por el decreto de agosto, el interventor en el Enacom, propuesto por Sergio Massa, Claudio Ambrosini, había pedido a las empresas que confiaran en la reglamentación. Ahora no sabe qué decirles.

La sensación del gobierno, de que se trata del avance regulatorio más profundo desde que Macrì borró de un plumazo buena parte de la ley audiovisual, coincide con el tono beligerante de las principales prestadoras. Encabezadas por el Grupo Clarín (a través de su empresa Telecom) afirman con el habitual tremendismo que la reglamentación del decreto anunciada por el Enacom “destruye la economía del sector”. Según el Grupo Clarín, se “está poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”. Volveremos a la Edad Media.

También malhumoran a las empresas los anuncios sobre las futuras tarifas de gas y electricidad, segmentadas en tres niveles. Uno mayoritario que tendrá aumentos nulos o mínimos, uno medio donde las tarifas estarán al nivel de la inflación y uno superior, que deberá pagar los precios internacionales que el anterior gobierno intentó descargar sobre el conjunto de los usuarios, con pocas excepciones. El gobierno cree que las ayudas extraordinarias pagadas desde la pandemia permitieron crear un registro que permitirá ser precisos en la segmentación, mediante el cruce de distintos padrones (AUH, ATP, IFE, ANSES, electoral, compra de dólares). En el Ministerio de Economía hay algunas voces escépticas sobre esta posibilidad, pero no parece que vayan a prevalecer.

 

 

 

Los precios y la sombra del FMI

La cuestión de los precios está entre las más arduas, a pesar de los convenios mencionados. No debería descartarse que, en la Secretaría de Comercio Interior de Paula Español, desembarque un equipo del Observatorio de Precios del Centro de Economía Política (CEPA) encabezado por Hernán Letcher, para supervisar, entre otras cosas, la aplicación de la ley de góndolas, cuyos inspiradores no están satisfechos con su reglamentación. La mención de Cristina a la gestión de Augusto Costa en las postrimerías de su gobierno no fue ociosa.

Sobre cada uno de estos rubros se proyecta la sombra de la negociación con el FMI. Obtener la postergación de cualquier pago hasta 2024, y eludir la imposición de las inaceptables “reformas estructurales” con las que se destruyen las economías de los países víctima, como Grecia, sería un alivio apreciable, que se sumaría a los 37.000 millones de dólares que Martín Guzmán consiguió afeitarles a los acreedores privados. Pero si a partir de entonces se acumulan vencimientos de no menos de 5.000 millones de dólares anuales y hasta 15.000 en alguno, tampoco habrá solución para una crisis demasiado profunda. Desde la política comienza a analizarse la fijación de un tope de 2.000 millones de dólares anuales de desembolsos, que implique, no solo en las declaraciones, el reconocimiento de la corresponsabilidad del organismo, y de su accionista mayoritario, en la catástrofe austral. Esto implicaría un acuerdo a dos décadas y evoca la imagen de Néstor Kirchner “poniendo a parir” al patronato español, según la gráfica imagen de uno de sus líderes, apoyando su mano sobre la pierna de W. Bush en la Casa Blanca en agosto de 2003, o estimulado la contracumbre de 2005 en Mar del Plata. Alberto Fernández era su jefe de gabinete.

(Entre paréntesis, en el tren que llevó a las delegaciones hacia allí, Diego Maradona pidió que le presentaran a Lilia Ferreyra, y quiso que le contara cómo era Rodolfo Walsh.)

 

El sueño de los justos

Es una expresión que hace miles de años aludía a quienes dormían con la conciencia tranquila, pero que ahora refiere a los proyectos cajoneados en algún escritorio. Hoy puede aplicarse a la situación de la Justicia y, específicamente, de su Corte Suprema, cuya beligerancia la conduce a un callejón sin salida. En uno de sus encuentros del último mes, Alberto y Cristina repasaron alternativas, a partir de una constatación: ni el juicio político a algunos de sus integrantes ni la designación de nuevos integrantes en caso de una hipotética ampliación es posible sin un acuerdo con algún sector de la oposición.

La obvia elección es el radicalismo, experto en el toma y daca, como en la reforma constitucional de 1994, en la actual negociación en el Consejo de la Magistratura con Ricardo Recondo & familia o en la que Alfredo Cornejo le propuso en Mendoza a Anabel Fernández Sagasti. Pero en año electoral, el chantaje del PRO podría inhibir a los radicales más tentados.

El Presidente encomendó a la abogada Marisa Herrera (una de las integrantes del Consejo Consultivo) que desarrolle un punto de su interés y avance en la redacción de varios proyectos de ley, uno sobre el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que la Corte emplea con la mayor discrecionalidad y sin fundamentarlo, para aceptar o rechazar recursos. Otro, creando un tribunal supremo (no intermedio, como se informó hasta ahora), cuya materia no sea constitucional sino de arbitrariedad.

La idea fue del profesor Fernández, quien convocó para que lo desarrollara al jurista argentino radicado en Madrid, Enrique Bacigalupo. Procurador del Tesoro con Cámpora en 1973, en 1987 fue designado para integrar el Tribunal Supremo de España, donde se exilió. La idea del Presidente es replicar ese modelo, para el cual considera que no es necesaria una reforma constitucional. Concluida una causa con una sentencia adversa, el litigante debe elegir una vía: si considera que el fallo pecó de arbitrariedad, debe dirigirse al nuevo tribunal a crearse, si lo que estuvo en juego fueron garantías constitucionales, a la Corte actual. Pero una vez que escogió, no hay retroceso: la arbitrariedad no tendrá apelación ante la Corte.

 

 

Ardides y sigilo de la República Autónoma

Los ardides de la República Autónoma del Cuarto Piso son inagotables. Esta semana, en el mayor sigilo, absolvió a los agentes de inteligencia Juan Yofre, Héctor Alderete y Pablo Carpintero, al general Daniel Reimundes y a los empresarios de la comunicación y/o periodistas Néstor Ick, Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard, quienes desde 2007 recibían en sus casillas de correo y utilizaban la información que los otros obtenían mediante el espionaje ilegal sobre el ahora Presidente Fernández, los ex ministros Jorge Taiana, Nilda Garré y Héctor Timerman, entre otros.

Luego de cinco años la jueza Sandra Arroyo Salgado los procesó, en 2012, pero en 2015 ella misma anuló la causa por un detalle procesal que consta en la primera foja del expediente: su inicio irregular por un acto de espionaje a los espías por parte de otra banda competidora. En 2016, la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (Don Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky) los sobreseyó, con un argumento distinto: no violaron secretos de Estado porque la información no estaba encriptada (sic). El fiscal Javier De Luca recurrió a la Corte Suprema, el procurador fiscal Víctor Abramovich sostuvo el recurso y los cinco altísimxs decidieron rechazarlo porque, en su opinión, “no refuta todos y cada uno de los fundamentos de la resolución apelada”. Todo lo contrario, son ellos quienes no refutaron los argumentos que el fiscal Javier De Luca desarrolló in extenso y que podés leer acá Dictamen-del-fiscal-Javier-De-Luca.pdf. Los despacharon en dos líneas, con desplante caprichoso, al cabo de 13 años.

Si no fuera por Infoemba, que lo celebró, y por El Cohete, que desarma la maquinaria para exhibir el penoso mecanismo, nadie se hubiera enterado de otra de las vergüenzas de ese tribunal indigno. En cambio, la Corte dio amplia difusión al fallo simultáneo que revocó la condena a la revista Barcelona por un chiste sobre Cecilia Pando, con loas a la libertad de expresión.

 

 

 

La política

Pasado mañana el Senado tratará la media sanción de Diputados que deroga la clandestinidad del aborto, y la otra Cámara el proyecto que aprobaron ls Senadors para mejorar la fórmula de actualización previsional. Si ambas se aprueban, como cree el oficialismo, el año concluirá en alza, como viene ocurriendo desde el 17 de octubre, cuando el peronismo se hartó de los banderazos de las minorías y demostró que aún con pandemia, en la calle no tiene competencia. En una carta a su colaborador José Di Paola, el Papa Bergoglio sostuvo que el aborto es una genuflexión oficial ante el FMI. Argumentos rancios, que atrasan más de medio siglo.

Además, el jueves de Nochebuena los ministros Gabriel Katopodis y Eduardo de Pedro, cumplieron una tarea que les encomendó el Presidente: hacerles saber a los intendentes Juan Zabaleta y Gustavo Menéndez que, si se oponían al nombramiento de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense, él no aceptaría la conducción del PJ nacional. Para un sector del peronismo, la nominación de Alberto lo fortalecería frente a Cristina. Pero el Presidente impugnó ese razonamiento: él pidió que Kirchner asumiera el mismo cargo en la filial bonaerense, como forma de equilibrio interno.

Con su Vice solo tiene los problemas de temperamento que pespuntearon todo el vínculo desde hace dos décadas, y que también fueron parte de la relación de ella con Néstor Kirchner, tan amorosa como explosiva. Lo que pocos entienden es que para Alberto, los peores años de su vida fueron la década en que se distanció de Cristina y que cuando dice que nunca volverá a hacerlo no formula solo una declaración política.

Zabaleta y Menéndez se manifestaron de acuerdo con la decisión presidencial de consagrar a Máximo al frente del peronismo bonaerense, y ayer, al cierre de esta edición, los emisarios comunicaban la misma decisión a Fernando Gray, quien no tiene margen ni fuerza para rechazarla. Resta aún dirimir si Zabaleta o Fernando Espinoza conducirán la Federación de Municipios, un tema menor. También hubo un claro mensaje para Sergio Massa y Malena Galmarini, de cuya transmisión se encargó el ministro de Transporte  Mario Meoni. Su designación la sugirió Massa, pero ahora es ministro de Alberto, con todas sus consecuencias.

La trifecta seguirá diciendo que se trata de una pelea de Alberto y los intendentes contra Máximo y Cristina. Allá ellos y sus desinformados lectores. Podrán entretenerse con el documento en el que Roberto Lavagna explica por qué Techint no está de acuerdo con las propuestas de Alberto y Cristina.

 

 

Colgado de la rama

En la oposición, el ex Presidente Maurizio Macrì jura que la candidatura presidencial del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta no pasará y hace todo lo posible por dejarlo colgado de una rama, como puede constatarse en las redes. Pero cualquiera sea el resultado de esa rencilla sin protocolo y a pesar del alboroto que intentó crear Carrió con el anuncio de una candidatura bonaerense, para la cual no tiene chances al margen de la estructura partidaria, JxC se encamina a una derrota peor que la de 2019, en tanto el oficialismo mantenga la unidad y se afiancen las políticas que lleven alivio a la población más golpeada, que es memoriosa y agradecida.

 

La música que escuché mientras escribía

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