CAE EL CASTILLO DE NAIPES

 

“Felicidades y felices fiestas a todos”, saludó el presidente del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini minutos después de las 10 del martes 22 de diciembre, para dar por terminada la última audiencia del año del juicio oral por la obra pública, que se reiniciará el 8 de febrero. Veinte minutos antes había comenzado a declarar Gabriela Esther Prpic, la única testigo convocada para la jornada, quien a la mayoría de las preguntas respondió que no recordaba, no sabía o no había visto.

Prpic contó que ingresó a Vialidad Nacional en 2008; fue secretaria y auditora. Actualmente se desempeña en el área administrativa contable como junior. Ante la consulta del fiscal Sergio Mola, que integra el equipo del Ministerio Público junto a su colega Diego Luciani, confirmó que a comienzos del 2016 participó en la auditoría en el “distrito 23” (Santa Cruz) aunque aclaró que no viajó sino que trabajó con información que le proveyeron. Sus tareas consistieron en verificar el pago por parte de la empresa constructora del impuesto a las ganancias, los aportes al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), los pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la observación de las planillas de personal. “Soy auditora junior, del escalafón más bajo”, enfatizó Prpic, y esa fue la lógica que buscó imprimir a toda su declaración.

Cuando le preguntaron si había participado en la redacción del informe final de Santa Cruz dijo que no recordaba ese en particular pero sí que había participado en el armado de “varios” informes a lo largo de su carrera. Aseguró que no recordaba el resultado de la auditoría.

El representante de la Unidad de Información Financiera (UIF) le preguntó si recordaba “consideraciones del informe señaladas por sus compañeros”. “No, particularmente no. Al ser junior veo lo más bajo. Si yo detecto alguna diferencia en el cálculo de impuesto o error en los códigos de las planillas de asistencia lo comunico y ahí se estudia. De la contratación no vi nada que me llamara la atención”, aseguró la testigo.

Prpic también declaró bajo juramento que nadie le pidió que beneficiara a Lázaro Báez o al grupo Austral. Su declaración tomó poco más de 20 minutos. Una vez que se retiró del Tribunal y antes de los saludos de rigor y los deseos mutuos de felices fiestas, el TOF-2 anunció que en la próxima audiencia, pautada para la primera semana de febrero tras la feria judicial, están convocados Omar Riveros y José Durante, quienes suscribieron el informe definitivo 3/201 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y Jésica Caballero, testigo propuesta por la fiscalía.

Entre los más de 150 testigos previstos (entre los que ya prestaron testimonio y los que no) la defensa de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que declaren todos los funcionarios que ocuparon la jefatura de gabinete entre 2003 y 2015: Carlos Zaninni, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández e incluso el Presidente Alberto Fernández.

Asimismo, la titular del Senado (imputada en la causa) pidió que declaren los popes de las empresas constructoras de la Argentina: Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y propietario de ESUCO; Silvio Mion, titular de EKIMAC; Enrique Eskenazi en su calidad de titular de Petersen y Thiele & Cruz; Eduardo Eurnekian, dueño de Helport y Ángel Antonio Calcaterra, titular de IECSA y primo del ex Presidente Mauricio Macri, bajo cuya gestión se inició y promovió esta causa.

La declaración de Prpic en la audiencia del martes 22 continuó en la línea de lo señalado por los últimos testigos, que echan por tierra la acusación montada por el macrismo –que se caracterizó por la espectacularidad y el show que buscó en las denuncias judiciales que impulsó durante sus cuatro años al frente del Gobierno, con detenciones en plena madrugada y otras estridencias– sobre los sobreprecios.

A mediados de diciembre había declarado el ingeniero Justo Pastor Romero, designado por el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, para realizar la auditoría sobre las rutas construidas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El profesional, que firmó el documento junto a otro ingeniero y un contador, afirmó que la diferencia entre lo hecho y lo pagado fue del 0,06%. “Las obras se hicieron a valores normales e incluso una parte se hizo por debajo de los valores que se utilizaron en otras jurisdicciones del país”, dijo.

El fiscal Luciani se quejó en esa audiencia porque sostuvo que las defensas habían preparado a los testigos. Esto dio lugar a una serie de respuestas de los abogados, que rechazaron de plano esa acusación. Uno de ellos señaló a El Cohete a la Luna que “la causa Vialidad tiene un enorme contenido político”. “El fiscal (Luciani) compró una historia y no le interesa la verdad. Comete errores de principiante: se la pasa diciendo que tal o cual testigo es parcial o imparcial”.

Incluso en esa audiencia, según reconstruyó el abogado, el fiscal cortó en seco al testigo cuando le disgustó su respuesta sobre los presuntos sobreprecios. A la consulta sobre si había habido sobreprecios el testigo respondió: “Según de qué se hable cuando se habla de sobreprecio”. Y lo cortó. No más preguntas, señor juez.

Otra particularidad de este juicio es que la fiscalía viene desistiendo a la mayoría de los más de 150 testigos previstos. Para la audiencia del martes 22, por caso, había tres testigos citados originalmente –además de Prpic– que a último momento el Ministerio Público Fiscal desistió. El abogado consultado por este medio, que prefirió mantener el anonimato, explicó que en relación con quien propone los testigos hay dos corrientes. “La más fuerte se inclina porque el testigo forma parte de la comunidad probatoria. Y este tribunal tiene una posición expectante: cuando los fiscales desisten de un testigo, el Tribunal se reserva el derecho de volver a convocarlo”, precisó.

 

 

 

 

 

 

Historia

El juicio por la causa “Vialidad” comenzó en mayo de 2019, tres días después del lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández para la contienda electoral de octubre, en la que se impuso por casi 48% en primera vuelta. Ese día el macrismo consiguió la foto que tanto añoraba: Cristina sentada en el banquillo de los acusados. A la ex Presidenta y actual Vice la rodearon referentes de los organismos de Derechos Humanos: la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora. También estuvieron ese día en Comodoro Py Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el secretario general de la CTA y actual diputado del Frente de Todos, Hugo Yasky, y los nietos recuperados Victoria Montenegro y Horario Pietragalla, entre otros.

Además de CFK, acusada de liderar la asociación ilícita, están imputados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el ex administrador de Vialidad Nelson Periotti, el primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago Kirchner, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el empresario y ex titular de Austral Construcciones Lázaro Báez y los ex miembros de Vialidad Mauricio Collareda, Héctor René Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Raúl Daruich y José Santibáñez.

La causa comenzó con una denuncia de Iguacel, el interventor designado por Macri y actual intendente por Juntos por el Cambio de Capitán Sarmiento, un partido bonaerense ubicado a unos 150 kilómetros al norte de la Capital. Formado en ingeniería en petróleo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), Iguacel tuvo un breve paso por YPF pero –según el sitio Chequeado– renunció en 1999 cuando se anunció la venta a la española Repsol. A partir de entonces y hasta 2015 trabajó para las compañías Pecom Energía y Pluspetrol.

Luego se volcó a la función pública de la mano del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Tras su paso por Vialidad, que le garantizó una presencia constante en los medios, en junio de 2018 –en medio de un cambio en el gabinete impulsado por una corrida cambiaria– Iguacel reemplazó a Juan José Aranguren como ministro de Energía y Minería, cargo al que renunció en diciembre de ese año.

La primera resolución de Iguacel, a pocas horas de asumir al frente de la DNV, fue ordenar una auditoría de lo construido, pero en una sola provincia, Santa Cruz, el “distrito 23” según la denominación interna del organismo, y acotada al período 2003-2015. La causa la instruyó el juez federal Julián Ercolini. Los denunciantes afirmaban que, de 88 obras llevadas a cabo en Santa Cruz, 51 se contrataron por un monto de 46.000 millones de pesos con empresas relacionadas con Báez.

 

 

Torcer el rumbo

El juicio tuvo un parate a partir de marzo por la cuarentena y se reanudó a mediados de año por Zoom. En los últimos meses el tribunal recibió una serie de declaraciones que dieron un vuelco al planteo de los denunciantes y la fiscalía sobre las supuestas irregularidades. Uno de esos testimonios fue el de la ex jefa del servicio jurídico del distrito Río Gallegos de Vialidad, Laura Hindie, quien declaró en octubre y dio cuenta de las prácticas de los funcionarios macristas en el organismo. La abogada manifestó ante el TOF-2 que, a poco de asumir, Iguacel llegó a su oficina con Ricardo Stoddart, ex jefe de Jurídicos “a bordo de un patrullero de la Federal”. Al ingresar se presentaron como las nuevas autoridades y le dieron un documento para que firmara. “Le soy sincera, no corroboré nada y firmé”, reconoció ante los jueces. Era un documento vinculado a un conflicto laboral.

Pocos días después de Hindie declaró el contador Marcelo Bianchi, ex jefe de Auditoría y otro de los firmantes de la auditoría encargada por Iguacel. “Todas las obras estaban dentro del rango del 20% del presupuesto oficial”, afirmó. El profesional advirtió sobre la premura que debió imprimir al informe (le dieron 15 días para terminarlo) y señaló que las obras estaban y no hubo incumplimientos por parte de la empresa constructora. Bianchi, junto con Pastor e Hindie, había sido convocado por todas las partes: la fiscalía, la UIF, la Oficina Anticorrupción y la defensa de Lázaro Báez. En su declaración rechazó que se hubiera pagado por trabajos no realizados y señaló que “es habitual” que haya demoras en las obras, un argumento que los denunciantes repitieron hasta el infinito.

CFK declaró en este juicio a comienzos de diciembre de 2019. Durante más de dos horas acusó al TOF-2 de incurrir en lawfare, al que definió como “la articulación del Poder Judicial para perseguir a líderes políticos de gobiernos que tuvieron lugar en las últimas décadas en la región”. También se sentaron frente al Tribunal los denunciantes Juan Carlos Morán, Margarita Stolbizer, su ex asesora Silvina Martínez, Fernando Sánchez y la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic.

El abogado consultado por El Cohete aseveró que el juicio podría extenderse por un año más.

 

Otras causas contra CFK

Tras el receso de verano, el TOF-4 tiene previsto dictar sentencia el 10 de febrero en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez. Si bien Cristina no está imputada, los medios masivos la asocian en forma permanente al empresario patagónico. Por otro lado, para el año que viene el TOF-8 podría fijar la fecha de inicio del juicio contra CFK por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que acusó a la ex Presidenta de querer encubrir a los imputados por el atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Por ahora lo único cierto es que distintas instancias judiciales confirmaron la inexistencia de delito. La única novedad concreta en cuanto a esta causa es que el 16 de diciembre los jueces le pidieron a Interpol que permita la declaración de su ex titular Ronald Noble, quien se cansó de repetir que la Argentina jamás le pidió levantar las alertas rojas contra los ciudadanos iraníes imputados por la Justicia argentina. Noble nunca pudo declarar en sede judicial. A su vez, esta semana Clarín publicó que “en el segundo semestre del próximo año, signado por las elecciones legislativas, el TOF-5 podría iniciar el juicio en los casos Hotesur y Los Sauces, que conducirán por primera vez a un debate oral a los hijos de la Vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner”. Esto explica en parte los pronunciamientos de Cristina sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

 

 

 

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