El poder económico siempre se mueve de manera coordinada. Después de que Paolo Rocca le reclamara en público a Martín Guzmán una baja masiva de impuestos y una reducción del gasto público, algo que el ministro rechazó, el diario La Nación publicó una editorial que continuó en la misma senda. “Sin reforma laboral no hay creación de empleo”, sostuvo la empresa de los Mitre, que también cuestionó “las regulaciones que intentan proteger excesivamente a los trabajadores”.
“Es como la carta que escribió Escribano antes de la asunción de Kirchner o la editorial de 2011 antes del segundo mandato de Cristina donde también reclamaban una reforma laboral”, recuerda Omar Plaini, senador provincial por Buenos Aires (FdT) e histórico dirigente del sindicato de canillitas, en diálogo con El Cohete a la Luna. “Los Magnetto y los Rocca no van a ceder en sus pretensiones. Y en este contexto, el Gobierno debería seguir acumulando poder popular para contrarrestar las presiones del establishment”, agrega el integrante del Frente Sindical que nuclea a 60 sindicatos.
A los tres días de esa editorial, el ex vicepresidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) durante la gestión macrista, Carlos Pirovano, escribió un texto como director del Observatorio de Productividad y Competitividad de la Universidad CAECE en donde planteó que había que derogar “todos los impuestos al trabajo”, casi como un mantra mágico que drenaría en productividad y rentabilidad para las empresas. Todavía hay quienes insisten en la quimera de la teoría del derrame.
Dentro de las lógicas corporativas del poder y sus vínculos con el establishment, resultó oportuno un tweet de la abogada Natalia Salvo quien recordó que en “mayo de 2018, el presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, en un almuerzo en el Jockey Club con empresarios, adelantó la jurisprudencia de la Corte contra los derechos laborales. Dijo que en la justicia se trabaja para proteger el derecho de propiedad". La noticia la había dado el diario Clarín.
“Durante el macrismo, a los empresarios les dieron todas las señales pro mercado posibles, baja de retenciones, bienes personales pero la inversión no llegó. Y no la hubo porque no existía demanda”, explicitó a El Cohete a la Luna un funcionario del Gabinete económico.
Si el 2020 fue el año de la (doble) pandemia, donde el Estado nacional desplegó un conjunto de herramientas para sostener salarios, ingresos familiares y contención social en medio de la crisis económica heredada de la gestión anterior y acentuada por las medidas de aislamiento para prevenir el avance del Covid, el próximo estará marcado por la puja distributiva.
“Será el tema central del próximo año, conjuntamente con la obtención de los dólares necesarios para sostener la actividad. La suerte del crecimiento económico estará atada a cómo se administre esa puja. La recuperación del salario real será algo trascendental”, sostuvo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Coordinación
La variación de precios al consumidor de noviembre fue del 3,2 por ciento y probablemente la de diciembre sea superior “ya que la inflación núcleo del mes pasado estuvo cerca del 3,9 por ciento”, indicó a El Cohete a la Luna Tomás Páez, integrante del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES).
El aumento de precios forma parte de la puja distributiva. Por ende, también el control de la inflación. No por nada Alberto Fernández asistió a la última reunión del Gabinete económico.
“El Presidente se manifestó con preocupación con respecto a diferentes precios, teniendo en cuenta que hubo varios congelamientos este año en el marco de la pandemia, y esto hay que ir normalizándolo de a poco sin que afecte el bolsillo de los argentinos y en relación con la paulatina recuperación del salario real", manifestó Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo. Su cartera también acordó durante la semana, con intendentes de la provincia de Buenos Aires, el control coordinado para el cumplimiento de la ley de góndolas.
"Buscamos garantizar las condiciones para la reactivación de nuestra economía. Para eso es fundamental que el mercado interno pueda crecer, generar producción y ventas; es decir, generar trabajo. Esto depende de dos variables, que la gente tenga plata en el bolsillo, lo cual responde a la propia dinámica del mercado, pero también del esfuerzo que hace el Estado nacional, la provincia y los municipios para que la economía traccione”, reflexionó Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.
A su vez, advirtió: “Si todo ese esfuerzo se va en aumento de precios y en unos pocos que tienen la capacidad de aprovecharse de su posición en el mercado, no solo se pierde todo ese esfuerzo sino que implicará peores condiciones de vida y peores posibilidades de acceso a consumos básicos".
Según el último informe técnico del Ministerio de Trabajo de Nación, en base a los datos del SIPA, en septiembre los trabajadores y trabajadoras casi no perdieron salario real (-0,2 por ciento), cuando en el mismo mes del año pasado la caída había sido del 3,4 por ciento y en 2018, del 6,6 por ciento.
Paritarias
Un detallado informe de Ámbito Financiero indicó que la mejor paritaria del año correspondió a los operadores de pulverizadores (58,5 por ciento), seguido por lxs trabajadores de baterías con un 52 por ciento, aguas y gaseosas (50 por ciento) y textiles (hasta 40 por ciento). Los metalúrgicos de la UOM cerraron en un 39,6 por ciento, seguido por portuarios (39,0), azucareros (38,0) y neumáticos (37,0). Si la inflación de este año cerrará cerca del 35 por ciento, estos son los sectores que quedarían por arriba.
Luego se ubicaron las actividades que estuvieron entre un 34 y 30 por ciento de recomposición salarial: bancarios, trabajadores de la carne, empleados de seguro, docentes, obreros de la construcción, trabajadores de espectáculos deportivos, comercio, alimentación, petroleros, camioneros y aceiteros. Y entre los acuerdos que pendularon entre el 28 al 12 por ciento estuvieron lxs trabajadores y trabajadoras de casas particulares, papeleros, estatales, químicos, sanidad, estacioneros, telefónicos y perfumistas. La mayoría de los acuerdos incorporaron sumas fijas, los extras del Estado o bonos extraordinarios.
“Durante el primer trimestre, el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras quedó en 6-7 puntos arriba de la inflación pero luego se lo comió la pandemia. Tiene que haber una mejora en la nominalidad de las paritarias. Y a su vez una fuerte discusión para que ese aumento no se lo coma la inflación. La mesa tripartita (o su versión del Acuerdo Económico y Social) tiene que ser clave para recomponer salario. Las empresas, si logran mejorar sus ventas en el mercado interno, deberían garantizar los aumentos salariales. Algunas te van a decir que no podrán pagarlo. Que se financien para lograr esa mejor distribución”, agregó Letcher.
Trabajo vs Capital
En el peor momento de la crisis pandémica, las categorías ocupacionales que sufrieron el golpe más fuerte fueron las actividades precarias como el autoempleo (mayormente de subsistencia) y los asalariados no registrados. Ahora podría observarse que durante el período de recuperación también son éstas las que reflejan los índices de recomposición más importantes. Lo que se había frenado por completo, empezó a moverse. “Aunque todavía hay 150.000 trabajadores menos que antes de la pandemia”, advirtieron desde CEPA.
El sector más precarizado de las actividades económicas (con altísima tasa de rentabilidad) es el rural, a pesar de que sus empresas mejoraron sus términos de intercambio porque aumentó el precio internacional de las materias primas y obtuvieron una reducción temporal de los derechos de exportación.
Según el Centro de Estudios de Análisis Económico – CEFMA--, la remuneración asalariada de trabajadores y trabajadoras rurales representó, durante el segundo trimestre del año, el 13,2% de Valor Agregado Bruto mientras que el capital lo hizo en un 79,2%. En la industria, la participación del trabajo en relación al capital fue mucho más equitativa (42,5%). Todavía se está muy lejos de volver a discutir el fifty fifty.
“Si bien entre industria y trabajo la distribución mantiene cierta armonía, la gran diferencia y desigualdad está en el sector agropecuario que es el que genera la mayor cantidad de divisas. Los sectores agrarios exportadores siguen teniendo grandes márgenes de rentabilidad que no quieren compartir con los trabajadores del sector, situación que se refleja en el actual conflicto sostenido por los obreros nucleados en Urgara”, explicó a El Cohete a la Luna Liborio Bernal, economista del CEFMA, quien agregó:
“Por eso las miras podrían estar puestas en cómo mejorar la formalización de los trabajadores agrarios y una mayor intervención en la comercialización de alimentos que permita abaratar sus costos para las familias”.
Rehenes
En este escenario de puja distributiva, las grandes exportadoras de granos, dueñas de los puertos, pretenden exhibir su brazo disciplinador al no cumplir el acuerdo salarial 2020 (llevar el 25 por ciento acordado al 35 por ciento de inflación anual). Las empresas nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), las mismas que negocian con el Gobierno el proyecto de Ley del Consejo Agroindustrial, acusan a los trabajadores de que al paralizarse los puertos por las medidas de fuerza se pierden 100 millones de dólares diarios.
“Es lucha de clases. La plata es de ellos. Dicen que se pierden 100 millones ¿y no quieren arreglar? Están especulando contra el Gobierno, saben que se necesitan las divisas y nos utilizan a nosotros como rehenes”, manifestó a El Cohete a la Luna Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros.
En el repaso de los últimos años, Yofra concluye que hacia 2015, la CIARA también había sostenido una gran huelga que ahora la interpreta como presiones hacia el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que en los cuatro años macristas, las empresas involucradas no tuvieron problemas en cerrar los acuerdos paritarios. “Curiosamente, las empresas no aparecen y hablan a través de dos abogados. No vemos interés de la CIARA de arreglar este conflicto, donde se muestran bastante intransigentes. Algo buscarán”, agregó Yofra.
El último informe del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES) sostiene que entre enero y octubre de este año, las liquidaciones de divisas del complejo agroindustrial tuvieron una disminución del 16% interanual. El total liquidado equivalió a un 78% del valor exportado, porcentaje significativamente inferior al registrado en el mismo período de 2019 (89%) y del promedio de los últimos cinco años (95%). La diferencia sería de 3800 millones de dólares, claves para el sostenimiento de las reservas internacionales.
Programa sindical
“Tener el Gobierno no es tener el poder. El poder se impone por su propio peso”, sintetiza Plaini, quien apuesta a que el movimiento sindical tenga un programa para sentarse a negociar con el Gobierno. “El objetivo es reconstruir un modelo industrialista. Y para eso necesitamos una CGT que esté a la altura de las circunstancias. Una cosa es acompañar y otra ser protagonistas”, agregó el senador bonaerense. Ser protagonista lejos estaría de firmar documentos junto a AEA.
Por ahora, la lógica de ese programa de reivindicaciones se viene trazando en los encuentros del Acuerdo Económico y Social aunque Plaini apunta a un fortalecimiento de la Central (que representa el 90% de los sectores laborales privados) que junto con la CTA deberían “fortalecer el poder popular del Gobierno”.
“Si durante cuatro años sólo vamos a administrar pobreza, estamos perdidos. Necesitamos un programa claro, donde haya cada vez más trabajadores con recibo de sueldo. Si es necesario, deberemos discutir la reducción de la jornada laboral y mantener el poder adquisitivo de la clase obrera”, concluyó el líder de los canillitas.
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