La legitimidad democrática

 

El jueves el Consejo Consultivo entregó de manera oficial el Informe de rediseño del sistema judicial al Presidente Alberto Fernández. El encuentro tuvo como contraplano la carta escrita por Cristina Fernández a un año de gobierno con la demoledora crítica a la Corte Suprema de Justicia como vértice de un aparato dedicado a perseguir y encarcelar opositores políticos con toda intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor, dijo, aún continúa. El retrato incluyó a cada uno de los jueces en un diagnóstico que horas después compartió el Presidente. Esa Corte es uno de los ejes del Informe. Aunque no incluyó el mandato de ampliar su número, varios integrantes lo sugieren en los fundamentos. Seis de once propusieron un Tribunal Intermedio denominado también Tribunal Arbitral que actúe como genuina casación en materia penal y no penal, y evite que la Corte funcione como última instancia de todos los juicios del país. Presidente y Vicepresidenta conocieron la propuesta durante los 90 días de trabajo de los y las expertas. Y ambos estuvieron de acuerdo. Lo que late por debajo es “la urgente necesidad de que el Poder Judicial reconstruya su legitimidad democrática”, como reseña el jurista Omar Palermo, uno de los integrantes del Consejo en diálogo con El Cohete.

¿Cómo sería ese Tribunal Intermedio? ¿De qué manera puede implementarse? ¿Cuál sería el rol de la Corte? ¿Cómo dialogan estas propuestas con la carta de la Vicepresidenta? Y, ¿es posible pensar que pueda avanzar cualquier proyecto de reforma estructural sin que cambie la actual composición de la Corte?

Omar Palermo integró el Consejo Consultivo. Juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor en Derecho y titular de Derecho penal en la Universidad Nacional de Cuyo, es parte de Justicia Legítima y durante su mandato como fiscal de Cámara Federal trazó el diseño jurídico que permitió pensar de manera novedosa la responsabilidad del Poder Judicial en dictadura al entender la supuesta inacción de magistrados como parte activa de la colaboración con los crímenes. En el transcurso de los 90 días del trabajo en el Consejo, Palermo redactó parte de los fundamentos del capítulo de la Corte. Y es uno de los que propuso un Tribunal Intermedio para casos federales y una Corte con un número más amplio que el actual, que trate pocos casos, garantice pluralismo de posturas ideológicas, representación federal y de género y un sistema de deliberaciones de puertas abiertas capaz de reconstruir lazos de legitimidad con la sociedad.

–Hasta ahora se habló de las disidencias del Informe, ¿pero cuáles fueron los grandes consensos?

–Lo primero que me gustaría resaltar es la absoluta independencia con que hemos trabajado. Por eso, me gustaría agradecer tanto al Presidente como a mis compañeros y compañeras de la comisión, haber sido parte de ese proceso. Existe una línea conceptual que está detrás del diseño que propusimos, que fue la necesidad de reconstruir la legitimidad democrática del Poder Judicial. Como sabemos, el Poder Judicial no va a elecciones. No es votado ni cada dos años ni cada cuatro. Eso supone un déficit de legitimidad de origen que es una de las razones por la que quizá sus decisiones son cuestionadas. Sin embargo, no es la única razón. Probablemente también se deba a que históricamente ha formado parte de los sectores dominantes y por ello se ha mostrado insensible frente a las demandas sociales y las desigualdades. Por ello es necesario que tome distancia de los poderes formales e informales, pero que a la vez no sea neutral frente a los sectores vulnerables y tienda vínculos con la ciudadanía. Tengo la impresión de que esa idea recorre todo el trabajo. La ciudadanía tiene que formar parte de las decisiones judiciales como forma parte de las decisiones de gobierno. Y me parece que la propuesta contiene un rediseño institucional que busca restablecer ese vínculo en materia de Corte, Consejo de la Magistratura, Juicio por Jurados: todas tienen en común la necesidad de que el sistema de justicia se repiense en diálogo con la sociedad. Por eso, es importante elaborar procedimientos que garanticen esa apertura como base para reconstruir la legitimidad democrática.

–¿Cuáles son esos procedimientos?

–Se trata de mejorar y crear herramientas de diálogo. Audiencias públicas en que su convocatoria no dependa exclusivamente de la voluntad del tribunal. Mejoras en la forma de celebrarlas: fuera de la sede del tribunal, y que los argumentos sean tratados en las sentencias. O escuchar a los Amigos del tribunal. Si tenemos en cuenta que el sistema de justicia es el único órgano de la democracia que delibera de manera secreta, ¿por qué no plantear en casos excepcionales, como en otros países, una deliberación pública para casos extremadamente sensibles o de especial trascendencia institucional? A nadie se le puede ocurrir que las deliberaciones del Congreso sean secretas. Hasta el Consejo de la Magistratura delibera públicamente. Hay que estudiarlo. También incluimos propuestas de diálogo con otros poderes del Estado: consultas legislativas pensando en el derecho comparado y en el antecedente de la consulta de este año del Senado por las sesiones virtuales.

–El problema es que eso deja nuevamente al Parlamento sujeto a la interpretación de la Corte. Y a la Corte como superpoder.

—Yo creo que no. Nuestra propuesta está pensando no en una Corte que clausure el debate desde arriba, sino una Corte como un gran foro público de interpretación del derecho constitucional. Es decir, una Corte que dialogue horizontalmente con los demás poderes y constituya una instancia más en la discusión sobre cuál es la mejor manera de organizar nuestra vida pública. Con paridad y visión de género y federal, que sea representativa de los desacuerdos en la sociedad y capaz de canalizarlos.

–No es la Corte que tenemos. ¿Cómo llegar a esa Corte y cuál es la relación con el Tribunal Intermedio?

–Yo pienso que para tener ese perfil necesitamos una Corte de pocos casos. Mi idea no es exactamente igual a la del resto de la Comisión. Yo pienso en una Corte de pocos casos, que no resuelve litigios sino la interpretación y alcance de normas fundamentales. Eso supone que la mayor parte de los casos tienen que ser resueltos por un Tribunal Intermedio. Yo lo llamo Supremo Tribunal Federal. Otros colegas también sostienen la necesidad de un tribunal así con algunas diferencias y otros nombres. La calidad de gestión mejoraría si esperamos que la Corte no actúe como última instancia de todos los juicios del país, emitiendo cientos de sentencias por día, sino interpretando normas fundamentales en casos puntuales. Temas de derecho constitucional fundamentales para la vida política e institucional. Eso supone que la mayor parte de los casos los resuelva un Tribunal Intermedio.

–Está planteado en algunos casos como un gran tribunal de casación para causas penales y no penales, federales o no federales, de acuerdo a las propuestas. Algunos lo pensaron dividido en salas y más de diez integrantes. Gil Domínguez dijo que era una especie de filtro para los casos que actualmente van a la Corte. Cuando se creó la Casación Penal se pensó lo mismo, pero los casos continuaron viajando a la Corte. ¿Cómo garantizan que el filtro funcione?

–La diferencia con la creación de la Casación es que a mi entender la Corte no debe fundar los rechazos en cada caso, sino que debe resolver solo los que expresamente decide intervenir. No es la opinión de la mayoría del Consejo, que propone que la Corte resuelva pocos casos, pero además exige que todos los fallos estén fundamentados. Allí, pienso, sí subsistiría el problema del filtro.

–Eso es sobre el 280. ¿Pero cómo se resuelve el filtro para usted?

–Sobre el tema del 280, la mayor parte de mis colegas dijo que es inconvencional. Porque la Corte no puede hacer una sentencia que no exprese los motivos por los cuales resuelve. Una sentencia siempre tiene que estar fundada. Sobre las garantías para que eso no drene hacia la Corte, una vez que el caso ha sido resuelto en primera instancia, en segunda instancia y con el Tribunal Intermedio en tercera instancia, la instancia judicial está terminada. Ya no habría una especie de derecho a una cuarta instancia que sería la Corte. Lo que hay es un derecho de las partes a pedir, en un caso concreto, el tratamiento de una cuestión constitucional. Yo creo que está garantizada la tercera instancia con el Tribunal Intermedio, eso resuelve lo que la Corte ya no deba resolver. Lo que hay después es un derecho a peticionar ante la Corte para que el caso sea tratado como de derecho constitucional.

–¿Y luego quién dice que es un caso tratable? ¿Y cómo se controlaría?

–El tema debería funcionar de este modo: durante el primer año judicial, por ejemplo, 2020, entró a la Corte determinada cantidad de casos. La Corte a fin de ese año debe publicar cuáles son los temas constitucionales que han pedido ser tratados y debe celebrar una audiencia pública en la que la ciudadanía participe. En enero, la Corte elabora un informe con los temas que decide elegir y explica por qué los elige o rechaza. De esa manera, también expone el temario que trabajará ese año y devuelve el resto de los casos.

–Digamos que ese procedimiento responde a aquella demanda que planteó el Presidente el jueves pasado, cuando se preguntó por qué no es posible saber qué temas va a tratar la Corte y cuáles no.

–El acceso a la justicia estaría ya garantizado por el Tribunal Intermedio. Y, a diferencia de lo que pasa ahora, donde la mayoría de los casos son rechazados con el 280, habrá un Tribunal que resuelve lo que la Corte ahora rechaza vía el 280. Y habrá una Corte que se dedica a 100 ó 200 casos por año. No puede haber demoras. Un caso que entra en 2021 puede ser tratado en 2022, pero no más. Y todo lo que diga sobre los casos además deberá estar fundamentado.

–No tocaron el número de integrantes, ¿por qué?

–Se resolvió prácticamente por unanimidad que no formara parte de las recomendaciones y que cada uno lo explique en los fundamentos. En lo personal, creo que una Corte de pocos casos supone una Corte de un número acotado de integrantes dentro de la tradición de márgenes históricos: de 5 a 9. ¿Cinco alcanza? Con cinco tiene dificultades. En primer lugar, en cuanto al pluralismo de miradas, de géneros y representación federal. En segundo lugar, es posible que una mayoría muy exigua, de tres personas, resuelva temas centrales para la vida institucional del país. Eso también es una dificultad. La tercera es que el precedente se vuelve oscilante, volátil, porque las mayorías pueden cambiar rápidamente. Y además hay dificultades de funcionamiento ante una licencia o vacante. Por eso prefiero una Corte de pocos miembros, pero más amplia que la actual. ¿Cuánto más amplia? ¿Qué número? Es una definición a la que debe dar respuesta la política que tiene que encontrar los consensos para el acuerdo.

–La política los llamó a ustedes para pedirles sugerencias.

– La sugerencia que yo hice es esa: una Corte que no supere el número histórico, con representación plural, de géneros, con pocos miembros para pocos casos que resuelvan en pleno y más amplia que la actual. Pero la definición requiere de consenso político.

–Sobre el Ministerio Público Fiscal, diez sobre once dijeron que el mandato no tenía que ser vitalicio. Y usted se pronunció por cambiar la mayoría de dos tercios a mayoría absoluta.

–Al reducir el carácter temporal del ejercicio, nuestra propuesta planteó como contrapartida relajar de alguna manera las mayorías. Y mantuvimos el juicio político para la salida con lo cual queda garantizada la autonomía constitucional porque se requieren dos tercios para la remoción. Hay más facilidad para la designación porque lo que no puede pasar es que el régimen legal se vuelva un obstáculo para cumplir con el mandato constitucional de que el Procurador lo ocupa una persona legalmente designada, y no un subrogante por tres años. No hay nada más antidemocrático que un subrogancia en un puesto clave por tanto tiempo.

–¿De quién es el atributo de diseñar la política de persecución criminal: del Ministerio Público o de un gobierno?

–Son distintos modelos. El modelo de un Ministerio Público Fiscal temporal tiende a ser autónomo pero a la vez ejecuta la política criminal que pertenece al Ejecutivo. Si eso es así, es lógico que la designación sea temporal. ¿Es menos autónomo? No, porque el tipo de remoción le da autonomía para investigar al propio poder que lo ha designado, por lo tanto no veo ninguna dificultad. Además, la gran mayoría de las provincias del país, 19, designan a sus procuradores con mayoría simple, con lo cual no le veo objeciones jurídicas.

–Cristina habló de mandatos vitalicios, pero de la Corte. ¿Cómo lo ve?

–La perpetuidad se puede evitar con una reforma constitucional. En Alemania, los integrantes de la Corte tienen doce años de mandato. Las designaciones vitalicias son de regímenes monárquicos más que republicanos, por lo tanto estaría plenamente de acuerdo. Pero mientras esa reforma no se haga, hay que diseñar procedimientos que permitan reconstruir la limitada legitimidad del Poder Judicial. Si democratizás el procedimiento, la decisión judicial gana legitimidad. Si escuchás, te escuchan, de ese modo fomentás la discusión y tenés una Corte plural con diferentes miradas y decisiones más legítimas.

—¿Influye esta propuesta de reforma en el llamado lawfare?

–En la medida en que la ciudadanía tome parte de las decisiones judiciales y del control del Poder Judicial, incluso las posibilidades de un lawfare son menores. En el sistema que proponemos la Corte debe dar razones públicas de por qué trata o no trata determinado tema. Y ese sistema de mayor participación que supone mayor control, disminuye la posibilidad de arbitrariedades.

 

 

 

 

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