UN AÑO DE GESTIÓN EN ECONOMÍA

 

Se ha cumplido un año de gobierno de Alberto Fernández que en el área de la producción, el trabajo, el comercio y el consumo trató, en un principio, de ordenar las variables ante el retroceso del PIB que dejaba el gobierno de Cambiemos, más una persistente fuga de capitales y su impacto sobre el tipo de cambio. La deuda externa había crecido más de 100.000 millones de dólares, de los cuales un 45% aproximadamente era con el FMI y la mayor parte de ella con perentorios vencimientos, un déficit fiscal de la Administración Nacional del 4,28% del PIB, un nivel de cierre de 24.505 empresas [1] y una tasa de inflación medida por el IPC del INDEC del 53,8% en el año 2019.  Como el dólar pasó de abril a junio de 2018 de $ 20,20 a $ 39,50, se obtuvo un superávit comercial de U$S 15.990 millones en el año 2019.

Obviamente ese diagnostico enfrentaba una situación social que el INDEC registraba en una tasa del 35,5% de pobreza y del 8% de indigencia, castigando más a los niños (se infería que el 48% de los niños del país eran pobres) y en los adultos mayores.

 

 

 

La ley de emergencia

No bien asumió el nuevo gobierno y en un marco de austeridad fiscal comienza a ejecutar el plan “Tarjeta Alimentar”, buscando resolver el hambre. El 23 de diciembre de 2019 se sancionó la Ley 27.541 denominada de solidaridad social y reactivación productiva, que suspendió el pago a los jubilados ajustado por inflación [2] y  determinó un ajuste por Decreto hasta que se formulará la nueva ecuación de ajuste.

También dicha ley establece un impuesto del 30% sobre la compra de dólares para ahorro, gastos con tarjeta y compra de servicios en el exterior, fijó un nuevo esquema de retenciones, e incluyó un plan de regularización de deudas para las pymes, y autorizó al Ejecutivo a revisar el cuadro tarifario del sistema energético y a intervenir los entes reguladores del gas y la electricidad.

 

 

La pandemia

El 19 de marzo 2020 ante la agresiva presencia del Covid-19 se decretó la cuarentena que obligó a un párate casi generalizado de la actividad económica y reconvirtió el gasto público para dar respuesta a los distintos programas de salud, equipamiento de hospitales y asisencia a las provincias, a los municipios, a la población desocupada (IFE) y hasta las empresas pagando parte de los salarios por ATP [3], reducciones y plazos en el pago de las cargas sociales, créditos, etc. que permitieron enfrentar las aristas más duras de la crisis de empleo y de la pobreza. Los índices empeoraron, por supuesto, en una carga que sobre todo cayó sobre los hombros de los trabajadores de la economía popular, aquellos con mayores niveles de precarización y cuentapropistas.

El INDEC estimó que al segundo trimestre del año 2020, 3.700.000 trabajadores perdieron sus empleos y cerraron 22.000 establecimientos. También que uno de cada cinco de quienes conservaron sus puestos, en muchos casos estaban suspendidos por sus empleadores y percibiendo por ello un haber menor. Hubo 5 millones de personas que cayeron en la pobreza. Muchos de los nuevos desocupados, pero también quienes conservando el empleo no llegaban a cubrir la canasta básica total, como resultado de una caída del 19,1% de la actividad económica.

El plan de salud no colapsó y asistió a la población. Pero el costo fiscal fue enorme, sumado a los muy menores ingresos tributarios por el descenso del nivel de actividad, de manera tal que se estima terminar el año con un déficit de las cuentas de la Administración Nacional en torno a los dos billones de pesos (equivalente en dólares a unos 23.000 millones) por más que se logre imputar a los gastos del año 2020 el ingreso de la Ley de Aporte Solidario (estimado en unos $ 400.000 millones), el déficit fiscal final rondará más de un billón y medio de pesos.

 

 

La reestructuración de la deuda

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revierte la lógica de desendeudamiento en moneda nacional y se endeuda en divisas al Estado que paga en pesos, de manera tal que al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudaban 323.177 millones de dólares que significaban el 91,7% del PIB (que se estimaba en 352.300 millones de dólares).

De esa suma adeudada, 155.416 millones de dólares eran en divisas. Si se descuenta el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG, pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana (en diciembre de 2019), implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense. Creció sideralmente la deuda, dentro de ella lo que más se incrementó fue la deuda con grandes bancos y fondos de inversión internacionales que se estima en torno a los 66.000 millones de dólares. Asimismo, aumenta la proporción de la deuda tomada con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, desde un 6,4% en 2015 hasta un 20,0% del PIB en 2019, siendo el principal acreedor el FMI, del que el gobierno de Kirchner había logrado cancelar todas sus acreencias con el país en febrero de 2006 y al que, al 10 de diciembre de 2015, no se le debía un dólar.

Los grandes bancos y fondos de inversión son principalmente BlackRock, Goldman Sachs (el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos de Trump, Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como vicepresidente de Luis “Toto” Caputo  en el BCRA), PIMCO, Gramercy, Fidelity, etc.  En ese marco, el gobierno negoció y consiguió cuatro años de gracia sin pagar el capital de la deuda, una quita del 50% en los intereses que devenguen y una tasa del 6% anual (500 puntos de riesgo-país).  Igual trato se le dio a los bonos de deuda de jurisdicción nacional.

Termina el año 2020 y se está negociando con el FMI. La propuesta argentina es amortizar el capital de esa deuda dentro de cuatro años para 2025, e igual trato se le dispensaría a la deuda con el Club de París [4] cuya acreencia asciende a unos 10.800 millones de dólares, que devenga intereses a una tasa del 4% anual.

La apuesta es tan fuerte como la que le presentó a los fondos privados y terminaron aceptando cuando vieron que la Argentina no tenía capacidad de pago y que la propuesta del equipo económico nacional no estaba alejada de la triste realidad, agravada por la pandemia del Covid-19.

 

 

 

La economía nacional  

Para hacer frente al Covid-19 el Estado con menores recursos por el descenso del nivel de actividad y ante mayores gastos, se vio obligado a financiarse básicamente mediante la emisión monetaria, de manera tal que en un año la base monetaria [5] creció en un 30%, para ser de dos billones y medio de pesos, de los cuales menos de 500.000 millones fueron al Tesoro de la Nación, mientras que las LELIQs (Letras de liquidez del BCRA) crecieron en un billón de pesos, el doble, porque devengan un interés anual del 37%, que se paga cada siete días y cada mes insume más de $ 63.000 millones de pesos.

Todo esto convierte al financiamiento estatal en un despropósito en el que se benefician básicamente diez grandes bancos privados: Galicia, Macro, Credicoop, Supervielle entre los nacionales y entre los extranjeros Santander-Río, BBVA, HSBC, Citi, Patagonia (el 80% pertenece al Banco Do Brasil)  y BNP Paribas. Todo ello les ha permitido ganar mucha plata, sin riesgo alguno y solo por tener la autorización del BCRA para funcionar como bancos (técnicamente se denomina “renta financiera”), captan depósitos del público y se lo prestan al BCRA,  mientras el país sufre la caída del producto bruto interno más grande desde que se tiene registro.

 

 

 

 

 

El poder de los bancos nace de la captación de depósitos del público y de la potestad de asignarlos a quien quieren, por un lado y, de comprarle al Banco Central los dólares que se originan básicamente por el comercio exterior y por deuda (sobre todo en los gobiernos liberales) [6].

Es más las operaciones de comercio exterior los tienen como principales instrumentistas financieros, sumándose a los nombrados, el ICBC (Banco Industrial y Comercial de China) que es el primer banco por volumen de activos del mundo mediante el cual operan las empresas de ese país, como COFCO, que es una de las principales acopiadoras y comercializadoras de granos del mundo que absorbió a Nidera y a Noble entre otras firmas.

Los grandes exportadores de granos del país estuvieron todo el año reteniendo la liquidación de sus operaciones presionando para la devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar. Recién a partir del 1° de diciembre de 2020 mediante la Resolución 132/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se exige a los operadores de granos que para mantener la inscripción en el registro de los exportadores tendrán que cumplir con el plazo previsto para la liquidación de divisas

El nudo gordiano de la Argentina actual es la “santa alianza” entre los grandes bancos y los grandes operadores del comercio exterior, entre estos últimos los diez grandes exportadores de granos (sumado COFCO), que concentran el 91 por ciento de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales del país. Seis son extranjeras, de las cuales cinco de ellas se hacen llamar por su primera letra ABCD: ADM; Bunge Ceval; Cargill; COFCO; Louis Dreyfus, más Glencore como Renova SA y/o como Oleaginosa Moreno SA. [7]  Y las otras cuatro nacionales: Aceitera General Deheza; ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas); Molinos Agro de Pérez Companc y el Grupo Olio (Díaz& Forti) que opera en las instalaciones de Vicentin SAIC.

El concurso de acreedores de Vicentin SAIC significó la virtual estafa a miles de productores de granos de todo el país, en que la deuda real con los productores/proveedores seguramente multiplica varias veces a la efectivamente registrada en la convocatoria. No debe olvidarse de la existencia de los “valijeros” y de la entrega de granos de palabra, sin la existencia de ninguna documentación para no pagar impuestos. Caso concreto la denuncia de los socios de ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y un centenar de cooperativas agropecuarias en que el valor de los granos entregados es mucho mayor que el que aparece en el concurso de acreedores, o de la firma Grassi SA por lo mismo y, hasta de la acopiadora “La Clementina SA”, que le había entregado granos el 4 de diciembre de 2019 en que se declaró en “stress” financiero. Vicentin SAIC recibió la mercadería sabiendo que no la iba a pagar. El problema es que la estructura de Vicentin va a ser despedazada por las grandes empresas del sector y, de esa manera, no solo se concentra más el mercado granario y de sus derivados agroindustriales, sino que se pierde una excelente oportunidad para contar con una empresa testigo en el sector, que permita conocer los costos reales, perfeccionar los mecanismo de control de contabilidad y pago de impuestos y derechos, que fue la idea original en el Decreto de intervención y proyecto de ley de expropiación en la empresa, que al anunciarlo el Presidente de la Nación dijo: “El objetivo es que siga funcionando y que sus siete mil trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos y que los dos mil seiscientos productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura”.

 

 

 

Balance anual

Ante el descenso del Producto Bruto Interno y niveles de pobreza y exclusión social en el país como no existe registro [8], el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estima la pobreza en un 44,2% de la población y la indigencia en un 10,1%, afectando a más de 20.000.000 de personas; donde la jubilación mínima se la llevó a $ 19.035 mensuales para diciembre 2020 y es operativa, más de cinco millones de jubilados y pensionados cobran en torno a ese monto; y casi nueve millones de personas esperan recibir el IFE, del otro lado nos encontramos con la renta primaria y financiera que perciben como si fuera un derecho natural y de ese tema no se habla.

En ese marco, el gobierno piensa desarrollar un mercado de capitales local, que considera fundamental tanto para ampliar el fondeo del Tesoro a través del endeudamiento y reducir la asistencia del BCRA como para impulsar el financiamiento productivo a las empresas en la salida de la pandemia. Es más, el gobierno confía en que el acuerdo con el FMI destrabará una ampliación del crédito de bancos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, para proyectos de infraestructura que permitirá cubrir parte del incremento en el gasto en obra pública presupuestado para el año 2021.

Todo eso puede realizarse pero mientras se dependa de los exportadores y de los bancos va a seguir la puja devaluatoria y la suba de las tasas de interés perjudicando severamente y aún más a los pequeños y medianos establecimientos, a las economías regionales y, fundamentalmente, a los trabajadores que no solo no podrán conseguir trabajo, sino que si lo hacen será con salarios por debajo de la línea de pobreza.

El camino a seguir lo trazó Néstor Kirchner. La Argentina de hoy, pese al gobierno de Cambiemos y la pandemia, destina más del 70% de lo que produce al mercado interno. Por lo tanto para que el país crezca sostenidamente es necesario aumentar los puestos de trabajo y las remuneraciones para que la masa salarial crezca (más trabajadores y con mayor poder adquisitivo) y con ello la demanda agregada.

Financió la política de igual a igual con los dueños de este país, creo puestos de trabajo, hizo crecer el producto y distribuyó en la población, pagó jubilaciones y pensiones a todos aquellos que el menemismo había dejado sin trabajo y sin aportes, estableció relaciones fraternales con los países de la región, se opuso al ALCA, impulsó el Mercosur, la Unasur y la CELAC. Trabajó de sol a sol por sus convicciones, en el año 2010 había sufrido dos operaciones por obstrucción en las arterias, le recomendaban reposo absoluto y se levantaba igual, hasta que la muerte lo sorprendió (y nos sorprendió) el 27 de octubre.

No es fácil hacer política en este país con el grado de concentración económica y el bajo nivel ideológico de gran parte de la población. Kirchner hizo concesiones como eximio jugador de ajedrez que debe ceder piezas para lograr el gran objetivo, ganar la partida, a la cual él sumaba defender la reina a costa del rey.

Así lo entendió el equipo del Ministro Martín Guzmán en el Proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2021, donde sostiene que los salarios públicos crecen un 34,5% (y es referente de la remuneración en el sector privado y el resto de las administraciones públicas), los precios un 29% y el tipo de cambio un 25% (se estimaba en $ 102,40 en diciembre de 2021), impulsando el mercado interno.

 

 

[1] La AFIP (la Administración Federal de Ingresos Públicos) informó que durante el gobierno de Cambiemos  (diciembre 2015- diciembre 2019) cerraron 24.505 empresas, que representó una contracción de 4,3%, en un contexto en el que el sector más afectado fue el de las pequeñas y medianas empresas

[2] La fórmula que aplicó el Gobierno de Cambiemos redujo los haberes pese a estar compuesta en un 70% por la variación del IPC (y 30% por RIPTE) porque se aplicó un trimestre más tarde y los haberes se actualizaban en función de una inflación pasada que se aceleraba, por lo cual, corrían atrás de una inflación cada vez más alta y los jubilados y las jubiladas perdían sistemáticamente capacidad de compra. La jubilación mínima de septiembre 2019 fue fijada en $ 12.937,22  mensuales y de los siete millones de jubilados y pensionados de la ANSeS, más de cinco millones perciben el haber mínimo o cerca del mínimo.

[3] Si asistió por IFE en tres veces de $ 10.000.- por mes  a unas 8.676.000 personas.  Un país con unos 45 millones de habitantes, con una tasa de actividad del 47% significa que cuenta con una población económicamente activa de unos 22 millones de habitantes.  Las ATP se le llegó a otorgar a 289.000 empresas.

[4] El Club de París es un conjunto de países acreedores creado en el año 1956 para que los Estados más solventes financien problemas de las naciones endeudadas. Actualmente los países miembros son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Holanda, Inglaterra, Rusia, Suecia y Suiza.

[5] Base Monetaria: Es la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por el Banco Central,  que se incrementa en un 30% pero el tipo de cambio lo hizo en un 46,26% de $ 59,6 el 10 de diciembre de 2019 a  $ 87,17 un año más tarde. También la Administración Nacional se financia colocando títulos de deudas en pesos pero ajustados por la inflación (BONCER) y por dólar linked (se compran y  pagan en pesos pero se ajustan por la devaluación del dólar oficial)

[6] Poder que le confirió la reforma financiera de 1977 y que profundizó la modificación de la ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA de 1992.

[7] Los miembros fundadores (ADM, Bunge, Cargill, COFCO International, Louis Dreyfus Company y Glencore Agriculture) con el fin de modernizar las operaciones comerciales globales conforman el proyecto Covantis, que cuenta con un sitio web, www.covantis.io, para conectar la agroindustria a través de una plataforma digital.

[8] El INDEC se creó en 1968 y antes solo había registros parciales, el primero fue dirigido por Alejandro Bunge  en 1924  pero no pudo contabilizar la crisis de 1930 porque era el Director de Estadísticas de Yrigoyen cuando lo derrocaron el 6 de septiembre

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