El Estigma

 

Producto de mi actividad relacionada con la seguridad social, permanentemente me realizan consultas sobre diversos temas vinculados con ANSES, con PAMI, o con alguna caja provincial. Periodistas amigos, personas cercanas, estudiantes que tienen que hacer algún trabajo práctico y muchos a quienes incluso no conozco, me hacen llegar sus mensajes por diversos medios. Es una actividad que disfruto mucho, aunque en ocasiones me resulta un tanto apabullante. Hace unos días, una mujer me mandó un mensaje que no deja de rebotarme en la cabeza. Me contaba que hace unos meses cumplió los 60 años requeridos para obtener la jubilación, que hacía mucho tiempo que vivía de lo que le daban los vecinos, que tiene dos hijos discapacitados y que soñaba con llegar a esa edad, ya que sabía que con “la moratoria de Cristina” obtendría la jubilación. Por lo que al momento de cumplir los 60 comenzó a averiguar cómo debía hacer el trámite para jubilarse, pero se encontró con la respuesta distante de que “debía hacer el SICAM en la AFIP, con los 30 años de aportes”. Le pidió a alguien que se lo hiciera, y ahí se enteró que la deuda que tenía que pagar era imposible. ¡Si no tenía para comer, cómo iba a hacer para pagar esa deuda! El dialogo fue mucho más largo y triste, lo que me motivó a usar su pequeña historia para esta nota, porque casos como estos aparecen diariamente.

Para que se entienda qué es lo que le pasó a la señora del ejemplo, hay que tener en cuenta que cuando se dictó la maldita ley de reparación histórica, se resolvió prorrogar la moratoria pero no se modificó la fecha de corte –momento hasta el cual uno puede incorporar años de servicio a la moratoria–, la que se mantuvo en diciembre de 2003. Entonces, una mujer que cumple 60 años en 2020, cumplió los 18 años –fecha en que puede empezar a trabajar– en 1978, por lo que puede incorporar a la moratoria sólo 25 años de servicios con aportes —desde 1978 a 2003— y los 5 años que le faltan para completar los 30 requeridos por la ley tiene que tenerlos acreditados por alguna relación laboral posterior al 2003, o por aportes autónomos en ese período, o bien declararlos como omitidos y pagarlos con actualización, multas, recargos e intereses, lo que resulta una deuda impagable. Por ello, creo que la única posibilidad para que la mujer del ejemplo, y miles más, puedan acceder a una jubilación es dictar una nueva moratoria previsional.

Alguna vez, en una reunión sobre igualdad de género que se desarrollaba en el Congreso, Julia Strada dijo que “suspender la moratoria era una condena patriarcal”. Esa afirmación me pareció, y aun hoy me parece, una definición muy apropiada, ya que las grandes perjudicadas son las mujeres y dentro de las mujeres, las más pobres. Y ello es así debido a que la ley de reparación histórica creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un engendro normativo que prevé que los hombres y mujeres que tengan 65 años, en caso de que no puedan acceder a la jubilación, cuenten con una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima. Los hombres hace muchos años que se jubilan a los 65, por lo tanto, a ellos solo les reducen el haber un 20%, pero las mujeres siempre se jubilaron a los 60 años, por lo cual, a ellas no solo se les paga el 80% de un haber mínimo, sino que tienen que esperar 5 años más sin recibir cobertura.

Pero la cuestión no termina ahí. Durante los 4 años de gobierno neoliberal, desde el mismo Presidente Macri hasta el último de los adherentes a Juntos por el Cambio se dedicaron a estigmatizar a las beneficiarias/os del Plan de Inclusión Jubilatoria, lo rebautizaron como los “beneficiarios de la moratoria”, “los que no tienen aportes” o “los que tienen pocos aportes”, los planeros, etc. Incluso se ocuparon de diferenciar dentro del colectivo de los jubilados a aquellos que supuestamente eran del “régimen general” de los de la moratoria, en una clara señal discriminatoria. Llegaron al absurdo de inculcar en la población que los jubilados –del régimen general– ganaban poco porque la plata se la quedaban los planeros o los de la moratoria. Más de una vez este absurdo generó discusiones acaloradas, con agresiones incluidas entre unos y otros. Esto que fue impulsado por los medios hegemónicos, en especial por el grupo Clarín, desconociendo que las prestaciones jubilatorias se regulan por una ley que establece requisitos y condiciones para la prestación, y que aún eliminando todas las moratorias que puedan beneficiar a otras personas, su prestación seguiría siendo la misma. El único que podía beneficiarse en ese momento con la eliminación de los planes de moratorias era el FMI, ya que de esa manera el país contaría con mayores recursos para destinarlos al pago de los acreedores externos, sin importarle demasiado el impacto negativo que dicha decisión podría traer sobre el mercado ya que 3,5 millones de personas dejarían de cobrar y, por lo tanto, de gastar y consumir.

Desde el nacimiento del Plan de Inclusión Jubilatorio en tiempos de Néstor Kirchner, el cual fue igualitario y absolutamente universal, se dictaron algunas nuevas leyes que si bien mantenían visión inclusiva incluyeron un requisito según el cual los peticionantes tenían que demostrar tener escasos recursos para acceder a un plan de moratoria, debiendo demostrar dicha situación con un “certificado de pobreza” que implicaba una clara humillación para una persona que sólo quiere acceder a un plan de regularización de aportes para luego obtener una prestación previsional. Es obvio que estas incorporaciones normativas representaron el fin de la universalidad, pero estas decisiones son tomadas por temor a lo que puedan decir los medios hegemónicos. Muchas veces los medios tienen tanta influencia en la opinión de los legisladores que buscan estas artimañas para no ser escrachados en los medios de comunicación masiva. Como decía un amigo, “un aporte para la gilada”. Lástima que esa picardía logró que muchos de los que necesitaban como el agua una prestación no la tuvieron mientras que otros tuvieron que sufrir la vergüenza y la humillación de desnudar su pobreza.

Quizás la crítica más encarnizada en contra de los planes de inclusión se relacione con la supuesta falta de aportes, pero ocurre que esto también es un argumento falso. En primer lugar, la financiación del sistema previsional tiene tres fuentes:  el aporte de los trabajadores, las contribuciones de los empleadores y los aportes impositivos. Respecto de este último punto, el aporte impositivo, el principal tributo del mismo es el IVA, por lo cual esos fondos provienen del consumo general de toda la población y, por ende, todas las personas son aportantes al sistema de seguridad social.

Este solo hecho sería suficiente para que, por el principio constitucional de igualdad ante la ley, todos tuviéramos derecho a las prestaciones de la seguridad social. Pero si aún con ello no alcanzara, la regularización de aportes por medio de una “moratoria” implica que esos aportes son pagados, con facilidades, pero pagados de forma íntegra para acceder a un beneficio. Veamos algunos números.

• Una persona que aporta 30 años como monotributista (a quien, por otro lado, nadie estigmatizaría), a lo largo de esos 30 años dejaría en la caja de ANSES como aportes al SIPA $745,49 por mes. Si a ese numero lo multiplicamos por 360 (30 años, por 12 meses) resulta un monto de $ 268.376,40.
• Por el plan de inclusión, si una persona por 30 años de aportes deja en ANSES el 30% de su jubilación durante 5 años –la cuota mensual de la moratoria puede alcanzar hasta el 30% de la prestación—, aportaría $342.630. Este número surge al aplicar ese porcentaje sobre la jubilación mínima que, a diciembre 2020, ascenderá a $19.035.  Es decir, $5.710 mensuales multiplicados por los 60 meses, arroja un total de $342.630.

En consecuencia, los supuestos “planeros” terminan aportando más que muchos de los que son considerados aportantes del régimen general, además de contribuir, como se ha mencionado anteriormente, por vía impositiva. Y aun así son víctimas de la estigmatización. No obstante, creo que como muchas cosas que se han hecho en este tiempo fueron muy positivas y que hay seguir construyendo una sociedad mas justa y solidaria sin mirar los títulos de Clarín ni La Nación. Por ello quiero hacer un pequeño aporte.

 

 

Un nuevo Plan de Inclusión Jubilatorio

Continuando en la línea marcada por el Presidente, de comenzar primero por los que menos tienen, propongo implementar un plan de inclusión según el cual una persona que llega a la edad requerida y no tiene aportes cumpla ese requisito con un 30% de su haber por 5 años, y si tiene algunos aportes se efectúe un prorrateo con ellos. Por ejemplo, si tiene 10 años de aportes la cuota será 2/3 y si aportó 20 años la cuota será 1/3 y así sucesivamente. Que el porcentaje se mantenga aunque la prestación aumente, mientras que la cuota mensual se descuente del haber y al completar los cinco años del plan de regularización el beneficiario perciba la totalidad de la prestación sin descuento alguno. De esta forma aportará más que si lo hubiera hecho como monotributista. La diferencia radica en que ya no sería necesario hacer ninguna acción ante AFIP, ya que la unidad de medida se haría mediante un porcentaje del haber mínimo

Esta prestación tiene un costo muy bajo para el Estado, ya que el 30% será retenido por la ANSES mientras que aproximadamente un 24% entre IVA e Ingresos Brutos volverá a las arcas estatales a partir del ingreso al mercado de consumo de esas personas. Esta medida permitiría que aproximadamente 280.000 mujeres accediesen a una prestación jubilatoria, siendo el costo fácilmente asimilable para las arcas de ANSES.

Por otro lado, se hace imperioso derogar la PUAM y pasar todos esos beneficiarios al sistema jubilatorio. Son menos de 200.000 personas que ya cobran el 80% de la prestación mínima, por lo tanto, ese pase equivale a unas 40.000 jubilaciones mínimas. Lo mismo debería encararse con las pensiones no contributivas por invalidez ya que me parece una ignominia que cobren el 70% de la mínima toda vez que, por definición, tienen más gastos que el resto de la población.

Me permito una última reflexión. Todos oímos al Ministro Martín Guzmán decir con tino que la reactivación económica vendrá de la mano del crecimiento sostenido de los salarios, y esto es una gran noticia. Esta propuesta es totalmente compatible con la idea del ministro. Representa un pequeño crecimiento del gasto que va rápidamente al consumo con la consecuente reactivación de la economía y, a su vez representa, un enorme acto de justicia distributiva.

Hay una fantástica frase de José Martí que representa sin eufemismos esta idea: “Es preferible el bien de muchos a la opulencia de pocos. El progreso no es verdad sino cuando penetra en las masas y es parte de ellas”.

Transformemos el estigma de la inclusión en esperanza y justicia social.

 

 

 

 

 

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