MERCADO INTERNO, FMI Y CÍRCULO ROJO

No hay país desarrollado que no se base en una burguesía nacional que se apuntale en su mercado interno. En el caso argentino, esto ocurrió mal o bien, desde la revolución de 1943 hasta el golpe militar de 1976 en que, con la dictadura cívico-militar,  se genera un modelo de valorización financiera del capital, dependiente del financiamiento externo que utiliza mayoritariamente para  fugar capitales e incluso, en esa fuga, se va también la casi totalidad del superávit comercial.

El Profesor Mario Rapoport en su libro Parece cuento que la Argentina aún exista le dedica un apartado, al “Carrusel de la política y de la economía”, que vive la Argentina, con políticos que salen por una puerta y entran por otra, y a la fuga de capitales y de investigadores y profesionales. Dice textualmente: “En verdad, con la fuga de capitales y de cerebros estamos contribuyendo al crecimiento del PIB mundial pero no al nuestro, mientras importamos capitales especulativos para los que se ganan la vida en la ruleta financiera y vacían el país de sus riquezas, esa es en el fondo nuestra restricción externa. Por supuesto, la Argentina no puede ser un país puramente agropecuario, limitado a la cuarta parte de sus habitantes, aunque sirva para alimentar a algunos cientos de millones de ciudadanos del mundo. El empleo y la mejora en las condiciones de vida de la gran mayoría de la población vendrán de la industrialización y de una diferente estructura del agro, que no solo debería satisfacer nuestro mercado interno sino también ayudarnos a competir mejor en el exterior, para lo cual es necesaria la participación del Estado y el liderazgo de empresas nacionales”.

En la Argentina de hoy, pese al gobierno de Cambiemos y la pandemia, más del 70% de lo que se produce se destina al mercado interno.  Por lo tanto para que el país crezca sostenidamente es necesario aumentar los puestos de trabajo y las remuneraciones para que la masa salarial crezca (más trabajadores y con mayor poder adquisitivo) y con ello la demanda agregada.

Teorema de la economía argentina

El teorema para la economía nacional es: “La Argentina crece si crece su mercado interno, pero como no producimos la cantidad de insumos, máquinas, herramientas y energía necesaria para sostener ese crecimiento, se torna indispensable tratar de producirlos en el país y, aquellos que no se pueden sustituir, pagarlos con nuestras exportaciones, que al ser mayoritariamente alimentos, compiten en su abastecimiento con el mercado interno”.

El profesor inglés Anthony Thirlwall establece que en el largo plazo la expansión de una economía se halla restringida por el equilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos.  Y nuestra cuenta corriente torna a ser deficitaria fundamentalmente por el pago de los intereses de la deuda y el giro de utilidades de las empresas extranjeras que operan en el país a sus casas matrices, dado que si tomamos un amplio período de nuestra historia, desde el año 2003 hasta octubre de 2020, las exportaciones superaron a las importaciones de mercancías en 156.355 millones de dólares.

El problema se agrava no solo por la deuda y la extranjerización de nuestra economía, donde según la Encuesta Nacional de Grandes Empresas del INDEC, 335 de las primeras 500 empresas por facturación  son extranjeras, sino que además y salvo la excepción del gobierno de Néstor Kirchner, las demás administraciones permitieron usar las reservas internacionales generadas por el comercio exterior a las empresas para pagar supuestas deudas externas y /o adelantar el pago de importaciones que ni siquiera habían llegado al territorio nacional, en un marco en que el BCRA por la Ley 24.144 de su Carta Orgánica incluso, utiliza las divisas que el Tesoro de la Nación obtiene por deuda externa y se las vende a los bancos para que éstos a su vez hagan frente a los compromisos que aducen tener.

Es obvio que un país con los serios problemas de endeudamiento debe partir de declarar la Emergencia Cambiaria, que no solo obligue a ingresar las divisas al país por exportaciones en un plazo perentorio, sino que prohíba al BCRA vender las divisas que le vende el Tesoro de la Nación por un lado y, restringir al ingreso de divisas las cancelaciones que le solicite el sector privado.

Solo bajo la Emergencia Cambiaria con la referencia valiosa y adaptable a nuestros tiempos del Decreto 2581/1964, mediante el cual el Presidente del BCRA de ese entonces, Félix Elizalde,  se reunió con los importadores y al revés que ahora, estaban abarrotadas las aduanas del país de máquinas y equipos importados durante el gobierno de Arturo Frondizi y el interinato de José María Guido y les dijo,  las pocas reservas internacionales que tenemos se van a emplear para pagarle al Banco Mundial y al BID por obras de infraestructura comprometidas por la Nación y que de no hacerlo debemos pagar el “lucro cesante”.  Por lo tanto ustedes arreglen con los que le vendieron del exterior, que les refinancien la deuda.

No solo los importadores sacaron las mercancías de la Aduana Argentina con sus propios medios, sino que las emplearon aumentando la producción y el trabajo y el Producto Bruto Interno creció en un 10,3%  ese año y, al año siguiente, fue del 9,1%, una extraordinaria cantidad de bienes y servicios adicionales puestos a disposición de la sociedad.  La actividad de las industrias manufactureras, que representaban entonces la tercera parte del PBI (la producción agropecuaria era un sexto), registró un aumento del 18,9% en el primer año y del 13,8% en el segundo, y su participación en el PIB en 1964 fue del  32,5% y alcanzaría en 1965 un récord del 33,9% jamás antes ni después igualado.

Solo bajo el marco de la Emergencia Cambiaria se puede priorizar la defensa del mercado interno, la producción y el trabajo nacionales, que permita llevar adelante la propuesta del Profesor Rapoport, en donde el rol del Estado es irremplazable en la conducción de la integración económica que tenga como objetivo la promoción del crecimiento económico con una justa distribución del ingreso, la búsqueda de equidad entre regiones y grupos sociales y la sustentabilidad.  El Estado democrático debe ser un instrumento de la sociedad para enfrentar los problemas económicos y sociales que el mercado no puede resolver de por sí y máxime con el grado de concentración y extranjerización de nuestro país.

 

Un Estado regulador no significa inhibir la actividad privada, al contrario, significa establecer reglas claras para compatibilizar derechos con obligaciones y asegurar que tanto el capital nacional como el internacional promuevan el desarrollo nacional justo y sustentable y no que se beneficien pura y exclusivamente  los exportadores y los que tienen fugados capitales en el exterior que, en la mayoría de los casos, cumplen las dos condiciones (son grandes exportadores y grandes fugadores de capital).

El estratégico papel del Estado en la dinámica económica y social reclama una reforma fiscal integral con una lógica productora y redistributiva, a la vez capaz de recaudar los recursos suficientes mediante una estructura tributaria que disminuya los gravámenes al consumo y a la actividad económica y aumente de verdad sobre el patrimonio y las utilidades de las grandes empresas (retenciones mediante), para evitar déficit fiscales que, por su magnitud, se conviertan en un problema para el desarrollo.

El Estado es el responsable de conducir una estrategia económica que lleve al bienestar social, y de políticas sociales que lo refuercen. No debe escatimar esfuerzos en la promoción de empleos bien pagados, pues éstos son la forma digna y justa de alcanzar el bienestar general que nos exige la Constitución Nacional.

En un mundo en pandemia y pos pandemia la exportación de alimentos está asegurada, pero el sector exportador de un país no sólo tiene una medida cuantitativa, por el volumen de exportación, sino cualitativa, que implica promover la integración de cadenas productivas nacionales para que sea un verdadero motor del crecimiento general y con ello de empleos directos e indirectos de alta calidad. La importancia del mercado interno radica en convertir a la mayoría de la población en consumidores estratégicos. La elevación de sus niveles de vida se vuelve entonces una necesidad económica para ampliar el mercado interno además de ser una exigencia de justicia.

La regulación (establecer las reglas de juego) de la actividad económica en general debe ser guiada por la orientación que debe dar un Estado. Formando parte de esa orientación  debe emplearse el poder de compra gubernamental y las obras públicas que tienen una gran incidencia en sectores específicos en la producción y en el trabajo.

 

El FMI y el círculo rojo

El préstamo que le dio el FMI a la Argentina en 2018-2019 no solo fue para apoyar al Gobierno de Cambiemos, sino con la finalidad de condicionar al país por muchos años.  El crédito es equivalente a unos 49.000 millones de dólares, con pago de intereses trimestrales (unos 300 millones) y con amortización de capital en forma trimestral en tres años, comenzando la primera cuota de capital en septiembre de 2021 de 3.735 millones de dólares, otra cuota igual en diciembre de 2021 y a partir del año 2022 se va sumando el pago del capital de la otra parte del crédito.

 

La propuesta del FMI para remplazar el acuerdo firmado por el gobierno de Cambiemos es acordar un plan de pagos 2021-2031 que implique reformas tributarias (que podrán alcanzar a aumentar la alícuota del impuesto a las Ganancias para el renglón más alto del 35 al 41%, pero también la generalización del IVA a la leche, al agua, al pan y, el aumento de la tasa a un 13% del IVA alimentos que ahora es el 10,5%); la reforma previsional (asegurando una cláusula de ajuste de haberes que no impacte sobre las cuentas públicas y extendiendo la edad y los aportes); exigencia de metas de déficit fiscal primario que en el tiempo impliquen un menor gasto público; etc. y asegurar ese acuerdo por una ley nacional

Y es, no podría ser de otro modo, coincidente con el plan propuesto por el Consejo Agroindustrial Argentino, por un lado y, por AEA (Asociación Empresaria Argentina) que presionan y quieren un tipo de cambio alto para que sea una defensa natural de sus productos ante las importaciones de la República Popular China, por ejemplo, en el laminado de acero de Techint y que, les permita reducir los costos (incluido y principalmente los salarios) medidos en dólares.  De hecho lo han conseguido: hoy el salario promedio industrial mensual no alcanza los 700 dólares y es menor que el de Brasil, como exigía en el año 2015 Paolo Rocca. La CGT conducida por Héctor Daer y Carlos Acuña firma cuanto requerimiento le hacen al gobierno la UIA y AEA. Son dirigentes sindicales atornillados hace décadas a sus sillones,  subordinados los apropiadores de las riquezas sociales, para apaciguar el reclamo de los trabajadores, de modo que no cambie la estructura económica en la que ellos también son empresarios

En el caso de los exportadores de granos y derivados saben que tienen una demanda generalizada en el mercado externo, por lo tanto al deprimir los salarios tienen doble beneficio, más tasa de ganancia y mayor saldo exportable, de allí que a pesar de que los precios internacionales de esos productos son los mayores de los últimos diez años, con la tonelada de la soja arriba de los 440 dólares y su aceite por encima de los 920 dólares los 900 litros, realizan las exportaciones y su liquidación en cuentagotas. Según informa CIARA-CEC, en los diez meses del 2020 la liquidación de exportaciones fue un 14,61% menor que en igual lapso que en el año 2019 cuando se venía de una sequía y el precio era mucho más bajo (exportaciones por solo 16.849,2 millones de dólares contra 19.310,4 millones de dólares del año pasado). Incumpliendo con la promesa del CAA que iban acelerar sus ventas.

Saben que el gobierno malvendió reservas internacionales y quieren que acuerde con el FMI en ese marco de debilidad extrema

En síntesis

Los medios de comunicación más grandes decían que este gobierno  no tenía un plan económico, el equipo dirigido por el Ministro Martín Guzmán lo presenta al enviar el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2021, donde sostiene que los salarios públicos crecen un 34,5%, los precios un 29% y el tipo de cambio un 25% (a $ 102,40 en diciembre de 2021) impulsando el mercado interno, es por eso que en la reunión con la AEA le dice: “Ustedes tienen que reconocer que ganamos las elecciones y gobernamos nosotros”.  Pero al FMI y al Círculo Rojo no les interesa.

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