EL SUBMARINO SE MUEVE

 

El teléfono suena insistentemente en el estudio de la abogada Valeria Carreras. Es un número conocido, atiende. Sus ojos verdes se humedecen mientras sostiene el celular.

—¡Al fin! Macri y Aguad van a tener que rendir cuentas —dice una fuente de su confianza en Patagonia.

—¿Se confirmó la sentencia? –pregunta, incrédula, la abogada.

—Sí, la Cámara acaba de dar lugar.

Al rato ocurre lo mismo en la oficina de su compañera, Lorena Arias. Ambas representan a la mayoría de los familiares de los tripulantes fallecidos del ARA San Juan.

–Fueron años de una lucha solitaria, junto a las viudas. Soportamos que nos espíen, que nos traten de locas, que nos basureen por todos lados. Se creyeron que porque no vivíamos en Mar del Plata y éramos mujeres, se iban a salir con la suya. Esta es la causa más importante de los últimos tiempos y ahora vamos por todo —dice Carreras, extasiada, poco tiempo después del llamado que recibió desde el sur.

—¿Qué es ir por todo? —pregunta El Cohete a la Luna.

–Ahora no puedo parar de llorar. Recuerdo cuando la jueza Yáñez desestimó investigar a Macri… Fue un golpe durísimo. Pero no bajamos los brazos. Nosotros pedimos que se imputen a 12 personas y Yáñez sólo procesó a la mitad. Ahora el panorama es otro. Y además de probar las responsabilidades por el hundimiento, vamos por el encubrimiento y por un castigo ejemplar sobre el espionaje ilegal a los familiares.

El llamado de gracia provino de Comodoro Rivadavia. Hace unos días, haciendo lugar a un pedido del fiscal Norberto Bellver, la Cámara Federal de aquella comarca patagónica finalmente comunicó su decisión. Y ordenó que se investiguen las responsabilidades políticas y penales de Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la armada Marcelo Srur. A todos ellos, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez los había desvinculado de la pesquisa.

Si bien no ordenó la indagatoria, la sentencia de la Cámara sienta un precedente piramidal en la causa: es la primera vez que un fallo no rechaza investigar a Macri y compañía por el ARA San Juan. Es más: insta a que se los investiguen.

Para decirlo en pocas palabras, ordena que la jueza Yáñez vuelva al grado cero de la pesquisa, que se inició el 17 de noviembre de 2017 cuando Omar Balbo, Auditor del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada con sede en la Base Naval de Puerto Belgrano, se comunicó con el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia informando sobre la desaparición y pérdida de contacto con el Submarino Ara San Juan. La última comunicación se había mantenido vía radial el miércoles 15 de noviembre, a las siete y media de la mañana, siendo la última posición conocida a 505 kilómetros de la costa argentina, en línea perpendicular con la ribera santacruceña de Caleta Olivia.

La Cámara, en efecto, obliga a Yáñez a poner en claro nuevamente la cadena de mandos. Considera que el Ministerio de Defensa no podía desconocer las tareas de reparación del submarino como tampoco de la misión que se le había encomendado. Como tal, no podía desconocer los desperfectos que presentaba la nave.

 

 

 

 

Hay un dato revelador: en febrero de 2017 había llegado al Ministerio de Defensa un informe de la Auditoría que listaba 33 reparaciones que se encontraban pendientes. Y reportaba que el submarino llevaba tres años sin entrar a dique para una revisión general. Aun así, en noviembre salió del puerto de Mar del Plata.

Mauricio Macri en el banquillo de acusados. Oscar Aguad, a su lado.

Es la imagen que, poco tiempo después del hundimiento de la nave, ansían tener los familiares del ARA San Juan.

¿Por qué lo ansían?

Por la sencilla razón que sentían que el ex Presidente y su ministro de Defensa estaban ocultando la verdad desde que tomaron cartas en el asunto, algo que se reveló recién ahora en sede judicial: los funcionarios sabían, a menos de un mes de la desaparición del submarino, donde estaba localizado y no lo comunicaron a la sociedad, lo cual constituye un delito grave. Porque, además, Macri y Aguad los subestimaban, los maltrataban y, para colmo, los espiaban con el aparato de Inteligencia para sacarles información.

Cuando recibió la noticia en su casa de Sarandí, Daniel Polo estaba mirando televisión. También largó un llanto, el que contuvo durante varias apelaciones sin que la Justicia diera lugar. “Todo ha sido lento, después de tres años van saliendo los trapitos al sol”, dice a este medio el padre del tripulante fallecido Alejandro Polo.

“Nuestra flota de mar es deplorable, esto se podría haber evitado y tiene que haber un fallo a la altura para que no vuelva a pasar —agrega—. A las mujeres el ministro Aguad las ultrabajaba cuando las atendía en el Ministerio de Defensa, acamparon más de 50 días sin que nadie les diera un cobijo humano. Ahora la jueza Yáñez va a tener que revisar todo de cero, y confiamos que sin la presión política de Macri pueda hacerlo”.

Jaqueline Monzón, hermana del tripulante Jorge Ariel Monzón, se enteró del fallo de la Cámara y sintió “una rara alegría”. Aunque pasaron tres años, cree que es el comienzo de algo nuevo. “Sabíamos que esto se iba a retrasar. Los médicos me pedían que no esté tan expuesta con el reclamo, porque tuve ataques de pánico. La bronca que sentíamos era increíble”.

Y añade: “Este fallo nos da la sensación de ir por todo, cueste lo que cueste, para encontrar la verdad. El tiempo nos está dando la razón, cuando Macri y sus secuaces nos decían que estábamos equivocados. Sé que mi hermano está orgulloso de mí y no avergonzado como me dijo el ministro Aguad en la cara. En realidad, mi hermano estaría enojado porque la Armada no los protegió y los mandó al muere. Y yo no lo voy a dejar pasar”.

En la jerga lo conocen como punto de quiebre. Especialistas en tramas judiciales de largo aliento conocen esa especie de bisagra, esa decisión que marca, como popularmente se dice, un antes y un después.

Es lo que se ha dado, finalmente, en la compleja narrativa del ARA San Juan. El domingo se cumplió el tercer aniversario de la desaparición del submarino, cuyo dramático desenlace terminó con la vida de 44 tripulantes. Este medio ha venido contado, desde hace semanas, que el pacto de silencio se derrumbó. Que el inmenso muro de impunidad tejido durante años por el gobierno macrista empezó a caerse como las piezas de un dominó.

Tal vez por ello la trama del ARA San Juan, con capas superpuestas que van desde una investigación de la Bicameral del Congreso al Consejo de Guerra del Ministerio de Defensa, comprende en su amplio devenir judicial tintes policiales, de espías, tan cercana a un thriller político como a un suspense dramático. Y, con el dolor a cuestas de 44 vidas perdidas, se ha convertido en la non fiction más atrapante de un año convulsionado por los entretelones de la pandemia.

Semana a semana se sucede un nuevo capítulo. Esta semana no sólo fue el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia representado en los jueces Javier Leal de Ibarra, Hebe Corcuelo de Huberman y Aldo Suárez, que ordenó volver a revisar la instrucción y a no dejar afuera a Macri y sus secuaces. Se cree que con semejante fallo, a la jueza Yáñez no le quedará otra opción que involucrarlos en nuevas pericias —por ejemplo, se ordenó revisar la evidencia fotográfica del hallazgo de la nave— y pruebas por producir.

En la Justicia, como ha desarrollado El Cohete a la Luna en ediciones anteriores, se dan varios frentes paralelos. Uno de ellos es el espionaje ilegal contra los familiares que tramitaba en Mar del Plata, pero el juez Santiago Inchausti reclamó para que siguiera en manos de su colega Alejo Ramos Padilla en Dolores. Todavía resta definir la competencia.

El fiscal Daniel Adler presentó una apelación —acompañado por la querella— donde defendió que los hechos de espionaje sucedieron en Mar del Plata. Allí dice: “Las acciones no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior, defensa nacional, ataques terroristas o necesidad de luchar contra el crimen organizado. Y fueron ejecutadas bajo las directivas de quienes tenían a su cargo la planificación de la estrategia de Inteligencia en la Nación Argentina”.

Expuso varios hechos para continuar con la pesquisa en su jurisdicción. Hasta el momento el fiscal demostró, de forma contundente, que existió un “despliegue de seguimientos” en distintos lugares de Mar del Plata con el objetivo de cubrir los movimientos del colectivo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan y, a la vez, destacar cuáles eran los reclamos a las autoridades nacionales.

Otro frente es Comodoro Py. La semana pasada la querella presentó una denuncia por encubrimiento agravado contra Mauricio Macri y Oscar Aguad. La causa quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan, que todavía no tomó ninguna medida pese a la gravedad de la acusación.

En los últimos días, además, la querella sumó una nueva prueba. Todo se remonta a la declaración en sede judicial de uno de los marinos procesados, Enrique López Mazzeo. Mientras se llevaban adelante las audiencias ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante habló y dio un giro copernicano al reconocer que el gobierno macrista sabía donde estaba el ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 2017, a dos semanas de su desaparición. El dato le había llegado a la Armada Argentina a través de un buque chileno.

El efecto López Mazzeo ocasionó que César Miranda, ex comandante del buque chileno Cabo de Hornos, hablara con los medios. Primero, en su país, con el diario El Mercurio. Luego en El Destape Radio. Miranda ratificó los dichos de López Mazzeo: dijo que le había llamado la atención que no encontraran el ARA San Juan donde ellos, desde el Cabo de Hornos, habían marcado oportunamente.

Aplicando la antigua regla que consiste en que aquello que no está en el expediente no existe, la abogada querellante Valeria Carreras amplió su denuncia en Comodoro Py y pidió que se incorpore la declaración de Miranda ante lo que expuso como un escándalo internacional “de ribetes gravísimos”. Esa parte de la trama ocupa las distintas hipótesis de auxilio y rescate de los tripulantes que efectuó el gobierno macrista, la de mayor despliegue de la historia entre flotas nacionales y extranjeras con 27 buques y 11 aeronaves.

 

 

 

 

¿Cómo fue posible semejante operación de rescate, involucrando un presupuesto millonario de las arcas estatales, si Macri ya sabía la posición del submarino un mes después de su hundimiento? ¿Ha sido casualidad la noticia de su hallazgo en noviembre de 2018, justo cuando se cumplía el primer aniversario de la desaparición?

“Todo está ligado: lo del encubrimiento con las responsabilidades políticas y con lo del espionaje ilegal. Es sumamente importante que la Cámara de Comodoro Rivadavia haya considerado que Macri como Presidente era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, algo que desarmó el argumento de la jueza Yáñez. Eso podría tener un coletazo en la causa por encubrimiento en Comodoro Py”, resume Valeria Carreras, a la que no le parece casual que no la hayan dejado entrar el domingo pasado en la Base Naval, durante un nuevo aniversario del submarino.

Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Comodoro Py, Mar del Plata. Los escenarios del ARA San Juan se mueven y cruzan incesantemente. Y siguen causando notable sorpresa.

 

 

 

 

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