FUERA VIEJOS LESBIANOS

 

La semana transcurrida después del golpe institucional infligido por el Congreso de la república al destituir al Presidente Martín Vizcarra será recordada como una de las más oscuras de la historia del Perú. Pero probablemente marcará un punto de inflexión en la forma de hacer política en el país. Como se señaló en “Golpe de Estado en el Perú”, publicado la semana pasada en este sitio, Vizcarra fue destituido por presuntos delitos de soborno que estaban siendo investigados por la Fiscalía cuando faltaban apenas cinco meses para las elecciones. Los verdaderos motivos respondían a contubernios e intereses espurios de muchos congresistas para satisfacer intereses particulares, además de postergar las elecciones. Sesenta y cinco de un total de 130 congresistas tienen juicios pendientes.

Las multitudinarias manifestaciones que estallaron tan pronto se consumó ese acto tuvieron su punto más álgido el sábado pasado. La brutal represión policial en el centro de Lima contra jóvenes agazapados detrás de sus pancartas de cartón para protegerse de balines de metal y bombas lacrimógenas lanzadas por la policía le arrancó la vida a dos estudiantes de 22 y 24 años. Entonces, con más de cien heridos, algunos de gravedad, empezaron a caer las renuncias de los ministros nombrados hacía apenas tres días por Andrés Merino de Lama, el oscuro congresista del partido de centro derecha Acción Popular, quien en su calidad de presidente del Congreso reemplazó a Vizcarra.

Ya sin gabinete y sin mesa directiva del Congreso –sus integrantes también renunciaron–, no le quedó otra que hacerlo él también. El país quedó sumido en un vacío de poder que fue resuelto luego de barajarse los nombres de los 19 congresistas, que votaron en contra de la vacancia, para conformar una nueva mesa directiva. Su presidente asumiría inmediatamente la presidencia de la república hasta el 28 de julio de 2021. El elegido fue Francisco Sagasti Hochhausler, de las filas del Partido Morado, la única agrupación política que votó en bloque contra la vacancia. Convertido en el tercer Presidente en una semana, Sagasti asumió funciones el 17 de noviembre.

Liberal de centro, con una trayectoria académica y laboral impecable –vinculada a la innovación, el desarrollo tecnológico y el planeamiento estratégico–, este ingeniero industrial de 76 años conformó un gabinete de amplia base, la mayoría con experiencia en el sector público. Lo preside la abogada Violeta Bermúdez, experta en derechos humanos con enfoque de género, políticas públicas y poblaciones vulnerables. Tres de los ministros (Trabajo, Salud y Cultura) y el viceministro de Energía y Minas, convertido hoy en ministro de ese sector, provienen del Gabinete de Vizcarra. En la cartera de Justicia, que tendrá un rol protagónico para que los hechos de violencia no queden impunes, ha nombrado a Eduardo Vega, ex Defensor del Pueblo. En el ministerio de Economía ha optado por mantener la ortodoxia al nombrar en ese despacho a Waldo Mendoza.

Durante su discurso al asumir la presidencia, Sagasti saludó la vocación de protesta de los jóvenes y en nombre del Estado les pidió perdón a los familiares de los fallecidos y heridos. Reconoció que “nuestra clase política no ha sabido escuchar y responder a las legítimas aspiraciones de la gran mayoría de peruanos, de igualdad de trato y oportunidades”. Agregó que los jóvenes se han convertido en los protagonistas de ese gran movimiento que reclama representación y espacios de participación política. Prometió que no habría impunidad para los responsables de las acciones violentas que vivieron los manifestantes.

 

 

 

 

Las palabras del Presidente designado para gobernar hasta el 28 de julio, cuando entregará el mando al candidato electo en abril, fueron recibidas por los jóvenes que hacían guardia en las calles –y por la ciudadanía en general– como una luz de esperanza entre las tinieblas de la semana de protestas contra el breve gobierno de Manuel Merino. Los manifestantes pasaron del modo protesta al modo vigilia. Pero fue flor de un día.

El 19 de noviembre el Tribunal Constitucional tomó la lamentable decisión de no pronunciarse ni darle un contenido al impreciso concepto de “incapacidad moral permanente”, causal por la que fue vacado Martín Vizcarra. Con esa decisión se perdió una oportunidad histórica para emitir una sentencia que definiera con claridad ese concepto y evitar así su uso arbitrario. Al no haberse pronunciado, dejó en manos del Congreso una herramienta poderosa para vacar a cualquier Presidente que no cuente con mayoría en el Congreso y ha avalado y legitimado el accionar del Congreso golpista. A la par de haber vuelto a enturbiar el panorama político, les regaló a los manifestantes una nueva bandera: la lucha por una nueva Constitución.

 

 

Los protagonistas

Era difícil imaginar que en el Perú, un país donde no existe la tradición ciudadana de tomar las calles para protestar, se hubiera podido derrocar a un gobierno en tan corto tiempo. Las multitudinarias protestas realizadas simultáneamente en todo el país fueron organizadas por jóvenes, en su mayoría menores de treinta años, a quienes los une el haber nacido bajo el aura de la corrupción de todos los gobiernos, a partir de Fujimori, y la información que comparten en redes sociales. Son ellos los que salieron a la calle, pero lograron a la vez articular y vincular a otras generaciones mediante cacerolazos o bocinazos en horarios que ellos determinaban.

Josi Martínez, un tiktoker peruano de 16 años con más de 17 millones de seguidores en esa plataforma, ha grabado un video con varios de sus compañeros en el que se jactan de haberse traído abajo a un gobierno. Entre otros, señalan: “Tocaron a quien no debían tocar, golpearon a quien no debieron golpear, se metieron con la generación equivocada. Nos cansamos del abuso, de tener que soportar intereses propios de un Congreso asqueroso. Esta generación ya no tiene miedo. Seguiremos luchando por lo que creemos justo”.

Esta no ha sido la primera vez que los jóvenes se manifiestan y logran los fines que persiguen. A fines de 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, se modificó la ley de empleo juvenil, cuyo objetivo consistía en que los jóvenes de 18 a 25 años ingresaran al mercado laboral formal pero sin beneficios laborales como el reconocimiento de gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones. Las masivas protestas de los denominados “pulpines” en alusión a una marca de jugos Pulp para niños, lograron revertir la Ley, que fue bautizada en la calle como Ley Pulpin.

La militancia partidaria les es tan ajena como cercana su conexión en línea a través de la cual se informan, coordinan y se autoconvocan. La denominada Generación del Bicentenario, en referencia al bicentenario del Perú, es artífice de lemas como “A nosotros no nos calla nadie”, “Fuera viejos lesbianos”, Perú no te duermas nunca más”, entre otros.

Son también víctimas de la falta de representatividad política, de la debilidad operativa del Estado y de su desconexión con la ciudadanía, de la falta de oportunidades y de un Estado nacional capturado por los grupos de poder económico que lo han construido a la medida de sus necesidades. No en vano el Perú es uno de los países con menor confianza en el sistema político: según el Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia ha caído de 63% en 2008 a 49% en 2019, uno de los más bajos del continente.

 

 

Reconfigurando

Si bien la ciudadanía, especialmente los jóvenes, no se sienten representados por los partidos políticos, los peruanos están obligados a votar para evitar el pago de cuantiosas multas. Así que tendrán que optar por alguno de la carta de los partidos inscritos.

Los acontecimientos políticos recientes han reconfigurado el mapa electoral. Las bancadas más golpeadas han sido las de los congresistas que propiciaron la vacancia de Vizcarra (Acción Popular) o traicionaron su compromiso para evitarla (Alianza para el Progreso). Asimismo, el izquierdista Frente Amplio se encuentra en peligro de extinción al tener un nivel de aprobación de 1% de acuerdo a una encuesta publicada esta semana por Ipsos. Sólo dos congresistas de ese Frente, Rocío Silva Santisteban y Mirtha Vásquez, desacataron la decisión de su bancada y votaron en contra de la vacancia de Vizcarra. Vásquez es por eso la nueva presidenta del Congreso.

La mencionada encuesta señala que son dos los candidatos favoritos para las elecciones: George Forsyth, ex alcalde del populoso distrito limeño de la Victoria, quien tiene un respaldo de 16%, aunque ha venido reduciéndose desde un 23% en septiembre. En segundo lugar figura Julio Guzmán, fundador del Partido Morado al cual pertenece el Presidente Francisco Sagasti. Es importante señalar que Guzmán se presentó por primera vez como candidato presidencial en las elecciones de 2016 y era el favorito después de Keiko Fujimori. Sin embargo el Congreso modificó una ley electoral que dio lugar a que, dos meses antes de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones inhabilitara su participación así como la del Partido Alianza por el Progreso. Ambos tenían 18% y 6% de respaldo respectivamente. Los votos de ambas agrupaciones favorecieron al izquierdista Frente Amplio, entonces liderado por Verónika Mendoza, y al partido Peruanos por el Kambio, liderado por Pedro Pablo Kuczynski.

A los candidatos Forsyth y Guzmán les siguen, empatados con 6% de los votos, Daniel Urresti, líder del Partido Podemos Perú, y Verónika Mendoza, de Nuevo Perú. Urresti, actualmente congresista, es un general en situación de retiro, ex ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y enfrenta un juicio por el asesinato de un periodista, ocurrido en 1988 en Ayacucho. La posición de su bancada en apoyo a la vacancia de Vizcarra tendrá un impacto negativo para su candidatura. Por el contrario, Verónika Mendoza tiene posibilidades de repuntar puesto que la decisión del Tribunal Constitucional de no normar la causal usada para destituir a un Presidente ha contribuido a instalar en la calle la idea de una nueva Constitución, una bandera que ella ha promovido con anterioridad.

Muy cerca de estos dos últimos candidatos se ubica Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, con el 5% de intención de voto. Sin embargo, el partido fujimorista podría quedar suspendido si un juzgado declara fundado el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, en una audiencia que tendrá lugar el 30 de noviembre. La agrupación ha sido investigada por ser presuntamente una fachada de lavados de activos.

 

 

Los desafíos

La protesta ciudadana derrocó a un gobierno advenedizo que no respetó el sentir ciudadano. Antes del golpe, Vizcarra tenía un respaldo de 50%, y un 80% estaba en contra de la vacancia. Al traerse abajo el gobierno, la denominada Generación del Bicentenario ha evitado que se modifique la reforma universitaria y se dé licencia a entidades universitarias costosas que estafan a los alumnos con sus bajos niveles educativos, que se relajen normas ambientales para favorecer a la minería ilegal, que se posterguen las elecciones, entre otros.

El grave problema es que los 105 congresistas que vacaron a Vizcarra mantienen incólumes sus curules. El Tribunal Constitucional, al no haber precisado la definición de “incapacidad moral permanente”, le ha dejado al Congreso la puerta abierta para que vuelvan a hacer lo mismo cuando las circunstancias lo requieran.

El Presidente Sagasti ha prometido que no habrá impunidad para los responsables de la violencia policial usada contra los jóvenes manifestantes. Deberá andar con pies de plomo. La fiscal de la Nación ha abierto ya una investigación. El ex Presidente Merino, el ex presidente del Consejo de Ministros, el ex ministro del Interior y todo el comando policial están incursos en un proceso penal por varios delitos (homicidio, secuestro agravado, lesiones leves y graves) que implican penas severas.

La mayoría de analistas considera que el Congreso hará todo lo que esté a su alcance para sabotear al gobierno y enturbiar el proceso electoral. Asimismo, el voto de investidura al nuevo gabinete deberá darse en 30 días; es difícil garantizar que lo hagan. El único respaldo del Presidente y su gabinete son los jóvenes en la calle. El Perú atraviesa una grave crisis política e institucional, de dimensiones impredecibles.

 

 

 

 

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