EN LLAMAS

 

El agua que se quema; la tierra que se desmonta, se usa y se descarta como suelo inservible; expresiones en la naturaleza del cambio climático y del neoliberalismo en esta etapa. Los incendios de bosques, especialmente los registrados en el delta del río Paraná y Córdoba, reactualizaron esta temporada en el país algunos debates postergados por la crisis expuesta por el Covid-19.

Diez millones de hectáreas de tierra con bosque nativo están en la mira de la especulación inmobiliaria, tanto para ampliar la frontera de los agronegocios como para la urbanización de sectores de alto consumo. La mayor superficie de esos suelos en disputa está concentrada en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta, el mismo territorio que en Sudamérica registra la mayor tasa de deforestación después del Amazonas, según un documento oficial del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable recientemente publicado. Un millón de hectáreas alcanzadas por incendios en lo que va del año en 22 provincias, de acuerdo a la actualización diaria del Servicio Nacional de Combate contra el Fuego que al cierre de esta edición daba cuenta de incendios activos en 6 provincias.

Mientras el Estado nacional reconoce finalmente el riesgo severo en que se encuentran los bosques nativos en Argentina y propone algunas políticas para frenar los desmontes, otro Estado, el provincial de Chubut, se debate sobre la impunidad de las operaciones de compra-venta de tierras rurales registradas entre 2004 y 2015, muchas afectadas por incendios. La última semana el gobernador Mariano Arcioni decidió judicializar el conflicto y buscar que se declare inconstitucional la ley provincial que anuló los dos decretos en que se basaron esas operaciones de tierras. Este movimiento político queda opacado en un escenario dominado por la reestructuración de la deuda pública, la deuda salarial a los estatales y la resistencia al avance de la megaminería.

Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados de la Nación sobrevoló sobre algunos de los intereses económicos y sectoriales que utilizan los incendios como tecnología de desmonte. Diputados dio media sanción a limitaciones al uso de tierras afectadas por incendios para garantizar las condiciones para la restauración de las superficies afectadas, restricción concurrente con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección al Bosque Nativo. La votación nominal habla de los juegos desde las provincias, donde la retórica del federalismo sirve para no hablar de la topadora extractivista.

 

 

El desmonte como delito

La cartera que conduce Juan Cabandié impulsa la creación de una nueva figura penal: el desmonte, la tala de bosque no autorizada ni comprendida en las actividades permitidas y reguladas. La iniciativa fue planteada en la comisión de Recursos Naturales de Diputados y empezó a discutirse en espacios técnicos de todo el país. Acepta políticamente que la multa por una infracción, lejos de ser un límite, es una variable de costo fijo incorporado por el proyecto económico. La penalización del desmonte implicaría una reformulación de fondo del objetivo de la Ley 26.331 que hasta ahora solamente se propone regularlo para la ampliación de la frontera extractivista, pero no impedirlo.

El freno al desmonte masivo requiere, sobre todo, la decisión del gobierno nacional y de las provincias de revisar la matriz de la producción con transgénicos, de la ganadería para exportación, de la producción de alimentos industrializados y la urbanización de suelos de alta fragilidad medioambiental y valor paisajístico. “Entre 2010 y 2017 se incorporaron 4,5 millones de hectáreas a la actividad agropecuaria provenientes del desmonte de formaciones leñosas (2,1 millones hectáreas) y la transformación de áreas naturales no leñosas (2,4 millones). En el mismo período, se abandonaron del uso agropecuario un total de 2,8 millones de hectáreas”, precisó el informe oficial. Al organismo nacional y a la justicia le constan casos de empresas agropecuarias que desmontaron, usaron y descartaron tierras en menos de siete años, datos que no pudimos corroborar para esta nota porque está inactivo el sitio oficial del registro de infractores creado por ley.

La pérdida de bosque nativo en el periodo 2007-2018 se localizó principalmente en la región del Parque Chaqueño (87%), fundamentalmente en las provincias de Chaco (14%), Formosa (13%), Salta (21%) y Santiago del Estero (28%), precisó el documento realizado por un equipo que sintetizó el proceso de una década. Añade que los departamentos de Almirante Brown y General Güemes (Chaco), Bermejo y Patiño (Formosa), Anta, Orán y General San Martín (Salta), y Alberdi, Copo, Juan F. Ibarra, Pellegrini y Moreno (Santiago del Estero) concentran un millón y medio de hectáreas (70%) de la deforestación registrada en el Parque Chaqueño desde la sanción de la Ley hasta 2018. Así, los gobernadores de esas cuatro provincias concentran buena parte de la decisión política respecto al futuro de una matriz agroexportadora (soja, granjas porcinas, cítricos) y, en consecuencia, de las tierras que exigen, devoran y descartan.

El documento describe también la lógica del mercado del suelo rural registrado durante la aplicación de esta norma. Se registró “una fuerte expansión del mercado inmobiliario de compraventa de tierras con bosques, cuyos títulos habían tenido hasta entonces mayor uso como respaldo financiero que como objeto de inversión productiva. Se formaron así empresas que compraban tierras con bosques, las desarrollaban (o sea, hacían desmonte y habilitación para agricultura y ganadería) y luego las vendían a precios sustancialmente mayores. En la actualidad, el valor de la tierra desmontada triplica al de la tierra con bosque, y aun descontando los costos de desmonte, el margen de ganancia sigue siendo muy positivo. Por ejemplo en Santiago del Estero una hectárea ocupada por bosque puede costar aproximadamente U$S 800, mientras que su precio sin bosque alcanza a U$S 3.200, siendo el costo de desmonte de U$S 1.200”. La multa por infracción en ese mercado es parte del costo previsto, confirma este análisis.

 

 

La otra frontera

El bosque andino patagónico sufre la expansión de otra frontera, la inmobiliaria para la infraestructura de servicios al turismo y de urbanización de áreas rurales con bajísima tasa de población. Tiene lógicas, escalas y actores propios. En el verano de 2015 el fuego devoró 27.000 hectáreas en el área del lago Cholila (Chubut), de acuerdo al trabajo de Diego Mohr Bell “Superficies afectadas por incendios en la región Bosque Andino Patagónico durante los veranos de 2013-2014 y 2014-2015”. La memoria de la experiencia histórica acumulada sobre las prácticas de desmonte tradicional y los incendios hizo que los del 2015 en Chubut marcaran un quiebre en la percepción social y política de amplios sectores respecto a los mecanismos del despojo del territorio. Ese quiebre es el que Arcioni pretende que resuelva a su favor el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

El fiscal de Estado Andrés Giacomone dejó pasar cinco de los seis meses que tiene para cumplir con la instrucción concreta que le dio la Legislatura local y revisar innumerables transferencias de dominio de tierras rurales con bosque nativo realizadas en el marco de un decreto de 2004 y una modificatoria del año siguiente. En cambio, se prepara para presentar una acción de inconstitucional de la ley que se aprobó en mayo del año pasado y se retuvo ilegalmente sin publicar en el Boletín Oficial hasta este año.

 

 

 

Hay quienes interpretan que a Arcioni le preocupa que la Legislatura resuelva sobre asuntos de competencia del Ejecutivo; otros que hará lo imposible por proteger inversiones de algunos grupos económicos de interés de Sergio Massa, su padrino electoral. Las razones no se excluyen, aunque fue el Ejecutivo local el que modificó –con los dos decretos en cuestión– el destino de la tierra con bosque nativo que está específicamente normado en la Constitución Provincial.

Como fuera, el caso particular de Chubut advierte sobre la pluralidad de intereses que confluyeron en la última sesión en Diputados cuando por mayoría se aprobó la modificación de la ley 26815 de Manejo del Fuego, que deberá tratar el Senado.

 

 

El bosque nativo como obstáculo

Córdoba tuvo 227.000 hectáreas bajo fuego en 2009. Esta temporada fueron 350.000, más que las nueve temporadas anteriores acumuladas. Muchos de esos incendios se registraron en la ecoregión del Chaco serrano (las sierras cordobesas). La dinámica de los incendios en las islas y humedales del Paraná tiene sus singularidades, sobre las que pobladores e investigadores vienen advirtiendo.

 

 

 

 

La ley de protección del bosque nativo establece tres categorías de protección, que van desde la roja de máxima a la verde con posibilidades de cambio de uso del suelo. En la categoría verde, con posibilidades legales de modificación, están 10 millones de hectáreas del bosque chaqueño bajo jurisdicción de las provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta. Menos espectaculares son los números en juego en el Cerro Chapelco (San Martín de los Andes), por mencionar uno de los cambios autorizados por el gobierno de Neuquén en desconocimiento de la propia ley provincial.

 

 

 

 

La concentración del capital, el acaparamiento de tierras, el avasallamiento a la vida de los pueblos originarios que ocupan tradicionalmente esos territorios, la presión de los acreedores de las deudas públicas (nacional y provinciales), son algunos de los procesos en fricción que encienden las chispas. La agenda pública hoy está dominada por el recuento de los enfermos por Covid-19 y la disponibilidad de camas de terapia intensiva. No estaría de más seguir el monitoreo de los incendios y su cobertura territorial, especialmente su relación con la distribución de los bosques nativos protegidos habitados. Más de la mitad de la población del país vive en áreas con bosque, de la cual casi dos millones de personas son población rural en vínculo directo con estos espacios. Parte de ella son 1218 comunidades de pueblos originarios identificadas por el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas.

 

 

 

 

* Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para este informe.

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí