RIQUEZA PRIVADA, POBREZA PÚBLICA

 

Esas cuatro palabras del título usa el economista francés Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI para describir lo que ocurre entre el capital privado y la deuda pública de los estados europeos. Idéntica descripción podríamos usar en nuestro país, y en toda Latinoamérica, con la particularidad que aquí la concentración del patrimonio es superior a la de la renta.

Es muy importante diferenciar bien estos dos conceptos: el patrimonio (es decir la riqueza o fortuna) es un stock, es lo que se posee en un determinado momento del tiempo, mientras que la renta, ganancia, o más genéricamente, el ingreso, es lo que se obtiene a lo largo de un período de tiempo determinado (un flujo).

Por ejemplo, los salarios son un ingreso, al igual que los alquileres, intereses, dividendos, ganancias y otras formas de renta de la propiedad. Mientras que el dinero que se posee en efectivo (bancarizado o no, en moneda nacional o moneda extranjera), otros activos financieros (acciones, bonos, etc.), inmuebles, vehículos, joyas y obras de arte, por ejemplo, conforman la riqueza que posee una persona.

Es claro que existe una relación entre estas dos variables. Así, quienes tienen altos ingresos cuentan con la posibilidad de acumular y ver crecer su riqueza, mientras que para las personas con ingresos bajos ello no es posible y para los sectores de ingresos medios es dificultoso y limitado.

A su vez, quienes cuentan con un stock considerable de riqueza suelen utilizar el grueso del mismo para obtener cuantiosos ingresos, bajo la forma de “rentas de capital” (alquileres, intereses, acciones, dividendos, etc.). Posibilidad vedada para quienes no han acumulado riqueza o lo han hecho en tan modesta escala que la misma se limita a unos magros ahorros y a la vivienda y vehículo propios, cuyo valor es más de uso que de producción.

Así, más allá de que la desigualdad de los ingresos, que resulta particularmente alta en nuestro país (donde el 10% que más cobra percibe 19 veces el ingreso del 10% menos favorecido), da lugar a una brecha creciente en materia de riqueza, lo central es como una riqueza tan mal distribuida hace que las diferencias de ingresos sean cada vez más grandes.

Teniendo ello en mente, es importante dejar de pensar que los impuestos son un hecho técnico, económico y/o contable, dado que esta percepción es, al menos, incompleta. Ninguna comunidad puede sostenerse si no destina recursos para ello: los impuestos son la principal fuente de financiamiento que tienen los Estados modernos.

En el actual debate sobre este aporte extraordinario a los altos patrimonios personales ha quedado crudamente en evidencia este carácter eminentemente político de los impuestos, como lo ha demostrado el fuerte lobby empresario y el insólito reconocimiento por parte de la bancada de Juntos por el Cambio (a partir de una infografía “robada” al bloque oficialista, quien la elaboró a modo de crítica) de que el 46% de la Cámara de Diputados está al servicio solamente del 0,02% de la población nacional. Así, en su afán de perfecta oposición al Frente de Todos, los diputados cambiemitas se declaran con orgullo el “Frente de Unos Poquitos”.

Es claro entonces que los impuestos no son neutros, en tanto afectan intereses, inciden sobre la vida material de las personas, merman los ingresos, disminuyen el patrimonio y limitan el consumo. Entonces, los impuestos al patrimonio, tales como el aporte extraordinario de las grandes fortunas, contribuyen, además de a una mayor progresividad fiscal y justicia social, a erosionar las bases sobre las que se asienta una distribución del ingreso crecientemente polarizada. Asimismo, reducir de esta forma la brecha de ingresos contribuye a mitigar un problema que aqueja especialmente a nuestras sociedades latinoamericanas: la enorme capacidad de un pequeño sector concentrador de riquezas de incidir de forma determinante en las políticas que guían el sendero del desarrollo y que termina profundizando las desigualdades.

Al respecto, la Argentina parte de un piso muy bajo en materia de imposición patrimonial. Por el diseño federal de nuestro país, aquí los impuestos que gravan manifestaciones directas de la riqueza son:

• Bienes Personales, que es un tributo nacional a la riqueza de las personas físicas.
• Inmobiliario, rural (provincial) y urbano (provincial, excepto en el NEA, Salta y la Patagonia en que es municipal).
• Patentes de automotores y embarcaciones (provincial, menos en Córdoba, Salta, Jujuy, el NEA y la Patagonia donde es municipal).
• Transmisión gratuita de bienes (herencia), tributo provincial que sólo está vigente en el territorio bonaerense y tiene muy escaso peso cuantitativo.

En 1993 la recaudación de todos estos impuestos patrimoniales era de 1,25% del PBI. Con el impulso de Bienes Personales, esa cifra llegó a un pico de 1,67% del producto en 2003. Desde entonces el peso de estos impuestos presentó una caída pronunciada, con un valor promedio, en 2007-2015, de un 1,00% del PBI y de 1,10% en el año en que el que llegó a la presidencia Mauricio Macri.

En el último año de la gestión macrista dicho guarismo fue el más bajo en un cuarto de siglo (0,83% del producto), fruto de las reformas regresivas que se introdujeron en Bienes Personales (mayor mínimo no imponible, reducción y establecimiento de alícuota plana), que hicieron que la recaudación de los tributos del gobierno nacional a la riqueza, pasase de 0,35% del PBI en 2015 a 0,16% en 2019 (tras un mínimo de 0,11% en 2018, parcialmente revertido tras el acuerdo con el FMI).

El macrismo dejó a la imposición patrimonial argentina al borde de la extinción. La recaudación de impuestos a la riqueza es hoy, en Argentina, al menos, un 25% menor que la de Brasil y Colombia (1,2% de sus respectivos PBI) y mucho más baja que la de los países desarrollados (2,0% del producto en la OCDE y más de 2,5% en Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Francia, Israel y Reino Unido).

En este escenario, atento a la particular realidad de 2020, en el mundo se abrió un debate sobre la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal de los sectores más privilegiados. Incluso el Departamento de Finanzas Públicas del FMI, en un documento de mayo de 2020, indicó que se debe: “considerar aumentos de las tasas en los tramos superiores del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre la propiedad y del impuesto sobre el patrimonio, quizás a modo de sobretasa solidaria”.

Es importante diferenciar, entre las iniciativas aplicadas y propuestas, a nivel internacional, de mayor esfuerzo fiscal para las personas más acaudaladas, aquellas que buscan gravar los altos ingresos (Alemania, Italia, Rusia, Perú), de las que apuntan, como en el caso argentino, a que se tribute sobre las grandes acumulaciones de riqueza (Suiza, Francia, España, Brasil, Chile).

También es necesario hacer notar que, en nuestro país, esta iniciativa la motoriza el partido de gobierno, mientras que en el grueso de los demás países citados impulsan este tipo de iniciativas fuerzas políticas opositoras y en algunos casos con escasa representación parlamentaria. Las excepciones a ello son España (donde se trata de una idea de Podemos, socio minoritario de la coalición de gobierno) y de Rusia (donde son dos tributos, uno a los ingresos y otro a la riqueza, pero que gravan, si bien con una importante alícuota, fuentes de ganancias puntuales y manifestaciones de riqueza muy específicas, tales como los dividendos del exterior y los depósitos bancarios, respectivamente).

Para comprender la importancia cuantitativa en nuestro país del aporte de las grandes fortunas, que ahora el Senado debe refrendar, basta con señalar que el déficit primario (ingresos menos gastos, sin considerar intereses de la deuda) previsto para el año próximo en el presupuesto 2021 es de un 4,5% del PBI y que, se proyecta que, mediante este nuevo tributo, dicho quebranto se podría reducir en un cuarto.

Es necesario remarcar que lo que está en debate en el Congreso Nacional es un aporte o contribución, por única vez, a los patrimonios de las personas físicas superiores a los 200 millones, de pesos y que, por ejemplo, los inmuebles se consideran según su valor fiscal, que representa aproximadamente el 10% del valor real de mercado. Así, para estar alcanzada por el impuesto, quien solamente posea inmuebles, debería detentar la propiedad de al menos el equivalente a 20 departamentos de dos ambientes en Palermo.

No es de extrañar entonces que apenas unas 9.300 personas acumulen tal nivel de riqueza en el país, aunque hay que aclarar que la AFIP cuando realizó esa estimación era sobre la base de las declaraciones juradas de Bienes Personales del año 2019, y la contribución creada se calculará sobre los bienes vigentes al momento de promulgarse la ley –se estima diciembre de 2020—, por lo cual, seguramente, la cantidad de contribuyentes alcanzados sea algo mayor. La recaudación proyectada del tributo es de un 1,1% del PBI (unos $307.000 millones), correspondiendo la mitad de la misma, a la cúpula de 253 multimillonarios de Argentina.

A su vez, el destino que el Proyecto de Ley sancionado en la Cámara baja prevé para dichos recursos es:

• 20% para “equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria”;
• 20% para “subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” con el objeto de: “sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”;
• 20% para el “programa integral de becas Progresar”;
• 15% para “los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)” con foco en: “la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de sus habitantes”;
• 25% para “programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural”, a través de las Empresas Públicas Integración Energética Argentina e YPF.

Cada una de las 253 personas más ricas de la Argentina estaría contribuyendo, así, con $121 millones para equipamiento médico básico, con el mismo monto para sostener el empleo en las PYMES y con una cifra equivalente para las becas Progresar. Además, con $91 millones para mejorar las condiciones de salud y hábitat en los barrios populares y con $151 millones para extender la red de gas natural a todas las personas que viven en el país.

Como referencia, y dado que nos resultan de particular interés, por tratarse de los pibes y de las pibas con las que los viejos, fracasados y pobres docentes que han escrito este artículo (así nos imagina Soledad Acuña, ministra de Educación porteña), trabajan todas las semanas, dentro de lo que son los montos actualmente vigentes lo que se cobre a cada una de estas 253 mega fortunas permitiría sostener la cursada anual de un total de 1.970 estudiantes: 49 de cursos de formación profesional, 564 que asisten a establecimientos terciarios, 670 que están en el primario o secundario y 687 que estudian en Universidades Nacionales. Pero además de sostener la cobertura proyectada del programa Progresar, el aporte a las grandes fortunas permitiría mejorarla sensiblemente. A los valores actuales de la percepción podría incrementarse en un millón el número de jóvenes que perciben esta ayuda para sostener sus estudios, lo que significaría duplicar la cobertura actual o, aumentar en más de un 200 % el valor actual de la percepción a quienes actualmente la reciben.

Con apenas un quinto de lo que corresponde pagar a cada una de las 253 mayores fortunas del país 2.000 jóvenes van a poder estudiar, formarse y aspirar a un futuro mejor. Motivo más que suficiente para rebatir los principales argumentos esgrimidos por estas 253 personas hiper ricas para implorar al Senado la no aprobación del tributo.

Afirman que este aporte extraordinario considera para el cálculo de la base imponible solo los activos y no así el patrimonio neto (activos menos pasivos) de las personas físicas. Pero no es así en el caso de la valuación de la participación accionaria sobre las sociedades comerciales. Ahí el monto de riqueza del accionista se calcula sobre el valor del patrimonio neto de la sociedad. La ecuación contable fundamental establece que el Patrimonio Neto es igual al Activo menos el Pasivo.

Se dice además que esta contribución tendrá un efecto negativo sobre el ahorro, porque al gravar los activos, eso podrá alentar la propensión marginal a consumir en detrimento de la propensión a ahorrar. A riesgos de parecer twitteros despeinados que gustan desatar polémicas fútiles, creemos que las virtudes del ahorro están sobrevaloradas. El ahorro es importante en tanto se traduzca en inversión productiva, que incremente la capacidad de generar bienes y servicios en el país, creando trabajo decente y, mediante ese y otros mecanismos, permita repartir en forma justa los frutos de ese progreso material. Pero ya desde la década de 1930, agitados tiempos en que Keynes escribió su Teoría General, es un hecho científicamente demostrado que el ahorro no necesariamente se traduce en inversión. En tiempos de globalización, mundo offshore y elevados niveles de financiarización de la economía, ello es patente en el hecho de que un 70% de las grandes fortunas argentinas corresponden a activos financieros e inmuebles, y no a participaciones en el capital de empresas.

Del mismo modo, es claro que los activos acumulados en otros países, cualquiera sea la forma que tomen, podrían llegar a apalancar la inversión productiva en ellos, pero no en el nuestro. Según datos oficiales del INDEC, los argentinos acumulaban en el exterior en el primer trimestre de 2020 la friolera de U$S 222.807 millones de dólares en dinero depositado en cuentas bancarias. Esa cifra no incluye los bonos, acciones en moneda extranjera y propiedades (verbigracia, inmuebles) en el exterior. Ese valor es mayor en U$S 72.254 millones a lo que había a fines de 2015 y de U$S 150.043 millones más que en 2006.

No parece entonces que la inversión productiva en el país vaya a estar fuertemente comprometida por un aporte tan marginal y por única vez de un grupo selecto de argentinos, a quienes el Presidente propone (pensamos que irónicamente) agradecer con una placa recordatoria por ser quienes “en la pandemia ayudaron al país a salir adelante”.

Por último, se ha planteado el potencial peligro de que este aporte por única vez se constituya en uno permanente. Para nosotros eso no constituye un peligro sino un desafío a alcanzar, a través de una reforma tributaria que incremente de una forma muy progresiva, como lo hace este aporte, el peso de los impuestos patrimoniales en la recaudación total.

 

 

 

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento

 

 

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