LA PALANCA DE ARQUIMEDES

La participación de actores económicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad en contextos de terrorismo de estado y conflictos armados ha sido largamente denunciada en diferentes países del mundo.  Desde los mismos procesos de Núremberg en contra del régimen Nazi y sus aliados hasta el conflicto armado en Colombia, víctimas, sobrevinientes, familiares y organizaciones obreras y de derechos humanos han denunciado la complicidad económica en la implementación de regímenes del terror. En Argentina, no tan solo el propio Informe Nunca Mas, sino también comisiones de la verdad como la de la provincia de Tucumán, develaron como ciertos actores económicos fueron pieza clave del terrorismo de estado.

Sin embargo, los procesos de justicia transicional dedicados a promover verdad, justicia y memoria se ocuparon marginalmente de la complicidad económica. Como resultado, tal cual lo destaca la Comisión Interamericana de DDHH, existe una brecha de impunidad respecto de la rendición de cuentas de estos actores en el continente americano.

En nuestro libro Transitional Justice and Corporate Accountability from Below:Deploying Archimedes' Lever damos cuenta de que aún en este contexto de impunidad existe un creciente activismo de diferentes grupos de la sociedad civil y de actores estatales que con estrategias innovadoras han insistido en la esperanza de lograr verdad y justicia.  Argentina, justamente, se destaca entre los países donde se observa esta creciente demanda por enmarcar la conducta empresarial en el lenguaje y los estándares de derechos humanos.

Así, con gran sorpresa debemos admitir, hemos logrado recopilar en una base de datos (CATJ – Corporate Accountability in Transitional Justice) los nombres de al menos 1,273 actores económicos involucrados en crímenes de lesa humanidad que estuvieron o están sujetos a mecanismos de rendición de cuentas en 62 países. Diferentes comisiones de la verdad en todo el mundo han reportado la complicidad de al menos el 28% de los casos de nuestra base de datos, mientras que el 29% ha sido denunciado en el marco de procesos judiciales relacionados a la Alemania Nazi y sus aliados. Asimismo, el nombre de al menos 35% de ellos se reportaron en los llamados procesos de Justicia y Paz de Colombia, y solo 8% fueron llevados a tribunales nacionales o extranjeros.

Justamente, nuestro trabajo intenta analizar qué sucedió con esos procesos, cuál fue el derrotero que siguieron cientos de denuncias y qué dinámicas explican los avances, retrocesos, y estancamientos en los procesos de rendición de cuentas de actores económicos. A tales fines, proponemos un marco analítico ilustrado en la famosa “Palanca de Arquímedes”, que permite identificar los patrones de interacción de diferentes factores que explican los vaivenes de los procesos de rendición de cuentas en diferentes países.

La fuerza de los débiles

Se dice que Arquímedes dijo: "Dadme una palanca, y moveré el mundo. En esta analogía se propone que actores relativamente débiles (víctimas de la complicidad económica, organizaciones obreras y organismos de derechos humanos que les defienden), pueden, con las herramientas adecuadas, levantar el enorme peso que implica la impunidad de los actores económicos. Esto puede lograrse cuando se aplica una fuerza lo suficientemente fuerte como para contraponerse a la presión que ejercen actores con capacidad de vetar los procesos de justicia (es decir, los actores económicos). La herramienta adecuada es la palanca o, en nuestro caso, es la innovación legal impulsada y desplegada tanto por el activismo de derechos humanos como por funcionarios públicos.

La ubicación del punto de apoyo, en esta analogía representada por el contexto internacional o nacional, es fundamental para lograr justicia. Cuando el contexto está más cerca, o es más proclive, a los reclamos de justicia, se necesita aplicar menos fuerza para lograr levantar el peso de impunidad. Por el contrario, cuando el punto de apoyo, el contexto político, es menos propicio, o más alejado del reclamo de justicia, estos actores débiles tendrán que aplicar mucha más fuerza para neutralizar el peso de los actores de veto.

Es importante observar que la fuerza de la movilización social y la innovación institucional se enfrenta a dos factores relativamente estables. Por un lado, la presión internacional del sistema de protección internacional de derechos humanos ha sido, con suerte, tenue en estos contextos. El derecho internacional de los derechos humanos avanza, lentamente, en el establecimiento de estándares especiales que regulan tanto la propia actividad empresarial como las obligaciones estatales respecto de la participación de empresas y actores económicos en violaciones de derechos fundamentales. Por el otro, los actores interesados en mantener el status quo de impunidad, generalmente los propios actores económicos en alianzas con influyentes sectores de la elite política, mantienen una fuerte influencia política y social en los países donde participaron de estas atrocidades, por lo que se constituyen en verdaderos actores con capacidad de “vetar” las iniciativas de verdad y justicia.

El caso argentino, Fronterita y Ford

La analogía de la Palanca de Arquímedes permite mirar el proceso de justicia en la Argentina respecto de la complicidad económica, explicando tanto los resultados definitivos, como también los avances, retrocesos y estancamientos de las causas en trámite. De acuerdo a nuestro relevamiento, que seguramente no abarca todas las causas judiciales en este ámbito, solo se obtuvieron cinco decisiones judiciales definitivas en 23 causas, con una sola sentencia condenatoria firme en un caso de naturaleza laboral, 3 decisiones que cierran la investigación antes que se sustancie un juicio penal propiamente dicho, y 1 sentencia absolutoria en otro caso laboral. Por lo tanto, 18 casos se encuentran aún en trámite. Solo 2 de ellos pasaron la etapa de juicio oral, y sus sentencias están pendientes de revisión.

Se puede decir que la búsqueda de justicia respecto de actores económicos se intensificó, junto con la reapertura de los juicios de lesa humanidad, en 2005. Desde ese momento hasta finales de 2019, observamos un cambio sustancial en el contexto político interno, dado que hasta finales de 2015 se observa un contexto más favorable para la rendición de cuentas de actores económicos que el que se configuró a partir de los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri.

Particularmente la condena de dos altos funcionarios de la empresa Ford en 2018 y el estancamiento de la causa conocida como “La Fronterita” desde ese mismo año, ilustran la interacción de estos factores claves: contexto político; activismo social; innovadores institucionales que trabajan en instituciones claves del estado como en la representación legal de las víctimas, sobrevivientes y familiares; y actores con poder de veto

En un contexto negativo para el avance de la justicia en el campo de la complicidad económica, no bastan los actores y estrategias que exitosamente sostienen el avance de la justicia respecto de la dimensión estatal. Así, el inicio y sostenimiento de causas de complicidad empresarial requiere una renovada movilización capaz de sostenerlas mediante el apoyo social. Para esto, además de las organizaciones de derechos humanos se necesitan otros actores sociales que cuenten con el capital simbólico y capacidad de movilización para atraer la solidaridad de colectivos afines a las victimas obreras, tanto a nivel provincial como nacional. Dicha movilización necesita también de estrategias renovadas que excedan a las usadas en el consolidado proceso de justicia contra actores estatales.

En la causa Ford se observó un intenso activismo social, donde una amplia gama de actores del ámbito de los organismos de derechos humanos y del mundo sindical, como así también de la academia y del derecho se involucraron en una variedad de estrategias de movilización que se libró en diferentes momentos del proceso judicial y en el debate público, con repercusiones internacionales de gran magnitud durante la investigación judicial y al momento de la sentencia. En cambio, en “La Fronterita” la gama de actores involucrados en la movilización social ha quedado limitadamente, con algunas excepciones, al ámbito del activismo de derechos humanos provincial, donde organizaciones locales, como ANDHES que asumió la querella de la familia del líder sindical Jacobo Ortiz, mantienen acciones de trascendencia pública. La intensidad de la movilización social en ambas causas es sustancialmente diferente si tenemos en cuenta las estrategias desplegadas, los tipos de actores y la repercusión nacional e internacional de cada caso.

 

 

Por otro lado, el esfuerzo de innovadores institucionales también debe ser renovado, ya que los marcos jurídicos, mecanismos de recolección y valoración de la prueba, y las políticas criminales que facilitaron el abordaje estatal del terrorismo de estado parecen insuficientes. El punto de partida para lograr la justicia requiere dimensionar al terrorismo de estado como un complejo entramado social, político, y cultural. Dicha mirada trasciende a la figura del actor estatal como protagonista del terror e incluye a otros actores, que participaron de forma integral, y no secundaria. Esas formas de participación son materialmente diferentes a las que se observan frente a otras causas de lesa humanidad. Asimismo, para lograr conectar esta participación con el plan criminal se requiere comprender que el desmantelamiento de la movilización y activismo sindical representó un beneficio económico concreto para cierto sector del empresariado. Finalmente, se requiere también dejar de lado la periodización tradicional del terrorismo de estado que lo identifica, exclusivamente, con la dictadura militar, tal cual sucedió en varias provincias de la Argentina.

Los fiscales de ambas causas Camuña y García Berro operaron como innovadores institucionales. En su tarea, se valieron de la estructura de apoyo institucional implementada por la Procuración General de la Nación, que adoptó una política criminal explicita para investigar la dimensión económica del terrorismo de estado, en coordinación principalmente entre la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero.

Además, en la causa Ford, mas no en La Fronterita (por lo menos hasta hace unas pocas semanas) se presentaron como querellantes la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y su par de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la causa Ford fue intensamente impulsada por innovadores institucionales que, en su rol de representantes legales de víctimas y familiares, contribuyeron a la estrategia probatoria y jurídica que determino la sentencia. Si bien en La Fronterita, ANDHES opera también en este rol dada su vasta trayectoria en el litigio de derechos humanos, en la causa contra los funcionarios de la automotriz fueron diversas las querellas en manos de profesionales de derecho de también reconocida trayectoria e influencia en el ámbito de los derechos humanos.  El impacto del involucramiento de actores que canalizan innovaciones necesarias para avanzar en este tipo de causas se amplifica cuando la innovación proviene de diferentes ámbitos, como el ministerio publico fiscal, los gobierno nacional y provinciales, y el campo del derecho. Estos actores aportan técnicos relevantes y contribuyen también a fortalecer la legitimidad de las causas, desde una perspectiva simbólica, del reclamo de actores provinciales.

Finalmente, avanzar en el juzgamiento de la complicidad económica implica poner el foco en  actores con poder de veto. Ya no son las debilitadas Fuerzas Armadas o la base social de una derecha conservadora las que obturan el proceso de justicia. Son actores económicos que gozan actualmente de recursos materiales y simbólicos, legitimidad social, capacidad de movilización, y efectiva penetración en ámbitos políticos y judiciales, los que se oponen al proceso de justicia. Su poder de veto se acrecienta cuando los vientos de la política soplan en su favor.  Sin embargo, las estrategias de las empresas no siempre son las mismas, y su efectividad varía también a lo largo del tiempo y en relación a los otros factores.

En la causa Ford, la empresa asumió una actitud de “desmarcamiento” de sus propios funcionarios, asumiendo una actitud menos intensa en el devenir de la causa. En ese sentido, los acusados se valieron de influyentes abogados que no lograron torcer el rumbo de la acción mancomunada de una sólida movilización social y actores institucionales innovadores que, cuando el contexto político fue más favorable, fueron capaces de amasar un caudal probatorio solido en la propia causa, construir una estrategia pública, y lograr la solidaridad de un amplio espectro de actores claves. En cambio, en La Fronterita, la representación legal de algunos de los acusados fue tomada por el mismo equipo legal del grupo al que pertenecía el ingenio al momento de los hechos, lo que sugiere una defensa cerrada entre el grupo como un todo y las personas individuales acusadas.

La Palanca de Arquímedes funciona como un marco analítico que permite entender las vicisitudes de los procesos de verdad y justicia respecto de la complicidad económica en todo el mundo. Como en el caso argentino, identifica factores y la forma en que interactúan a la hora de determinar avances, retrocesos y estancamientos de estos procesos. Más allá del valor académico de nuestra propuesta, esperamos también que ayude a pensar dónde, cómo y cuándo se deben invertir recursos técnicos, presupuestarios, políticos y simbólicos para empujar la rendición de cuentas. La mirada a las causas La Fronterita y Ford interpela a nuestro movimiento de derechos humanos, señalando que avanzar en la justicia por la complicidad económica requiere de esfuerzos distintos a, pero que construyen sobre, los que determinaron los logros del proceso de memoria verdad y justicia argentino en general. Ayudan también a entender que el contexto político negativo no necesariamente es determinante y que las victorias son siempre posibles.

Quizás, queda abierta la discusión, también impacta en estos procesos la diferente atención y apoyo que reciben las causas tramitadas en provincias alejadas del centro político de cada país.

 

 

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