EL LEGAJO COMO CAMPO DE BATALLA

 

Un proyecto de ley que vuelve a avanzar en Diputados con el voto unánime de las distintas fuerzas que integran las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Trabajo se plantea reparar los legajos de las trabajadoras y trabajadores del ámbito privado que fueron víctimas fatales de la violencia dictatorial. Allí donde figura “baja”, “cesante” o “despido” por “abandono de tareas” deberá constar que la verdadera causa fue la desaparición forzada y/o asesinato como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado.

 

 

Tiempo de reparación

La pregunta por los que no estaban en una oficina de Personal de una Secretaría de Estado. Allí arrancó todo. Un grupo de militantes, docentes, investigadores, ex detenidos-desaparecidos, revisaba los legajos laborales. Les llamaba la atención comprobar que el fin del contrato de trabajo estaba registrado como un abandono unilateral de tareas. La ambición por la memoria tomó la forma de una Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Tres años antes, el Presidente Néstor Kirchner había ordenado descolgar los cuadros de los dictadores de las paredes del Colegio Militar.

Las tareas comenzaron por casa: el entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. La primera formalización fue un acuerdo entre aquel ministerio, al que pertenecía la Comisión, y el Archivo Nacional de la Memoria. Contemplaba relevar los casos de trabajadorxs desaparecidxs. Se firmó en 2007 y fue rubricado un año después. Las tareas excedieron el ámbito del propio ministerio y cuatro años más tarde, luego de recuperar más de un centenar de legajos laborales, se preparó el proyecto de decreto que se llevó a la Casa Rosada.

La Presidenta Cristina Fernández lo firmó de inmediato. Con el número 1199/2012, la disposición ordenó la reparación de los casos presentados que ampliaban el ámbito de trabajo a toda la Administración Pública Nacional. Además amplió el rango de años hacía atrás hasta el primer derrocamiento de un gobierno peronista en 1955.

 

 

 

De ahí en más se produjeron numerosos actos de entrega a las familias de las víctimas de los legajos recuperados y reparados. Hasta el momento se han recuperado más de 500 legajos y reparado la mitad, de más de una veintena de dependencias y empresas estatales. A un listado de los mismos se puede acceder a través del sitio de la Comisión. Actualmente el trámite se puede iniciar de manera remota a través del sitio de Trámites a Distancia del gobierno nacional. En paralelo se ha promovido la incorporación a los lugares de trabajo de las víctimas de sus hijos o hijas, que se concretó en más de una veintena de casos.

 

 

En las fauces del macrismo

Durante los últimos meses de la presidencia de Cristina Fernández se dieron importantes novedades en materia de derechos humanos y responsabilidad empresarial en los crímenes sufridos por trabajadores y trabajadoras durante el terrorismo de Estado: la publicación y presentación ante la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, la creación por ley de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la dictadura y el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata en la causa conocida como "Fuerza de Tareas 5”, que ordenó distintas medidas reparatorias a cumplir en empresas estatales y privadas, entre ellas erigir monumentos, enseñar lo ocurrido en los cursos de cadetes de la Marina y dispensar haberes y jubilaciones.

No se quedó atrás la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que entonces remitió los anexos del decreto 1199/2012 con la totalidad de los legajos laborales a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y luego promovió un proyecto de ley de reparación de legajos para el ámbito privado. La presentación ante el Congreso y su paso por comisiones estuvo a cargo del diputado Remo Carlotto.

La iniciativa obtuvo la media sanción, pero –macrismo mediante– nunca fue tratada por el Senado y perdió estado parlamentario en 2017. En aquellos años “de reflujo”, como define Julián Scabbiolo, impulsor de la Comisión, se apostó a sostener lo construido. Eran tiempos donde las oficinas de Derechos Humanos de distintas dependencias estatales (Cancillería, Ministerio de Trabajo, Comisión Nacional de Valores, Banco Central, Programa Verdad y Justicia, entre muchos otros) realizaban jornadas y encuentros para resistir y explotar la catarsis de una política que se desarmaba con espíritu de revancha.

 

 

Unanimidad

A fines de 2019, antes de ver finalizado su mandato, la diputada nacional massista y dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, Carla Pitiot, asumió la tarea de presentar nuevamente el proyecto de ley dormido por el Senado. Menos de un año después la iniciativa despertó la alegría de sus impulsores. Consiguió dictamen unánime de dos comisiones de Diputados y ahora espera llegar al recinto para volver a conseguir la media sanción que supo obtener media década atrás.

El hecho de que hasta legisladores como Fernando Iglesias apoyen la iniciativa no es un dato menor. El consenso es profundo. El diputado y dirigente sindical Hugo Yasky, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la cámara, subrayó que el proyecto “no está atado a ninguna bandería política”. Su par radical Sebastián Salvador lo siguió, refiriéndose a la “política inclaudicable” de defender los derechos humanos “más allá del color del gobierno”.

Semana antes los organismos de derechos humanos, con sus principales referentes a la cabeza, solicitaron en el Congreso su tratamiento. Cuenta además con el fuerte apoyo de la Intersindical de Derechos Humanos, un agrupamiento que congrega secretarías abocadas al tema en sindicatos que integran las distintas centrales. Julio Piumato, secretario de derechos humanos de la CGT, y Victorio Paulón, con similar responsabilidad en la CTA de los Trabajadores, empujan el proyecto. También ha comprometido su colaboración la oficina argentina y latinoamericana de la Organización Internacional del Trabajo.

El dictamen se aprobó con una sola modificación. A pedido de la diputada salteña por el Frente de Todxs, Lía Caliva, se actualizó un olvido: el sujeto “trabajadoras” a la inscripción que deberán llevar los legajos reparados. Respecto del trabajo de reparación de legajos de trabajadorxs estatales, la mecánica es similar.

En su articulado el proyecto explicita que la inscripción de la verdadera condición del cese laboral “configurará la expresión de una reparación histórica de las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores del sector privado que hubieran sido verificadas.” El universo de víctimas que contempla la iniciativa (desde su origen) se limita a las víctimas fatales: desaparecidxs permanentes y asesinadxs. La perspectiva de trabajo es enorme y los recursos no sobran.

 

 

La fuerza del derecho

El proyecto establece que el gobierno nacional debe designar a una autoridad competente que coordine la tarea con la Comisión y el Archivo Nacional de la Memoria y solicite a lxs empresarixs la recuperación y reparación de legajos. El Ministerio de Trabajo quizás sea el actor más adecuado para ello.

Al brindar su apoyo a la iniciativa, la diputada y dirigente bancaria Claudia Ormachea se ocupó de advertir las dificultades que podría enfrentar el proyecto: “Sabemos que en la administración pública muchas veces ha sido más fácil hacer la reparación de los legajos, sin embargo en el sector privado a veces eso suele complicarse”, comentó, explicando de inmediato que no habían podido realizar la reparación con los bancos privados.

Las posibles dificultades, ya conocidas en otros casos, abarcan desde la simple negligencia, escasez de voluntad o la más llana resistencia. Ello no ha impedido establecer un puente colaborativo con algunas compañías.

Los motivos de las resistencias pueden fundarse en distintas causas. La falta de compromiso con los derechos humanos, las tramas ideológicas o más crudamente la posibilidad de que los legajos descubran responsabilidades que prefieren seguir bajo velo.

Fernando Sánz, magíster en Derechos Humanos por la UNTREF, ha estudiado las políticas de reparación de legajos en el ámbito estatal. En su tesis explica que los legajos laborales pueden constituir prueba documental del accionar represivo hacia los trabajadores e iluminan toda una serie de responsabilidades civiles y patronales en su implementación.

 

 

 

 

 

Las marcas del legajo laboral

El artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo obliga al empresario a llevar debido registro del trabajador, prohibiendo alteraciones, blancos, tachaduras, inscripciones, supresiones. Estas prescripciones fueron establecidas como artículo 56 de la ley 20.744 del tercer gobierno peronista, recuperando nociones incorporadas en las más antiguas leyes generales del trabajo, entonces concebidas como actos de comercio, en especial la Ley 11.729 de 1934. Sin embargo, bien mirado, el legajo laboral funciona como un proyector de imágenes del pasado. No es un documento de identidad ni un currículum vitae. Es un escenario de conflicto, un campo de batalla.

Jacinto Bernal era trabajador tarefero de Las Marías, la compañía yerbatera de Gobernador Virasoro, Corrientes, dueña de las marcas Taragüí, Unión y Mañanita, entre otras. Fue secuestrado en junio de 1977, desaparecido durante diez días y torturado brutalmente. Lo acusaban de ser “puente subversivo”. Sobrevivió pero fue controlado por las fuerzas represivas durante un largo tiempo. Finalizada la dictadura, su hija María se presentó a la empresa en busca de trabajo. Allí se negaron a contratarla argumentando que su padre no podía pisar el establecimiento. María ha recordado que Reynaldo Yualek, contador de la empresa de los Navajas Artaza, le mostró entonces una ficha personal de su padre. Estaba marcada con color rojo.

Los legajos laborales guardan las comunicaciones mantenidas entre la empresa y el trabajador. Entre ellas los telegramas de despido. En el llamado “Juicio a Ford”, al condenar a los ex directivos de la filial argentina de la multinacional automotriz, el tribunal tuvo en cuenta que “todas las víctimas fueron despedidas a los pocos días de ser secuestrados, lo cual se comprueba de los distintos telegramas agregados a la causa como también con estas microfichas laborales”.

Son numerosas las formas en que un legajo puede hablar. En el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad comprobamos que en el 88% de los casos estudiados (un total de 25) hubo una vinculación directa entre el despido y el secuestro de los y las trabajadoras. En el 76% de los casos constatamos que la empresa entregó información a las fuerzas represivas para solicitar o facilitar los secuestros: domicilios, fotos, trayectos del trabajo a las casas, horarios, etcétera. Ello también fue tenido en cuenta en el fallo contra los ex directivos de Ford.

 

 

Reparación, empresas y obligaciones internacionales

Cinthia Balé también investigó las políticas de reparación de legajos. Doctora en ciencias sociales, en su libro se centra en los actos conmemorativos y las narrativas construidas en torno a su realización, en las reticencias o compromisos de funcionarios públicos en la reparación de legajos de dependencias o empresas bajo su autoridad. “Es importante considerar que la participación en los actos como acontecimientos colectivos conlleva por sí misma un conjunto de significaciones vinculadas a la identidad”, ha escrito para dar cuenta del tipo de organización y significaciones dadas a los mismos.

En los fundamentos del proyecto de ley presentado se consigna que la política de reparaciones de legajos se encuentra en línea con los principios básicos y directrices para el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos del derecho internacional humanitario, que dispone una concepción amplia e integral de la reparación. Asimismo se señala que se encuentra en concordancia con las recomendaciones del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas referidas a adoptar medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral y colectiva.

La semana pasada, en una nueva sesión del grupo de trabajo de Empresas y Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se debatió un segundo borrador del tratado vinculante para regular las actividades de las grandes empresas en relación a los derechos humanos. Si bien debatido por sus alcances y límites, allí se realizan distintas consideraciones sobre la debida y efectiva protección, prevención y reparación, acciones que le compete garantizar a los estados.

Cuando se desarrollaba el “Juicio a Ford”, durante la inspección ocular a la fábrica, los directivos de la compañía, que aducían no ser parte de un juicio que sólo involucraba a ex directivos, se empeñaron en evitar todo contacto entre los trabajadores actuales y los ex trabajadores víctimas, que recorrían los puestos de trabajo con los jueces. Tenían sus razones. Emocionaron entonces sorpresivos reencuentros, mientras los ex trabajadores víctimas repartían volantes que explicaban los motivos de su visita.

Señala Balé en su estudio que, de acuerdo a la impronta del acto conmemorativo, “los trabajadores estatales desaparecidos pasan a ser ‘ejemplos’ a seguir por sus ‘compañeros’ actuales de la administración pública, quienes los recuerdan y los reivindican en una línea de conexión tan imaginaria como efectiva”. Se entiende entonces que existan resistencias en las empresas. Se entiende también la importancia de que el proyecto de reparación se haga ley y sea respaldada con un gran consenso.

 

 

 

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