DOCENTES ALERTAS EN JUJUY

 

El gobernador jujeño Gerardo Morales abrió un nuevo conflicto al anunciar el tan mentado regreso a las aulas en forma presencial, pero aclarando que es optativo y voluntario para los padres y obligatorio para los docentes. En paralelo intentó cerrar otro conflicto con la sanción de la ley de emergencia en materia de violencia de género, que dejó a los colectivos feministas con un sabor amargo.

En conferencia de prensa junto a la ministra de Educación, Isolda Calsina, el mandatario anticipó que el regreso a clases se concretará en la medida en que las condiciones epidemiológicas lo permitan, reiteró que las clases presenciales serán optativas en tanto las que se dictan de forma remota son de carácter obligatorio.

La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) que agrupa a los docentes de los niveles iniciales y primario, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y un grupo de profesores autoconvocados se manifestaron en contra del regreso a las aulas, porque descreen de la posibilidad de que se implementen medidas sanitarias adecuadas en las escuelas y dudan de las condiciones edilicias.

“Morales anunció la vuelta a las escuelas y dijo que estaba dialogando con los sindicatos, pero los docentes no fuimos convocados en ningún momento para tratar ningún tipo de vuelta a las aulas”, señaló Silvia Valverde, secretaria general del SADOP Jujuy. En línea con el sindicato a nivel nacional dijo que los docentes quieren volver a las escuelas, pero también “que se respeten todos los protocolos establecidos a partir de lo firmado en el Consejo Federal de Educación”. “Que el gobierno de la provincia garantice la vuelta a las escuelas cuando tenga que ser, pero en condiciones seguras y saludables”, advirtió, y consideró que “no están dadas las garantías” y “muchos de los establecimientos no cuentan con lo necesario para comenzar con la presencialidad”.

Valverde reclamó al gobierno de Jujuy que convoque a los gremios para acordar el regreso a las aulas y “de paso” reabra las paritarias salariales que están cerradas desde hace más de un año. “La educación virtual ha sido sostenida con el bolsillo de los docentes y lamentamos las declaraciones de la ministra Calsina que nos minimiza y nos humilla, por eso pedimos una vez más su renuncia”, afirmó. La funcionaria había dicho que “el Estado les llena los bolsillos de plata a los y las docentes”.

“Uno escucha al gobernador decir que los padres que quieran pueden mandar a sus hijos, que no tengan miedo, y esa frase ya nos da miedo. Porque cuando salga el decreto, la resolución o lo que sea va a ser obligatorio para los docentes privados y estatales”, indicó Valverde. Recordó que los docentes vienen dando clases desde marzo y trabajando el doble que en la presencialidad. “Esta vuelta a los establecimientos nos preocupa muchísimo. Si no se dan garantías de salubridad y seguridad seguramente junto con el resto de los sindicatos vamos a armar un plan de lucha”, adelantó.

 

 

 

 

 

Cómo será la vuelta a clases

La vuelta de la actividad presencial optativa es para 7º grado del nivel primario y 5º y 6º año del nivel secundario, anunciaron Morales y Calsina. Agregaron que está prevista a partir del lunes 9 de noviembre y hasta el viernes 18 de diciembre y anticiparon que le cursaron una “invitación” al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

La ministra dijo que para el resto de los cursos se diseñó un esquema “de revinculación social” a través de la actividad física y el arte, también optativo, que se pondrá en marcha el 16 de noviembre. “Se trata de un esquema presencial condicionado al escenario epidemiológico”, aclaró Morales, y agregó que las decisiones se encuadran en las definiciones vertidas por el Consejo Federal de Educación. “Esto tiene que ver con la situación epidemiológica controlada pero a su vez precaria”, dijo, e insistió en que “estas medidas se ejecutarán siempre que las condiciones epidemiológicas actuales se mantengan”. “Perdimos algún tiempo en abril y mayo cuando no teníamos circulación viral comunitaria pero no se nos otorgaron las autorizaciones que oportunamente requerimos”, dijo en alusión al gobierno nacional.

Calsina a su turno señaló que “el conjunto de los estudiantes tiene como obligatorio el cierre del ciclo 2020 con clases remotas o virtuales, esquema que beneficia a 190.927 alumnos de 1100 establecimientos educativos con miras a fortalecer la evaluación formativa”. “No hay nota, no hay promoción automática, la evaluación es diferente, se lleva registro del proceso y se hace una promoción de saberes”, explicó, y recordó que “la única promoción automática es para la sala de cinco años”.

 

 

 

 

 

Ley de Emergencia en Violencia de Género

El primer pedido de las feministas para declarar la emergencia en violencia de género data de 2007. Tras el paso de varios gobiernos (peronistas hasta 2015), el jueves se sancionó la denominada Ley Iara, en honor a Iara Sabrina Rueda, desaparecida el 23 de setiembre y cuyo cadáver apareció cinco días después en un descampado de la ciudad de Palpalá.

Tuvieron que pasar cinco femicidios en ocho semanas para que los diputados y diputadas del oficialismo y del justicialismo consensuaran un proyecto, que presentó el gobierno de Morales y que con algunas modificaciones se convirtió en ley. En los próximos días deberá promulgarse y publicarse en el Boletín Oficial de la provincia.

Los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) lo rechazaron porque “sólo es una nueva expresión de voluntades”, ya que “de doce puntos planteados diez no tienen contenido”. “Hablan de crear refugios pero no dicen cuántos, en qué tiempo; habla de subsidios de emergencia sin saber monto, requisitos, si es irrestricto; de acceso a la vivienda sin establecer el cómo; de equipos interdisciplinarios y promotoras pero ni siquiera hacen alusión al fortalecimiento en toda la provincia y condiciones laborales como para dar ejemplos”, sentenció Natalia Morales del PTS.

Con la sanción de la ley, Morales cerró por ahora una grieta en la provincia. Los colectivos feministas y los movimientos de mujeres habían prometido estar todas las semanas en la calle interpelando a los tres poderes del Estado para terminar con los femicidios y la violencia de género. El tiempo dirá cómo sigue esa lucha.

Más allá de la sanción, las feministas descreen que el gobierno pueda cumplir con el compromiso que marca la ley por la falta de fondos para crear refugios, para otorgar subsidios de emergencia a las mujeres que padecen violencia familiar, para garantizar el acceso a la vivienda o para pagar los salarios de equipos interdisciplinarios y promotoras. Todas estas cuestiones fueron manifestadas en un documento público que leyó en el debate legislativo la diputada del PJ Débora Juárez Orieta.

Su colega del Frente de Todos-PJ, Liliana Fellner, afirmó que la sanción de esta ley “no va a dar soluciones contundentes a la problemática pero sí es una herramienta más para la prevención, detección y acompañamiento y contención de las mujeres víctimas de violencia”, por lo que exigió que “los organismos encargados de abordar este tema dejen de cometer errores y actúen con la responsabilidad que el tema requiere".

Fellner también se refirió al presupuesto anunciado en el proyecto, que prevé un aumento del 500 por ciento en las partidas tendientes a trabajar esta problemática, al afirmar que “desconocemos el monto asignado para trabajar en las políticas públicas que frenen la violencia de género”.

Ni hablar de que pasaron once meses y todavía no existe el decreto de designación de Alejandra Martínez como titular del Consejo Provincial de Mujeres. Es la misma mujer que en su etapa de diputada gritó en el Congreso de la Nación: “Milagro Sala tiene una mansión al lado de la mía”.

 

 

 

 

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