FALTAN LOS ABRAZOS

 

–¡Empezó el show del verdugo Etchecolatz!

La que escribe en el chat es María Laura Bretal, sobreviviente del centro clandestino La Cacha. Es martes al mediodía y hace dos horas arrancó por Zoom un megajuicio de lesa humanidad en La Plata. Como temían los organismos de derechos humanos, llegó el momento: Miguel Osvaldo Etchecolatz hace de las suyas.

En realidad Bretal no está participando de la audiencia sino que la sigue online, en transmisión oficial por la web del Centro de Información Judicial (CIJ). Etchecolatz pide atención médica por una descompensación. El debate entonces se frena y el chat estalla en repudio.

–Como a los nazis te va a pasar, a donde vayas te vamos a reventar. No te creemos nada, que continúe el juicio –arremete Bretal después de que los jueces hacen lugar al pedido.

El ex jefe de Investigaciones de la Policía bonaerense, de 91 años y alojado en el penal de Campo de Mayo, enfrenta el principio de su enésima condena a prisión perpetua, esta vez por el núcleo de la represión ilegal en la zona sur del Conurbano. Se trata de una causa demorada durante casi una década que concentra el circuito conocido como Los Pozos. Son tres voluminosos expedientes integrados en un único juicio con 18 imputados, 443 víctimas y 400 testigos: Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, a la vez ejes paradigmáticos de los 230 centros clandestinos del denominado Circuito Camps.

El juez Ricardo Basílico, del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, conduce la primera audiencia de una escena judicial que perdió el clima de los agitados pasillos de cualquier juicio de lesa para convertirse en una fría contienda virtual. Por momentos se dan situaciones insólitas: a través de los cuadraditos de Zoom, por ejemplo, aparecen los represores al lado de las querellas.

De pronto otros abogados toman la palabra para para pedir consideración por la “mala salud” de sus defendidos.

–Presidente, si se suman más peticiones se desnaturaliza el requerimiento de la acusación. Y esa es la prioridad de esta audiencia –le recuerda Hernán Shapiro, fiscal de la causa.

A Etchecolatz le anuncian la lectura de sus cargos. En la pantalla aparece el primer plano del represor con su pelo canoso crecido. Se saca el barbijo, sostiene un bastón con la mano derecha y con la otra se apoya en la cabeza, inclinado hacia un costado, en señal de aburrimiento. Luego se rasca y mastica algo, rumiante.

 

 

 

 

En el mismo cuarto del penal de Campo de Mayo –son los únicos imputados que no están con prisión domiciliaria– se encuentra Jorge Héctor Di Pasquale, sentado a metros de quien fuera su jefe. Di Pasquale, condenado por el asesinato de Laura Carlotto, presentó el año pasado en la Feria del Libro su texto Crónica de una guerra negada, una reivindicación del terrorismo de Estado que auspiciaron los periodistas Gabriel Levinas y Ceferino Reato. Ahora sostiene unas carpetas con la cara tapada por el barbijo.

Un secretario del tribunal lee: “Acusar a Etchecolatz como autor mediato, a través de la utilización de un aparato organizado de poder, de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones en ciento trece (113) oportunidades, agravada por haberse cometido con violencias o amenazas y por haber durado más de un mes”.

Y luego: “Además se le atribuye, en su carácter de Director de la Dirección General de Investigaciones, haber formado parte de un aparato organizado de poder que sustrajo, retuvo y ocultó a los siguientes niños y niñas menores de diez años: Lavalle Lemos, María José (hija de Mónica María Lemos de Lavalle) y Ogando Montesano, Martín (hijo de Stella Maris Montesano Sánchez), quienes permanecieron detenidos ilegalmente en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield”.

Entonces ocurre otro hecho inédito que en una audiencia normal jamás ocurriría: Di Pasquale se acerca a Etchecolatz y charlan animadamente como si nadie los viera. Etchecolatz parece envalentonado y le habla al oído, después señala algo al aire con su bastón. No da la sensación de un hombre aquejado recientemente por una descompensación.

Sin embargo no todos los que siguen la transmisión perciben la secuencia, algo que a cualquier familiar de una víctima le resultaría escandaloso. Guadalupe Godoy, abogada querellante por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata, lo explica del siguiente modo: “Los que tenemos autorización para entrar al Zoom detectamos esos detalles pero la transmisión oficial sigue el plano del secretario que lee o de los que piden la palabra. Y se pierde el conjunto”.

Godoy recomienda el canal de YouTube de La Retaguardia, que hace una transmisión especial con varios planos de modo tal que incorporara a las partes. “Lo virtual rompe absolutamente la escena judicial y sus rituales –analiza la abogada–. De tener a los jueces adelante, los fiscales al costado y los represores enfrente, ahora está todo igualado. Y el público por supuesto está ausente. Nosotros podemos ver cosas en el Zoom que nadie nota. Por ejemplo me llamó la atención que el represor (Miguel Angel) Ferreyro se llevaba el celular a la oreja o que (Juan Miguel) Wolk se puso a comer y hablar en su casa sin prestar atención a la audiencia”.

Wolk es un ex comisario conocido como El Nazi que fue jefe del Pozo de Banfield. Cada vez que Marta Ungaro escucha su nombre todavía siente una especie de mareo en la cabeza. Es algo repentino: le sucede desde que empezó a buscar a su hermano Horacio, desaparecido junto a nueve compañeras y compañeros el 16 de septiembre de 1976 en La Plata en la llamada “Noche de los Lápices”.

“Wolk estuvo viviendo una vida normal durante años, prófugo de la Justicia y haciéndose pasar por muerto. Tenerlo ahí es volver a preguntarle dónde están los chicos desaparecidos. Porque él lo sabe”, dice.

 

 

 

 

Ahora Marta ve a Wolk de bigote blanco, sentado en su casa, y a través de la modalidad remota vive sensaciones encontradas. “Después de 44 años es difícil seguir el juicio por la computadora. Faltan los abrazos, las banderas, los apretones entre nosotros. Por un lado es una pequeña victoria ver a Wolk imputado cuando durante bastante tiempo habíamos perdido la esperanza de encontrarlo. Y por otro es una lástima que no estén nuestras compañeras Virginia Ogando, Nilda Eloy, Cristina Gioglio y Adriana Calvo, que tanto lucharon para que este juicio sea posible. Todo ese peso está en nuestra espaldas”.

Horacio era el menor de cuatro hermanos y quería estudiar Medicina. Marta dice que no paró de buscarlo con su madre: su casa sigue inundada con sus imágenes. Todas las mañana dice que mira las fotos y se pregunta qué puede seguir haciendo por él. “Con sus ojos me dice que no olvidemos y que sigamos luchando por un mundo mejor”, enfatiza a El Cohete a la Luna.

–Perdón que interrumpa, señor juez, pero no entiendo por qué los imputados apagan sus cámaras. Es fundamental que podamos ver qué están haciendo durante el juicio –interrumpe el abogado querellante Pablo Llonto.

El juicio unificado se presume lento. Las querellas pidieron agregar un día más para agilizar la audiencia de todas las semanas. “Es un juicio largamente esperado por los sobrevivientes y los organismos, y logramos llegar con una querella unificada con la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense. No queremos que haya más impunidad biológica para los represores. Lamentablemente eso es lo que pasó durante los cuatro años del gobierno de Macri, con juicios frenados o audiencias que se hacían a cuentagotas”, explica Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

La dimensión de la prueba es abrumadora. Son casi 450 casos de violaciones a los derechos humanos, entre los cuales figuran secuestros, torturas, homicidios y siete apropiaciones de bebés. “La mayoría de la evidencia ya está probada en anteriores juicios como el Plan Cóndor, donde el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes formaban parte de una de sus sedes”, acota Godoy mientras recuerda que la primera denuncia se originó en un testimonio de la ex detenida Adriana Calvo a mediados de los '80. “Los organismos impulsamos las causas, sin nuestra lucha esto no hubiera sido posible”.

La abogada querellante Verónica Bogliano, de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, analiza que hay algunos procesos de lesa humanidad en la región esperando sentencia –como el de Brigada de San Justo, tras dos años de debate oral– y otros que todavía siguen esperando novedades judiciales. “El de Los Pozos lo celebramos porque estaba demoradísimo y contribuye al proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Buscamos que el Estado pueda reparar también a los testigos que fallecieron en el camino”, explica.

El titular de la Subsecretaría, Matías Moreno, piensa que la cifra de los mil genocidas condenados a la fecha no debe hacer perder de vista los que murieron amparados en la impunidad biológica. Para el funcionario, más allá de los procesos están los espacios de memoria. “Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes estaban abandonados por la gestión anterior. Y los volvimos a poner en valor porque la reparación no sólo se logra con fallos judiciales”.

No por nada para la fiscalía el juicio Los Pozos es una pieza esencial en el armado del rompecabezas del Circuito Camps, aún incompleto: son centros clandestinos de gran magnitud que llegan por primera vez a juicio. Y además está la envergadura de los imputados: además de Etchecolatz, Di Pasquale y Wolk, también aparecen Jaime Lamont Smart por su rol como ex ministro de gobierno de la provincia en dictadura y Jorge Antonio Bergés, el médico policial que controlaba los partos de las mujeres que daban a luz engrilladas.

El Pozo de Banfield, ubicado en Lomas de Zamora, funcionó como centro de recepción y permanencia transitoria de los detenidos. Tenía tres plantas. En la planta baja se encontraba la oficina del jefe, la sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso había calabozos, oficinas, comedor, casino de personal, cocinas y baños. Y en el segundo también se hallaban calabozos y baños. Los calabozos eran de un metro cincuenta centímetros de ancho por dos metros y medio de largo.

Allí se practicó la tortura sistemática, la violencia sexual y existió una maternidad clandestina. La novedad es que por primera vez en un juicio de lesa humanidad se debatirá el secuestro y abuso sufrido por Valeria del Mar Ramírez, una de las tantas chicas trans detenidas en Camino de Cintura, donde ejercían la prostitución para sobrevivir. Ramírez, que fue secuestrada en dos secuencias diferentes, presenció un parto clandestino. Cuando intentó ayudar a la detenida, que no podía mantenerse en pie y estaba llena de sangre, una mujer policía la agarró de los pelos y le gritó: “¿Y vos qué hacés, puto de mierda?”.

A Walter Docters, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), lo habían detenido ilegalmente en septiembre de 1976 en la terminal de ómnibus de La Plata. Un mes más tarde un comando de policías fue hasta su casa y golpeó la puerta. Salió a atender Guillermo Docters, su padre.

–Jefe, tenemos a su hijo detenido por unos días. No se preocupe, los vamos a tratar bien.

Con absoluta cortesía, el hombre los hizo entrar y les permitió revisar su cuarto. Se llevaron ropa y documentos que consideraron “subversivos”. Walter sobrevivió. Después del Juicio a las Juntas en 1985 rompió la relación con su padre, policía bonaerense de la División de Arquitectura, hombre con jerarquía y amigo personal de Etchecolatz. Hoy es uno de los integrantes de Hijos e Hijas Desobedientes y una de las víctimas del Pozo de Quilmes, que funcionó en la Brigada de Investigaciones de ese partido. Allí a los detenidos se los sometía a la picana eléctrica, a simulacros de fusilamiento y eran víctimas de violencia sexual. Emilce Moler, sobreviviente de “La Noche de los Lápices”, fue llevada un tiempo hacia ese centro clandestino, que funcionó en un chalet de dos plantas y por el que pasaron más de 30 uruguayos. Moler es una de las testigos clave del juicio.

El Infierno se llamó al centro clandestino montado en la Brigada Lanús, que tenía sede en Avellaneda. En el juicio Los Pozos se tratarán 62 secuestros, torturas y un homicidio. En 1976 los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iaccarino fueron secuestrados por la dictadura cívico-militar que también les robó su patrimonio. Durante un tiempo los llevaron a El Infierno. Cuando los secuestraron promediaban los 30 años, tenían un avión privado, siete empresas, casi 400 empleados y un plan económico que no pudieron cumplir. Bruno Trevisán, uno de sus torturadores, estará ausente: falleció sin condena a fines de julio.

Los testimonios de Marta Ungaro, Valeria del Mar Ramírez, Walter Docters, Emilce Moler y los hermanos Iaccarino son sólo un capítulo de un largo caudal de relatos que escucharán los jueces. En tiempos de pandemia, el desafío para Guadalupe Godoy es cómo acompañar y contener a las víctimas.

–Porque no hay virtualidad que pueda reemplazar el codo a codo con los que ponen el cuerpo. Y arriesgan su vida dando su palabra.

 

 

 

 

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