RESTRICCIÓN EXTERNA = EXCLUSIÓN SOCIAL

 

Finalmente rompió el silencio. Con prosa lúcida y vibrante, CFK levantó la hojarasca y puso el dedo en la llaga: el problema argentino no es de forma sino de fondo y reside en el rechazo de los empresarios a “un modelo de desarrollo argentino con inclusión social y razonable autonomía”. Su actitud no se explica por los balances contables obtenidos durante los gobiernos peronistas. Simplemente: “no aceptan… que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios, con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó”. Así, el “prejuicio antiperonista” de los empresarios ha sido y es “una de las dificultades mas grandes para encauzar definitivamente a la Argentina”.

Esto, sin embargo, no es todo. CFK reconoce que tanto su gobierno como el de Macri se toparon con un serio problema: una restricción externa que genera “una falta o una excesiva demanda de dólares”. Este fenómeno “es sin dudas el más grave que tiene nuestro país, de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la Republica Argentina”.

 

 

Acuerdo y conflictos de interés

Esta no es la primera vez que CFK convoca a un acuerdo nacional. Hoy, sin embargo, su llamado tiene un dramatismo especial. Ocurre durante una gestión azotada por el “derrumbe que dejó Macri”, sumado a una pandemia, a una restricción externa y a “una más que evidente extorsión devaluatoria”. Su diagnóstico de los males que aquejan al país es más preciso que en otras ocasiones. Su convocatoria es, tal vez, más amplia.

No sabemos, sin embargo, qué se puede acordar ni cuáles son los limites del acuerdo posible.

Estas incógnitas no son poca cosa. Apuntan a un rio subterráneo, tumultuoso e imparable de conflictos sociales en permanente ebullición. Conflictos signados por un pecado original: los pocos que tienen mucho han sido siempre incapaces de conciliar entre sí sus respectivos intereses. Tampoco han hecho concesiones a los muchos que nada tienen.

Así, la historia argentina ha estado impregnada desde el inicio por la intolerancia, la impunidad y la violencia. Frente a esta barbarie, los sectores que tienen menos y son los más lograron plasmar a lo largo del siglo pasado un proyecto de país alternativo. El yrigoyenismo primero, y luego el peronismo, supieron articular proyectos de crecimiento económico con inclusión social. Llegaron al gobierno por el voto popular pero fueron derrocados por sendos golpes militares. Desde ese entonces, el populismo ha sido una amenaza siempre presente. Un “cáncer” maldito que se ha expandido al ritmo dictado por la multiplicación de la miseria y la informalidad.

 

 

Matriz productiva y relaciones de fuerza

El antiperonismo empresario y la restricción externa no salieron de un vacío ni se reprodujeron por arte de magia. Son fenómenos derivados de las formas que asumió la acumulación del capital local, el modo en que el país se insertó en la economía y en las finanzas mundiales, y el impacto que estos procesos tuvieron sobre la relación de fuerzas entre actores sociales con intereses divergentes y antagónicos.

Desde mediados de la década de 1960 el Estado estimuló a los sectores más capital intensivos de la industria, otorgándoles protección arancelaria y subsidios de distinto tipo. Esto fue posible gracias a los gravámenes impuestos a otros sectores, y en particular al agropecuario. Los estímulos derivaron en un aumento de la concentración del capital y del poder económico y político de un grupo de grandes empresas (de capital local y extranjero), ubicadas en esas ramas industriales. Estas empresas requerían importaciones crecientes de tecnología incorporada en bienes intermedios y de capital, generando así una demanda de divisas que no podía ser satisfecha cabalmente con las exportaciones agropecuarias. De ahí que, independientemente del volumen y de los precios de las exportaciones, toda expansión industrial derivara en una crisis del sector externo, en un aumento del endeudamiento y en un mayor poder de veto a las políticas públicas por parte de los grandes productores agropecuarios y de los exportadores. En las últimas décadas, el cultivo de la soja y el modelo de los agro negocios profundizaron la dependencia tecnológica impulsando las importaciones de paquetes tecnológicos cuyos proveedores son unas pocas empresas multinacionales con control estratégico del sistema agroalimentario mundial.

Nació así la restricción externa, fenómeno que trasciende a los desequilibrios comerciales e indica la existencia de una matriz productiva caracterizada por la dependencia tecnológica y una fuerte presencia del capital extranjero y control monopólico u oligopólico en sectores claves de la industria, la producción, el acopio, las exportaciones e importaciones y las finanzas. La contraparte de esta matriz ha sido una creciente disgregación y fragmentación social impulsada por la incapacidad del sistema productivo de absorber mano de obra a través de la expansión del empleo formal. Al basarse en una sustitución de mano de obra por bienes de capital, la industria reprodujo la pobreza. La informalidad creciente, la pobreza estructural y la multiplicación de demandas populares insatisfechas marcaron a fuego al escenario político.

Los cambios políticos y económicos ocurridos en las últimas décadas no han desarmado esta matriz productiva. La misma ha dado lugar a una estructura de poder constituida por un grupo reducido de poderosos empresarios con control monopólico/oligopólico de sectores estratégicos de la economía. Pueden así formar sus precios, desabastecer a los mercados y especular con las divisas. Esto les otorga enorme capacidad disruptiva, tanto en lo económico como en lo político. La inflación, las corridas cambiarias y la fuga de capitales han sido y siguen siendo las vías a través de las cuales estos sectores se apropian de una mayor tajada del excedente, los ingresos y la riqueza del país y desestabilizan a los gobiernos de turno cuando sus políticas no les satisfacen

 

 

Conflictos sociales y dolarización de la economía

Las tensiones políticas y económicas engendradas por esta matriz productiva derivaron en distintos intentos de dolarizar la economía, con el objetivo de poner fin a los conflictos sociales y a la amenaza del populismo. La dolarización potenció a la restricción externa.

A mediados de la década de 1970 el terrorismo de Estado pretendió cambiar las reglas del juego económico para poner fin a las demandas de los sectores populares y al péndulo entre las reivindicaciones del campo y las de la industria. Para ello implementó una reforma financiera y otra arancelaria. La economía fue abierta a los flujos de capital financiero y las tasas de interés superaron a las vigentes en el sistema financiero internacional. Esto se acompañó de una “tablita” o sistema planificado de aumentos del tipo de cambio siempre inferiores a la tasa de inflación interna. Estas políticas impulsaron la especulación financiera y provocaron recesión, desempleo, caída del salario real y creciente concentración del capital. La brutal represión militar ahogó en sangre a la protesta popular. El conflicto entre campo e industria fue sustituido por el enfrentamiento entre grupos económicos hegemonizados por distintas fracciones del capital financiero y diferenciados según su capacidad de acceso al crédito externo más barato.

La “tablita” afectó a las exportaciones y dio lugar a una crisis del sector externo, a un creciente déficit fiscal y al endeudamiento externo. Hacia principios de la década de 1980 la crisis financiera internacional provocó la fuga de capitales y aumentó el endeudamiento externo llevando al gobierno a estatizar la deuda privada externa. En este contexto, la inflación, la corrida cambiaria, y la fuga de capitales fueron los principales mecanismos de desestabilización de un gobierno militar que quiso imponer orden, pero no pudo cambiar la matriz productiva. De ahí en más, el endeudamiento externo y la fuga de capitales habrían de intensificar el impacto de la restricción externa sobre el conjunto de la sociedad.

La protesta social y los enfrentamientos entre grandes grupos económicos dominaron la escena política. El gobierno de Menem, con el asesoramiento del FMI, intentó nuevamente dolarizar la economía a fin de eliminar al populismo e imponer el dominio del capital financiero en el país. La convertibilidad fue un seguro de cambio que, acompañado por altas tasas de interés domésticas superiores a las vigentes en el exterior y por la privatización de las empresas estatales, atrajo al capital financiero internacional. La crisis del Tequila en 1994 precipitó la fuga de capitales y detonó un enorme crecimiento de la deuda externa. Estos fenómenos sumados a la crisis del sector externo y a una nueva crisis financiera internacional hacia fines de los '90, alentaron la protesta social, la inflación, la corrida cambiaria y la fuga de capitales, precipitando la implosión social de 2001.

En estas circunstancias el peronismo accedió al gobierno en las elecciones de 2003. Las políticas implementadas hasta 2015 lograron una importante mejora de la inclusión económica y social pero no cambiaron la matriz productiva y despertaron fuerte resistencia por parte de los grupos económicos más poderosos que, azuzados por el peligro del cáncer populista, resistieron de distinta manera: desde la 125 y el lockout del “campo” hasta la inflación, las corridas cambiarias y la masiva fuga de capitales. Esta resistencia enardecida los unificó tras el apoyo a Macri en las elecciones de 2015.

Nuevamente, Macri se propuso eliminar al populismo de la Argentina abriendo la economía a la especulación financiera internacional al mismo tiempo que dolarizaba los precios de las tarifas y los combustibles. Esto último desencadenó una pelea fenomenal por la apropiación de ingresos y riqueza dentro de los grupos monopólicos locales que, al mismo tiempo, apostaban a la bicicleta financiera. Mientras tanto, los fondos de inversión extranjeros hacían extraordinarias ganancias especulativas. Estas pugnas desencadenaron la inflación, las corridas cambiarias, la fuga de capitales y el explosivo endeudamiento externo. Al borde del default, Macri recurrió al FMI.

 

 

Dolarización y restricción externa

El préstamo del FMI potenció la fuga de capitales y la rápida dolarización de la economía, intensificando la restricción externa. El ajuste fiscal sumado a la contracción monetaria y a la flotación libre del tipo de cambio sumieron a la economía en una brutal recesión, multiplicando la miseria y depreciando rápidamente al peso. Esta pesada herencia de Macri, sumada a la pandemia, colocó al gobierno del FdT en una posición muy difícil.

Desde un inicio desplegó una batería de medidas destinadas a paliar el hambre y la desocupación. Financiadas con emisión monetaria, lograron impedir una debacle, pero no pudieron evitar el aumento de la pobreza. La emisión monetaria, adoptada hoy por todos los países, es cuestionada ahora por los grupos económicos más poderosos y por la oposición macrista. En los últimos tiempos, los titulares de la deuda externa reestructurada se sumaron a estas críticas. Todos exigen al unísono: ajuste fiscal, contracción monetaria y aumento de las tasas de interés, es decir: la vieja receta del FMI.

La dolarización de la economía ha multiplicado la especulación con el tipo de cambio, empoderando a los que tienen acceso a las divisas y operan, la mayoría de las veces, por canales no regulados. Esto ocurre tanto en las operaciones financieras, como en las comerciales. Los puertos privados y las oscuras operaciones cambiarias y bursátiles permiten todo tipo de maniobras especulativas con precios y cantidades. Todo esto impacta seriamente sobre la restricción externa y la economía del país.

Hoy sobran los dólares en la Argentina, pero no están en el Banco Central. La fiebre por acumularlos se ha propagado a vastos sectores de la clase media que, endeudados y amenazados por el desempleo, buscan aminorar la depreciación de sus ahorros. Este chiquitaje, sin embargo, no mueve el amperímetro en la pulseada por el tipo de cambio. En este contexto cada vez más complicado, el gobierno introdujo nuevas medidas en los últimos tiempos centradas en contraer la emisión monetaria y subir la tasa de interés. Esto, sumado a un presupuesto que elimina al IFE e incluye otras restricciones fiscales, parece haber contribuido a contener momentáneamente la corrida cambiaria.

Esta semana el violento desalojo de la toma de tierras en Guernica visibilizó la violencia de la restricción externa. Millones de ciudadanos no solo pasan hambre, sino que viven hacinados y en condiciones infrahumanas Frente a esa realidad, el macrismo y los grandes empresarios chillan en defensa de la propiedad privada, resisten cualquier intento, por efímero que sea, de gravamen a la riqueza, y atacan al gobierno por su supuesta debilidad frente al delito.

Hoy no esta en juego la propiedad privada en la Argentina. Lo que está en juego es el derecho constitucional de los argentinos a tener un trabajo y una vivienda digna. El desalojo violento de Guernica no solo cortó una negociación que estaba llegando a un final consensuado. Mostró que las topadoras y los palos son parte del acuerdo que exigen los más poderosos, un acuerdo que inevitablemente reproduce la violencia de la restricción externa. De ahí la necesidad de definir con claridad quién es quién en este entrevero, cuáles son los intereses en danza, y qué tipo de acuerdo se necesita para salir de esta encrucijada.

Los recientes éxitos electorales en Chile y Bolivia muestran que todo es posible en este mundo turbulento, a condición de saber cuáles son los objetivos y de movilizarse para lograrlos.

 

 

 

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