¿Pacto de caballeros con el agro?

 

Las grandes exportadoras de granos y las aceiteras se sientan sobre sus stocks a la espera de mejores precios internacionales, cambios en los esquemas de retenciones o para forzar una devaluación de la moneda local (aunque no son los únicos). Son tiempistas, porque poseen la espalda para hacerlo. En septiembre del año pasado, luego de las PASO, adelantaron ventas porque intuían que habría un incremento de los derechos de exportación. Según datos de CIARA-CEC, la cámara que las nuclea, el mes pasado liquidaron divisas por 1.787 millones de dólares, un 14,6 por ciento menos que septiembre de 2019; en los nueve meses de este año, liquidaron un 12,6 por ciento menos.

El sector está altamente concentrado. Del total de exportadoras de aceites, 8 firmas concentraron el 83 por ciento de las ventas (Vicentin, AGD, Oleaginosa Moreno, Bunge, Cargill, Molino Agro, Dreyfus y COFCO). Las empresas y porcentajes se mantienen casi iguales en la venta de cereales. Son tiempistas y saben que el Gobierno nacional necesita dólares para robustecer las reservas internacionales del Banco Central; ahora fueron tentadas por el Gobierno nacional para liquidar entre 18 y 26 millones de toneladas (según quien realice el cálculo) con una baja de las retenciones, podrían ser entre los 7.000 y 8.000 millones de dólares. Juegan a ganar o ganar.

¿Cuánto van a liquidar de lo que tienen stockeado? No se sabe. El Estado nacional tampoco recuperó todos los instrumentos de control para conocer cuántos granos y subproductos están almacenados en silos y silobolsas o en los puertos. El principal insumo de información son las declaraciones juradas de las propias compañías. Por lo tanto, dependerá de su buena voluntad. A cambio, recibieron un aval público para terminar de elaborar un proyecto de ley agroindustrial que, según el programa elaborado por el Consejo Agroindustrial, elimina retenciones, establece un esquema de estabilidad fiscal por 10 años y aboga por modificaciones en convenios colectivos de trabajo para que haya “libertad de contratación”. ¿Quién ganará con este acuerdo?

“Todos estamos en el mismo barco”, sostuvo Martín Guzmán durante el anuncio de la batería de medidas para incentivar las exportaciones y mejorar la ecuación de las reservas del BCRA. Quino ya lo había explicado muy bien.

 

 

 

 

Dime cuántos granos tienes

El gobierno nacional “consensuó” con las empresas que integran el Consejo Agroindustrial Argentino –con una fuerte pata de la Unión Industrial Argentina vía Miguel Acevedo, uno de los dueños de Aceitera General Deheza junto al ex senador Roberto Urquía— la baja de retenciones a las exportaciones de granos y un diferencial especial para los aceites. En ese acuerdo, los derechos de exportación para los granos de soja quedarán en octubre en el 30 por ciento; subirán un punto y medio en noviembre y cerrarán el año en un 32 por ciento. Para enero de 2021 deberían volver al actual 33.

En el caso de los aceites, bajarán al 27 por ciento en octubre y para enero del próximo año quedarían en un 31 por ciento; el biodiesel descenderá este mes al 26 por ciento.

El gobierno necesita los dólares. Pero no sabe, a ciencia cierta, cuánto de lo que tienen las empresas será liquidado. Es una suerte de apuesta a ciegas. Según indicó a El Cohete un empresario que participó de las negociaciones con el Poder Ejecutivo, en el sector contabilizaban 18 millones de toneladas sin vender, más otras 8 millones sin fijar precio. Es decir, un total de 26 millones de toneladas de soja, casi la mitad de la cosecha.

Del total de soja sin vender, probablemente el 60 por ciento ya esté en manos de los exportadores y el 40 por ciento restante, almacenado en los silos de grandes productores.

El mismo empresario que se sentó a negociar con el PEN reconoció ante este periodista que desde hace un mes y medio cayó el ritmo de ventas semanal en un 50 por ciento. Es decir, admitió –sin decirlo— que las propias empresas se habían sentado sobre el stock a especular con el precio, con los posibles cambios en las retenciones o con una nueva devaluación.

El sector ejerce su poder de lobby –la sociedad recibe el impacto de la incertidumbre macroeconómica— y el gobierno los necesita. La alegoría de la caverna, versión Pampa Húmeda.

“Si todo el complejo sojero tiene la capacidad de liquidar 8.000 millones de dólares, de ese total el 90 por ciento lo tiene la industria y el resto las exportadoras, que sabemos que son las mismas empresas. Lo que no cambia acá es la posición dominante de este sector. Cuando suben las retenciones, les trasladan el incremento a los productores y ahora que supuestamente bajarán 3 puntos, ¿quién dice que los productores recibirán un mejor precio? No hay capacidad de regulación ahí”, explicaron al Cohete desde el Laboratorio de Economía Nacional e Internacional del CEFMA.

Según indicó el ministro de Agricultura Luis Basterra, el cálculo oficial es que en los próximos 15 días deberían liquidarse entre 3.000 y 4.000 millones de dólares.

 

Pacto

Durante el anuncio de las medidas, Guzmán habló abiertamente de la propuesta del Consejo Agroindustrial que promete llevar las exportaciones de los actuales 65.000 millones a 100.000 millones de dólares en 10 años y generar 700.000 puestos de trabajo.

Para lograrlo, solicitan estabilidad fiscal por 15 años, la eliminación de todos los derechos de exportación en las economías regionales, reducción gradual de las retenciones a los productos agroindustriales y grandes cultivos hasta su eliminación en un plazo de diez años, y cambios en los convenios colectivos de trabajo “cohesionando necesidades de trabajadores con las demandas de los nuevos puestos”.

Nada muy alejado de lo que solían pedir desde la Mesa de Enlace, que ahora se muestra ofendida por las medidas anunciadas. Es que dejaron de ser, públicamente, los interlocutores principales con el gobierno nacional. Despotrican contra la industria pero de llevarse adelante el proyecto de ley que proponen desde el Consejo Agroindustrial, también ganarán. Desde 2008, la Mesa de Enlace no hizo más que defender los intereses de los sectores más concentrados del agro, con intempestivas excepciones de la Federación Agraria.

Las miradas estarán puestas en la reunión que debería ocurrir el próximo 14 de octubre, según adelantó Guzmán. Pedro Peretti, ex director de la FAA, advierte que quienes se sientan en el Consejo Agroindustrial son, incluso, “más peligrosos que la Mesa de Enlace, porque son el poder real y concentrado”.

 

Equilibrar la balanza

La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contemplaba en su artículo 52 la suba de retenciones para la soja del 30 al 33 por ciento (que durante octubre volverá al 30) y a su vez se establecía un Fondo de compensación para que ese diferencial de tres puntos regresara a los productores de hasta 1.000 toneladas. El esquema de compensación nunca llegó a reglamentarse. Hasta ahora.

La nueva propuesta de compensación alcanzará a los productores que hayan sembrado hasta 400 toneladas tanto en la zona pampeana como extra pampeana. Se estima alcanzar a un total de 41.293 productores y el monto total a redistribuir sería de 12.000 millones de pesos.

Ese universo de beneficiarios de las compensaciones equivale al 70 por ciento del total de productores sojeros que cosechan el 23 por ciento de la oleaginosa. De este total, casi 29.000 chacareros poseen menos de 100 hectáreas sembradas. Luego están los 15.000 productores que representan el 77 por ciento de la cosecha; entre estos últimos están quienes tienen la espalda suficiente para sentarse sobre sus silobolsas. Como indicaron desde el CEFMA, las posiciones dominantes en el sector no han cambiado.

En su momento, la única entidad agropecuaria que apoyó e impulsó la segmentación fue la Federación Agraria; en cambio, la Sociedad Rural, CRA y Coninagro habían manifestado su rechazo. Pero ahora la FAA volvió a plegarse a la Mesa de Enlace.

“Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelve ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. En rigor, estos anuncios están orientados más bien a una transferencia de los productores a otros sectores de la economía”, indicaron a través de un comunicado. Es el juego de policía bueno y policía malo. Los dirigentes de esta Mesa de Enlace saben que también ganarán si avanza el proyecto agroindustrial.

De todas maneras, en algo no yerran. Con esta reducción circunstancial de tres puntos en los derechos de exportación para incentivar a la industria a liquidar divisas, habrá una transferencia de recursos, de los pequeños productores que ya vendieron y a quiénes les descontaron el 33% de retenciones.

 

Exportaciones industriales

Tal como adelantó el Cohete en su edición del 13 de septiembre, el gobierno nacional anunció una baja en los derechos de exportación para los bienes industriales y una mejora en los reintegros para las ventas al exterior, con el objetivo de revertir la primarización de la economía y mejorar la balanza de productos exportables con el objetivo de generar más divisas.

Las materias primas industriales actualmente tributan un promedio de 5% de retenciones, mientras que los insumos básicos industriales (que incluyen oro y biodiésel) lo hacen en un promedio de 9%.

Los insumos elaborados tributan un promedio del 4% y los bienes finales, un 5%. Los cambios anunciados por Guzmán implicarán llevar los derechos de exportación de los insumos elaborados a 3% y a cero las retenciones para los bienes finales. El costo fiscal sería de 484 millones de dólares.

Guzmán también anunció una mejora en los reintegros para las exportaciones industriales; los bienes finales se beneficiarán con una alícuota del 7% mientras que los insumos elaborados, con una del 5%. El costo fiscal fue calculado en 61 millones de pesos. Durante 2019, la devolución de reintegros a las exportaciones fue la más baja de las últimas dos décadas.

 

Reservas

El viernes no hubo mayor liquidación de divisas; claramente el sector espera que la reducción de las retenciones sea publicada en el Boletín Oficial. Y el Banco Central también lo aguarda. Esto ocurrirá mañana.

Quizás lo más relevante del anuncio que involucró a la autoridad monetaria sea el siguiente punto:

• Abandonar el mecanismo de devaluación uniforme, otorgando mayor volatilidad y manteniendo el nivel competitivo del tipo de cambio real multilateral. En el marco de la estrategia de flotación administrada, el ritmo de depreciación diario se adecuará en forma gradual a las necesidades de la coyuntura.

Esta estrategia se aplicó en 2008, cuando Martín Redrado ocupaba la titularidad del Central (dos años antes de atrincherarse). La idea de fondo es que la autoridad monetaria pueda ofrecer bloques de divisas a un precio determinado que deben adquirirse en su totalidad.

Es decir, si el lunes ofreciera dólares a 77 pesos en bloques (15 millones que deberían comprarse todos juntos a ese precio, esto dicho a modo de ejemplo), al día siguiente debería ofrecerlos a 73 pesos, entonces los que compraron más alto no podrían volcarlo hacia el minorista. La idea es que los jugadores de mercado sepan que pueden perder; exhibir poder de fuego para que no compren todo lo que oferta el Central para forzar una devaluación.

Pero esta estrategia necesita, a su vez, mostrar la robustez de las reservas. Este lunes se publicará en el Boletín Oficial la baja circunstancial de retenciones, incluido el esquema de compensaciones a los pequeños productores sojeros; por ende, el sector agropecuario debería empezar a liquidar divisas. Parece que todo dependerá de su buena voluntad.

 

Pender de un hilo

Entonces, si la estrategia a mediano y largo plazo es robustecer las exportaciones agroindustriales, incentivar a que haya más inversiones mineras (sector al que se le bajarán 4 puntos las retenciones a pesar de las cotizaciones récord) o energéticas, lo que faltaría es que el Estado vuelva a dotarse de cierta capacidad de control para no depender, simplemente, de las declaraciones juradas de las empresas.

Es decir, si el complejo agroindustrial promete incrementar exponencialmente sus inversiones a cambio de estabilidad fiscal por 15 años, ¿quién garantizará el efectivo control de cuánto producen, exportan, almacenan o liquidan?

En el gobierno hay sectores, desde los márgenes, que ven la posibilidad de un trabajo conjunto entre la agroindustria y los productores para conocer mejor el negocio de granos que permita prever posibles escenarios donde sea necesario, por ejemplo, adelantar exportaciones. Algo así como lo que se quería con Vicentin e YPF Agro como empresas testigo. Otros sectores gubernamentales pretenden, también desde los márgenes, que haya mayores regulaciones y controles (sobre todo en los puertos) para dejar de pender de un hilo ante las dificultades cambiarias.

 

 

 

 

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