Código Macri
El gobierno puso a reformar legislación clave a un abogado de confianza, amigo del Grupo Clarín
- Este artículo apareció originalmente en el portal Nuestras Voces
Mauricio Macri puso a Julio César Rivera, abogado de confianza de su familia, dentro de la Comisión con la que pretende reformar parte del Código Civil y Comercial. La jugada indica varios objetivos: por un lado, retocar el código que rige todas las relaciones entre personas y empresas en sintonía con los intereses económicos que resguardan Macri y su gobierno. Por el otro, poner en tensión al supremo cortesano Ricardo Lorenzetti, que encabezó la redacción del Código vigente hace menos de 3 años.
El perfil de los elegidos para la tarea no deja dudas: junto al abogado primado de los Macri están otro abogado del establishment y la hija de la jueza a cargo del CorreoGate.
Mi abogado
Las intenciones de Macri quedan explícitas con el nombramiento de Julio César Rivera, histórico abogado de confianza de la famiglia presidencial. Rivera fue durante años representante legal de SOCMA y SIDECO, los portaaviones del holding Macri, y al día de hoy es un hombre en quien el presidente deposita toda su confianza.
Pero no sólo es abogado de confianza de la familia Macri. También fue abogado del Grupo Clarín en distintas causas. Además su esposa es la jueza Gabriela Medina, denunciada por favorecer al mismo Grupo en causas donde su marido era el abogado del holding que comanda Héctor Magnetto. Otro motivo más para sospechar de quiénes se beneficiarán de las reformas al Código Civil y Comercial.
Rivera tiene un rol central en el escándalo del Correo Argentino. En esa causa maneja la Sindicatura General, que teóricamente tiene que velar por el cumplimiento de las normas en el concurso de acreedores que iniciaron los Macri en el 2001. Por su actuación en el expediente queda claro que actúa como abogado de los Macri y no como síndico, y está imputado junto a Macri en la causa penal que descansa en el escritorio del juez Ariel Lijo.
Junto a su socio Beltrán Louge, Rivera fue apoderado de Trasmetro, otra empresa de los Macri que pasó por un proceso de quiebra y vaciamiento. Rivera y Louge fueron incluso abogados de Macri en su divorcio con Isabel Menditeguy en 2005.
Los intereses de Rivera coinciden con aquellos que Horacio Verbitsky definió como el “establishment jurídico que postró al país”, que se reúne en los pasillos del Colegio de Abogados de la calle Montevideo. Rivera es el socio 4489. Desde allí salen buena parte de las operaciones judiciales del macrismo, la letra para las leyes que beneficien a los clientes de sus estudios jurídicos y el marco legal para el megaendeudamiento.
No es la primera vez que Rivera interviene en una Comisión de este tipo. Según consigna su currículum, en 1992 Carlos Menem lo designó en la comisión para “el estudio de la oportunidad y conveniencia de unificar la legislación civil y comercial de la Nación”, junto al cortesano de la mayoría automática Augusto Belluscio y otros notables del momento. En 1995 el mismo Menem lo nombró en la comisión para el estudio de las reformas del Código Civil. Compartió la tarea con Belluscio y Antonio Boggiano (otro voto de la mayoría automática), su mentor Héctor Alegría y Atilio Aníbal Alterini, ex funcionario judicial de la Dictadura.
La hija de la jueza
En la semana del 8M, el gobierno nombró solo a una mujer en la Comisión para acomodar el Código Civil y Comercial, y con el cargo de Secretaria Académica. El nombre, sin embargo, no pasó desapercibido. Se trata de Agustina Díaz Cordero. Es la hija de la jueza Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero, que digita hace años la causa por la impaga deuda de la familia Macri al Estado, en concepto del canon de Correo Argentino.
La camarista Gomez Alonso de Díaz Cordero interviene en la causa por las deudas de la familia Macri desde el inicio. Su rol en la demora de esta causa fue señalado tanto por la fiscal Gabriela Boquin como por el ex Procurador del Tesoro Carlos Balbín. No es una funcionaria judicial menor: la jueza Gomez Alonso de Díaz Cordero es actualmente la presidenta de la Asociación de Magistrados, uno de los poderosos arietes del conservadurismo judicial. Es la primera mujer en llegar a ese cargo.
Su hija, Agustina, trabajó muy cerca del ministro de Justicia Germán Garavano. El 27 de octubre pasado, Garavano la designó en un lugar destacado en el proyecto de Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial. Es la número 3 del proyecto, con el cargo de Coordinadora, solo por debajo del propio Garavano y del Secretario de Justicia Santiago Otamendi.
El 1 de noviembre, Macri envió su pliego al Senado para que sea designada al frente del Juzgado Nacional de 1ra Instancia en lo Civil N 23 de Capital Federal. El camino que llevó a esa postulación revela varias irregularidades. Díaz Cordero quedó en el puesto 17 del concurso para jueza civil. Sin embargo fue incluida en la primera terna de postulantes para el puesto junto a quien sacó el mejor puntaje, Eduardo Guillermo Róveda, y el puesto 9, Roberto Malizia. Pese a ser la peor calificada de los tres, el Gobierno envió su nombre al Senado.
No fue la única cuestión polémica. En el jurado estaba la camarista Graciela Medina, integrante de la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La jueza Medina está casada con Julio César Rivera, con quien ahora Diaz Cordero va a compartir la Comisión creada por el Gobierno.
¿Tan pronto y a los apurones?
El actual Código Civil y Comercial entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. Es decir, no tiene tres años de vigencia. Su redacción fue comandada por Ricardo Lorenzetti, En la Corte Suprema sostuvieron que se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo y que están abocados a la discusión de las reformas que lanzó la Corte esta semana.
Cuando se discutió el actual Código hubo decenas de abogados que participaron de su discusión, aunque siempre acotados a los deseos de Lorenzetti y al resultado de sus tironeos con el entonces Gobierno kichnerista. Ahora parece que la discusión será más acotada aún.
Según el gobierno de Macri, “transcurridos DOS (2) años de la entrada en vigencia del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, a partir de su aplicación y de la dinámica constante de la realidad, se evidencia la necesidad de efectuar ciertas modificaciones en su articulado, reformando algunos aspectos e introduciendo otros que no fueron considerados al tiempo de su redacción”. No se aclara cuáles son esos aspectos, que quedarán librados al arbitrio de la Comisión designada a dedo por Macri. La Comisión “tendrá como objetivo principal la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización del CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN”.
El texto publicado en el Boletín Oficial especifica que la Comisión “deberá articular su accionar con el ‘PROGRAMA JUSTICIA 2020’”. Se trata del proyecto de reforma judicial del ministro Garavano, un compendio de ideas que trae desde su paso por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia (FORES), una institución de lobby creada en 1976 para apoyo civil de la última dictadura. El coordinador del Programa Justicia 2020 es el ex ministro radical Ricardo Gil Lavedra.
Junto a Rivera y Diaz Cordero, el gobierno nombró a Diego Botana y a Ramón Daniel Pizarro.
Botana integra, al igual que Rivera, la lista de conjueces para la Corte Suprema elevada por Macri. No es casual. También es miembro del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, el socio 5238. Botana es socio del estudio Allende & Brea, uno de los bufetes más potentes de la City, siempre en el top 5 de los rankings que elabora la revista Apertura. Se define como radical y enseña en la Universidad de San Andrés. El 10 de diciembre de 2015 puso en su Twitter: “Hora de dejar de seguir a @CFKArgentina”. El Gobierno lo tiene en carpeta hace rato para algún cargo.
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