LOS CLAROSCUROS DE FRONTERITA Y VOLKSWAGEN

 

En Argentina, una decisión de la controvertida Sala IV de la Cámara de Casación inyecta oxígeno al proceso judicial contra los directivos y dueños del ingenio tucumano La Fronterita por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Ahora se espera una resolución sobre el fondo de la cuestión que puede sepultar o poner de pie a la causa.

En Brasil, un histórico acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la fiscalía estadual de San Pablo, el Ministerio de Trabajo y Volkswagen hace oficial la admisión empresaria de su participación en la organización de la represión durante la dictadura en el país vecino (1964-1985). Sin embargo, deja un sabor amargo.

Retazos de la tortuosa relación entre investigaciones históricas y procesos judiciales.

 

 

Lo que dicen las investigaciones

Los casos del Ingenio La Fronterita en Argentina y de Volkswagen en Brasil son emblemáticos en términos de violencia empresarial y procesos represivos, centrados aunque no limitados a regímenes dictatoriales.

El predio fabril del ingenio se ubica a unos cinco kilómetros de Famaillá. En 1975 operó allí un puesto de Comando Táctico Adelantado del Ejército que organizó un centro clandestino de detención. Lo controlaba la Fuerza de Tareas “Rayo”. La empresa cedió tres instalaciones: los galpones “Tambo”, los “Conventillos” y el “Campamento”. Al menos 68 personas pasaron por ese CCD. Once permanecen desaparecidas. De dos, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos en el Pozo de Vargas. La mayoría eran trabajadores del mismo ingenio y de los campos de caña, y buena parte integraba el Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita, afiliado a la Federación obrera tucumana (FOTIA).

Silvia Nassif, investigadora del CONICET, estudió a fondo la responsabilidad empresarial del Ingenio Fronterita. Al sintetizar las maneras en que se manifestó esta responsabilidad, identificó como la más extrema la militarización y el funcionamiento del CCD dentro de la empresa. También que los directivos solicitaban la detención ilegal de dirigentes, admitido por los propios captores ante las personas secuestradas. Las listas negras, la provisión de las camionetas rastrojeras para los secuestros, los aportes de información, la militancia sindical de las víctimas, suman pruebas. “Es importante señalar —agrega Nassif— que La Fronterita obtuvo importantes beneficios económicos, no sólo porque crece su producción un 30 por ciento sino también porque en 1979 se aprovecha del desguace de la empresa estatal mixta Consasa, haciéndose con lo que quedó del ingenio Bella Vista.”

Buena parte de estas denuncias fueron hechas ante la CONADEP y la Comisión Bicameral de la Legislatura tucumana apenas terminada la dictadura.

El caso de Volkswagen en Brasil no es muy diferente. Marcelo Almeida de Carvalho Silva es doctor en administración por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. En su tesis doctoral estudió lo que llama “prácticas de normalización de la violencia” operadas por Volkswagen durante el período dictatorial en Brasil (1964-1985).

Muchos de los documentos que comprometen a la empresa surgen del Archivo Público del Estado de San Pablo, particularmente los relativos al Departamento del Orden Político y Social, la temeraria DOPS, que articulaba su trabajo con el propio aparato de vigilancia y persecución de la empresa sobre los trabajadores. Su Departamento de Seguridad Industrial fue dirigido durante 30 años por el coronel Adhemar Rudge. Más aún, la empresa cobijó al nazi Franz Paul Stangl, responsable de los campos de exterminio de Sobibór y Treblinka en Polonia durante el III Reich, quien llegó con documentos falsos a Brasil en 1951 y finalmente fue descubierto y juzgado en 1967 en Alemania.

Dos ex trabajadores de la empresa, Lúcio Bellentani y Heinrich Plagge, fueron secuestrados y torturados en 1972 en el propio predio fabril de la empresa en São Bernardo do Campo. Volkswagen intercambiaba información con los aparatos represivos, como también lo hacían las empresas Caterpillar, Ford, General Motors, Kodak, Embraer y Petrobras.

 

 

 

 

En su investigación, Almeida confeccionó un cuadro analítico en el que registró 22 prácticas distintas de violencia y normalización de la misma. Allí concluyó: “Apoyada en la perspectiva histórica, fue posible identificar que Volkswagen de Brasil practicaba la violencia física, psicológica, simbólica, económica y política contra los trabajadores y adoptó doce prácticas con potencial para normalizar las violencias cometidas”. La “normalización”, que implicaba la legitimación de las prácticas violentas, no siempre era un objetivo que podía lograr.

Pese al esfuerzo de las querellas y algunas fiscalías, las causas judiciales no siempre acreditan lo que algunas fundadas investigaciones logran demostrar.

 

Una causa en la frontera

Esta semana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación (CFC) reabrió la posibilidad de juzgar a los directivos del Ingenio Fronterita. Es apenas una ventanita que se abre. Sin embargo, también deja ver lo empalagoso de un expediente sobre el cual ahora se espera que la misma sala tome una decisión de fondo que puede activar o sepultar la investigación judicial.

La causa viene con los ejes poco engrasados. Se inició como un desprendimiento de la megacausa Operativo Independencia, que investiga (y ya ha juzgado) los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1979 en Tucumán. En 2014 comenzó a seguirse el rastro empresarial y en 2015, a pedido del fiscal Pablo Camuña, titular de la oficina tucumana de derechos humanos del Ministerio Público Fiscal, el juez Daniel Bejas ordenó allanar las oficinas del ingenio en Famaillá y en Córdoba capital, donde se encuentra la sede central de la firma José Minetti & Cía., su dueña.

En 2018 se pidieron numerosas indagatorias. Se tomaron sólo cuatro: a los directivos Jorge Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos. El fiscal pidió sus detenciones. Sin embargo, recién un año más tarde, Bejas declaró la falta de mérito por considerar que los empresarios también fueron víctimas del terror. Recién otro año más tarde, la Cámara de Apelaciones tucumana confirmó la decisión del juez. La fiscalía y la querella particular que representa la organización Andhes se quejaron, pero sus recursos no fueron admitidos.

La decisión de Casación tomada esta semana admite los recursos. Un primer paso. Ahora la Sala IV de Casación debe decidir sobre el fondo: confirmar la falta de mérito dictada por Bejas y confirmada por la Cámara de Apelaciones tucumana o reenviar el expediente al juez para que procese o sobresea.

La reputación de la Sala IV compuesta por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos no es la mejor: es el cementerio de los casos de responsabilidad empresarial, coinciden quienes trajinan tribunales. Allí, por ejemplo, se sepultó el procesamiento contra el dueño del Ingenio Ledesma, Pedro Blaquier.

En la organización Andhes, que representa a los familiares del trabajador desaparecido Fidel Jacobo Ortiz, vieron con buenos ojos la resolución de Casación pero mantienen la guardia en alto. Pablo Gargiulo, coordinador del área empresas y derechos humanos de Andhes, señala: “Es una buena decisión para nosotros, hace que todavía el expediente esté con vida y pueda eventualmente llegar a juicio, pero va a depender de lo que Casación resuelva”. El fiscal Camuña apunta en el mismo sentido y pide que se resuelva en el juicio: “Creo que es una investigación bastante sólida al menos para ir a juicio oral, que es en definitiva lo que pedimos, que allí se defina la responsabilidad o no de los acusados”.

Gabriel Pereira, consejero directivo de Andhes, pone la lupa sobre el rumbo que han seguido varias de estas causas por responsabilidad empresarial: “Tienen miedo al escrache al absolver a esta gente pero mucho más miedo de avanzar, entonces van buscando un término medio. Dilación y falta de mérito”. Para Pereira se trata de “sobreseimientos encubiertos”, el mismo concepto que usó el fiscal general Javier de Luca para objetar la falta de mérito del empresario Vicente Massot, ex dueño y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, imputado por los asesinatos de dos obreros gráficos y por sus aportes al terrorismo de Estado en el pago chico.

Lo cierto es que se espera otra decisión de Casación, que puede sellar el destino de la causa. La querella y la fiscalía esperan que el partido decisivo pueda jugarse durante el juicio y no antes. La sentencia del llamado “Juicio a Ford” ha demostrado que, al llegar al debate público, los directivos pueden ser condenados.

 

 

La admisión de Volkswagen

La semana pasada, el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público de San Pablo y el Ministerio de Trabajo llegaron a un acuerdo con la sucursal brasilera de la empresa alemana Volkswagen: quedó oficializada la complicidad de los directivos empresariales con la dictadura brasileña.

El acuerdo (Termo de Ajustamento de Conduta) es un arreglo extrajudicial que sepulta tres causas judiciales. Por el mismo, la empresa queda obligada a pagar en los próximos meses 36,3 millones de reales (unos 500 millones de pesos) a los ex trabajadores perseguidos y torturados y a distintas iniciativas de promoción de los derechos humanos y refuerzo del proceso de Justicia de Transición, como la memorialización y una serie de iniciativas de investigación para conocer a fondo el pasado represivo dictatorial, incluida la identificación de restos en fosas comunes. El acuerdo se funda en dos investigaciones realizadas en 2017 (una del Ministerio Público Fiscal y otra encargada por la empresa).

 

 

 

 

Pero esta historia se remonta unos años atrás. En 2011 el gobierno petista de Dilma Rousseff creó la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que funcionó entre 2012 y 2014. Entonces funcionaron también Comisiones de la Verdad estaduales. Uno de los grupos de trabajo de la CNV (el GT13) y la Comisión “Rubens Paiva” de San Pablo investigaron la colaboración de las empresas con el golpe de 1964 y el proceso dictatorial. Participaron investigadores (como los del instituto IIEP, dirigido por Sebastián Nieto) y centrales sindicales como la CUT.

En 2015, cerrado aquel proceso pero retomando sus investigaciones y las 43 recomendaciones de reparación auspiciadas por la CNV, agrupados en el Foro de Trabajadores por la Verdad, la Justicia y la Reparación, estos actores presentaron las denuncias judiciales contra la empresa Volkswagen. Era la primera vez que se presentaba una denuncia de este tipo.

Son estos actores quienes, frente a este nuevo acuerdo, no admiten una mirada satisfactoria. Gabriel Dayoub, investigador brasileño del IIEP, explica a El Cohete que se trata de “una victoria” por colocar en evidencia la cooperación empresarial y por las reparaciones individuales a las víctimas. Sin embargo, ajusta cuentas y califica el proceso como “muy malo”. Desde lo formal, porque los denunciantes han sido raleados del proceso. Ello se torna sustancial: su exclusión repercutió en medidas que excluyen una real asunción por parte de la empresa de su responsabilidad y lavan el sentido de las luchas obreras.

“Se corre el riesgo de rebajar el parámetro de las reparaciones que serán exigidas en nuevas iniciativas”, señalaron en una nota pública Adriano Diogo (presidió la CNV de San Pablo), Rosa Cardoso (presidió el GT13), Sebastián Nieto (IIEP), Adriana Gomes Santos y Antonio Fernandes Neto (autores de la presentación contra la empresa Docas de Santos por su cooperación con la dictadura) y José Luiz Del Roio (ex senador italiano y director del Instituto Astrojildo Pereira). Fundamentalmente, plantean que la empresa logra imponer una mirada que limita la responsabilidad empresarial a la conducta “desviada” de algunos directivos, en lugar de reconocer “una cooperación sistemática y orgánica con la represión durante más de tres décadas”. De esta manera, antes que “reparación”, parece un “acto de benevolencia”.

De forma similar se expresó Christian Russau, activista por los Derechos Humanos y miembro del directorio de la Asociación de los Accionistas Críticos que tiene acciones de Volkswagen. Definido como “una importante señal de democracia en tiempos de un presidente como Jair Bolsonaro que glorificó la dictadura militar”, Russau contó a El Cohete desde Berlín que “quedan dudas sobre una genuina admisión de culpabilidad”. Además critica que el acuerdo llega tarde para dos de las víctimas (Bellentani y Plagge) que fallecieron recientemente.

El principal desencanto, sin embargo, apunta a los acuerdos por los memoriales. La principal propuesta de los denunciantes era que la empresa financiara la construcción de un Espacio de Memoria de los Trabajadores en la Galería Prestes Maia de San Pablo, en la que el gobierno municipal proyecta un gigante espacio de memoria. La medida fue ignorada. En su lugar se acordó instalar un Memorial de Lucha por la Justicia en un lugar reservado en el Colegio de Abogados de San Pablo (OAB). “En este sentido, ella saldrá limpia de esa historia”, concluye Diogo. “Este lugar de memoria debía estar bajo la dirección de las organizaciones obreras implicadas con la tarea de reproducir la historia de la resistencia obrera”, comenta Russau.

Planteado de esta forma, los críticos aseguran que el acuerdo alcanzado no es el punto final en la búsqueda de justicia por los crímenes de Volkswagen.

 

 

 

 

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