A principios de 2004 cuatro diputadas se acercaron a las oficinas de ANSES en busca de información sobre la jubilación anticipada. Su objetivo era emitir un dictamen sobre una propuesta que estaban trabajando para que pudieran acceder al beneficio jubilatorio aquellas personas que, teniendo los años de servicios con aportes necesarios, aún les faltaba edad para tener derecho. En ese momento, Sergio Massa (para todos los que lo rodeábamos era simplemente Sergio) era el director ejecutivo de ANSES, mientras yo me ocupaba de la gerencia que hacía las normas y los procedimientos del organismo, razón por la cual Sergio derivó a las legisladoras hacia mi oficina. Lamento no haber guardado sus nombres porque trabajaron con tanto ahínco que merecerían ser reconocidas, al menos por mí, en esta nota.
Al llegar me mostraron un borrador del dictamen que leímos y discutimos prolijamente. Cuando terminaba la reunión les comenté que ellas iban a resolver muy bien la situación y agregué que las personas con los años de aportes pero no la edad para jubilarse eran por lo general ex empleadas del Estado o de empresas privatizadas durante el menemismo y que, en el conjunto del sistema, representaban un número pequeño, mientras por otro lado nuestro país contaba con millones de personas, la mayoría mujeres, que tenían la edad pero les faltaban aportes por diversas razones (precariedad laboral crónica de las mujeres, cortes en su vida laboral por la maternidad, contratos laborales sin aportes instaurados durante el menemismo, entre otras) y que, precisamente, esas eran las más vulnerables. Rápidamente me preguntaron cómo podrían hacer para resolver esa cuestión, a lo que les respondí que se encontraba vigente un esquema de moratoria, muy beneficiosa, en la ley del monotributo, que podría ser utilizada para completar los años de aportes necesarios y de ese modo acceder al beneficio previsional.
El entusiasmo de aquellas mujeres de la política por la idea de ampliar su propuesta inicial me conmovió. Rápidamente incorporamos en el dictamen el artículo 6 de la que luego sería la ley 25994, que en su parte más sustancial dice: “Los trabajadores que, durante el transcurso del año 2004, cumplan la edad requerida para acceder a la Prestación Básica Universal de la ley 24.241, tendrán derecho a inscribirse en la moratoria aprobada por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias; con los intereses y en las condiciones dispuestas hasta el 31 de julio del corriente año”, y acordamos que ellas redactarían los fundamentos. En el ambiente se palpaba la felicidad que tenían de haber podido mejorar su idea. Habían llegado en busca de información para una solución posible y se llevaban lo que, a la postre, sería una de las páginas más maravillosas de la seguridad social argentina. Mientras las veía irse, recuerdo que pensé, en lo difícil que sería transformar aquella utopía en ley. Terminada la reunión le transmití a Sergio lo acontecido y acordamos esperar a ver cómo evolucionaba el tema. Así quedamos, y nos olvidamos del dictamen.
El 15 de diciembre, o más bien el 16 a la madrugada, me llama Sergio y me dice, con voz alegre, que se había aprobado la ley de la Jubilación Anticipada con el agregado del artículo 6. Recuerdo perfectamente ese día porque el 15 es mi cumpleaños. Le pregunté si estaba seguro de lo que decía y me contestó que estuvo en el Senado al momento de la aprobación. Me embargó entonces una emoción desmedida, sentí que el corazón no me entraba en el pecho, y creo que a Sergio tampoco. Al día siguiente nos vimos en uno de los talleres de trabajo que a él tanto le gustaba organizar —y que eran realmente enriquecedores e integradores— y como corresponde festejamos con un fuerte abrazo. A partir de ese momento, la seguridad social en la Argentina abandonó para siempre el viejo sistema de seguro social, pasando a integrar el selecto grupo de países que tienen un sistema de seguridad social.
Al otro día, el siempre sagaz periodista Ismael Bermúdez tenía la noticia y la transformó en la nota que el diario Clarín tituló “Se aprobó la jubilación del ama de casa”. Con Sergio escribimos un libro al que titulamos De la exclusión a la inclusión Social: reformas de la reforma de la seguridad social argentina, donde lo renombramos como el “Plan de inclusión social”. Tiempo después, cuando la derecha y los economistas del establishment comenzaron a sentirse molestos con el reconocimiento de derechos y la reparación que la sociedad argentina se brindaba a sí misma con este plan, comenzaron a llamar despectivamente a sus beneficiarios como “los jubilados de la moratoria”. Finalmente, el más cínico de los ministros de Economía de los últimos tiempos, Nicolás Dujovne, llegó al extremo de llamarlas jubilación con pocos o sin aportes. Como puede percibirse, el ataque fue furioso, constante y permanente, incluso he tenido oportunidad de participar en diversos congresos internacionales donde el Banco Mundial exhibía al plan de inclusión como un Judas al que no hay, siquiera, que mirar. Que un país se atreva a brindar cobertura y protección a toda la población adulta es algo que los organismos internacionales y las derechas nacionales cipayas no pueden tolerar. Las causas son obvias: si cunde la idea y todos los países siguen el ejemplo, la opresión del capital tiene fecha de defunción.
Inmediatamente, aquellas personas que tenían los aportes pero les faltaba edad, fueron ingresando y pudieron obtener su beneficio previsional. Sin embargo, faltaba una divulgación masiva de las posibilidades existentes para aquellos que contaban con la edad pero les faltaban aportes. Y esta tarea fue asumida por los intendentes, quienes comenzaron a divulgar el plan proponiendo a los más ancianos y pobres de sus distritos hacerse cargo del pago de la primera cuota de la moratoria de manera que pudieran acceder al beneficio previsional y a partir de ahí que las restantes cuotas se debitaran del mismo. Este accionar motorizó el ingreso y las incorporaciones comenzaron a ser masivas, sumando cada vez más distritos a lo ancho y largo del país, provocando por ende el interés de políticos y medios periodísticos. En paralelo, y siempre preocupados por el presupuesto, los mediáticos economistas neoliberales comenzaron a sembrar pánico respecto del supuesto déficit que produciría el plan de inclusión jubilatoria. Preocupando desde al mismísimo Amado Boudou, quien entonces tenía las finanzas de ANSES bajo su órbita, hasta a Sergio como director ejecutivo y a quien suscribe, que era el destinatario de las preocupaciones de todos por haber iniciado la idea. Conviene aquí incorporar un dato que amerita una pequeña reflexión: la moratoria del plan de inclusión era la misma que utilizaban, en ese mismo momento, los comerciantes y profesionales para blanquear sus deudas con el sistema previsional, situación que no había recibido ninguna crítica. Sin embargo, el hecho que esa misma moratoria fuera usada, para los mismos fines de regularización de aportes, por los hombres y mujeres más pobres y vulnerables, aparecía a los ojos de los medios dominantes y de los economistas liberales como un dispendio populista intolerable, en un esquema de doble moral tristemente conocido en la Argentina.
Como contracara, recuerdo una situación extraordinaria que me tocó vivir en aquellos tiempos. Una vez asistí a un acto de entrega del certificado de jubilación, que organizaban municipios y gobernaciones, en este caso en Santiago del Estero. Este certificado les permitía ir al banco y percibir el beneficio. En el acto al que me refiero, la primera invitada era una mujer de 91 años que con algo de vergüenza subió al escenario y, cuando regresaba, un astuto periodista se le acercó y le pregunto qué sentía. La respuesta me conmovió porque la anciana respondió: “Es la primera vez en mi vida que les voy a poder comprar un helado a mis nietos”. Todos los esfuerzos, los miedos y las presiones recibidas ese día, con esa simple frase, quedaron saldadas. Es posible que escrita en un papel no tenga la emoción que me produjo aquella frase, pero ese día lloré en silencio en una mezcla de alegría, emoción y desahogo como nunca me había pasado.
En estas tareas estábamos ese 1º de marzo cuando Néstor Kirchner pronunció el discurso inaugural de las sesiones del Parlamento argentino, donde le dedicó un párrafo especial al plan de inclusión jubilatoria y que representó un bálsamo para mis oídos, mi espíritu y mi corazón. Ese día entendí que sería, pase lo que pase, kirchnerista. El párrafo en cuestión, que podría reproducir de memoria, decía: “Hemos diseñado y llevado adelante una amplia moratoria previsional, sin precedentes, que permitió que un millón de trabajadores puedan estar incluidos en el sistema. Optamos por el ejercicio de la solidaridad para reparar una injusticia y recuperar la dignidad de los adultos mayores a tener derecho a su jubilación y a su obra social, luego de tantos años de trabajo y esfuerzo”. Fueron las palabras más hermosas que jamás había escuchado, no por su retórica, ni siquiera por la brillantez del párrafo, sino por sentir, en palabras simples de un hombre común con grandes responsabilidades, cómo se instalaba la transformación del paradigma de la seguridad social más relevante de la historia argentina.
Esa fue la etapa más hermosa de mi vida profesional. Sé que luego hubo otros logros más, pero el haber tenido la oportunidad de ser protagonista y cómplice de aquella epopeya es incomparable.
Respecto del plan de inclusión y su moratoria, se sucedieron en el tiempo distintas prórrogas mediante leyes que fueron cambiando algunos aspectos normativos y de procedimiento. Uno que en especial me avergüenza es el que requiere la obligación de la persona de probar su pobreza para poder acceder al beneficio, lo cual debe cumplimentarse mediante las llamadas “encuestas socioeconómicas”, que representan una parodia de quienes se dicen “progresistas” para encubrir, con los hechos, la vergüenza de ser estigmatizados por los conservadores. Esas encuestas socioeconómicas deberían ser desterradas de la faz de la tierra ya que, en principio, son denigrantes para las personas más vulnerables al pedirles que exhiban su pobreza para obtener una prestación a la que tienen derecho pero que, producto de esa cláusula, se transforma en un dispendio caritativo. Por otro lado, ponen en dilema la prestación, asustan al pobre, alientan al pícaro que sabe cómo burlar la norma y permiten que la prestación quede en manos del burócrata de turno. El instalar métodos de discrecionalidad en el otorgamiento es fuente de clientelismo político y de corrupción. Uno de los grandes principios de la seguridad social es la universalidad de los derechos.
Con encuestas o sin encuestas, el Plan de Inclusión Jubilatoria le generaba urticaria al neoliberalismo. Por eso, durante cuatro años el macrismo se dedicó a denigrarla y a recortarla hasta eliminarla. Por ello hoy alrededor de 280.000 personas, en su inmensa mayoría mujeres, quedaron fuera del sistema. A esto habría que agregarle unas 170.000 personas que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que abona el 80% de la mínima, cosa que debería ser corregido, derogando ese engendro que inventó el macrismo incorporando a esos beneficiarios al sistema general.
La directora ejecutiva de ANSES informó que estaban planificando un nuevo Plan de Inclusión. Esto es una enorme noticia que, como todas las grandes noticias a favor de los más vulnerables, despierta poco interés en los medios dominantes. Les va la vida tratando de lograr un desalojo violento en Guernica, así desgastan al gobierno y humillan a los pobres. Pero nada les importa cuando se trata de incluir a los que menos tienen.
El plan de inclusión jubilatoria formó parte del sueño que nos propuso Néstor Kirchner, por ello creo que recrear un nuevo “Plan de Inclusión Jubilatoria” es el mejor homenaje que podemos hacerle a ese hombre común con grandes responsabilidades, que supo estar a la altura de la historia.
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