La tierra, siempre la tierra

 

Cuatro fuertes debates han impregnado los discursos públicos los últimos días: el despliegue de la pandemia en la zona conocida como AMBA; la denominada “nueva ola de usurpaciones”; la asonada policial bonaerense y la vieja pero renovada distinción entre ciudad de Buenos Aires y Conurbano (centro y periferia), a partir de la redirección de fondos coparticipables con la que se aquietaron las demandas expresadas en el petitorio policial. El conflicto que subyace y que integra los discursos es el de la tierra, la lucha histórica por su acceso, la batalla simbólica entre “centro” y “periferia”.

 

 

La gran vidriera

La seguridad es el gran tema de agenda política. En los últimos 20 años, sucesivos candidatos se han devanado en propuestas que pusieron el ojo en esas conflictividades con profunda instalación mediática, en un sostenido in crescendo de punitivismo y policiamiento. La inseguridad es espejo y vidriera donde se mira y ofrece la política.

En términos de gestión de la seguridad, es común pensar que el kirchnerismo ha mostrado su más claro límite de acción: a los intentos de reforma iniciales le ha seguido una mayor corporatización y autogobierno de las Fuerzas. Aun desde espacios críticos del propio oficialismo, se reprocha el no haber avanzado en reformas profundas y duraderas de sus estructuras. Lejos del marketing, de las estrategias de ampliación de la base electoral, la verdadera diferencia entre Berni y Bullrich es sólo de disfraz. Expectante, sin pasos firmes, horadada cada vez que pudo por su par provincial en el punto más crucial de su propuesta de federalización de la seguridad, la actual ministra nacional Sabina Frederic es socialmente reprochada por carecer de los excesos de sus contrafiguras, aunque aporta, justamente en la discusión desatada por el reclamo de la policía bonaerense, un esquema de profesionalización de las fuerzas policiales que anticipa sus exigencias.

Berni-Frederic reeditan hoy la mutua anulación de gestión propia del primer Ministerio de Seguridad nacional, aquél encabezado por Nilda Garré que nació al fuego del conflicto del Indoamericano y que tuvo como negociador al actual Ministro de Seguridad provincial. La reinstalada discusión sobre ocupaciones de tierras le sirve ahora al Ministro para criminalizar las estrategias populares de acceso al hábitat y correr el eje de las demandas policiales y las denuncias de violencia institucional cuyo ejemplo más notorio ha sido la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Previamente, el confinamiento o contención espacial que recibieron como tratamiento diferencial del espacio público los habitantes de Villa Azul o los vendedores ambulantes, venía gestando una imagen promisoria de candidato fuerte. Su figura, sus modos y lenguaje finalmente descubiertos, implican la continuidad de profundos fracasos que han tenido a Aldo Rico y Stornelli como su síntesis.

La lucha por el suelo urbano parece lejana de la centralidad no sólo mediática, sino de la cabeza de Goliat donde se cocina y aloja el poder: o son parte de la lucha histórica de recuperación de tierras despojadas a comunidades originarias, o son conflictos que se suceden en los márgenes y que sólo emergen cuando la violencia y el lobby económico se instalan para complacencia de los medios de comunicación que instigan estigmas de “terrorismo” o “usurpación”, estereotipo, prejuicio y racismo socialmente sedimentados y legitimados.

 

 

 

 

Los acuerdos sobre lo hecho en términos habitacionales durante las últimas gestiones son más difíciles. Los números —mirados fríamente— parecen contradecir la inacción política, al menos de la gestión kirchnerista. Los datos duros (cuando existen) aportan mayor complejidad a las discusiones de fondo.

El incremento de asentamientos precarios no se detuvo sino que dio muestra de que el crecimiento relativo de la economía (período 2003/2015) y los cambios y mejoras objetivas en las condiciones de vida no han significado mayores posibilidades de acceso al espacio urbano para amplios sectores de la sociedad. Tampoco ofreció una solución la importante intervención del Programa Federal de Vivienda, que construyó más de 200.000 casas en cinco años (2003–2008). No escapó al modelo de producción habitacional masiva que piensa de manera sesgada el derecho a la vivienda y cuyas reparaciones terminan por traer graves problemas a sus nuevos habitantes: ausencia de apropiación e identidad espacial y rápido deterioro estructural de las unidades.

El PROCREAR pretendió corregir algunas de esas deficiencias, apuntando a un estrato social de mayor poder adquisitivo. Sin embargo no puede ser considerado una política habitacional, sino una línea de crédito blanda. Esto no significa que no exista ninguna incidencia sobre el suelo urbano: su masividad (140.000 beneficiarios hasta 2015) implicó un gran aporte para amplios sectores de clase media. Sin embargo, otro extenso sector que no está dentro del mercado formal de trabajo —calculado en un casi 50 por ciento de la población activa— sigue excluido de estas líneas de crédito.

Como contrapartida de la política de ANSES, el valor del suelo se elevó exponencialmente. Los sectores especuladores de siempre resultaron ganadores de esta dinámica en la que Estado fue sucesivas veces responsable de un fastuoso negocio privado:

1. No expropió para uso social;
2. No aplicó gravámenes progresivos a la ociosidad;
3. Generó las condiciones estructurales para que esas tierras elevasen su valor inmobiliario, a partir de la inversión pública;
4. Una vez puestas al mercado, el Estado no recuperó la inversión pública en favor de rebajar los precios del nuevo suelo urbano o de favorecer la producción social del hábitat.

El principio de función social de la propiedad fue establecido en la Constitución de 1949 y luego derogado por la dictadura en 1955. Las discusiones previas al debate por la reforma al Código Civil que se abordaron desde espacios críticos intentaron recuperarla, aunque no alcanzaron para romper la correlación de fuerzas.

 

 

 

 

El Estado no es más que un mediador y en cada experiencia de ampliación de derechos siempre hubo como correlato la expansión de reclamos sociales que encontraron eco en políticas públicas. La discusión sobre el Código no logró o no supo hacerse extensiva a esas bases, para que tomaran esa instancia de debate y participación como momento nodal en el conflicto. No se trataba de someterlo todo a la posibilidad de judicialización de la política o de un activismo judicial producto de una ampliación y reconocimiento de derechos sociales, sino de generar condiciones de posibilidad para verdaderas políticas de suelo que resolvieran la esquizofrenia de un Estado neodesarrollista en las respuestas habitacionales, pero neoliberal en la política de tierra.

Lejos de la promesa de un millón de créditos a tasa cero anunciada durante el debate presidencial, la era Macri significó un constante vaciamiento de fondos destinados a las soluciones habitacionales. En un ciclo de endeudamiento abismal, la experiencia de Cambiemos tuvo, sin embargo, el peor desempeño en la producción de viviendas de los gobiernos tras la recuperación democrática y la brecha del déficit poblacional se amplió a escalas nunca antes vistas: 1,5 millones de viviendas que habría que construir (dimensión cuantitativa) y 2,5 millones que existen pero están hechas con materiales de baja calidad, no tienen acceso a servicios básicos o sus habitantes viven en condiciones de hacinamiento (dimensión cualitativa).

Como correlato del endeudamiento internacional, se produjo un profundo endeudamiento de sectores medios que apostaron a los créditos UVAS que representaron, más que una ayuda estatal, un verdadero abrazo del oso. Las sucesivas devaluaciones monetarias, los aumentos de servicios básicos y de alquiler (para 2018 el 45 por ciento de un salario era destinado al pago de alquiler) empujaron a la clase asalariada a disputar con los sectores informales espacios cada vez más pauperizados y alejados de la centralidad.

 

 

La mancha de aceite

La Tierra es esférica y, por lo tanto, finita. Para desgracia de los terraplanistas políticos, el suelo urbano es un bien escaso y agotable. Comprender esta verdad científica, desnaturalizar su racionalidad mercantil, nos acerca a un punto de consenso para abordar la complejidad del problema y entender cómo fue configurándose este gran magma geográfico que ha cobrado mayor relieve es estos días de expansión pandémica: el AMBA o Gran Buenos Aires.

El actual Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires explicó el avance de la pandemia recreando, en clave sanitarista, una metáfora utilizada por geógrafos-urbanistas que explicaron una etapa del proceso de conurbanización bonaerense. La mancha de aceite da cuenta de un poder de irradiación desde el centro hacia los lados, siguiendo un sostenido patrón amorfo de rápido desempeño. Como se ha verificado en muchas ciudades donde ha avanzado el virus, los casos empezaron entre las clases más pudientes que viajaron al exterior y luego regresaron, hasta que se diseminaron por barriadas empobrecidas que tienen mayores co-morbilidades respiratorias producto de la degradación ambiental donde se alojan y menor capacidad de aislamiento y cuidados en función de la alta densidad poblacional y la falta de acceso al agua, servicios e insumos básicos. Los estragos de la pandemia revelan la profundidad de la crisis habitacional mundial.

El movimiento de externalización y fuerza centrífuga del virus viene a describir el proceso inverso con que se han movido históricamente las mercancías y que configuraron la geografía de las ciudades capitalistas. Martínez Estrada puso nombre a ese proceso, describiendo con perturbadora precisión la ciudad de Buenos Aires como una cabeza de Goliat cuya macrocefalia se alimentó del movimiento tentacular de mercancías que seguían el curso interior-exterior de los ramales de trenes hacia el puerto. A finales de siglo XIX y comienzos de siglo XX, la sedimentación de excedentes económicos en torno al puerto fue desplegando una geografía de opulencia con el cual la elite terrateniente vistió de gloria sus conquistas: amplios parques, avenidas, monumentos y edificios que siguieron las modas arquitectónicas europeas y también redes de transporte, trenes, rutas y las primeras industrias que aportaron precisamente el elemento estructurante de conurbanización en sucesivos anillos o cordones que sirvieron de base para la metáfora de la mancha de aceite. Los primeros pueblos gestados al paso de los rieles definieron, de alguna manera, los distintos clivajes políticos de trascendencia histórica: las demandas de los vecindarios más próximos a la ciudad (Boedo, Pompeya, Parque Patricios, etc.), representados primero por asociaciones vecinales y luego por el radicalismo y el socialismo y más tarde el peronismo, de fuerte anclaje en zonas del Conurbano industrial que comenzaría a desarrollarse con el declive horizontal expansivo de la metrópoli.

 

 

 

 

Una típica estrategia de los relatos esgrimidos por los sectores beneficiados por la configuración actual de la metrópoli porteña es borrar la historia que hizo posible los privilegios de su usufructo, como si nada hubiera ocurrido antes de la reforma constitucional de 1994, que otorgó autonomía al entonces municipio de la ciudad de Buenos Aires, o el amojonamiento palpable de la Avenida General Paz y el Camino de Cintura que demarcan las fracturas y los contrastes históricos. Desde la “cuestión capital” por la que la provincia de Buenos Aires cedió —en 1880— su territorio para que se erigiera el centro administrativo federal, la ciudad continuó un ciclo de expansión demográfica que comenzó a estabilizarse en 1938 para alcanzar el número aproximado actual de 4 millones de personas. Es a partir de esa década que el Gran Buenos Aires, entendido como continuo urbano, comenzó a absorber no sólo la expansión metropolitana sino parte de la migración de un “interior” expoliado que sin duda alguna aportó al desarrollo opulento de una ciudad ensimismada que se transformaba en la única posibilidad de sustentación de vida y que, en medio de la crisis del 30, dio nacimiento a lo que desde los '50 se conoció como la villa miseria.

 

 

De villas, tomas de tierra y barrios cerrados

Los años 60-70 inauguraron con los procesos cívico-militares una nueva linealidad eufemística para entender la problemática de las villas:

• congelar (prohibir nuevas ocupaciones);
• desalentar (romper la organización social);
• erradicar (demolición y eliminación).

Desde el '76 pasaron del eufemismo a la acción para lograr su objetivo higienista previo al Mundial de fútbol. Se calcula que entre 1976 y 1978 fueron expulsadas de la metrópoli a las villas del Gran Buenos Aires más de 120.000 personas. La nueva ley provincial 8912/77 de ordenamiento territorial y uso de suelo (todavía vigente), que tuvo como efecto la imposibilidad de nuevos loteos destinados a la población de bajos ingresos (sólo se autorizaban los de tierras provistas de infraestructura), y la Ley de Descongelamiento de Alquileres, que reinstaló leoninos valores de mercado, complicaron aún más el panorama. Azuzadas por sectores de la sociedad civil, las políticas del proceso militar avanzaron en una transformación radical de la sociedad, que interrumpió un ciclo de sustitución de importaciones e impuso un modelo en el que el mercado apareció como principio constitutivo de la organización social. Las leyes de mercado serán, en adelante, las leyes fundamentales que regularán todas las relaciones sociales.

En este panorama, a mediados de 1981 se produce la primera toma de tierra en el Conurbano. Cravino la distingue de la ocupación urbana de villas (acciones sucesivas individuales y ausencia de cuadrícula) por presentar un proceso colectivo y planificación previa, otorgando a los espacios ocupados un trazo regular y la previsión de usos comunitarios. Las ocupaciones de tierra representaron, en su comienzo, acciones políticas de ejercicio de derechos sobre la base de la construcción de espacios urbanos, la negociación privada (compra de terrenos de bajo valor de mercado) o la interpelación estatal para su inclusión en políticas habitacionales.

Como contrapartida, el deterioro ambiental metropolitano, las dificultades para el desplazamiento interno, los procesos de gentrificación, el redireccionamiento financiero hacia modos del american way of life y el aumento del miedo al crimen violento, han impulsado —durante los '90 y las primeras décadas del siglo XXI— transformaciones que siguen patrones espaciales llamados “enclaves fortificados”. Se trata de espacializaciones que reafirman la segregación social y reinstalan una fuerte disputa por espacios periféricos que históricamente venían ocupando los sectores populares, obligándolos a competir con las elites, en medio de una crisis pandémica y una batalla simbólica caracterizada por la falta de empatía social y un creciente fascismo societario oculto tras las miradas periodísticas.

 

 

Imágenes de Guernica

De las muchas tomas de tierras que actualmente existen en la provincia de Buenos Aires, la de Guernica ha cobrado una mayor repercusión. La orden de desalojo hace que los operadores mediáticos se relaman con la posibilidad de un nuevo Indoamericano. Propios y ajenos han arribado a un consenso de condena de ilegalidad para una acción política que hace cuatro décadas viene representando la única posibilidad de acceso al suelo urbano, por parte de sectores expulsados del mercado. Estas acciones políticas parecen ser las únicas instancias que traen a la discusión pública cómo se está construyendo la segregación de una ciudad que agota sus recursos en manos de un mercado y una clase pudiente:

• ¿Qué hay en discusión con la toma de Guernica?;
• ¿Acaso sea la demostración palpable de la supervivencia del más fuerte?;
• ¿La forma en que deberán dirimirse, de aquí en más, dos modelos de construcción urbana?;
• ¿Es sustentable la vida cuando en un mismo espacio agotable, 100 familias ocuparán una parcela frente a una laguna artificial que podrían ocupar dignamente unas 2.000?;
• ¿Es posible plantear desde el Estado políticas que entiendan la comunicación por internet, cable o telefonía celular como un bien social sobre el que se aplican regulaciones de precios y el suelo urbano —condición posible para que eso exista— no lo tenga?

 

 

 

 

El punto 7 del petitorio que sintetizó la asonada policial fue, por razones obvias, el menos difundido. Allí, como parte de un emergente social empobrecido (aunque desclasado), los y las agentes policiales reclamaban, justamente, el acceso a la vivienda. Las decisiones políticas que desactivaron el conflicto policial y pusieron sobre la mesa la opulencia y la escasez con que se ha construido el país reflejaron un interesante comienzo, luego contradicho con las declaraciones sobre las tomas de tierra:

• ¿No contornean acaso ciertas formas del reclamo policial los mismos bordes de “ilegalidad” ahora atribuidos a la ocupación de tierras?;
• ¿No es ese reclamo el mismo que divide dos formas de construcción de ciudad?

La política necesita abandonar la doble vara moral y la falsa idea de que las grietas son posibles de saldar. No existe tal cosa, sino un clivaje político que merece respeto y atención. Quizá sea hora de que la promesa presidencial de que todes podamos vivir en el lugar donde nacimos sea una realidad que enfrente los consensos y las batallas simbólicas, por ahora perdidas.

 

 

 

* Militante del CIAJ, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica

 

 

 

 

 

 

 

 

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