LA UNIÓN Y LA FUERZA

 

El rol de disciplinamiento social a través de la coerción y la violencia que cumplen las fuerzas de seguridad no ha impedido que numerosos actores consideren la sindicalización de sus integrantes como posible barrera de contención a estallidos con aparente contenido laboral, como los ocurridos esta semana. Sin embargo, vale la pena examinar la experiencia de países que siguieron esa ruta y otorgaron a su personal policial la capacidad de organizarse gremialmente. El de Estados Unidos es un caso testigo. Más de 140 sindicatos y varias federaciones representan los intereses laborales de los cerca de 800.000 agentes de policía del país. La Orden Fraternal de Policía, el mayor sindicato a nivel nacional, contiene a más de un tercio de ellos.

Aunque las organizaciones policiales de asistencia mutua existen desde principios del siglo XX, recién en los primeros años de la década de 1960 se reconoció a las fuerzas de seguridad el derecho a la agremiación y se consignó al personal policial como “trabajadores de servicios de protección”. Desde entonces, los sindicatos policiales emprenden negociaciones colectivas y funcionan como cualquier otro sindicato. La organización gremial significó un avance en materia de salarios, pero el cuento no termina allí.

De acuerdo a una investigación académica de la Universidad de Chicago, realizada sobre el caso particular del estado de Florida, la sindicalización policial se tradujo en un aumento del 40% en casos de violencia institucional.

 

 

 

 

Cláusulas de impunidad

Mientras que la tasa de sindicalización se redujo a la mitad a nivel nacional desde principios de 1980, en el caso de los gremios policiales, aumenta cada año. Menos del 12% de todos los trabajadores norteamericanos están sindicalizados. Los policías representan el 33% de los trabajadores organizados del sector público, por arriba del segundo oficio más organizado, el de los maestros. El mayor factor detrás del crecimiento, de acuerdo a los especialistas, es que sindicalizarse constituye una especie de “póliza de seguro” para un policía. Una que garantiza su impunidad y lo protege de las consecuencias de sus actos. Es su propia versión distorsionada de la conciencia de clase.

Un estudio de la Universidad de Oxford de 2018 concluyó que los convenios colectivos de las policías están directamente relacionados a los abusos de la fuerza contra ciudadanos.

 

 

 

 

Es que los gremios policiales no se limitan a discutir salario y condiciones: además defienden agresivamente los derechos de sus miembros investigados por violencia institucional y corrupción. Es parte de la negociación con la patronal, especialmente en momentos de crisis financiera en los que las ciudades y los estados ven limitada su capacidad de conceder aumentos significativos. Los gremios entonces resignan mejoras salariales, que canjean por la instauración de este tipo de protección en sus convenios colectivos de trabajo.

De acuerdo a un reporte de Reuters, la mayoría de los convenios policiales incluyen cláusulas que aseguran la remoción automática de sanciones disciplinarias de los legajos de sus miembros, transcurridos determinados plazos. Este tipo de disposiciones dificultan la separación de agentes con historia de abusos y violencia. Además, muchos convenios también establecen límites de tiempo sumamente cortos para que un ciudadano pueda presentar denuncias por abusos o mal desempeño contra un agente de policía, o restringen la posibilidad de denunciar anónimamente. El creciente control de la policía sobre su propia disciplina se perfila como un factor de peligro agazapado para la democracia y la administración de justicia. Las consecuencias del abuso de la negociación colectiva se miden en cadáveres. Aún así, el 53% de los policías estadounidenses cree que los procesos disciplinarios de sus departamentos “no son justos” con ellos.

Además de su papel hacia la fuerza, los sindicatos son actores de peso en el plano político. Su poder de lobby les permitió impedir y desarmar con efectividad numerosas iniciativas civiles de seguridad democrática. Los sindicatos policiales son uno de los grupos más activos en la oposición a reformas de justicia y seguridad, particularmente a aquellas atinentes a la racionalidad en el uso de la fuerza y la represión. Para los sindicalistas de azul, la solidaridad se expresa en los esfuerzos por acallar todo movimiento que demande mayor transparencia, incluyendo el sabotaje de iniciativas de control y supervisión civil.

 

 

 

 

Los sindicatos policiales son históricamente instituciones de raíz conservadora, muchas veces involucradas en movimientos políticos de ultraderecha. La Unión de Asociaciones Policiales, por ejemplo, apoya y financia la reelección de Donald Trump. Un controvertido dirigente gremial, Bob Kroll, es el orador predilecto del Presidente, y estrella invitada en algunos de sus actos. Kroll comanda el gremio en Minneapolis, la ciudad donde un oficial de policía asesinó a George Floyd en mayo de este año.

 

 

Azul y negro

Luego del asesinato de George Floyd, la sociedad norteamericana se volcó a las calles para protestar la violencia policial. Parte de la reacción al crimen devino en el reconocimiento de cómo los sindicatos policiales contribuyen al odio racial. Al respecto, es clave considerar la composición de sus dirigencias. De acuerdo al análisis del sitio web The Marshall Project, incluso en los distritos donde la composición demográfica de los departamentos de policía es mayoritariamente afroamericana, los líderes gremiales son blancos. Pero el problema no está solo arriba: de acuerdo a un relevamiento, el 92% de los policías blancos cree que en Estados Unidos no hay injusticia racial, y el 67% de todos los oficiales, que los crímenes y abusos policiales contra ciudadanos negros son “incidentes aislados”.

La última ola de estos “incidentes aislados” se convirtió en un caballito de batalla para los gremios policiales. Unos días después de que fiscales de Minneapolis imputaron al oficial que mató a George Floyd, Bob Kroll denunció al gobierno local por "perseguir a los policías" y amenazó con medidas de fuerza. Algo similar había ocurrido en Nueva York en 2014, 2015 y 2019 a partir de otros casos. Paradójicamente, durante la retención de tareas propiciada por el sindicato de policías en 2014, se observó una baja en los índices criminales de la ciudad.

Recientemente, gremialistas policiales no dudaron en calificar como “terroristas” a quienes protestaban contra los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, incluyendo a diferentes agrupamientos obreros que formaron parte de las manifestaciones.

Como respuesta al rol de la policía en los últimos meses, el movimiento #BlackLivesMatter y varios sindicatos norteamericanos pidieron a la AFL-CIO, la confederación de trabajadores más grande de Estados Unidos, la expulsión de los sindicatos policiales de su seno. Gremios de distintos oficios señalaron, en resumidas cuentas, que es imposible convivir en una central obrera con aquellos que se felicitan por reprimirlos.

 

 

Blues local

Aunque hay pleno consenso sobre la necesidad de mejorar los ingresos y las condiciones de trabajo de los policías, su sindicalización continúa siendo un punto crítico en la discusión social en nuestro país. Aunque ninguna norma la prohíbe, de acuerdo a la regulación de la OIT es necesaria la autorización explícita del Estado para permitirla. La Argentina continúa reservándose la dispensa. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este criterio en abril de 2017 y se pronunció en contra de la sindicalización de la policía bonaerense. Algunos especialistas, como el actual Ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, abogan por agremiar a los policías, con ciertos límites al derecho a huelga, considerando que hacerlo “podría contribuir a la democratización” de los cuerpos de seguridad. Otras voces postulan que la sindicalización puede tener efectos negativos para la sociedad, especialmente en una que aún tiene muy frescas las experiencias autoritarias de las fuerzas al poder.

Aunque los sindicatos policiales no estén autorizados, es impreciso decir que hoy los policías argentinos no están organizados. En la mayoría de las provincias operan diferentes asociaciones profesionales que bregan por sus intereses corporativos. Conducidas en gran parte por policías exonerados y jubilados, estas asociaciones "civiles" llevan adelante una agenda de reclamos y son, de cierta manera, interlocutores de los diferentes Ministerios de Seguridad provinciales. Elevan petitorios, organizan propuestas y nuclean y contienen a muchos policías en actividad y a sus familias en iniciativas de acción social. Cumplen, en algunos aspectos, el rol social de un sindicato. Sin embargo, también están vinculadas a la defensa a ultranza de los policías del gatillo fácil y en varias provincias, a la de sus miembros acusados de crímenes de lesa humanidad.

 

 

 

 

Discutir alternativas a la sindicalización que permitan la convivencia democrática con las policías en su conformación actual es una de las tantas deudas en cuestiones de seguridad en nuestro país.

Mientras tanto, en materia de relaciones con el movimiento obrero, las fuerzas de seguridad continúan cumpliendo en todo el mundo un rol no muy diferente al que representaron el 1° de mayo de 1886, cuando comenzó una huelga motorizada por anarquistas en Estados Unidos. Los “mártires de Chicago” fueron ejecutados por enfrentarse a la feroz represión policial a la revuelta obrera. En muchos países, los trabajadores conmemoramos este hito celebrando el Día Internacional del Trabajador. La policía estaba del otro lado.

 

 

 

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