LA DEUDA DEL PRESUPUESTO PROPIO

 

Los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) no sólo rememoran con asombro el  programa financiero acordado (e incluso redactado) por la administración de Mauricio Macri, sino que también empiezan a dejar algunas críticas por escrito.

Se sabe que el Presidente Donald Trump fue clave para que el organismo supranacional destinara el 60 por ciento de su cartera a la Argentina, recursos que sirvieron para sostener el programa económico de la Alianza Cambiemos, incluida la fenomenal fuga de capitales. Menos difundidos hasta ahora son los memos internos donde los propios técnicos del Fondo explicitan las “presiones norteamericanas” para que se concretaran los desembolsos que ahora deberán refinanciarse antes de mayo del año próximo.

Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI y pieza clave en la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera, suele comentar entre sus interlocutores el contenido de esos documentos.

Dentro del Palacio de Hacienda hacen una cuenta rápida, quizás algo envalentonados por el acuerdo anunciado el pasado lunes. A los 66.000 millones de dólares de vencimientos reprogramados con los bonistas bajo legislación extranjera, ya le suman otros posibles 42.000 millones de vencimientos de títulos bajo legislación local (canje que cierra el 15 de septiembre y que tendrá una adhesión superior al 98 por ciento según anunció Economía al cierre del viernes), sumados a los 44.000 millones del Fondo.

“En menos de un año nos sacamos una soga del cuello por 150.000 millones de dólares. Ahora falta lo más difícil: consolidar un mercado de capitales en pesos y que haya inversiones en moneda local que rindan más que comprar dólares”, explican en Economía.

Con el acuerdo del 99 por ciento de la deuda en dólares bajo legislación extranjera consumado, el equipo económico ya está enfocado en finalizar el proyecto del Presupuesto 2021 que será presentado el 15 de septiembre. Martín Guzmán, que será de la partida de las comisiones legislativas, ya adelantó que se proyecta un déficit fiscal del 4,5 por ciento, lo que indica que el Estado seguirá inyectando recursos, con eje en un programa de obras públicas federal y fondos para la reactivación industrial. La pregunta es si ese déficit será suficiente para contrarrestar una probable caída de casi 10 puntos del PBI para este año.

De todas maneras, el camino hacia 2021 no será sencillo. La Argentina le ganó una pulseada al mercado, no a los bancos locales (que igual suelen ganar mucho dinero) sino a quienes manejan el dólar blue, el contado con liqui y la Bolsa de Comercio. Son los que apostaron al default e insinuaron desde sus vocerías —algunos medios de comunicación hegemónicos porteños— que Guzmán no lograría ningún acuerdo con los bonistas. Y perdieron. “Son los mismos que ahora fogonean la crisis política, pandemia de por medio. Trabajan para el Fondo sin que les paguen”, explica a este Cohete un funcionario del gobierno nacional.

 

 

Una piedra menos

El mismo día en que se logró sellar el acuerdo con los bonistas más duros, incluido BlackRock, el gobierno nacional anunció el relanzamiento del Procrear; y a los dos días, el inicio de un plan de obras públicas en diferentes provincias por 22.000 millones de pesos. Pudo haber sido una coincidencia pero el dinero que no habrá que desembolsar en el corto plazo por la reestructuración en el esquema de vencimientos (un ahorro de 37.000 millones de dólares) podrá volcarse al presupuesto.

Un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) afirmó que la quita total conseguida representa 250,9 millones de prestaciones IFE, 148,8 millones de jubilaciones mínimas, 762,1 millones de AUH y 19.307 hospitales modulares de emergencia.

Al ahorro de 37.000 millones de dólares hay que sumarle una baja de la tasa de interés del 7 al 3,07 por ciento. Y un dato no menor: la reducción en el pago de comisiones para los agentes colocadores de la deuda. El artículo 4 de la ley 27.544 (Sostenibilidad de la Deuda Pública bajo legislación extranjera), promulgada el 12 de febrero, estableció “el pago de comisiones en condiciones de mercado, las que en ningún caso podrán superar el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado, acorde a las especificaciones técnicas particulares que determine la autoridad de aplicación”.

No es algo que debería pasar desapercibido, teniendo en cuenta que durante el macrismo no sólo se multiplicó la deuda del 53 por ciento del PBI al 90 por ciento, sino que sus funcionarios hicieron negocios con ella.

 

 

Intereses cruzados

En enero de 2016, Santiago Bausili, ex subsecretario de financiamiento, seguía en su puesto del Deutsche Bank, pero así y todo mantuvo reuniones en Nueva York con inversores en bonos argentinos, abogados, el representante de la Corte de Nueva York y la Task Force Argentina (la fuerza de choque comandada por Nicola Stock, ex titular del Banco Central italiano) con el objetivo de allanar el camino para el pago al contado de los Fondos Buitres.

Para marzo de ese año, Macri enviaba al Congreso el proyecto para iniciar el ciclo de endeudamiento por 12.500 millones de dólares. Uno de los agentes colocadores de ese negocio fue el Deutsche Bank. Bausili tampoco se privó de comprar títulos públicos.

El ex ministro de Finanzas, Luis Caputo, también fue de la partida. La consultora Axis, de la que fue gerente de Fondos Comunes de Inversión (2011-2015), mantenía un vínculo con el Deutsche Bank, donde también trabajó por doce años (1996-2012).

La maniobra fue tan evidente que antes de dejar el gobierno, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, emitió un dictamen donde quedaba clara la violación a la ley de ética pública por parte de Bausili. Pero se olvidó de elevar ese dictamen al juzgado de Sebastián Casanello, que tenía desde 2016 el expediente 2752 “Singer Paul y otros s/ traición con sometimiento (art. 215 inc.1) y otros”. Con Caputo ni se metió.

La situación cambió con la nueva gestión en la OA, que el 2 de septiembre volvió a enviar un informe al juzgado de Casanello con una ampliación de la información sobre el accionar de Caputo.

“Respecto a la relación de AXIS S.G.F.C.I. con DEUTSCHE BANK, se pudo precisar que se trató de una relación contractual entre dos empresas separadas en sus patrimonios y en su conducción, unidas por un interés común en captar ahorros del público inversor, razón por la cual dicho vínculo se halla sometido a las regulaciones del mercado de capitales”, se lee en el documento de la OA, que además sugiere profundizar la pesquisa sobre el triángulo Caputo-Axis-Deutsche Bank en el marco de la causa penal.

Casanello ya comenzó a estudiar el nuevo informe para avanzar con el posible llamado a indagatoria de ambos ex funcionarios.

 

 

 

 

 

Desde el Fondo

“Pudimos hablar con la directora ejecutiva del Fondo (Kristalina Georgieva) y le recordé lo que hicimos con Néstor (Kirchner). Le dije: 'Nosotros vamos a cumplir con ustedes, pero déjeme que los hagamos a nuestro modo'. Lo que no vamos a hacer es pedirle a nuestra gente más sacrificio. Lo que necesitamos es crecer, producir, generar reservas y después pagar”. Alberto Fernández puso sobre la mesa, durante el anuncio sobre el cierre del canje bajo legislación extranjera, la negociación que se viene con el FMI.

“El Fondo no quiere quedar en evidencia que le prestó dinero a un irresponsable (Macri)”, vaticinó un funcionario a este periodista. ¿Esto quiere decir que el acuerdo será sencillo? Obviamente no. Pero tampoco imposible.

“Si Argentina lograra un híbrido entre un stand-by a corto plazo y las líneas de más largo plazo que suelen tener un mayor condicionamiento político, se despejarían los problemas de financiamiento. En algún punto, el FMI tendrá que asumir algo de responsabilidad por el programa que firmaron con Macri”, explicó a este Cohete el economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, Sergio Chouza.

Por eso no es raro que Kristalina Georgieva aparezca como la principal aliada de la Argentina frente a las posibles presiones de Estados Unidos. Dentro del esquema de poder en el directorio del Fondo, el representante de Alemania entiende la situación local, mientras que Holanda, por ejemplo, podría mostrarse más ríspida ante un acuerdo; desde allí se compraron muchos bonos y perdieron dinero ante el default técnico que dejó el macrismo.

“El FMI te va a pedir números que cierren con los instrumentos que decís que vas a usar, que pueden incluir acuerdos de precios y salarios, renegociaciones de la deuda, derechos a las exportaciones u otras medidas heterodoxas. Lo que no va a querer es que fijes un dólar muy barato que fomente la fuga de capitales y lleve a otra crisis”, agregó otro economista con asiento en Washington que supo transitar las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

La mención al dólar y una posible devaluación no es un dato menor. “No está en mis planes (devaluar)”, respondió Fernández durante una entrevista con la señal de noticias TN, uno de los canales por donde suelen pulular quienes subscribían el inminente default. ¿Los agroexportadores y los industriales de la UIA opinarán igual?

 

 

Recuperación

Para los festejos del día de la industria, Alberto Fernández eligió a la UIA. En provincia de Buenos Aires también estuvo la pata bonaerense de la patronal fabril pero además hubo una presencia protagónica de las pymes, sector (o sectores) con los que Axel Kicillof viene sentándose desde febrero.

 

 

 

 

“Alberto eligió como motor a la UIA”, sintetiza un empresario pyme en diálogo con El Cohete. Un poco por preferencia, quizás pensando en la “salida exportadora”, y otro poco –reflexiona– por la gran atomización (y sellos de goma) que hay en el mundo pyme. Un hecho auspicioso podría ser que la CGE (heredera de los planteos de Gelbard) esté en proceso de regularización institucional ante la IGJ.

Como punto de equilibrio, ese mismo día el gobierno nacional anunció medidas para el desarrollo industrial con financiamiento específico para pymes por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo por más de 450 millones de pesos y un sistema de banca de desarrollo para potenciar la inversión privada; una aproximación al contenido que tendrá el proyecto del Presupuesto 2021, próximo a presentarse en la Cámara de Diputados.

Desde Economía sostienen que la Ley de Leyes estará preparada como “un virtual plan de gobierno, con metas concretas y asequibles”. Es decir sin la contabilidad creativa del macrismo, donde sus ex ministros de Economía (Prat Gay, Dujovne y Lacunza) hablaban del equilibrio fiscal pero a costa de liquidar el Estado, contar como ingresos ordinarios algunos extraordinarios como la venta de dos centrales térmicas, o subejecutar partidas en áreas claves. A excepción del área de transporte, por ejemplo, donde Guillermo Dietrich tuvo libertad para distribuir recursos.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, los proyectos de inversión de la cartera que conducía Dietrich tuvieron el año pasado un incremento del 12 por ciento; el resto de las jurisdicciones, con números negativos, a excepción del Ministerio de Defensa.

“Lo relevante será el cambio de enfoque sobre la función del gasto público en relación al gobierno anterior. Venimos de una gestión que aplicó recortes sensibles en el gasto y no generaron el alivio inflacionario pretendido, todo lo contrario. Los dichos de Guzmán de un déficit del 4,5 por ciento van en sentido correcto. El déficit, como política fiscal, debe ser relativo a las necesidades productivas y sociales del país”, reflexionó Ana Rameri, economista e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) del que forma parte Claudio Lozano, director del Banco Nación. Y agregó: “Para el año que viene se proyecta una recuperación del 5 por ciento cuando este año perderemos 10 por ciento y orillaremos el 50 por ciento de pobreza. Es muy difícil pensar que en este marco de recesión, un shock de demanda genere por sí sola inflación. En todo caso, la discusión pasa por cuál es el déficit necesario para reactivar la economía”.

El nuevo Presupuesto también debería contemplar acciones para las 5,4 millones de personas con trabajos informales o desempleadas que quedaron expuestas en la estadística estatal a partir de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (dentro de un universo total de 8,8 millones de personas).

En relación a las provincias, la clave presupuestaria pasará por las obras públicas, no sólo por ser un año electoral sino porque hacen falta. El planificado ajuste del período 2016-2019 incluyó un recorte de la inversión pública, sumado a que muchas provincias fueron empujadas a tomar deuda en dólares. Por eso otro de los ejes será “alinear la reestructuración de deudas de las provincias con las directrices fijadas por Economía”.

Entre 2016 y 2018 las provincias de Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Jujuy, Río Negro, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitieron títulos por 12.336 millones de dólares, a un plazo promedio de 8,2 años. Durante los últimos tres meses, once de esas catorce jurisdicciones iniciaron un proceso para avanzar en el canje de su deuda.

La provincia de Buenos Aires es el mayor deudor internacional de todo el país, superando en 4 veces a Córdoba y CABA. La ex gobernadora María Eugenia Vidal dejó un esquema de pagos de capital “fuertemente concentrados en el corto plazo, con el 93 por ciento de su deuda total (10.245 millones de dólares) con vencimientos en los próximos cuatro años”, según el análisis de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) que conduce Mercedes Marcó del Pont, ahora de licencia por ocupar la titularidad de la AFIP.

Las provincias y les gobernadores serán claves en los debates por venir en el Congreso.

 

 

 

Perspectiva de Género

El Presupuesto 2021 tendrá una fuerte perspectiva de género, transversal a todos los ministerios. Si bien en la anterior gestión también se trabajó el tema desde lo presupuestario, el tema cobró impulso desde la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta. Cuando ingrese el proyecto en Diputados, será la oportunidad para presentar el programa interministerial elaborado entre Economía, Jefatura de Gabinete y el MMGD, para extender y consolidar las políticas públicas con perspectiva de género.

 

 

 

 

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