BASILEA

 

Esta segunda ciudad de importancia en Suiza, por el nivel de su actividad económica, cultural y poblacional, ha otorgado el nombre al actual régimen regulatorio financiero que se ha impuesto como normativa estandarizada en la mayoría de los países. Países desarrollados, países periféricos de desarrollo medio, países pobres, han adoptado las normas de Basilea para la regulación de sus sistemas financieros. Estas frecuentemente reciben la calificación valorativa de “mejores prácticas bancarias”.

La obsesión por unificar la regulación bancaria surgió de la expansión de grandes bancos internacionales que apabullaron a las economías nacionales con su establecimiento en ellas, provocando que su regulación haya pasado a ser interés de los centros financieros a nivel mundial. Por supuesto, no sólo interesaba la regulación para que la expansión de la banca transnacional se produjera, sino también para favorecerla. En principio las normas  de Basilea acompañaron con su despliegue el momento de mayor hegemonía del neoliberalismo a nivel mundial, que fueron los años inmediatamente subsiguientes al Consenso de Washington. Todo su esquema normativo está basado en la concepción que las tasas de interés libres y la asignación mercantil del crédito son la base de la eficiencia económica, y que su plena vigencia iban a permitir la mejor disposición de los factores productivos en beneficio del desarrollo económico. O sea que la normativa que conjugaba con la liberalización financiera apuntaba a un esquema regulatorio que cuidara la solvencia y liquidez de las entidades sobre la base de una gestión económicamente desregulada de la actividad financiera.

El axioma que presidía la regulación bancaria era “la suma de entidades solventes construye un sistema financiero con la misma virtud”. Una traducción de la salud del todo como suma de la de las partes. Sin embargo el sistema económico es un dispositivo complejo que no abarca solamente entidades, sino también personas con sus conductas, empresas con expectativas, y en el caso del capitalismo, ciclos económicos que responden a la ausencia de una regulación directa del proceso económico por parte del Estado.

La particularidad del surgimiento del régimen de Basilea es la ausencia en su diseño de la idea de la existencia del crédito como una herramienta sustancial que el Estado utiliza para el desarrollo. Los propulsores de la liberalización económica pregonaban que los problemas del desarrollo provenían justamente de esas intervenciones y que se habrían de solucionar con la plena dominancia de lo mercantil como mecanismo económico que proveería la felicidad de los pueblos y las naciones.

Así que Basilea es el régimen de regulación de los bancos en el paradigma de instituciones financieras movilizadas por el lucro, ajenas a cumplir un rol de servicio público. El riesgo constituye el motor de la actividad para ese esquema normativo, el intercambio entre riesgo-mayor ganancia y seguridad-ausencia de beneficios significativos es el leit-motiv de su música monótona. Lo que interesa en este régimen de control de las entidades son los aspectos valorativos de las conductas de las entidades financieras, en función de su apetito por el riesgo y la ganancia.

El requerimiento de capital exigido a las entidades está en relación con los activos de su cartera, adquiriendo un peso determinante el patrimonio del tomador de crédito. Los deudores con mayor patrimonio le significan a las entidades una menor obligación de capital a constituir para otorgar esos créditos. En cambio los préstamos concedidos a pequeñas y medianas empresas exigen un capital mayor. El régimen regulatorio tiene una tendencia a prestarle a sectores concentrados y con actividades tradicionales, y poca proclividad a hacerlo a pequeños y medianos emprendedores con ideas nuevas de proyectos productivos. Prestándole a los poderosos tienen menos pesos que reservar como capital respecto del crédito otorgado, con lo cual se estimula el racionamiento de crédito al empresariado surgente. No importa la calidad de los proyectos, si crean empleo o no y si desarrollan sectores que proveen divisas a un país con restricción externa. Lo que importa es la garantía. Así los bancos pasan a ser prestamistas desinteresados por la evaluación del crédito en función de la diversificación productiva y la posibilidad de estimular nuevos procesos económicos.

Las entidades financieras eligen a los grandes propietarios como tomadores para aumentar su apalancamiento (crédito/capital), lo que les permite aumentar las ganancias sobre el patrimonio que arriesgan. Estas regulaciones que exaltan la lógica exclusiva del lucro han sido impuestas a la Banca Pública como si las entidades que la integran fueran iguales a las demás, perjudicando –y hasta disolviendo— el importante papel para la economía nacional que motivó su creación

El otro axioma del régimen regulatorio es que la economía tiende al equilibrio, que las euforias y depresiones del ánimo inversor no son parte del proceso económico, y por lo tanto se despreocupan de los ciclos económicos. Sin embargo, los autores heterodoxos comprobaron que en los momentos de expansión, el optimismo respecto de los negocios excede la realidad de los acontecimientos y las entidades desbordan lo aconsejable en los riesgos que toman, inversamente ocurre en la etapa de depresión. Esto afecta tanto a la solvencia (fortaleza patrimonial) del sistema, como a la liquidez (disposición financiera de los bancos para afrontar las volatilidades –cambios bruscos— del corto plazo). Estas cuestiones no son solucionables por la calidad de administración de las entidades, sino que requieren de políticas del Banco Central que tiendan a mitigarlas.

 

 

Desapercibida en los sótanos

En la Argentina del presente se vuelve a hablar de desarrollo. Del papel del Estado en la economía. Del crédito como instrumento del Estado para diversificar adecuadamente la actividad productiva. Del préstamo bancario para el fomento de regiones atrasadas. Del manejo de la tasa de interés como elemento fundamental en la asignación del crédito a sectores elegidos. No han faltado artículos de distintos autores en elogiar la reforma de la carta orgánica del Banco Central realizada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont, secundada por Miguel Pesce. Sin embargo, en la carta de intención firmada por Cambiemos con el FMI se comprometía el regreso a una Ley del BCRA de carácter neoliberal. Es una de las cuestiones a resistir, sin margen para concesión alguna, en las negociaciones a iniciarse con ese organismo, en la renegociación de la deuda que ahora comienza.

Pero también en las ágoras de discursos populares se reclama e insiste en la imprescindible sustitución de la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Sin embargo, la modificación del régimen de regulación y control de las entidades financieras no aparece en la superficie. Concretamente el tema del abandono del paradigma de Basilea no figura en agenda. Siempre algo bueno dejan los dispositivos que se despliegan en regulaciones. Seguramente hay algunas cosas que conservar, por ejemplo la previsión del riesgo de tasa de interés por el descalce (diferencia) entre el plazo de los depósitos y el de los créditos.

Pero en el régimen de Basilea hay un paradigma nocivo para el sistema financiero que impregna la globalidad de este tipo de normativa. En principio es excluyente de la inclusión financiera. Por ejemplo, la economía popular queda fuera del sistema financiero por razones de tamaño de las actividades, del volumen de capital que tienen sus agentes, y del carácter clasista de la cultura de los sistemas financieros ( “los bancos deben dar crédito a los sectores populares”). Por eso, estos son arrojados a la usura, por ejemplo los horticultores familiares y las cooperativas de trabajo, o a los vericuetos indirectos que dentro del sistema les reservan un lugar marginal – y si es preferible, oculto.

Las economías son diferentes y las culturas nacionales también. El régimen de los países sajones desarrollados ha intentado extender los mercados de capitales sin intermediación financiera (las bolsas, los títulos de deuda colocados por empresas, etc.) que han impulsado la financiarización. El  resultado es reducir la capacidad del Estado para regular las finanzas. El reemplazo de los créditos tradicionales bancarios por la titulización de la deuda pública, ha sido una manera más de aumentar la dependencia de los países periféricos, porque pierden capacidad de negociación con sus acreedores.

En cuanto a la regulación, cada Estado debería encontrar las mejores formas de normativizar su sistema de crédito. Aquellas que sean favorables al desarrollo nacional y al bienestar popular. Hoy no sólo se impone la defensa de la Carta Orgánica, sino que hay que modificar la Ley de Entidades Financieras. Pero no son sólo estas dos reivindicaciones que se han convertido en un clásico. Lo más difícil será sustituir a Basilea por una forma regulatoria distinta, que genere otros estímulos. Es indispensable y urgente acometer esa transformación porque la forma de regulación no sólo tiene que ver con la solvencia y la liquidez, sino que determina un papel de la banca. Hoy el régimen de Basilea genera costos innecesarios a los bancos nacionales, se gasta dinero en medir riesgos reputacionales a bancos que no los tienen, en cambiar los sistemas de calificación de cartera crediticia sin que esté probado que el nuevo y “moderno” que se implementa tiene ventajas sobre el anterior, en medir riesgos estratégicos de entidades que no los tienen, en hacerlo con riesgos operacionales de difícil establecimiento. Tantos costos adicionales amplían el spread bancario, encarecen los créditos y sobredimensionan la asignación de recursos al sistema financiero.

Se han continuado incorporando sistemas de autoevaluación por parte de las entidades financieras respecto a la suficiencia de su capital económico y otros indicadores clave, siendo débiles sus capacidades para diseñarlos y aún más insuficientes las aptitudes de merituar la calidad de esas autoevaluaciones, y analizar las metodologías utilizadas por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras.

Las calificadoras de riesgo, desprestigiadas y sesgadas políticamente, siguen jugando un rol importante dentro de las regulaciones bancarias. Ello parece increíble e inaceptable, luego del pésimo papel que jugaron durante la crisis de 2008, de la que fueron responsables y en cierta medida causantes. Resulta ajeno a cualquier criterio objetivo que calificadoras de riesgo evalúen a corporaciones que las contratan y les pagan un canon para calificarlas. Lo que se parece mucho más a un estímulo económico que a un pago por un servicio hecho de manera calificada. Las estructuras corporativas institucionalizadas internacionales son más poderosas que las que traban las vidas nacionales. Véanse las finanzas: FMI-Banco Mundial-Comité de Basilea-grandes bancos internacionales-fondos institucionales-Fondos Buitres-calificadoras de riesgo-securitizadoras de créditos-intermediarios en las refinanciaciones de deuda pública. Vaya trama.

 

 

El Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras 

Basilea resulta tan difícil de quitar como régimen regulatorio nacional porque su método le es requerido a la banca transnacional por sus reguladores de origen y sus casas centrales. Entonces, el Banco Central argentino debe soportar las ineficiencias y costos de aplicar una regulación que es un engendro para su grado de desarrollo actual y equivocada en términos de su visión sobre el sistema financiero. Pero por otra parte, lleva al ente rector de las finanzas a estar articulado con un sistema de bancos centrales independientes a nivel mundial. Al respecto dicen Guillermo Wierzba, Estela del Pino Suárez, Romina Kupelian y Rodrigo López en el documento de trabajo n°22 del CEFID-AR La regulación financiera. Basilea II, la crisis y los desafíos para un cambio de paradigma (noviembre, 2008) que “en rigor, el concepto de autonomía del Banco Central es parte de un dispositivo normativo consustanciado con el paradigma liberalizador y estructurado sobre una concepción asentada en una mínima intervención estatal en el proceso económico. Ha sido responsable, a nivel global, de una mayor facilitación de situaciones de “captura del ente” por las entidades más poderosas y de la conformación a nivel internacional de una burocracia financiera que, a veces, ha sido más afín a los postulados del Comité de Basilea que a las políticas de los gobiernos de los países en los que actuaban las instituciones en que ésta participaba".

La captura del ente es la problemática que Basilea ha introducido en los distintos países. El funcionariado financiero adquirió una autonomía respecto de la conducción política, sintiéndose parte de un régimen internacional que rige las políticas monetarias y financieras por encima de las decisiones de los gobiernos populares. Estos estilos de conducta han sido conducidos desde el FMI y desde el Comité de Basilea, a cuyos lugares de conducción y premiación han volcado sus esfuerzos ex presidentes del Banco Central como Prat Gay, Redrado y Sturzenegger, a tal punto que el primero intentó hacer negociaciones por su cuenta respecto de la deuda externa y el segundo se parapetó en la Presidencia del Banco Central resistiendo medidas resueltas por los gobernantes elegidos por el pueblo en función de pagar la deuda sin ajustar los bolsillos populares. Pero el gran iniciador de la aplicación del régimen fue Domingo Cavallo, porque la aplicación de las regulaciones de Basilea nació con la economía de la convertibilidad.

Sin embargo, cuando los gobiernos populares llegaron al poder han podido tomar mejor control de esa política monetaria y financiera, pero silentemente la Superintendencia de Entidades Financieras (que funciona dentro del Banco Central) ha continuado implementando o manteniendo las ya incrustadas regulaciones prudenciales que insistentemente incurren en la ineficacia, la inutilidad y el daño a las buenas finanzas. También impiden y/o obstaculizan el establecimiento de regulaciones crediticias y financieras de carácter nacional y productivas.

Tal vez el último desendeudamiento que el actual gobierno asumió como clave de su política, se corresponda con la incursión en el desarmado del amordazamiento del crédito para el desarrollo. Hoy que la Argentina vuelve a hablar y encarar estos temas, sería una tarea esencial poner fin a Basilea como régimen regulatorio del sistema financiero.

 

 

 

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