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El gobierno nacional parece haber acentuado el volumen de sus respuestas a la crisis económica y social y estar dispuesto a disputar el centro de la escena política a una oposición a la que le cuesta mostrar algún tipo de faceta democrática.

El honroso cierre de las tratativas con los acreedores privados externos, el lanzamiento de importantes planes de apoyo a la construcción, la industria y el agro, el impulso a la reforma de fuero federal, el envío de la contribución de las grandes fortunas, la declaración de Internet, la televisión por cable paga y la telefonía celular y fija como servicios públicos esenciales, la conformación de una empresa estatal para la gestión de la importante hidrovía del Paraná, muestran un mayor vigor en las políticas públicas y dan una señal clara, al menos para las mayorías, sobre adónde apuntan los esfuerzos de la actual administración.

Es el comienzo de un largo camino. Se abre ahora una etapa de dura negociación con el FMI, mientras que no está puesto bajo control el grave problema de la pandemia en el corto plazo. Luego de la aparición de la vacuna, veremos aflorar una creciente conflictividad social, que ya se está preanunciando.

Ninguna de estos problemas es en sí mismo irresoluble, si se contara con un arco político en el que primara la responsabilidad ciudadana y un criterio básico de convivencia republicana.

Pero el problema político central del momento reside en la existencia de un tipo de oposición comunicacional y partidaria dedicada al boicot y la esterilización política del gobierno democráticamente electo, lo que dificulta abordar con mayor celeridad la resolución de las cuestiones más gravosas para la sociedad.

 

 

¿Es previsible el resultado de la negociación con el FMI?

La salida de Christine Lagarde y la posterior irrupción de la pandemia han producido una serie de cambios en el FMI. Lo importante es entender el sentido y la relevancia de esos movimientos.

La nueva titular del organismo, Kristalina Georgieva, ha señalado tres ámbitos de acción estratégica del organismo que representa:

1. crecimiento inclusivo: ayudar a los países a promover una cultura de solidaridad;
2. integración: fomentar una globalización de esperanza; y
3. acción por el clima: cuidar de nuestra casa común.

No es el lenguaje tecnocrático habitual del FMI, que hoy parece preocupado por articular un discurso atractivo, hegemónico, que los centros de poder globales han dejado de ofrecer. En el terreno concreto de las recomendaciones económicas, ha permitido –e incluso auspiciado— desde que la pandemia impactó en la macroeconomía mundial, que se violaran las reglas sagradas con las cuales ha atormentado durante las últimas décadas a todos los países que cayeron bajo sus condicionalidades: austeridad fiscal, disciplina monetaria, salarios bajos para sostener la “competitividad”, liberalizaciones cambiarias, reformas estructurales a favor de las corporaciones, etc.

Es en este contexto que la Argentina necesita negociar en el corto plazo con el organismo para despejar el horizonte cercano de fuertes vencimientos de capital e intereses que restrinjan nuestra posibilidad de crecer. Recordemos que los 44.100 millones de dólares otorgados por el FMI al macrismo para que ganara las elecciones y/o solventara la fuga de capitales, vencen en casi su totalidad entre 2021 y 2023, y resultan impagables para nuestro país.

Dentro del menú de opciones tradicionales que ofrece el FMI, los más compatibles con las necesidades actuales del país son los Programas de Facilidades Extendidas, que son de más largo plazo, pero que incluyen habitualmente mayores condicionalidades, tanto para el manejo de la política de corto plazo, como por las “reformas estructurales” a favor del capital global que imponen a los países.

La particular del momento es que el FMI parece haber comprendido la urgencia, aceptando medidas propicias para la contención del desastre económico, evitar el derrumbe del sector productivo, estabilizar los sistemas financieros y avanzar hacia la recuperación promoviendo la expansión de la demanda, y es en este preciso momento que la Argentina tiene que negociar un acuerdo de largo plazo, que conlleva todas las taras de las metas tradicionales del organismo.

Dada la fluidez del escenario internacional, la renovada competencia entre grandes bloques regionales, la incertidumbre sobre el mundo post-pandémico, puede ser que se abra una posibilidad de negociar –al menos en el corto plazo— condiciones que no aten severamente al país a acuerdos que refuercen las características de una economía subdesarrollada sin perspectivas de progreso. El antecedente de la inteligente y digna negociación llevada a cargo por el gobierno nacional y su ministro Martín Guzmán con los bonistas, nos da garantías de que los negociadores locales no serán una escribanía del FMI.

Hará falta, necesariamente, una amplia acción diplomática internacional para incidir sobre los niveles políticos de decisión en el Fondo. Argumentos no faltarán, ya que los 44.100 millones adeudados fueron otorgados acumulando un conjunto enorme de irregularidades, observadas y constatadas por órganos internos del FMI, que fueron utilizadas para otros objetivos distintos a los establecidos, y que debido a las declaraciones del ex representante norteamericano en el organismo, Mauricio Claver-Carone, se ha sabido con precisión que tuvieron un claro objetivo de incidir en la política argentina favoreciendo al candidato favorito de Trump, lo que diverge absolutamente de la misión específica del organismo.

 

 

Hechos y no palabras

En las dos últimas semanas se ha presenciado el lanzamiento de paquetes de ayuda productiva muy importantes, y muy bien direccionados, tanto para la industria como para el agro. Lo que parece distinguir los actuales paquetes, en relación a otras experiencias del pasado, es que trascienden la idea de ser “salvavidas de emergencia”, exclusivamente diseñados para atender los incendios de la coyuntura. Las medidas que se empiezan a ver revelan un diagnóstico subyacente en el sentido de atacar problemas productivos concretos, atender también a problemas de desempleo estructural, incluyendo incentivos orientados a determinados actores para que se vaya reforzando un mejor perfil macroeconómico y productivo. Aparecen políticas públicas que apuntan a incidir sobre la estructura productiva, modelando un país con más producción y mejor perfil comercial externo.

Pero mientras tanto, siguen los problemas del pasado, vinculados a la vieja estructura y a las prácticas sociales que se le asocian. Sigue la danza cambiaria, poniendo presión sobre el dólar marginal, a pesar de que el gobierno está desmontando las causas objetivas que podrían determinar una explosión cambiaria. El acuerdo alcanzado con los bonistas es un dato objetivo. Quedaron sin acordar con acreedores externos sólo 637 millones de dólares. Cabe recordar que cuando el macrismo realizó el gigantesco pago a los Fondos Buitre a comienzos de 2016, ni siquiera resolvió todos los conflictos pendientes con acreedores externos, quedando en situación conflictiva nada menos que 1.200 millones de dólares. Dicho sea de paso, el actual gobierno nacional pagó por todo el trámite de renegociación de la deuda con bonistas sólo un quinto de las comisiones que pagó en su momento el gobierno macrista para reendeudar al país.

Lo que todavía no se han roto son las expectativas construidas en torno a una eventual devaluación, con su consiguiente beneficio para quienes tienen dólares o los consiguen vía comercio exterior. Concretamente, hoy faltan liquidar unos 13.000 millones de dólares del campo, cuyos actores parecieran estar a la expectativa de un salto cambiario. Si parte de ese dinero ingresara al circuito económico, se eliminaría la tensión cambiaria y podríamos empezar a discutir temas relevantes para el desarrollo nacional. Siempre es malo para la economía que un sector muy reducido concentre un importante grado de influencia sobre una palanca económica clave, utilizándola exclusivamente en su propio beneficio, desacompasado de una estrategia de conjunto.

El gobierno, prudentemente, no ha dejado al dólar oficial estático, lo que hubiera acumulado presiones cambiarias aún mayores, y viene trabajando con un esquema de crawling peg, de pequeñas devaluaciones que acompañan en cierto grado el movimiento de los precios. Hoy una devaluación no se justificaría por una supuesta necesidad de volver más competitiva la producción nacional, sino que respondería una demanda de una fracción que quisiera aumentar su rentabilidad a costa del bienestar del resto de la sociedad.

 

 

Los efectos políticos del conflicto distributivo

Se abre una etapa de conflicto distributivo, que exigirá enormes capacidades de negociación por parte del Estado, y por supuesto una básica predisposición reparadora. Por supuesto que no estamos frente a una problemática sencilla, dadas las tensiones sociales que convergerán sobre el presupuesto público en todos los niveles. Vale la pena observar algunos ejemplos de lo que ya está ocurriendo.

Luego del exitoso lanzamiento del satélite SAOCOM 1B, luego de los logros en cuanto a investigaciones y producción local de insumos por la pandemia, todavía parece que en la sociedad, o en sus sectores dirigentes, no se termina de comprender la importancia estratégica de la investigación y el desarrollo nacional de ciencia y tecnología. Por ejemplo: los ingresos del personal del CONICET han sufrido una caída, desde la finalización de la gestión de Cristina Kirchner hasta la actualidad, de casi el 50% en términos reales. La contracción salarial refleja las dos desgracias recientes, el gobierno de Cambiemos y el impacto contractivo del Covid-19. Si bien se han dado señales positivas desde el gobierno, es necesario establecer un sendero claro de recomposición salarial para garantizar que las capacidades humanas que se vienen construyendo laboriosamente no se pierdan en los infortunios de la coyuntura.

Dicho sea de paso, el satélite recientemente lanzado tendrá una serie de funciones utilísimas, varias de ellas relacionadas con la mejora de la producción agropecuaria. El costo del satélite fue completamente sufragado por el conjunto del pueblo a través del sistema impositivo regresivo con el que contamos. Los beneficios de la utilización del satélite al servicio de la producción, serán en parte apropiados por el sector agropecuario privado. Sería bueno un reconocimiento del sector sobre esta realidad que no es nueva, ya que desde los comienzos del INTA, en 1956, el sector público ha volcado ingentes esfuerzos para modernizar y tecnificar la estructura agropecuaria nacional. Y es más importante este reconocimiento hoy, cuando es necesario que se reduzcan las resistencias de los sectores propietarios a contribuir impositivamente a la viabilidad económica y social de la Argentina.

Lo mismo ocurre con la situación de todo el personal sanitario, que está sosteniendo un esfuerzo heroico contra la banalidad de parte de la sociedad. Esfuerzo que debería ser valorado no sólo con aplausos en los barrios a las 21 horas, sino con remuneraciones adecuadas a los invalorables servicios que le prestan a la sociedad y con la provisión de equipamientos imprescindibles para protegerlos en la mayor medida posible.

El problema distributivo ya se está presentando tanto en el sector público como en el privado. Hay, por ejemplo, un severo conflicto en la fábrica de tubos sin costura de Tenaris, empresa perteneciente al grupo Rocca. Ante los despidos de personal de una empresa tercerizada, se constituyó un bloqueo en la puerta de la planta, que tiene el respaldo de la Unión Obrera Metalúrgica. La empresa muestra una actitud agresiva e intransigente incluso frente al sindicato y los delegados. Por supuesto que conflictos de esta índole surgirán, y deberán ser resueltos protegiendo los derechos de los trabajadores, y asistiendo a las empresas cuando corresponda.

La inteligencia con la que se manejen estos y otros conflictos es sustancial, dado el tipo de oposición destructiva que estamos presenciando. Evitar conflictos prolongados y desgastantes es fundamental para fortalecer las tendencias democráticas en nuestro país. La gobernabilidad, que la derecha local quiere socavar, no se puede desvincular del disputado escenario regional en el cual Estados Unidos y la Unión Europea parecen decididos a apoyar a cualquier gobierno –sin importar sus credenciales democráticas— a condición de que actúe en provecho de sus propias corporaciones.

 

 

Boicotear para ganar

El comportamiento de la derecha local muestra con transparencia sus intenciones. Originalmente pensamos que su objetivo era frenar específicamente toda reforma progresista que pudiera surgir desde el gobierno del Frente de Todos, atendiendo al mandato del capital concentrado local y externo.

Pero el perfil que está adquiriendo el gobierno encabezado por Alberto Fernández ha generado una profunda inquietud en la oposición de derecha, que la está llevando a una actitud más radicalizada.

Mientras desde la gestión el gobierno empieza a poner en marcha acciones concretas que apuntan a mejorar considerablemente las condiciones de vida de las mayorías, desde la comunicación y el vínculo político, Alberto Fernández frustra todas las fantasías y delirios sembrados entre la población en cuanto a “ser Venezuela”, a las expropiaciones generalizadas, a los ataques a la libertad y demás supercherías que se lanzan constantemente desde la maquinaria mediática neoliberal.

Proyectando positivamente ambas líneas de acción, es decir, una gestión económica-social que logre resultados palpables y una ostensible actitud respetuosa y dialoguista con todos los sectores, no es difícil imaginar un escenario en 2021 en el cual una fracción –menor— del público que votó a Macri debido el miedo que le generó la eficiente publicidad aterrorizadora de Juntos por el Cambio, pueda migrar en las urnas hacia el gobierno.

¿Qué pasaría si sólo un 5% del electorado, que votó bajo el chantaje psicológico de que “se viene el chavismo expropiador”, abandonara la neblina ideológica y valorara positivamente los esfuerzos y logros del gobierno de Alberto Fernández, y volcara su voto hacia el Frente de Todos?

La cuenta electoral es sencilla: 48% de los votos obtenidos en 2019 + 5% de ciudadanos que votan sin miedo= 53% de los votos. Macrismo: 40% de los votos menos 5%= 35%. Con esos resultados, el gobierno podría mejorar el año próximo su representación parlamentaria y agilizar más el despacho de medidas que consoliden un país más inclusivo y pujante. Además, esos resultados reflejarían con menor grado de distorsión la representatividad de intereses de los espacios políticos en disputa. Alguien, con razón, podría decir que seguramente habrá gente desilusionada con el gobierno. Pero debería considerar al mismo tiempo que, en la medida que se conozcan públicamente los delitos cometidos por el gobierno macrista, también habrá ciertos desgranamientos en ese espacio.

Es probable que este mismo cálculo haya sido hecho por las expresiones más retrógradas de la derecha local, que ante esa perspectiva buscan directamente que el gobierno no pueda gobernar, que todo esté trabado, que le vaya mal. Es lo que muestran con sus acciones en estas semanas. No pueden tolerar la consolidación de un gobierno que refleje los intereses de las mayorías.

Mirado desde una perspectiva internacional, los logros de un gobierno popular en la Argentina serán sin duda un fuerte estímulo para quienes luchan en toda la región para sacarse de encima la asfixiante realidad que promueve el neoliberalismo latinoamericano.

No a otra cosa se refería la Directora Gerente del FMI, Georgieva, cuando en febrero de este año, señaló: “No resultan sorprendentes los resultados de una reciente encuesta global, en la que más de la mitad de los participantes afirman que el capitalismo causa más perjuicios que beneficios”. Seguramente, en América Latina, los resultados de esa encuesta son aún más contundentes.

 

 

 

 

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