La securitización del acceso al habitat

 

El 27 de agosto, en la nota Conflicto en el sur. Toma de Tierras en El Bolsón: quién es quién entre las 140 familias que ocuparon una Reserva Forestal,  fui acusado de "alimentar el fuego" de la ocupación de 60 hectáreas en El Bolsón: “Acá se repiten los actores del caso Maldonado, los hermanos kirchneristas Seguí (Mariano, Gonzalo y Pablo, cercanos al kirchnerismo), también está el abogado Fernando Kosovsky (representante de distintas comunidades mapuches), gente de izquierda, anarquistas, no hay que rascar mucho”, escribió Claudio Andrade, quien atribuye esa frase tan mal escrita a un anónimo "empresario local". Solicité derecho a réplica sobre esa información falsa, que no fue previamente chequeada conmigo y que me agraviaba moralmente.

Ese día me llovió una catarata de mensajes de clientes de mi estudio jurídico situado en dicha ciudad rionegrina, de compañeras/os, familiares, amigas/os, colegas, compañeras/os de la Asociación de Abogadas/os de Derechos Indígena y hasta funcionarios con quienes tengo trato por mi labor profesional, preguntándome por la mención a mi persona que el autor realiza aludiendo a una fuente anónima.

Ese día y en los días siguientes, me contactaron varias personas y organizaciones que, sin tener participación alguna, también aparecían mencionados por Andrade como partícipes en la toma de tierras, entre ellos la Comunidad Mapuche Lof Follil de Mallín Ahogado, la Asociación de productores de El Bolsón o la Asociación Civil Sin fines de Lucro Al Margen, un colectivo que trabaja con las personas más vulnerables de Bariloche.

 

 

Pro Criminalización

Premiado en 2018 por FOPEA en la categoría “periodismo de investigación” por el caso Maldonado, Andrade debería saber que no fui actor, profesional ni político en dicho caso.

Sí, en cambio, quedaron expuestos los vínculos entre las actividades ilegales de los servicios de inteligencia que, sin una investigación ni orden judicial, fueron la fuente para la imputación judicial de hechos contra personas indígenas y contra militantes del No a la Mina en Esquel, así como vecinas/os que apoyaban los derechos de los pueblos indígenas en la provincia del Chubut.

Tiempo más tarde, veríamos esas mismas fuentes nutriendo las publicaciones periodísticas a favor de la criminalización del conflicto. Por aquel entonces, mi intervención en el caso Maldonado como militante por los derechos humanos y a favor de la vigencia de los derechos de pueblos indígenas, fue exhortar a las autoridades provinciales y nacionales responsables de la represión a los indígenas en Leleque, que cesaran de criminalizar el conflicto y que dieran una salida pacífica, dialogada y no represiva para encausar las demandas territoriales mapuche.

Si hubiera indagado en serio, debería tener por poco probable que un abogado que denunció públicamente a las mafias de tierras en Río Negro y que las documentó en decenas de presentaciones ante la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Fiscales (2012-2015), que expuso en sesiones públicas de la Legislatura provincial esos negociados y que patrocinó denuncias, incluso penalmente, a los entonces Ministros y Directores como autores de fraudes a la legislación de tierras fiscales y de protección de los derechos indígenas, pueda ser "actor”en una toma de tierras en una reserva forestal.

¡Y justo en El Bolsón! Donde ese mismo abogado ha patrocinado a la Asamblea del Agua y la Tierra en el amparo ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que frenó los intentos de turbios negocios inmobiliarios millonarios que iban a destruir los humedales del Mallín Ahogado y donde, como parte de la Asamblea Vecinal del Paraje Las Golondrinas, en Lago Puelo, colectivamente se aportó el conocimiento científico, técnico y jurídico en un juicio ante la Cámara Civil de Esquel para conservar sin obras ni impactos ni fraccionamientos en los mallines del Cerro Piltriquitrón, demostrando que los humedales aportan la mitad del agua a Lago Puelo y que sostienen el suelo y el bosque de esa bellísima localidad del límite norte chubutense y sur rionegrino. En ese proceso se emitió una orden de remoción y demolición de las construcciones ilegalmente instaladas en esos humedales. Este abogado también participó en la redacción de un proyecto de ordenanza, sancionada en 2015 con un amplio consenso social, que prohíbe fraccionar, realizar obras, caminos, construcciones y cualquier otra afectación en el área vulnerable que, gracias a la militancia vecinal, quedó ambientalmente protegida en 2015.

Flojito desconocer semejantes antecedentes, a tiro de búsqueda en Google, para desechar  la hipótesis del “empresario local”.

Lo cierto es que, antes de su publicación, Andrade no chequeó conmigo ni con las personas ni organizaciones que menciona, si tuvieron conocimiento o algún tipo de vínculo con la Toma en la Reserva de El Bolsón.

Promocionando su abolengo familiar racista de piel blanca como escritor, Claudio Antonio Andrade Torres no figura con impuestos activos ni actividades relacionadas en la AFIP. ¿Sólo sus fuentes o también sus fondos serán reservados? Interrogante que me plantearon varios de sus colegas, indicándome que “va por fuera de las reglas del periodismo”. Así le reconocieron su cobertura del caso Maldonado durante una conferencia de prensa durante la campaña 2019 en Neuquén.

 

 

Periodismo independiente de la verdad

La retroalimentación de la inteligencia interna ilegal con las publicaciones de Andrade fueron las constantes durante 2017 que por entonces se denunciaban y que, ahora que se abrieron las cloacas de la democracia, van saliendo a la luz con los escándalos de la AFI macrista.

Cuando se produjo un incendio en una concesionaria de Neuquén, Andrade lo calificó como "ataque extremista mapuche". En el cuerpo de la nota dijo que había un folleto mapuche en el lugar. Pero al día siguiente, la Policía y la Fiscalía de Neuquén lo desmintieron.

Este episodio ilustra el desprecio por la verdad de Andrade, quien sin ninguna evidencia real acusó y atribuyó el hecho a mapuche “radicalizados”, escribiendo que “en el lugar los responsables dejaron un cartel”, hecho desmentido al día siguiente por las fuentes policiales que indicaron que “a 50 metros del predio, en un baldío, la Policía encontró una mochila con un panfleto en el que se reivindica la lucha mapuche”, aclarando que las “fuentes consultadas echan por tierra la versión de un presunto atentado de un grupo extremista mapuche”.

Por Twitter @ClaudioAndrade difundió esa versión falsa, y cuando se le advirtió que sería prudente una rectificación de la misma magnitud que la publicación equivocada, respondió con soberbia: “No retracto Nada. Mi información es buena”, tan fiable como el “empresario local” que tengo mis serias dudas de que exista.

Clarín publicó ahora información tan falsa sobre participación mapuche tal como lo hizo el periodista con el panfleto del 2017: no hay ninguna evidencia de la participación de la Comunidad Mapuche Lof Follil ni de ninguna otra organización del pueblo mapuche. Tampoco la hay del Colectivo Al Margen de Bariloche, cuyos referentes me confirmaron que nada tienen que ver con el caso mencionado por Andrade. También me han referido vecinos de Mallín Ahogado que en la nota de Andrade aparecen imágenes del frente de sus chacras que nada tienen que ver —ni están en la zona de la toma de tierras— sin su autorización.

 

 

Carrera Pro represión

Mientras avanzan lentamente las demandas para la investigación de esos despojos territoriales de grandes grupos económicos y del Estado en la zona de Bariloche impulsados por comunidades mapuche, el Estado nacional anunció —sin fecha por ahora— que el INAI retomará los relevamientos de los territorios indígenas.

No obstante ello, en la práctica, la provincia de Río Negro mantiene una posición irreductible contra los pueblos indígenas, sin un diálogo democrático y sin respetar la participación indígena que les corresponde en el control de sus territorios y la gestión de sus recursos.

Meras gestualidades o declaraciones vacuas que no se traducen en políticas de respeto, concreción ni ampliación de derechos. Como lo venimos denunciando en El Cohete, en su jurisdicción, la provincia de Río Negro facilita transferencias ilegítimas e ilegales de territorios indígenas a favor de terratenientes, obstaculiza el ejercicio de los derechos de los indígenas contra quienes litiga cada reclamo que realizan. Por eso, ni el ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck ni la gobernadora Arabela Carreras —ni sus antecesores— pueden mostrar un título de propiedad comunitaria otorgado a favor de una comunidad mapuche en Río Negro.

Por eso, no llama la atención que Carreras haya encabezado el pedido de que, en las tierras bajo jurisdicción nacional, haya mayores controles a los mapuche a través de las agencias que ejercen poder de policía y con facultades de intervenir en la seguridad interior —Parques Nacionales y gendarmería—, poniendo condiciones al diálogo intercultural que vienen reclamando los Pueblos, desconociéndolos como tales y subordinándolos al control y vigilancia estatal, sin reconocer a ninguna entidad ni autoridades tradicionales indígenas, imponiéndoles una subalternidad en la que sólo importa hablar de la violencia y de los métodos de control social, en una agenda que tensa y va en un sentido opuesto a la que viene promoviendo el actual gobierno nacional.

El CELS denunció que “estos espacios son boicoteados por actores políticos que buscan desgastar y deslegitimar esta vía del diálogo. La agenda que subyace a estos pronunciamientos es el regreso a la política de violencia estatal, criminalización y construcción de enemigos internos”.

El derecho penal es la última ratio, el último recurso a utilizar sólo cuando se agotaron las instancias políticas y fracasaron las demás ramas del derecho. La securitización del acceso a la tierra, al territorio y a la vivienda renueva el sometimiento, la dominación colonial, la negación y el vínculo clientelar que hace décadas Río Negro mantiene con los indígenas, como contracara de la ausencia de políticas públicas y a la renuncia a abordar los conflictos por vías democráticas, pacíficas, interculturales y respetuosas de los derechos humanos.

 

 

 

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