Vicentin, Sociedad Apócrifa por Malas Acciones

 

Existe un denominador común entre Vicentin y muchas sociedades agroexportadoras: la confección de todo un complejo entramado contable y operativo para ocultar el origen de los granos que compran/venden o eludir al fisco vía las operaciones cruzadas entre sociedades de un mismo grupo, algunas radicadas en países de baja tributación, o simplemente bajo el esquema de los precios de transferencia. Saben cómo moverse en la opacidad.

Una anécdota. Vicentin contaba con tres plantas que operaban juntas dentro del mismo Puerto: Oleaginosa San Lorenzo, Renova y Vicentin. Las tres compartían predio y silos; no se sabía a qué empresa correspondían los granos almacenados. La maniobra había sido prohibida por la ONCCA porque cada planta debía tener bien delimitado el ingreso y egreso de camiones, como también cada uno de sus silos. Cuando el Estado nacional intervino, ese esquema operativo seguía intacto.

“De esta manera es imposible controlar la titularidad precisa de los granos”, confesó a El Cohete una de las personas que pudo observar de cerca todos los movimientos de Vicentin.

Una segunda anécdota: cuando los interventores estaban realizando el primer arqueo de la caja fuerte, encontraron 6 millones de pesos y 350.000 dólares. Pero no todo era de la sociedad anónima Vicentin. El tesorero les fue indicando cuánto era de Algodonera Avellaneda, Buyanor, Río del Norte, Oleaginosa San Lorenzo y Emulgrain.

La “confusión patrimonial” —como lo definió la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), donde un mismo software contable manejaba 33 sociedades— resultó funcional al esquema de vaciamiento denunciado (a raíz del desfalco al Banco Nación) y la posible evasión fiscal a través del uso de facturas apócrifas, una operatoria que supone la confluencia de productores que venden en negro, contadores que arreglan los papeles, prestanombres y el beneficiario final de toda la maniobra, Vicentin.

 

 

Reintegros

La AFIP denunció el pasado 21 de agosto a la cerealera por la posible evasión de 110 millones de pesos por operaciones registradas entre 2016 y 2019 a través de sociedades truchas, para luego solicitar el reintegro de un IVA que nunca ingresó al fisco. La causa está radicada en el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Alurralde y el fiscal Roberto Salum.

Ante denuncias de este estilo, las exportadoras suelen argumentar que la responsabilidad –una vez que se destapa la olla de la evasión– es de quien les vendió el grano. Pero la clave está en la sistematicidad. Es decir, una empresa trucha podría engañarte una vez pero no cinco decenas. Del total de 54 sociedades truchas detectadas por AFIP, 8 de ellas generaron el 60 por ciento de los reintegros solicitados por Vicentin. Sabían lo que hacían.

En Córdoba hay dos causas penales testigo, en proceso de juicio oral, que detallan las enormes estructuras detrás del comercio ilegal de granos donde el primer eslabón es un productor que vende en negro y el último, las exportadoras. La estafa al fisco suele ser doble: la primera venta que se hace sin pagar IVA y luego una exportadora que reclama el reintegro de un impuesto que nunca ingresó a las arcas públicas.

El denominador común que describe a las empresas APOC vinculadas al sector agropecuario es que son sociedades que no poseen ni plantas de acopio de granos, ni cuentan con la capacidad económica ni financiera que pueda justificar el origen de la mercadería. La maniobra tiende a esconder al primer eslabón de la cadena, que es un productor que vende el grano sin registrar la operación.

Muchas veces, las cerealeras arguyen desconocer el origen ilegal de toda la maniobra (se ubican como convidados de piedra); quienes investigan estas maniobran coinciden en afirmar que cuando la relación entre una exportadora y una empresa apócrifa es sistemática, es porque los distintos eslabones sabían lo que estaban haciendo. Y si en el medio actuó una empresa legal (que generalmente forma parte de la misma estructura pensada para evadir), en las cartas de porte que reciben debería estar consignado, con precisión, de dónde salió exactamente ese grano. Las exportadoras no deberían desconocer el origen de la mercadería.

No es la primera vez que Vicentin opera de manera directa con empresas fantasma. En el Juzgado Federal de Villa María (Córdoba) ya fue elevada a juicio oral una causa que investigó una asociación ilícita con productores que vendían en negro, empresas apócrifas, sociedades dedicadas a blanquear el grano y su posterior entrega a las exportadoras (Cuello, Fernando, Paulus, Natalia de los Ángeles, Ceva, Rubén Rodolfo; Expte. N° FCB62000069/2008). También había todo un sistema de transporte de camiones involucrados. La AFIP determinó que la organización había realizado operaciones por 1.700 millones de pesos.

En la elevación a juicio oral consta que la organización de Cuello –que incluía al concejal de la UCR de Río Tercero Rubén Beltrame— compraba el grano de manera ilegal a través de un robusto número de sociedades apócrifas y que luego se utilizaban otras dos sociedades “legales” para blanquear la operatoria (FG Cereales SA y Cercal SRL). La fiscal María Marta Schianni sostuvo que la mayoría de las cartas de porte de las empresas blanqueadoras tenían por destino Vicentin, y en menor medida Bunge y Cargill.

¿Las cerealeras podían desconocer el origen del grano? Es poco probable. Pero hay un dato más. Una de las empresas APOC para simular la compra/venta de granos se llamaba Comercial Río Santiago SRL, incluida en la base de CUIT apócrifos de la AFIP desde junio de 2010. Era una empresa fantasma vinculada a la misma organización. Y Vicentin realizó operaciones directas con ella. Así consta en varios documentos:

 

 

 

Uno de ellos es un contrato entre la empresa fantasma y Vicentin; las firmas estampadas así lo demuestran; el segundo es una carta enviada por un representante de Comercial Río Santiago a la exportadora para rectificar un error en una carta de porte. Ambos documentos surgieron de los múltiples allanamientos realizados en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires; toda la trama de las exportadoras quedó fuera de la pesquisa penal.

Otra cerealera que tenía vinculación directa con la empresa fantasma, según la misma documentación secuestrada, era Alfred C. Toepfer International Argentina (luego ADM AGRO).

 

Sentar a las exportadoras

El pasado 13 de agosto, el fiscal Carlos Gonella (ex titular de la PROCELAC) presentó sus alegatos en otro juicio por venta ilegal de granos a partir de una estructura que incluía el reclutamiento de personas insolventes, empresas y facturas apócrifas, sociedades utilizadas para “blanquear” las operatorias, la entrega posterior a las exportadoras y la utilización de una financiera (de la misma organización) para distribuir el dinero pagado por las cerealeras. La asociación era liderada por Atilio Omar Mengo y la reclutadora de indigentes era María Pía Cardozo, quien en esa época se desempeñaba como funcionaria del área de Saneamiento de Títulos de la Municipalidad de Río Cuarto, durante la gestión del también radical Antonio Rins (2007).

La estafa millonaria al fisco volvía a ser doble: primero por la venta marginal realizada por un productor anónimo y luego por los reintegros solicitados por la exportadora. Ante la sistematicidad de este tipo de operaciones, Gonella  apuntó contra los grandes jugadores del sector:

“Las multinacionales no compran cereal en negro pero saben que se comercializa en negro (en los primeros eslabones). Y también se benefician de ello. Hace rato que vengo pensando en una forma de imputación que nos permita tener sentadas acá a las multinacionales, ultrapoderosas, como Cargill y Bunge. ¿Por qué? Porque tienen un poder fáctico impresionante y son las que inciden en el valor de la divisa y muchas veces son cómplices de los golpes de mercado. ¿Por qué? Por la responsabilidad social que tienen. Saben, y a mi entender deberían ser sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, porque saben que el cereal que compran, en algún punto de la cadena, se comercializa en negro. Ojalá algún día podamos encontrar argumentos para imputar a esas personas porque son las grandes beneficiarias de todo esto”.

El argumento de Gonella quedó chico. Las exportadoras (saben) y compran cereal en negro, como quedó constatado en las maniobras de Vicentin según la denuncia de la AFIP.

 

 

¿Tierra de nadie?

En la campaña 2019 se exportaron 49,5 millones de toneladas de cereales (trigo, maíz, sorgo, cebada), otros 9,4 millones de poroto de soja y 36,5 millones de toneladas de aceites y otros subproductos. Vicentin, junto con Renova, vendieron al exterior aceites por un total de 7,7 millones de toneladas, ubicándose en el puesto número uno del ranking elaborado por el Ministerio de Agricultura.

Del total de exportadoras de aceites, 8 firmas concentraron el 83 por ciento de las ventas (Vicentin, AGD, Oleaginosa Moreno, Bunge, Cargill, Molino Agro, Dreyfus y COFCO). Las empresas y porcentajes se mantienen casi iguales en la venta de cereales. Su poder de lobby lo ejercen desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC). La concentración del sector es clara;  bastante más opaco es lo que sucede al interior de los puertos manejados por las mismas empresas, otra de las herencias de las privatizaciones menemistas.

El ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Horacio Tettamanti, sostiene que el problema de fondo sigue siendo “la legalidad por la cual las multinacionales se hicieron del control del Paraná”. La lupa habría que ponerla ahí. Recuerda, también, la iniciativa –retomada por el senador Jorge Taiana– para la construcción del Canal de Magdalena que permitiría una salida al mar por la costa argentina y no la uruguaya; reasumir la soberanía sobre los puertos y las vías navegables de manera integral; pero —insiste y advierte— la designación de un ex Dreyfus como subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Leonardo Esteban Cabrera Domínguez, no permite un buen pronóstico.

Dentro del Puerto que maneja Vicentin en San Lorenzo funcionan dos plantas (años anteriores fueron tres), con sus silos integrados: los granos propios de la cerealera y la producción de Renova. En épocas de la ONCCA, esa operatoria conjunta fue prohibida ya que cada planta debía estar delimitada, tener una entrada y salida propia de camiones para que fuera más eficiente la identificación del grano que pertenecía a cada empresa. Pero sus dueños reincidieron.

La transferencia de stocks entre empresas (Renova y Vicentin SA) no está prohibida; pero sí debería estar registrada como contratos de compraventa. Tal como están diseñadas las plantas dentro del Puerto –donde prima la confusión patrimonial–, al Estado se le dificulta ejercer su capacidad de control. Si Vicentin metió granos en negro (adquiridos a través de empresas fantasma, por ejemplo), serán difíciles de detectar. A río revuelto.

Al 26 de julio, la sociedad tenía almacenado en su puerto un stock de 184.567 toneladas de maíz, soja y trigo de las campañas 2017 a 2020. La intervención de Vicentin estaba concentrada (hasta la contramarcha gubernamental) en encarar una auditoria para discernir cómo era la operatoria dentro del puerto y analizar en detalle la documentación sobre ingresos y egresos de sus plantas.

 

 

Sortear el laberinto

Vicentin o no Vicentin, el problema es cómo está estructurado el sector exportador (pocos jugadores, gran poder de lobby, opacidad fiscal). Reasumir cierta potestad sobre los puertos podría ser un atajo para salir del laberinto por arriba. ¿De qué manera? Hay quienes proponen establecer un doble control emplazado en la zona secundaria aduanera, con sistemas de pesajes manejados por el Estado que luego deberían cotejarse con las mediciones de las exportadoras antes de la salida de cada barco. “Un doble control, sumado a una mejor trazabilidad de las cartas de porte. El Estado debería tener real conocimiento de los volúmenes que entran y salen de cada puerto”, sostiene el politólogo y despachante de aduana, Fernando Basso.

 

 

 

 

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