OPORTUNIDADES Y RIESGOS

 

El 10 de noviembre de 2019 se producía el golpe de Estado en Bolivia. El proceso que terminó con la destitución del Presidente Evo Morales comenzó tras las elecciones del 20 de octubre. A partir de entonces la violencia opositora y la presión internacional de la derecha fue en aumento. La OEA  jugó un papel determinante al dar a conocer, intencionadamente, el informe preliminar de su auditoría, exigiendo la anulación de las elecciones y la realización de nuevos comicios, sin aportar pruebas concretas. El racista líder cruceño Luis Fernando Camacho, histórico jefe de los grupos paramilitares, se erige como el rostro más visible y radicalizado de la oposición, llama al ejército y la policía a movilizarse en contra del gobierno y le pide la renuncia al Presidente.

Morales anuncia que convocaría a nuevas elecciones nacionales a pesar de no haber datos del presunto fraude, con la intención de bajar la tensión y evitar así un derramamiento de sangre. Sin embargo las Fuerzas Armadas y la Policía le piden la renuncia. Desde la localidad de Chimoré, Morales anuncia finalmente su dimisión después de 13 años en el poder. Posteriormente dos trabajos independientes, originados uno en Estados Unidos por la Universidad de Michigan y otro en Europa por el think tank CEPR —que integran investigadores de distintas universidades y basándose en datos de las actas de los comicios, en documentos oficiales y de organismos como la propia OEA— no sólo confirman el triunfo de Evo Morales, sino que empujan sospechas sobre la premeditación del golpe de Estado y el rol de Luis Almagro. Pero el objetivo de destituir al gobierno popular ya se había materializado.

Pese a la grosera violación al proceso democrático y el impedimento de que Evo Morales pueda ser candidato, el Movimiento al Socialismo aceptó participar en las elecciones que convocara la Presidenta interina Jeanine Añez. Situaciones similares se vienen dando en América Latina. A pesar de la destitución de Dilma Rousseff y la proscripción de Lula, el PT fue a elecciones. Lo mismo pasó con el impedimento a las candidaturas de Manuel Zelaya en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay; en todos los casos sus fuerzas políticas concurrieron a elecciones y perdieron al no poder contar con sus líderes como candidatos. Habrá que ver hasta cuándo el movimiento popular acepta este achicamiento de la democracia promovido por los Estados Unidos y sus aliados locales, que le quita competitividad, favorece a la derecha y distorsiona la voluntad del electorado.

Para agravar las cosas, el gobierno interino que se había comprometido a no tomar más medidas que las que tuvieran que ver con lo electoral, privatizó sectores sensibles de la economía, nombró presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos al principal empresario privado, el multimillonario Richard Botello, concedió ascensos a los militares por decreto cuando es un atributo de la Asamblea Nacional, persiguió y encarceló a dirigentes sociales vinculados al MAS. Toda su gestión estuvo sospechada por corrupta, a tal punto que tuvo que renunciar y terminó preso su Ministro de Salud por la compra con sobreprecios de respiradores.

Además el gobierno de Añez tuvo un muy mal manejo de la lucha contra la pandemia del Covid-19 y la aprovechó para postergar una y otra vez las elecciones. En realidad la derecha más dura, que fue la que dio el golpe de Estado, no quiere que se vote; pretende quedarse en el gobierno hasta desarmar por completo las amplias conquistas y los derechos obtenidos en los 13 años de gobierno de Evo Morales, buscando apropiarse nuevamente de los extraordinarios recursos naturales que tiene Bolivia, como el litio.

Finalmente la movilización, el reclamo de amplios sectores de la población y la presión de algunos países y organismos internacionales, hizo que se pusiera fecha para que las elecciones se realicen el 18 de octubre, que fuera por ley, no sólo por decreto como quería el Tribunal Superior Electoral, y que sean impostergables. A pedido de los movimientos sociales el representante de la ONU y el Parlasur serán garantía de que así sea.

El profundo rechazo a las medidas del gobierno de Añez, las sucesivas postergaciones de las elecciones, la persecución a dirigentes, el desastre sanitario producto de los errores en el combate a la pandemia, el deterioro en la situación económica, hizo que se produjeran fuertes manifestaciones, paros y una huelga que tuvo resultado parcial. El qué hacer ante la fijación de la fecha de las elecciones para el 18 de octubre, ocasionó diferencia entre el MAS y algunos movimientos sociales y la Central Obrera Boliviana. Esa situación generará, posiblemente, una baja en las posibilidades electorales del MAS. Objetivo buscado por la derecha y al que muchas veces conscientes o no, son funcionales los sectores que se dicen de izquierda.

Es muy importante que a pesar de todas las restricciones y las injustas persecuciones, se vote en la fecha fijada. Que no haya proscripciones, ni otra postergación . Y en eso está comprometido el Parlasur. Si así no fuere, Bolivia entrará en un círculo ascendente de violencia que perjudicará la ya grave situación de su pueblo, se desestabilizará la región y el avance del autoritarismo llevará a la democracia en todo el subcontinente americano a una condición de extrema gravedad, dejando un modelo para repetir en otros países, incluido el nuestro. Es así de determinante lo que está en juego en los próximos meses.

 

 

* Presidente del Parlasur

 

 

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