Sustentabilidad de la deuda o del país

 

Dejando de lado las desorbitadas voces de la derecha extrema local, la amplia mayoría del arco político del país ha saludado como positivo el acuerdo anunciado por el Ministro Guzmán con los acreedores privados externos. El oficialismo lo exhibe como un logro; incluso referentes de la oposición “responsable” así lo admiten.

Desoídos los sectores que reclaman la impugnación y el repudio de la deuda; archivadas las promesas electorales sobre una previa revisión democrática de la legitimidad de la misma, el gobierno instaló de facto un escenario construido sobre la premisa de que “no hay otra alternativa que pagar”. En ese marco, las discusiones sobre cuán aceptable/favorable o cuán desventajoso/perjudicial es lo pactado se restringen al exclusivo campo de los flujos y valores financieros: montos del capital, tasas de interés, plazos; en definitiva, pareciera que lo único que importa es cuánto y cuándo vamos a pagar. La cuestión de cómo se van a afrontar los pagos se debate también dentro del reducido ámbito de las variables macroeconómicas. En ese reducto, las posiciones de derecha (ortodoxas) ponen énfasis en la necesidad del superávit fiscal; las que se dicen progresistas o heterodoxas procuran presentar estrategias de pago que no signifiquen (o que minimicen) políticas de ajuste. Unos y otros dan por descontado que los dólares necesarios para afrontar lo comprometido saldrán de un inevitable aumento de las exportaciones.

Desde los tiempos de campaña, el actual Presidente planteó que su estrategia de sustentabilidad de la deuda consistiría en la fórmula de “crecer para pagar”, apostando para ello a un salto exponencial en el volumen de las exportaciones, como supuesta variable clave para que el peso de las “obligaciones externas” no signifique mayores “políticas de ajuste”. Desde “mis principales aliados son los que exportan”, al anuncio de las negociaciones con el gobierno chino para exportar millones de toneladas de carne de cerdo, y la recepción de la Vicepresidenta al flamante Consejo Agroindustrial Argentino, desde la razón progresista se busca instalar un sólido consenso en torno a la idea de que la intensificación de la vieja matriz primario-exportadora de la economía argentina, sería la única vía posible para eludir el ajuste y la más favorable a los intereses populares.

Esa fórmula parece tener un poder alquímico, capaz de diluir todas las contradicciones entre empresarios y sindicalistas, bonistas y deudores, oficialistas y opositores, derechas e izquierdas. Para unos, es la locomotora necesaria para la reactivación del mercado interno, el consumo, el empleo, los salarios; para otros, la clave para la atracción de inversiones y la recuperación de la tasa de ganancias; en fin, la base de los superávits comercial y fiscal requeridos para cobrar sus acreencias. En este plano de urgencias económicas, no hay mucho espacio para preocupaciones ecológicas. En tiempos de emergencia, lo lógico -para los principales actores del sistema— es sacrificar las riquezas naturales de los territorios.

Resulta llamativo que en nombre de la sustentabilidad de la deuda se cree un consenso para la intensificación del extractivismo. Paradójicamente, un término que nació al lenguaje político global como significante de problemáticas ambientales, remite ahora a meros balances y flujos financieros. Los flujos de materiales, como medida de pago del capital ficticio, pasan absolutamente desapercibidos. Como una ironía de la historia (o de la necedad política de los tiempos que vivimos), en nombre del realismo, se impone una lógica sacrificial sobre las fuentes materiales de vida; en nombre de una estrategia-país, se antepone el cortoplacismo de la lógica financiera por sobre la temporalidad de los ciclos geológicos de la materia viviente.

A nuestro entender, la aceptación política de esta fórmula aparece como síntoma de hasta qué punto ha calado el neoliberalismo en el imaginario social.  La naturalización de la lógica financiera como patrón único de valor social es lo que explica que este crecer para pagar no se vea como una contradicción; ni siquiera como problemático para un gobierno que se pretende progresista. Visto en términos de una elemental ecología política, implica un rumbo cuya concreción significará la consumación de un nuevo ciclo de despojo.

 

 

Deuda, geometabolismo del capital y ciclos de despojo

No es una novedad para la ciencia social la asociación entre préstamos internacionales y producción de desigualdades y dependencias entre países. Desde hace ya más de un siglo, los estudios clásicos del imperialismo se ocuparon de identificar la deuda como dispositivo clave de ese engranaje. Entre los análisis de Hobson, Hilferding y Lenin, se destaca especialmente el de Rosa Luxemburgo, cuya clarividencia tiene mucho que aportar a los problemas de nuestros días.

Rosa analiza el papel de la deuda, no como algo aislado ni ocasional, sino como un componente sistémico de la acumulación a escala global. En tanto el capital supone una dinámica autoexpansiva que no reconoce límites, la realización de la plusvalía sólo se logra a costa de una continua expansión geográfica (es decir, ecológica y sociocultural). Las colonias proveen a los centros de acumulación lo que estos empiezan a agotar durante su ‘desarrollo’: mercados para sus manufacturas, nuevas fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo, y nuevas oportunidades de inversión. De allí el carácter indisociable entre colonialismo y capitalismo.

En ese plano, el endeudamiento de países formalmente independientes cumple la misma función que las guerras de conquista. Es decir, no se limita a ser un mecanismo de exacción financiera, ni al poder de tutelaje que los acreedores adquieren sobre las economías deudoras, sino que la deuda opera decisivamente como dispositivo de ampliación de las fronteras de mercantilización: creando nuevas zonas de aprovisionamiento y valorización equivalentes a la invasión de territorios, el saqueo de recursos, la sobreexplotación de poblaciones subalternizadas y la apertura forzada de mercados. Así, la deuda realimenta continuamente los ciclos de despojo, una vez que no son viables los mecanismos tradicionales de la política colonial. En este proceso, más importante que el drenaje del excedente financiero que ocurre a través de los pagos, es el drenaje ecológico, de materia y energía, que fluye desde las economías deudoras a través de sus exportaciones.

Resulta sumamente sugestivo que, al desarrollar estos análisis, Rosa usara como ejemplo la estructura de relaciones económicas entre Inglaterra y Argentina en el siglo XIX. Su análisis devela el fondo de la sujeción imperialista que se realiza a través del crédito. Pues, el retorno del capital metropolitano invertido en créditos, ferrocarriles y puertos, no sólo se dio a través de los flujos financieros de la balanza de pagos, sino principalmente a través de la anexión de la región pampeana como proveedora de alimentos y otras materias primas baratas claves para su industria.

Desde la ecología política, la noción de geometabolismo —que mira el proceso global de acumulación en términos de los flujos materiales y no sólo de los financieros— permite develar la dimensión ecológica del imperialismo subyacente en el comercio mundial. Lejos del mundo idílico supuesto por David Ricardo, el libre comercio no fluye en una geografía plana, sino que tiene lugar a través de una rígida geometría del poder que divide jerárquicamente las regiones de la pura y mera extracción, de aquellas que concentran el procesamiento y consumo diferencial de los recursos. La división internacional del trabajo (y de la naturaleza) opera como una matriz que sedimenta y profundiza los mecanismos sistémicos de apropiación desigual del mundo; de extracción de una plusvalía ecológica.

Así como en el siglo XIX, la experiencia argentina reciente resulta un ejemplo emblemático de estos procesos. La dinámica especulativa y de endeudamiento de los ’90 que desembocó en el colapso de 2001, operó como detonante del boom de las commodities (2003-2013). El fenomenal salto habido de las exportaciones (cuyas divisas permitieron ‘desendeudar’ el país y activar la ‘recuperación’ del mercado interno) significó —en términos geometabólicos— un más que proporcional drenaje ecológico de energía primaria a través de las cuales la geografía argentina subsidió la expansión industrial china. Los millones de dólares de exportaciones ‘ingresados’ durante el período encubrieron, en realidad, millones de toneladas de nutrientes y materias primas estratégicas, literalmente trasvasadas de un territorio a otro. Una vez menguado el boom exportador, el funcionamiento de la economía volvió a depender del endeudamiento. Hoy, la gravosa herencia de la deuda macrista deja al país a disposición de un nuevo ciclo de despojo.

En este contexto, crecer para pagar significa forzar la apertura de una nueva frontera de mercantilización hacia territorios y bienes naturales codiciados por el mercado mundial; concretamente, avanzar con la explotación de Vaca Muerta y el fracking; abrir definitivamente la frontera de la explotación del litio en la Puna argentina; intensificar y ampliar el régimen del agronegocio y de la minería a gran escala a lo largo de la cordillera. La intensificación del extractivismo para pagar las obligaciones externas, cumplirá el cometido del endeudamiento: completar los mecanismos de saqueo financiero con la intensificación de la plusvalía ecológica. No hay quita de la deuda que compense ese nuevo ciclo de despojo.

Una dimensión sustantiva de este problema es la cuestión geopolítica; pues la plusvalía ecológica requiere control territorial. Es un hecho que las cadenas de exportación del país están dominadas por el capital transnacional, en el agronegocio y, ni qué hablar, en la minería y el petróleo. Grandes empresas transnacionales detentan el control tecnológico, comercial, financiero de esos procesos productivos. Al tratarse de economías naturaleza-intensivas, el proceso implica la efectiva ocupación y control de vastas extensiones geográficas. Se configura así una matriz por la que la integridad territorial del país se fragmenta en cuadrículas de mono-explotaciones subordinadas a cadenas de valor global. Mediante la intensificación de las exportaciones, el capital transnacional oligopólico adquiere una decisiva capacidad de disposición sobre fuentes de agua, nutrientes y energía primaria de los territorios ocupados. La contracara de la ocupación territorial es el desplazamiento poblacional. El control del agua, de los nutrientes y la energía es, lisa y llanamente, el control de (las fuentes) de vida; de la vida presente y futura.

 

 

 

Extractivismo: cuestión política; no (sólo) ambiental

Desde sus orígenes, el pensamiento crítico latinoamericano se constituyó como tal a partir de la identificación de los regímenes primario-exportadores como el problema de fondo de las sociedades latinoamericanas. Las críticas no estuvieron dirigidas a sus consecuencias ambientales, sino a sus implicaciones económicas y políticas. Desnudaron la conexión intrínseca entre modelo primario-exportador, concentración de la tierra y poder.

El extractivismo no sólo tiene que ver con economías exportadoras de naturaleza, sino con un patrón oligárquico de apropiación, control y disposición de territorios y poblaciones. Ese fenómeno está en la raíz de la constitución política de nuestras sociedades. América Latina, como entidad geopolítica, nació al Mundo Moderno como la Gran Frontera de mercancías. El saqueo originario de sus tierras y poblaciones fue lo que detonó el Big Bang de la Era del Capital, haciendo posible la acumulación originaria a través del envío de “vastas reservas de trabajo, alimento, energía y materias primas a las fauces de la acumulación global”, como escribió Jason Moore en El auge de la economía-mundo capitalista I.

La historia económica de la Argentina (y de la región) puede verse en términos de ciclos crónicos de auges y depresiones sucedidos al ritmo de la explotación de sus recursos naturales; de endeudamientos y crisis financieras, donde las dimensiones del despojo financiero y del despojo ecológico se fueron retroalimentando en una espiral continua de mercantilización creciente. Esa historia nos debería enseñar que el extractivismo es la dimensión ecológica del imperialismo. Que la producción del subdesarrollo, de las desigualdades sociales y de los autoritarismos hunden sus raíces en el duro suelo del extractivismo.

Desde la época de las carabelas hasta la actual, de grandes empresas transnacionales, el extractivismo opera como vínculo geometabólico que subsume las economías coloniales a los centros de acumulación. Las cadenas geográficas de materias primas que fluyen de Sur a Norte nos atan a un régimen estructural de dependencias y desigualdades ecológicas, económicas y políticas.

En ese escenario, hoy como ayer, crecer para pagar es profundizar la dependencia, ensanchar las brechas de desigualdad, al interior de nuestras sociedades y a nivel global; entre países y regiones; entre cuerpos de distintos colores, géneros y generaciones. Es, en última instancia, amplificar los autoritarismos; degradar las condiciones socioecológicas de la democracia. Porque ningún gobierno de las mayorías puede prosperar allí donde rige un patrón oligárquico de apropiación de la Tierra.

 

 

 

* Investigador Adjunto de Conicet, Equipo de Ecología Política del Sur, CITCA CONICET-UNCA

 

 

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