El alambrado del espionaje

 

El ex director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco quedó formalmente involucrado en el escándalo de espionaje en las cárceles que se desplegó durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez federal Juan Pablo Augé, por pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, ordenó allanar distintas dependencias del SPF, la cárcel de Ezeiza, el domicilio de Blanco y de dos de sus colaboradores que vaciaron la oficina después de que él anunciara su renuncia en mayo pasado. Los fiscales trabajan con la hipótesis que desde las más altas jerarquías del SPF se compartía información con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para espiar a los presos kirchneristas.

Blanco renunció al SPF cuando la causa por el espionaje empezó a tomar envión en los tribunales de Lomas de Zamora. Lo hizo después de una serie de allanamientos a distintas dependencias del SPF ordenados por el primer juez de la causa, Federico Villena. Hasta ahora no había sido allanado él mismo, aunque sí otros funcionarios de menor rango. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llegó el viernes al country Highland Park de Pilar, donde vive. No lo encontraron al momento del allanamiento. A Blanco lo comprometen los testimonios de dos testigos de identidad reservada que contaron en Lomas cómo funcionaba el espionaje, así como una declaración de Alan Ruiz, el ex director de Operaciones Especiales de la AFI, que habló de reuniones entre el director del SPF y los altos mandos de la Agencia.

El viernes, la PSA también fue a los domicilios de dos de sus colaboradores, Carlos Marchese y Fernanda Koser – que también era el enlace del SPF con la Oficina Anticorrupción (OA). Sus nombres surgieron el jueves cuando la fiscal Incardona llegó para allanar la sede de la Dirección Nacional del SPF sobre la calle Lavalle al 2700. Allí recogió información que tanto Marchese como Koser habrían ayudado a Blanco a vaciar su oficina y se habían llevado varias cajas con documentación. Tanto Marchese como Koser siguen siendo personal del SPF.

Una curiosidad del allanamiento del jueves en la sede de la Dirección Nacional del SPF fue que la fiscal no encontró ni siquiera la computadora que había usado Blanco durante su gestión. Las computadoras del promocionado sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) seguían ahí, pero sus antiguos usuarios tuvieron la gentileza de vaciarlas. No dejaron ni una receta de cocina. Ese mismo día, además, se había allanado el departamento de Asuntos Internos que tiene el SPF en la calle Rondeau al 2700 así como la dirección de Análisis de la Información, más conocida como el Área 50, en Varela 266. También fueron hasta el penal de Ezeiza.

 

 

El circuito

La línea sobre el espionaje en las cárceles surgió después de que se encontrara en el teléfono de Leandro Araque, uno de los policías en comisión en la AFI, una planilla con los nombres de distintos presos kirchneristas y un responsable dentro del grupo que comandaba Ruiz. Se supone que ese responsable debía monitorear sus comunicaciones. En el listado, estaban ordenados según la prioridad: había algunos en rojo, otros en verde y otros en amarillo. La AFI usaba el semáforo para marcar interés o  prioridad, como lo hizo con las fichas de los acreditados para cubrir la cumbre del G20 en 2018.

Entre los mencionados en la planilla estaban Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Juan Pablo “Pata” Medina, Fabián de Sousa, Cristóbal López y Julio De Vido entre otros.  También estaba monitoreado el ex jefe del Ejército César Milani, entonces preso por dos causas de crímenes de lesa humanidad. En su caso, el gráfico mencionaba a las visitas y sus vínculos. Todos los presos habían pasado por los pabellones del IRIC, un invento del macrismo para preparar las cárceles para la llegada de los políticos y empresarios kirchneristas y que la actual interventora María Laura Garrigós desactivó poco después de llegar.

 

 

 

 

Según pudo determinar la fiscalía, había un circuito de la información hacia el interior del Servicio Penitenciario que permitía saber qué pasaba en los pabellones.  Primero la Dirección General de Régimen Correccional decidía quién ingresaba al IRIC. Esa dirección recibía informes de la Dirección Principal de Trato y Tratamiento sobre lo que ocurría en los pabellones. La Dirección Principal de Análisis de la Información (o Área 50) – que estaba a cargo de Cristian Suriano --monitoreaba con micrófonos y cámaras qué pasaba al interior del pabellón y la Dirección de Asuntos Internos –que dirigía Miguel Ángel Perrotta – hacía el seguimiento de los propios agentes que operaban dentro del IRIC. La Dirección Nacional, a cargo de Blanco, recibía informes de todas esas áreas y decidía si los remitía a otros organismos – principalmente a la AFI.

Hasta ahora, son seis funcionarios que aparecen vinculados al espionaje en las cárceles federales. Entre ellos están Blanco, Suriano (Análisis de la Información), Perrotta (Asuntos Internos), Fernando Carra (Promoción de Derechos Humanos), Sergio Ducal (chofer de Carra) y Juan Carlos Silveira (Seguridad).

 

 

La pantalla del IRIC

Para los fiscales Incardona y Eyherabide, el SPF montó una estructura para recolectar información, que estaba compuesta por la Dirección Nacional de Blanco, el departamento de Asuntos Internos de Perrotta y la Dirección de Análisis de la Información de Suriano. Esa estructura, además, tenía relación directa con la AFI a través de Ruiz y de Jorge Sáez, el Turco.

“Esta estructura institucional para recolectar información de las personas alojadas en el IRIC (Programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad) fue posible gracias a la creación de programas en apariencia legítimos como el mencionado”, escribieron. “Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines y compartida presumiblemente con la AFI”.

El IRIC se creó en 2016. En una entrevista con Infobae que hizo Fernanda Koser –una de las allanadas – con Fernando Martínez, el director de Régimen Correccional, un año después, se relata que el sistema entró en vigencia con la llegada de los primeros presos K: Jaime, Báez, López, Milani y el “Pata” Medina.

En 2017, el SPF publicó un Manual Anticorrupción – cuya autora es Koser – pero tiene prólogo de Blanco y un texto de presentación de Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad y quien estuvo al frente de las cárceles durante la casi totalidad de la gestión Macri. “La lucha contra la corrupción y los daños que genera es uno de los desafíos primordiales de la agenda política internacional, nacional y, específicamente, penitenciaria, que la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios ha decidido priorizar”, escribió Mahiques.

En ese libro, se cuenta muy brevemente qué es el IRIC. Se explica que es un sistema que se aplica a presos de alto poder adquisitivo, vinculados a la criminalidad organizada o económica o con acceso a personas de alto poder político.

 

 

 

 

 

Los testigos reservados

En la causa hay dos testigos de identidad reservada que relataron cómo funcionaba el espionaje en las cárceles.

El primero de los testigos puso a Carra como una de las figuras centrales del espionaje en el que participaban Suriano, Perrotta y Blanco. Según esta declaración, Carra entraba sin mayores registros a los pabellones para hablar con los presos. Lo hacía junto con su chofer, que los investigadores identificaron como Ducal, a quien el testigo describió como un agente de inteligencia. Carra había intervenido en dos casos resonantes de arrepentidos, según el agente que prestó declaración: el de Leonardo Fariña y el de Oscar Centeno.

De acuerdo con este testigo, había una división de tareas entre Suriano (Área 50) y Perrotta (Asuntos Internos). Suriano se ocupaba de monitorear todo lo que salía de las cámaras y micrófonos instalados en los pabellones; Perrotta infiltraba a agentes que cumplían con la función de celador.

Perrotta tenía su oficina en la calle Rondeau. Suriano en el segundo piso de Varela 266. Allí, según este testimonio, había dos televisores de 50 pulgadas que monitoreaban las cámaras instaladas en los pabellones C y D del Módulo 6 de Ezeiza. En el centro de monitoreo, había cuatro agentes.

El segundo testigo habló del control sobre Mario Segovia, conocido como el Rey de la efedrina. Las escuchas y las grabaciones a Segovia se iniciaron por una denuncia del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y fueron la excusa para escuchar a los presos kirchneristas.  De Segovia debían registrar si dormía, a qué hora se levantaba, si comía o con quién hablaba. Lo mismo con el Pata Medina. En esos casos, debían indicar desde qué teléfono hablaban y cuándo comenzaba la llamada y cuándo terminaba. Si escuchaban algo relevante, debían volcarlo en un Word y entregárselo en un pendrive a uno de los jefes.

Esa estructura dependía, según los testimonios, de Silveira, que oficiaba como segundo de Suriano.

 

 

 

 

 

La conexión con la AFI

Suriano y Sáez eran viejos conocidos. El Turco había sido agente de inteligencia del SPF antes de pegar el salto a la Policía Metropolitana, Suriano había sido su jefe. Según contó Sáez, fue él quien puso en contacto a Alan Ruiz con Suriano. Martín Coste, el ex director Operacional de Contrainteligencia de la AFI, sugirió que la llegada de Ruiz a la Agencia podría haber estado mediada por ese conocimiento previo que tenía con Suriano.

Coste también relató ante la Bicameral de Inteligencia que él vio a Suriano un par de veces en 2016 en la AFI junto con quien era en ese entonces su jefe, Diego Dalmau Pereyra. Estaban trabajando en un convenio entre la AFI y el SPF, comentó. Después de eso no volvió a cruzarlo, dijo Coste, aunque no descartó que participara en distintas mesas de la comunidad de inteligencia.

La relación con Suriano se hizo especialmente fluida desde que llegó Ruiz. Él incluso reconoció haber participado en reuniones con el jefe del Área 50 y con la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani. Varios agentes hablaron de excursiones a la cárcel de Ezeiza con visitas guiadas por el propio Suriano. La mayoría sucedieron el verano de 2018- 2019, meses después de la incorporación de Ruiz a la Agencia. La comitiva, en general, estaba conformada por Ruiz, Martín Terra, Dominique Lasaigues y Mercedes Funes Silva.

Lasaigues, la más joven de los espías, contó con cierto desparpajo en la indagatoria la visita a Ezeiza.  Dijo que ella fue por la curiosidad de conocer una cárcel.  Fueron a los pabellones comunes y al IRIC.

—Miralo a Jaime –le dijo Ruiz.

—¿Quién es? –le preguntó ella.

—El de la tragedia de Once –le contestó su jefe.

A Suriano también lo visitaban en la casa de Varela 266. Sáez iba a verlo seguido, pero también Ruiz. Una comunicación entre Ruiz y Sáez del 3 de enero de 2019 da cuenta de una visita del entonces director de Operaciones Especiales. Ruiz salió entusiasmado. Le contó a Sáez que con el jefe de Inteligencia del SPF habían hablado de hacer cosas juntos.

 

 

Otro de los espías, Jorge Ochoa, declaró que Ruiz había arrancado el 2019 con un proyecto con el SPF, que, al poco tiempo, quedó en nada. Emiliano Matta también recordó que su jefe había aparecido con un bibliorato con fichas penitenciarias de los presos políticos.

El capítulo penitenciario recién se empieza a escribir en Lomas. La fiscalía debe analizar la información que es voluminosa. La semana pasada se mandaron a peritar más de 50 celulares y todavía resta que se resuelva la situación procesal de todos los indagados en la causa. El viernes, Amado Boudou y Roberto Baratta pidieron ser tenidos como querellantes. Para sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, debe indagarse no sólo en las responsabilidades de la AFI, sino también en las de los funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia.

Las cárceles de María Eugenia Vidal también tendrán su correlato en la investigación. Hay un ex agente que dio detalles de varios de cómo funcionó el espionaje también la provincia.

 

 

 

 

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