Suárez no se rinde

 

El gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez envió al Senado un proyecto de reforma parcial de la Constitución mendocina de 1916, vigente por orden del interventor de la dictadura, el radical Isidoro Busquets que en 1955 derogó la constitución provincial de 1949.

Los puntos salientes de la reforma parcial están pensados en clave electoral. Apuesta a la reducción del “gasto político” a través de la supresión del control interno en el mecanismo de formación de las leyes propio del sistema bicameral, instaurándose una única Legislatura, donde se asegura la hegemonía oficialista a través de la reasignación de los distritos electorales y sobre todo, de la eliminación de las elecciones de medio término. Se apunta a capitalizar a aquellos sectores de la sociedad que expresan un hartazgo con el sistema político, bajo la idea de que la democracia resulta un costo innecesario. La soberanía popular subordinada a la lógica de mercado.

En esa misma lógica, la única novedad de la reforma es que insólitamente se pretende “incorporar el equilibrio fiscal del sector público provincial y municipal como deber del Estado y derecho colectivo de la población”.

Se trata de una brutal regresión respecto del rol de control del Estado frente al mercado, plasmado en las Constituciones nacional y provincial de 1949. Asimismo, expresa un absoluto desconocimiento de los derechos humanos y las obligaciones del Estado. Ni siquiera el consenso de Washington o el Fondo Monetario Internacional se animaron a tanto, y mucho menos ahora tomando en cuenta el abandono ostensible de esos principios —que nunca cumplieron— por parte de las principales potencias.

El proyecto pretende también introducir la doble vuelta en la elección a gobernador, y establecer un régimen municipal autónomo y criterios de coparticipación. Tal como se encuentra redactado, se ha cuestionado que no determina con claridad los artículos a reformar al habilitarse la reforma de otros artículos “que guarden directa relación”.

La alianza gobernante propone una reforma de la Constitución que operará solo como elemento de campaña, ya que requiere para su aprobación el apoyo de todo o parte del Frente de Todos, para llegar a los dos tercios, lo cual se ve lejano. En este sentido el presidente del Partido Justicialista Guillermo Carmona calificó como una estafa a la opinión pública que se apele al diálogo cuando la oposición ni la sociedad han sido consultadas, ratificó la tradicional posición del peronismo favorable a una reforma amplia, señalando que la reforma no es oportuna por la emergencia sanitaria agregando que “hemos expresado nuestra preocupación por el acelerado deterioro institucional que sufre nuestra provincia como consecuencia del avance del Poder Ejecutivo provincial sobre otros poderes del Estado y sobre organismos de control”. Por otro lado, los líderes de Protectora y del FIT rechazaron el proyecto oficial.

La nueva mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia lograda provisoriamente con la imposición de María Teresa Day a pesar de no reunir los requisitos constitucionales, supuso que el ex Ministro de Gobierno de Cornejo, Dalmiro Garay, presida el tribunal, lo que es cuestionado por todos los bloques opositores y organismos de derechos humanos.

Cornejo designó a uno de cada tres magistrados en ejercicio, habiendo reformado las normas para su selección en el Consejo de la Magistratura, propiciando la discrecionalidad y eliminando la calificación en los exámenes orales y escritos.

En cuanto a los órganos de control constitucionales, Cornejo designó al Procurador General, a la Contadora General, al Asesor de Gobierno, al Presidente del Tribunal de Cuentas, todos ellos órganos de control constitucional en cargos vitalicios que recayeron en conspicuos legisladores o militantes del radicalismo. Asimismo, designó a la Defensora General, a un diputado radical como titular de una oficina de ética pública y como Procurador de personas Privadas de Libertad a un funcionario oficialista, existiendo recursos pendientes. Suárez promueve a su vez eliminar la independencia y autonomía de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, por lo que debe dar explicación al Comité Nacional de prevención de la tortura, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también requiere informes sobre el incumplimiento de Mendoza por no aprobar la creación del Defensor del Pueblo. Además promueve la eliminación del concurso para el cargo de Defensor o Defensora de personas con discapacidad.

En este contexto, la reforma constitucional es la tercera gran apuesta en el corto mandato de Suárez. En la primera, debió retroceder ante las masivas manifestaciones contra la modificación de la ley que prohíbe la minería contaminante. No retrocedió con Teresa Day, imponiendo sin ningún prurito republicano al ex ministro de Cornejo como presidente de la Corte, al costo de evidenciar el quiebre y degradación institucional similar al que se observa en Jujuy. No está de más recordar el efecto boomerang. El artefacto de origen australiano podría dar en la nuca de Suárez y Cornejo, expertos en endeudamiento, al lanzar prematuramente una campaña electoral en tiempos de pandemia global donde la curva de contagios y la crisis son los temas prioritarios para las amplias mayorías populares.

 

 

 

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