INSUBORDINACIÓN

 

Ciencia y economía de la salud

La Argentina transita el momento más grave de la pandemia. Muchas actividades tuvieron (y tienen) que asumir restricciones e impedimentos para su desarrollo con el objetivo de evitar el contagio de la enfermedad. Esas disposiciones, ineludiblemente, hacen caer el nivel de la oferta agregada, el producto de la economía y la demanda global. Estas condiciones recesivas no sólo son soportadas por la Argentina, sino en las economías de países centrales y periféricos y en la esfera internacional.

Paradójicamente, las condiciones de retracción y desempleo causadas por la pandemia se hacen mucho más intensas en las naciones que no recurrieron a cuarentenas, probando que no son estas sino la peste la razón del deterioro de los niveles de actividad. En este contexto es muy virtuoso que la Argentina haya desarrollado una expansión de su sistema de salud y de una industria de emergencia que lo provee, y que también haya desplegado avances científico-tecnológicos importantes en el uso del plasma y en el desarrollo de la utilización del suero de caballo –y ahora el de la llama—, como alternativas efectivas para el tratamiento del coronavirus. Son encomiables, también, los avances científicos en descubrimientos importantes en el conocimiento sobre el virus, como el genoma secuenciado, un test serológico que informa sobre la existencia de defensas que eventualmente pueda haber desarrollado una persona –que además es de fabricación con bajo cost— y dos tests que detectan la infección.

A estos desarrollos se suma la participación de la industria nacional en la producción de una de las vacunas que asoman como posibilidad concreta de prevención de la enfermedad, aportando a finalizar con la pandemia. Toda esta actividad es economía, es acumulación de experiencia hacia el futuro de la producción para la salud. Ha habido un desempeño que revela la capacidad nacional en esas áreas. Esta actividad productiva posee un plusvalor cualitativo, que es el de estar destinada a la cobertura de un derecho humano fundamental: el de la salud, estrechamente vinculado al de la vida. La fusión de las regulaciones sobre el aislamiento de la actividad social y productiva con los desarrollos científicos y la actividad productiva dirigida a la ampliación de la estructura sanitaria, devienen en una dirección hacia la actividad económica del futuro, destinada a proveer de un mejor bienestar al conjunto de la población, cubriendo una necesidad esencial, sin segmentación social de sus beneficiarios.

Es la evidencia de que la economía, entonces, no sólo es reflejada por los números de automóviles vendidos, bienes durables producidos u otros consumos que descendieron en estos tiempos de emergencia, sino también por estos nuevos bienes y servicios y el acervo que esta actividad deja para el futuro. Las movilizaciones pseudo-libertarias que promueve la derecha periódicamente, no sólo van a contramano de los derechos humano —del menos controversial de ellos, que es el derecho a la vida—, sino que además desprecian estas conquistas para el desarrollo del país, surgentes como resultado de una política y una cultura frente a la pandemia. Porque mucho más que en los países centrales, el criterio de emergencia que presidió esos desarrollos por parte del gobierno y la sociedad argentina revelan un aprecio por el valor de la vida por encima de aquel de la mercancía. Ese predominio es el que irrita y enfurece a la corriente política que gobernó para la fuga de capitales, el endeudamiento, el empobrecimiento, la polarización social, la reprimarización económica y la reducción y empeoramiento del sistema sanitario.

En su nota de El Cohete del domingo 9 de agosto La zoncera del gasto público, Magdalena Rua expresa que “el último análisis del FMI en relación con los paquetes fiscales anunciados por los distintos países muestra que la política adoptada por gran parte del globo ha sido un exponencial aumento del gasto público para dar respuesta a la crisis que desata el Covid-19. Ante esto, surge un interrogante dirigido a la teoría económica ortodoxa: ¿no era el gasto público el gran mal que aquejaba a las economías? A esta altura hay sobrada evidencia de que, ante la crisis, los países centrales no aplicaron sus propias recetas o recomendaciones que apuntan a los países periféricos, más bien han recurrido al gasto público a requerimiento de las necesidades que desata la crisis. Parece que repentinamente ha quedado en desuso la receta ortodoxa que aconseja reducir el gasto público para evitar la emisión monetaria que genera inflación”. Además en el mismo artículo Rúa destaca que la CEPAL prevé un aumento de la pobreza como consecuencia de la pandemia, que en la Argentina significaría un incremento del 10.8%. Esto requiere de un aumento del IFE y de otras ayudas fiscales, que a su vez reclama el incremento del gasto público que haga sostenible socialmente la continuidad de las políticas dirigidas a atender la pandemia.

Las medidas y ayudas para los sectores vulnerables han existido y sido virtuosas, pero insuficientes. Las cuestión de los equilibrios fiscales, muy discutida por los economistas heterodoxos, ha obtenido una excesiva atención por parte del gobierno. Siempre en un marco recesivo crece naturalmente el gasto público necesario y la recaudación disminuye. No hay equilibrio ni prudencia fiscal que merezca preeminencia frente a la atención de los derechos sociales esenciales.

 

 

Negociar con el ejemplo de Néstor

La Argentina ha definido un acuerdo con los acreedores externos privados que atendió a los objetivos que se fijara para esa negociación: reducción de la tasa de interés y ampliación significativa de los plazos, que tiene como ingrediente fundamental la liberación de pagos de deuda durante los primeros cuatro años. También resulta significativo el ahorro de casi 40.000 millones de dólares de intereses. Transcurridos los primeros cuatro años, y muy probablemente con la pandemia superada, el mundo será otro y la Argentina tendrá, tal vez, mejores posibilidades para lo que sea necesario encarar respecto a su perfil financiero.

De todos modos los vencimientos de mayor monto anual ocurrirán a partir de 2028. Superada la renegociación con los fondos privados, ahora se presenta una refinanciación que resulta crucial con el FMI, organismo que debe ser visto como subordinado por el Tesoro norteamericano y cuyo comando no depende de su directora-gerenta Kristalina Georgieva, al fin y al cabo una integrante de la membresía de la burocracia financiera internacional. Fue el gobierno norteamericano el que permitió y estimuló a la ex directora-gerenta Lagarde para embarcar al Fondo en otorgarle el inédito apoyo financiero a Macri, con el fin de respaldar su reelección.

Será nuevamente inédito si la Argentina logra un acuerdo stand-by con el FMI, o más aún si fuera de uno de facilidades extendidas –que permitiría un plazo mayor— sin comprometerse a un programa de consolidación, equilibrio o ajuste fiscal, acompañado con la implementación de reformas estructurales. Estas son la reforma laboral, que apunta al debilitamiento de la legislación del trabajo en beneficio del capital y en perjuicio de los asalariados, y la reforma previsional que persigue la provisión de fondos hacia el mercado de capitales mediante la privatización oficial o encubierta de las jubilaciones, acompañado por el deterioro de la tasa de sustitución (la relación de la jubilación con el salario percibido por el trabajador durante su vida activa), que disminuiría los ingresos de la población pasiva. El Fondo Monetario suele ser intransigente en estos temas, y la negociación tendrá el desafío de impedir que esas reformas sean introducidas de manera directa o indirecta. Estas enormes dificultades y trabas las tuvo en claro Néstor Kirchner cuando decidió pagarle para evitar lidiar con sus condicionalidades. Esa autonomía fue destruida por los cuatro años de gobierno de Cambiemos, que provocaron un endeudamiento condicionado. Desandarlo implica traspasar un campo minado.

En el caso de la reforma flexibilizadora del trabajo, no sólo habrá que evitar las presiones del FMI por cambios legislativos, sino que habrá que resistir ante fórmulas transaccionales como los compromisos a impulsarlos por el camino de las convenciones colectivas de trabajo, las que –por otra parte— no pueden establecer condiciones inferiores para los trabajadores respecto del régimen legal vigente. En el plano de la reforma previsional, no sólo se debe evitar el cambio de un régimen de reparto a uno de capitalización privada, sino también la evolución a una lógica de achatamiento de la pirámide de los ingresos percibidos por los beneficiarios que, encubriendo un ahorro fiscal, empuje de hecho a los jubilados que obtuvieron salarios más altos en su vida laboral a contratar masivamente seguros de retiro para evitar que la jubilación los someta a una reducción sustantiva de su nivel de vida. Un sistema mixto en el que convivan un seguro de vejez único o de un escalamiento insignificante, con un desarrollo del mercado de capitales por medio del desarrollo un mercado de seguros de retiro masivo nutrido por los trabajadores acreedores a mayores jubilaciones en el sistema de reparto, es un esquema encubierto de fragmentación social, ajeno a los objetivos de igualdad que persigue el gobierno nacional, por el contrario tributa a un igualitarismo falso en beneficio de los fondos especulativos de la financiarización.

La consecución de estos objetivos que apunten a un acuerdo con el FMI que no constituya el freno a una política de expansión económica, ni introduzca reformas promotoras de desigualdad social, encontrará mayores dificultades porque colisionará con el sesgo supply-side (ofertista) que las organizaciones empresariales tradicionales promueven en las actuales instancias.

Es llamativo que ninguna de ellas pregone recuperaciones del salario, que ha sufrido recortes en las industrias y actividades de servicios no esenciales en términos nominales, y que requieren ser actualizados por el deterioro que sufrieron por la inflación, pero que además en la búsqueda de un sistema de más igualdad deberían alcanzar niveles aun superiores, para ser el factor central de un shock de demanda necesario para la reactivación pospandemia. Por el contrario, las organizaciones empresariales reclaman reducciones de impuestos y de aportes patronales, el establecimiento de regímenes especiales y exenciones, como estímulos a la producción mediante la reducción de costos, en lugar del estímulo de la demanda.

Estas concepciones y reclamos no ayudan a una negociación adecuada con el Fondo Monetario. Un ejemplo de este perfil es la propuesta de Roberto Lavagna, que propugna la sustitución del régimen indemnizatorio por una cuenta de aportes patronales para afrontar compensaciones por despidos, tal como existe en las precarias relaciones de trabajo en la industria de la construcción, y que replica el estilo de relaciones laborales de las economías que flexibilizaron las relaciones de trabajo. Boltansky y Chiapello compendian ampliamente en El nuevo espíritu del Capitalismo (Akal, 2002) las consecuencias regresivas de los distintos caminos flexiblizadores de las relaciones laborales, mostrando los retrocesos en favor del capital que todos y cada uno de ellos significan, sin excepción.

 

 

Supply side o derechos de los trabajadores

Las políticas ofertistas difundidas a partir de su aplicación por el gobierno de Reagan en los Estados Unidos parten del supuesto de la plena sustitución de los factores en la función de producción. O sea, que el capital y el trabajo se combinarían en cantidades adecuadas a los costos de ambos factores. Esta reflexión que aparece como una abstracción teórica inocente tiene una fuerte implicancia en la realidad, ya que permite eliminar la idea de la existencia de una restricción externa de divisas. A falta de capacidad de importar bienes de capital, se sustituirían por el factor trabajo. Las restricción externa de divisas de la economía se sustituye, como problema central –falsificadamente— por una supuesta ausencia de ahorro.

Sobre este enfoque, Amico y Fiorito en Heterodoxia, teoría económica y crisis argentina (Circus, 2017) concluyen que “en la Argentina la reforma del sistema previsional en 1994, (fue) justificada precisamente por el objetivo de que los recursos provenientes de las jubilaciones sirvieran para acrecentar el ahorro, a través de la creación de un mercado de capitales, y de allí potenciar el crecimiento. De modo análogo (dicen), dicha reforma se combinó con una reducción de los aportes impositivos patronales sobre el empleo a efectos de abaratar el factor trabajo, porque se consideraba evidente que el obstáculo para la plena ocupación eran las restricciones institucionales que pesaban sobre la oferta de factores (en este caso, el trabajo) y no el nivel de la demanda efectiva. Hoy se conocen los efectos catastróficos de esta política (aumento del déficit de seguridad social, desempleo récord, recesión, aumento de la deuda externa, reducción de la cobertura y montos jubilatorios, etc)”.

El ofertismo de los '90 tuvo su antecedente fundacional en la política económica de la dictadura militar. El enfoque teórico sostenía que el salario era determinado endógenamente en el mercado de trabajo, como si fuera otro bien cualquiera determinado por la oferta y la demanda. Esta reflexión apunta contra el enfoque que sostuve en Fin de Epoca, el 9 de agosto, respecto a la exogeneidad de la distribución del ingreso, que se resuelve en una puja distributiva que tiene como elemento determinante el marco institucional de la legislación laboral, así la estructura social la define la política y no la autorregulación mercantil.

Uno de los entusiastas propagandistas del ofertismo fue Arthur Laffer que presentó  la llamada Curva de Laffer,  definida por Amico y Fiorito  como “una parábola que intenta mostrar que la recaudación será nula tanto si la tasa del impuesto es cero como si fuera prohibitivamente alta, porque en esa eventualidad dejaría de haber transacciones en el producto tan “insoportablemente gravado”. La curva sugiere la astuta búsqueda de un nivel de alícuota que maximice la recaudación y en verdad proveyó al reaganismo de una supuesta coartada técnica para reducir las tasas de impuestos que gravaban al capital y a los ricos. Desde aquel momento se instituyó un descenso permanente en Estados Unidos de la participación de los asalariados en el ingreso.

El ofertismo es el marco teórico para batallar contra una reforma tributaria progresiva, con el disfraz del nombre de pro-productiva, las corporaciones empresariales pretenden dar vuelta como una media el sentido de una reforma progresiva del sistema impositivo, con el fin de invertir lo propuesto por el Presidente. Los ejemplos históricos y empíricos abundan en demostrar que las reducciones de impuestos y de aportes patronales no estimulan la producción y el nivel de actividad, sino que se enmarcan en procesos regresivos, aunados a la precarización de los sectores populares y al deterioro de la capacidad de financiamiento del gasto social y previsional.

La coincidencia entre el fiscalismo del FMI y el ofertismo de la AEA, la UIA, de economistas de la derecha y otros eclécticos como Lavagna, en relación a relaciones de trabajo, distribución del ingreso y papel de los costos empresariales y la demanda efectiva, alertan sobre una época de grandes definiciones a tomar por el gobierno y los sectores sociales.

Hay dos concepciones que difieren para la salida de la crisis, una que apunta a subordinar a los trabajadores a la reducción de los costos de los empresarios del capital concentrado, confiando en el aumento de la oferta y la opción de una salida exportadora difícil –o imposible— en un mundo en recesión. La otra, de corte nacional y popular, que apueste al crecimiento de un mercado interno potente, con recuperación de salarios e ingresos fijos, que estimule la demanda y el volumen de beneficios empresariales, aun con una tasa de ganancia menor.

La restricción externa requerirá en este caso una adecuada administración del comercio exterior y estímulos a las demandas populares menos dependientes de las exportaciones. Estas últimas crecerán por la planificación de sectores y de la investigación y aplicación tecnológica que los haga competitivos. La primera es la salida mercantil remozada del estilo del neoliberalismo y la convertibilidad. La segunda requerirá de una alianza de fuerzas políticas, económicas y sociales que habiliten un proyecto nacional. Para sostener su idea de una sociedad humanista, igualitaria y menos consumista, en armonía con el lema primero la salud, el Presidente, el Gobierno y su campo de apoyo tendrán que prepararse no sólo para una dura negociación con el FMI, sino también para una difícil tenida con los grupos del capital concentrado local.

 

 

 

 

 

 

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