GRAVAR LA RENTA

 

En nuestro país (y en todo el mundo), los Estados, nacional, provincial y municipal debieron reconvertirse en mayor o menor medida para asistir a la población ante la pandemia del coronavirus Covid-19.

Si el Estado estuvo a la altura de las circunstancias, sin ningún tipo de ingresos extraordinarios y con el descenso de la recaudación que, mayoritariamente ligada al nivel de actividad,  por la cuarentena disminuyó considerablemente, es preciso preguntarse por la responsabilidad que tienen los ciudadanos con su Estado.

Históricamente la respondió Benjamín Franklin (1706-1790), uno de los redactores de la Declaración de la Independencia de las 13 colonias en 1776 y de la Constitución estadounidense en 1787, cuando dijo: "Tenemos que hacer una sociedad donde haya dos cosas que no se puedan evitar, la muerte y pagar impuestos".

Otro que respondió detalladamente a la pregunta y quiso ver grande su país fue David Ricardo (1772-1823), quien propició la división del trabajo en el mundo para que Inglaterra fuera el centro industrial y financiero. Como diputado limitó el poder de los señores feudales, representados por la Cámara de los Lores, y propició la importación de alimentos sin pagar aranceles para abaratar su precio y de esa manera reducir la remuneración de los trabajadores (ley de bronce del salario) [1]. La reducción del costo salarial incrementaría la tasa de ganancia en la producción. En su libro de 1817 Principios de Economía Política y Tributación explica la renta, el valor y el precio. En el Capítulo VII se encuentra su teoría de las ventajas comparativas relativas, que fundamentaban que Inglaterra se industrialice y los demás países le vendan alimentos y materias primas. Ricardo dedica doce capítulos a los Impuestos, dado que buscaba redistribuir ingresos mediante las contribuciones al fisco, a la par que el Estado desarrollaba su labor de asistencia a la población, de defensa y de seguridad.

Para Ricardo el principal impuesto debía ser a la renta y escribe textualmente: “Un impuesto sobre la renta afecta exclusivamente a la renta; incide totalmente sobre los terratenientes y no puede ser trasladado a ninguna clase de consumidores”.

La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola, era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación. Imaginemos a dos latifundistas —sostenía Ricardo—, uno con campos mucho más fértiles que el otro. Ambos venden los granos al mismo precio. Pero los costos del que es propietario de las tierras más fértiles son mucho menores que los costos del que es propietario de las menos fértiles, he aquí la renta agrícola.

 

 

Quién paga los impuestos

En la Argentina el gravamen a la propiedad de la tierra le corresponde a las provincias por medio del Impuesto Inmobiliario Rural. En el año 2019 la recaudación consolidada en todo el país de ese tributo significó solo el 0,3% del PIB (es decir de la cantidad de bienes y servicios finales que se producen en el año).

A nivel nacional, el patrimonio es alcanzado con el Impuesto a los Bienes Personales, que teóricamente deben tributar aquellas personas cuyos bienes en el país y en el exterior superen los $ 2.000.000 (año fiscal 2019, vence  su pago en agosto de 2020). Quedan exentas las viviendas únicas de hasta $ 18.000.000 y se excluye la propiedad rural. Si tienen dólares declarados y están en bancos en el país no pagan el Impuesto a los Bienes Personales; si los tienen en efectivo tributan según la escala de 0,5 a 1,25%; el gobierno se reservó la facultad de duplicar el tributo si están en el exterior y que sobre el gravamen y siempre según la escala, podría llegar al 2,25%. El ingreso recaudado por el tributo en  2019 fue solo de $ 31.183,8 millones que convertido al dólar promedio del BCRA del año 2019 de $ 51,55 significan unos 604,9 millones de dólares, o sea, el 0,18% del PIB.

La mayor parte de los recursos fiscales provienen de impuestos indirectos (IVA, internos, combustibles, etc.) en la Nación y el Impuesto a los Ingresos Brutos en las provincias, que se trasladan (lo paga el consumidor final) y gravan con una única alícuota a toda la población que, como mayoritariamente no tiene capacidad de ahorro y paga el tributo en cada consumo, significa la quinta parte del ingreso de un asalariado promedio.

Teóricamente, a nivel nacional, los impuestos con carácter progresivo son Bienes Personales y Ganancias. En este último debe considerarse además que grava a los trabajadores solteros que ganen más de $ 55.261 al mes; para quienes estén casados, el umbral de pago se elevó a 64.415 pesos si tienen un hijo y a 73.014 pesos si tienen dos. Pese a ello, la participación de los mismos cayeron fuertemente en los últimos cuatro años.

El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019, quiere decir que los impuestos regresivos en el año 2019 fueron el 77,6% de lo que se recaudó. El IVA (Impuesto al Valor Agregado) pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en 2019 (aproximadamente el 10% del PIB), un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables.

La presión tributaria nacional (incluyendo contribuciones previsionales) es de aproximadamente el 25,2 % del PIB, más un 6,5% de los impuestos provinciales, el consolidado impositivo rondaría el  31,7% del PIB, porcentaje similar al de los Estados Unidos, con el agravante de que allí existe cierta proporcionalidad en la recaudación entre impuestos a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias y rentas, y al consumo y la actividad, que es de aproximadamente un tercio para cada división. Además, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estados la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

En la Argentina de 2019 el IVA más otros gravámenes al consumo y a la actividad nacional (Combustibles, Internos, Débito y Crédito Bancario, etc.) significaban el 70% del total de los impuestos nacionales recaudados y, en el caso de las provincias, el Impuesto a los Ingresos Brutos (que también es regresivo e indirecto) representaba el 70% de la recaudación provincial. Esto quiere decir que el 75% de los ingresos impositivos en el país son regresivos y solo el 25% es a la ganancia y a la propiedad (con el agravante ya referido de cómo alcanza con impuesto a las ganancias a los trabajadores).

 

 

(Re) Financiar al Estado

Para que los impuestos no recaigan mayoritariamente en la población y se cumpla el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, según el cual la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, se deben gravar el patrimonio y la renta. Una cosa es el beneficio o ganancia de una actividad y otra es la renta, que es el plus valor extraordinario que obtienen por tener un mercado cautivo y/o un costo de producción menor por ventajas naturales y/o por protección estatal.  El Estado debe gravar esa renta, por ejemplo:

• La renta petrolera: La Argentina no es un país rico en petróleo y gas, pero puede llegar a ser importante y al menos autoabastecerse con la explotación de Vaca Muerta, que depende de fuertes inversiones. La existencia de reservas de petróleo o gas en un determinado territorio es un legado de la naturaleza. Obviamente los yacimientos en Medio Oriente y en la Cuenca del Orinoco tienen en general una mayor productividad que la de nuestro país y, en la Argentina, el costo promedio de extracción es menor con respecto al petróleo que se extrae del Mar del Norte, cuando el precio internacional se fija en un valor cercano al costo de extracción del Mar del Norte. La renta surge como diferencia entre precios y costos, por lo que su valor es muy variable en el tiempo, aún en un mismo contexto geológico. Para dar una respuesta al problema y terminar con el manejo discrecional de la actividad, el Estado a través de YPF SA debe apropiarse parte del excedente que se genera con los recursos naturales y, por otro lado, lo que no puede explotar YPF SA por falta de recursos, debe acordar su explotación con grandes empresas y el Estado debe cobrarles impuestos a la renta petrolera por el diferencial del costo de extracción con el internacional.
• La renta minera: Deberíamos referirnos a todas las extracciones y explotaciones mineras en general, pero sin lugar a duda la más rentable es la del oro, ante la suba constante en el precio de ese bien refugio de las crisis internacionales por un lado (en 2019 se exportó oro por 2.272 millones de dólares, más que por carne vacuna y trigo, sobre Declaración Jurada del exportador). Las principales minas son Bajo la Alumbrera en Catamarca (donde Glencore tiene el 50% de la explotación); Cerro Vanguardia (Anglo Gold) y Cerro Negro (Goldcorp-Canadá) en Santa Cruz; Veladero (Barrick Gold) en San Juan (considerada entre las diez minas más grandes de oro del mundo). Todas ellas explotadas por empresas extranjeras y, en el mejor de los casos, con algún grado de participación del respectivo Estado provincial. Por un lado gozan de la estabilidad fiscal de la ley 24.196/93 de inversiones mineras vigente, que por 30 años no permite aumentar la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad. Las regalías provinciales son del 3% del valor en boca de mina, pero se deducen los costos de transporte, flete, comercialización, y otros. Este valor puede terminar representando entre el 1,2 y el 1,5% del valor de boca de mina original. El Impuesto a las Ganancias sólo se comienza a pagar después de cinco años de iniciado el proyecto (además hay deducción de hasta 5% de los costos operativos de extracción y beneficio para constituir una provisión con fines ambientales). Por último, los Derechos de Exportación (retenciones) que eran del 5% y habían sido reducidos a 0% por el gobierno de Cambiemos, en septiembre de 2018 (Decreto 793/18) se restituyeron hasta el 31/12/2020 con una alícuota de 12% para todos los bienes, con un tope de $ 4 por dólar para el oro  y $ 3 para el resto de los minerales.
• La renta financiera: El Banco Central les paga a los Bancos más de $ 60.000 millones por mes por no prestar, gracias a las inmovilizaciones de LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA). Al 7 de agosto de 2020, su stock era de $ 1.813. 427 millones,  que representaba el 77% de la Base Monetaria (que es la cantidad de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA). No pagan impuesto por ello, gozan de una renta extraordinaria, sin riesgo alguno y no contribuyen al fisco.
• Otras rentas: Hay otras rentas (pesqueras, servicios digitales, servicios públicos, etc.), todas deben ser estudiadas en su faz legal y en su operatoria (fiscalización).

En el comercio exterior, se debe hacer un seguimiento real de cómo se liquidan las exportaciones y las importaciones. Tener en cuenta las Resoluciones y Decretos de la gestión de Cambiemos que posibilitan que haya una diferencia de más de 19.000 millones de dólares entre el FOB exportado y las divisas ingresadas.

En la compra de divisas, merced a la ley Solidaridad Social y Reactivación Productiva se creó el Impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) que fija una alícuota del 30% sobre el tipo de cambio vendedor. Esa alícuota podría llevarse al 100% mientras dure la pandemia.

También es imprescindible el permanente seguimiento de la compra de divisas y fuga. El BCRA sigue vendiendo dólares y se debe saber cuál es su destino. El BCRA ya conoce quienes compraron 86.200 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos, convocarlos, por ejemplo a los 1.000 primeros compradores y ver su situación fiscal, si hay congruencia entre el excedente que declaran y la magnitud de sus compras.

David Ricardo terminaba su libro diciendo que el objetivo es que sea el patrimonio de los contribuyentes la fuente principal de financiamiento de un Estado y afirma: “Debiera ser tarea de los gobiernos (previa recaudación eficiente de los tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus capitales y rentas, con la finalidad de diversificar el aparato productivo, dar incentivos para incrementar la producción, a través de mejoras en la productividad, para así generar nuevas fuentes de trabajo, con el objeto de aumentar el consumo, el ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles de satisfacción a la población”.

 

 

 

 

 

 

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