EL PRESUPUESTO DE LA PANDEMIA

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El Congreso de la Nación trata la modificación y ampliación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2020, que es prorroga del 2019 por Decreto 4/2020 y que se amplía por los gastos incurridos para la atención de la pandemia generada por el Covid-19 y la necesidad de su financiamiento.

Por un lado, el gobierno nacional reconoce un fuerte descenso en la recaudación por la cuarentena que se debe guardar, pero infiere que se logrará frenar dicha caída en la segunda parte del año porque se habría superado el pico más agudo de la pandemia y el país cuenta con recursos propios para producir (energía, alimentos, trabajadores, capacidad ociosa, posibilidad de impulsar la construcción, etc.). Además, al dejar de pagarse la deuda pública y sus intereses con los tenedores privados de títulos públicos, esa partida podría usarse para financiar parte del gasto.

En la ejecución presupuestaria al primer semestre del año 2020 se incurre en un déficit de $ 1.274.905,1 millones que es el 71,4% del déficit previsto para el total del año, fruto de que los gastos totales crecieron mucho más que los ingresos.

 

 

 

El mayor gasto público realizado se debe exclusivamente a la atención de la pandemia, donde juegan un rol importante:

a) Transferencia a las provincias (principalmente a la de Buenos Aires por el Conurbano bonaerense) para equipamiento de hospitales y asistencia alimentaria a la población. Esto implica una ejecución del 64,7% del presupuesto del año en los primeros seis meses. También incluye el Decreto 352 del 8 de abril de 2020 por el cual el Gobierno Nacional dispuso la creación del Programa para la Emergencia Financiera Provincial con el fin de asistir a las provincias para compensar la caída de la recaudación a nivel nacional y provincial producto de la pandemia y las medidas sanitarias, mediante la asignación de $ 60.000 millones provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de otros $60.000 millones para el otorgamiento de préstamos blandos canalizados a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP). Así, la asistencia prevista para las provincias argentinas asciende a $120.000 millones en el primer semestre del año. Más la asistencia a los Municipios por $ 57.295,4 millones, suman $ 177.295,4 millones para el primer semestre de 2020.

b) Transferencia a las empresas privadas por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) e incluso asistencia directa de las trabajadoras y los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) a través de créditos a tasa cero con un período de gracia y devolución en doce cuota fijas. En cuanto al salario complementario, la ayuda del Estado Nacional consiste en el pago del 50% del aguinaldo de cada trabajador con un monto máximo de $33.750 (equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles) y un mínimo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $16.875 . Las primeras dos asignaciones de ATP (correspondientes a los salarios devengados en los meses de abril y mayo, erogados en mayo y junio, respectivamente) alcanzaron a 310.000 empresas y a 2.800.000 trabajadores, por lo que el 60% del universo de las empresas privadas de la República Argentina contó con la ayuda del Estado Nacional. El 99,5% de las empresas que ingresaron en el ATP son pymes. En el caso del crédito a tasa cero, la herramienta ha permitido la asistencia de más de 450.000 trabajadoras y trabajadores independientes que realizan actividades comerciales y profesionales de todo tipo.

c) Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que asiste con $ 10.000 por mes a cerca de 9 millones de personas. El impacto conjunto del IFE con la Tarjeta Alimentar y el refuerzo en la AUH y la AUE suponen una morigeración del impacto de las imposibilidades de trabajar por Covid-19. En el primer semestre del año se pagaron dos cuotas del IFE.

d) Los refuerzos a la AUH y de la AUE, pagados en el mes de abril de 2020; el refuerzo de $3.000 a jubilados/as y pensionados/as; el bono de $3.000 entregado en junio a beneficiarios de los planes Hacemos Futuro y Salario Social Complementario; el refuerzo salarial para trabajadoras y trabajadores del sector de la salud (de $5.000 durante los meses de abril, mayo, junio y julio) y del sector de seguridad ($5.000 en el mes de abril) y la suspensión temporal hasta agosto de las cuotas de los créditos otorgados por la ANSES.

Es importante destacar la relevancia que tienen la complementariedad del IFE y la AUH y AUE, más la tarjeta Alimentar (lanzada por el Gobierno en enero de 2020) y distintos bonos extraordinarios para los jubilados de ingresos más bajos. Según estimaciones del Ministerio de Economía, entre los distintos programas sociales de transferencias directas a las familias de menores ingresos, se está logrando evitar que entre 2,7 y 4,5 millones de personas caigan en la pobreza y/o indigencia —de manera transitoria— producto de la pandemia. Además, con la incorporación del IFE, se pasó de cubrir al 61% del decil más pobre (el 10% de menores ingresos) del país a una cobertura del 89%.

 

 

 

 

Las mayores erogaciones que la Administración Nacional debió afrontar por la pandemia  justifican el pedido de ampliación presupuestaria, para que el presupuesto de 2020 configure un gasto total de $ 7.391.054,3 millones, con ingresos previstos por $ 6.082.368,3 millones. Por ende se prevé un déficit fiscal para el año de $1.308.686 millones.

Ese déficit fiscal nacional, frente a un PIB —Producto Bruto Interno— que el gobierno nacional estima para el año 2020 en $ 28.800.000 millones, representa un 4,5% (que es un porcentaje muy alto a lo que se le debe sumar el déficit del BCRA o cuasi fiscal y el de las provincias) por lo que es razonable decir que el déficit consolidado de todo el sector público argentino ronda el 8% del PIB. Es uno de los mayores de nuestra historia, similar a los de 1983 cuando asumió Raúl Alfonsín, o 2001, cuando renunció Fernando De la Rua.

Para financiar el déficit fiscal anual total de la Administración Nacional 2020 previsto de $ 1.308.686 millones, se transferirán utilidades y financiamiento del  Banco Central por $ 1.017.738 millones (a tal efecto se pide autorizar al gobierno a colocar una Letra del Tesoro intransferible en el BCRA)  y, además, se solicita autorización para colocar títulos de deuda en el mercado  por $ 290.948 millones.

Y acá viene el problema: al tipo de cambio oficial promedio de todo el año 2020, esos $ 290.948 millones serían un poco más de 3.000 millones de dólares. El gobierno obtendrá la mitad al colocar títulos en pesos, pero la otra mitad (1.500 millones de dólares) va a ser un título que se puede constituir en pesos, pero a cuyo vencimiento el gobierno lo va a pagar en dólares. Con lo que contradice la política que con mucho esfuerzo vino haciendo hasta el presente  de “desdolarizar” y hacer que los vencimientos de Letras del Tesoro en divisas se reemplacen por títulos en pesos.

Inferimos que, ante la imperiosa necesidad de pagar el déficit, han “sondeado” al “mercado financiero local e internacional” y este le contestó que solo aceptaría tener nuevos títulos de deuda argentinos si se pagan en divisas, con lo que el riesgo cambiario lo asume nuevamente la Nación argentina.

 

 

En síntesis

La Administración Nacional ha asumido en soledad absoluta la asistencia a la población por la cuarentena y el equipamiento de hospitales y programas de salud. Esas mayores erogaciones lo obligan a volver a tomar deuda, y una parte de esa deuda vuelve a ser en divisas. La única manera de no incurrir en nueva deuda en divisas es que el Congreso de la Nación apruebe el Proyecto de Ley de los diputados Máximo Kirchner, Carlos Heller y Hugo Yasky de incrementar la alícuota del impuesto a los bienes personales de aquellas personas físicas que declaran un patrimonio superior a los 3.000.000 de dólares, que se trataría de unos 12.000 contribuyentes y el ingreso esperado es en torno a los $ 300.000 millones (unos 3.750 millones de dólares), depende de que la mayoría necesaria de Diputados y Senadores comprenda el problema y hagan ley el proyecto gravando a los que tienen manifiesta capacidad contributiva. Lo que pagarían dicho gravamen extraordinario y por una única vez no los haría menos ricos y de esa manera contribuirían a afrontar la coronavirus.

 

 

 

La provincia de Buenos Aires

Todas las provincias y municipios del país han debido asistir a su población por la cuarentena y aprovisionar sus programas de salud, razón por la cual todas han incrementado sideralmente sus gastos y también, sufrieron la baja de sus ingresos ante el menor nivel de actividad. Por ende todas incurren en déficit fiscal que de una manera u otra deben financiar.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, pide autorización a la Legislatura provincial para un nuevo crédito con organismos multilaterales o bilaterales de crédito por 500 millones de dólares para infraestructura y programas sociales, y otro endeudamiento por 28.000 millones de pesos, destinado a regularizar atrasos de Tesorería ($ 20.000 millones, por caso, para proveedores) y a ampliar el monto de emisión de Letras del Tesoro (que se deben cancelar en el mismo año 2020) de $ 8.000 millones.

Tanto la Nación como la provincia de Buenos Aires deben endeudarse en divisas en medio de la negociación de la sideral deuda externa que le dejaron las administraciones de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal [1].

Así como la solución en la Nación es el Proyecto de un impuesto extraordinario a los 12.000 contribuyentes que superan un patrimonio declarado de 3 millones de dólares, en la provincia es más simple, si cabe: con que aporten 50 dólares por única vez [2], las 211 familias y sociedades que son dueñas de 2.516 establecimientos agropecuarios con 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la provincia), se recaudarían 558 millones de dólares.

 

 

 

[1] La Nación ante un incremento de deuda de más de 100.000 millones de dólares y la Provincia, su ministro de Hacienda, Pablo López, declaró en los medios, el 28 de junio de 2020, que trabaja para cerrar el canje de deuda bonaerense por más de 7.000 millones de dólares.

[2] Y por la ínfima contribución que hacen al erario público, por ejemplo, en los primeros  seis meses del año 2020 la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 6.806 millones, el 3,2% de la recaudación propia de la provincia, cuando por IIBB ingresaron $ 151.175 millones, el 73% de la tributación.

 

 

 

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