El golpe institucional

 

El nombramiento secreto de María Teresa Day permitió al  gobernador mendocino Rodolfo Suárez designar a su ministro de gobierno en la presidencia de la Suprema Corte provincial, pero el cuestionamiento de la oposición y de diversos organismos de derechos humanos deberá resolverse en fallo plenario de los siete miembros de la Corte que deberán pronunciarse sobre una pregunta muy específica:

¿Cómo y con qué alcance debe interpretarse el artículo 152 inciso 3 de la Constitución Provincial en cuanto exige para ser miembro de la Corte de Justicia ser abogado con 10 años de ejercicio en la profesión?

La inscripción debe realizarse hasta mañana 27 de julio y 48 horas antes de la audiencia debe presentarse un resumen de la exposición de no más de 10 fojas, a través de este link. 

La sentencia se dictará en fallo plenario en el cual se encuentra impedida de participar la cuestionada Day, por lo que la integración final de la Corte constituye un dato central habiendo solicitado los ministros Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez la integración de la Corte con la reconocida jurista, también de origen radical, Aída Kemelmajer de Carlucci en su carácter de conjueza. Un empate que puede ser catastrófico para el gobierno.

 

 

Ataques a la Independencia Judicial

La convocatoria a una audiencia pública implica mayor transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, por realizar esta convocatoria el juez Omar Palermo fue amenazado por el vicegobernador con juicio político y el Comité Provincial de la UCR difundió un comunicado rechazando la audiencia pública y acusando a  Palermo de un grave delito: ser fundador de la “agrupación kirchnerista” Justicia Legítima.  

Estos ataques han merecido el repudio de diversas organizaciones de la sociedad civil y de todo el arco opositor. La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados difundió un comunicado manifestando su “profunda preocupación por la grave situación institucional” pidiendo que “se garantice a ultranza la independencia de la magistratura provincial”. 

Omar Palermo jamás ha tenido militancia partidaria y su actuación es reconocida en casos de lesa humanidad que culminaron en las condenas por complicidad judicial en la Cámara Federal mendocina.  

 

 

Los argumentos en juego

No fue la oposición, sino el ex Juez de la Corte mendocina de origen radical y catedrático reconocido Alejandro Pérez Hualde quien primero cuestionó el cumplimiento de los requisitos de Teresa Day para el cargo, sosteniendo que para integrar la Corte Suprema la Constitución de 1916 es clara en exigir el ejercicio de la abogacía por diez años de acuerdo a la ley de colegiación.

La Constitución mendocina exige para ser miembro de la Corte el título de abogado y acreditar al menos 10 años de ejercicio de la profesión u 8 de magistratura mientras que para la designación del resto de los magistrados incluye además antigüedad en el ejercicio de “algún cargo en la magistratura para el que se requiera la calidad de abogado”. 

Diversos organismos de Derechos Humanos sostienen que se trata de exigencias de idoneidad y capacidad  en resguardo a la garantía individual y colectiva de los ciudadanos a ser oídos y juzgados por tribunales independientes e imparciales, destacando que quienes aspiren a integrar el máximo tribunal deben acreditar formación en género y diversidad que el curriculum de Day no evidencia. Como miembro de la organización confesional Opus Dei ha declarado su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo y se ha negado a responder a preguntas sobre la perspectiva de género considerando que de ese tema habla solo con su familia. 

Teresa Day nunca ejerció la magistratura ni la abogacía. Solo acredita 5 años como secretaria letrada del tribunal que impuso 3 condenas a prisión perpetua a menores de edad, fallo que acarreó la condena de la Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue inspectora y luego Coordinadora del Ministerio Público Fiscal administrando los recursos humanos y materiales, cargos que no exigen título de abogada, desde el cual coordinó y presionó a jueces para ordenar un operativo de 24 allanamientos  contra la agrupación Túpac Amaru en 2017 y designó a la hermana del Procurador en un cargo trucho por lo que se encuentra denunciada. En su curriculum consignó que colaboró en la ley de Prisión Preventiva impulsada por el ex gobernador Alfredo Cornejo rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Código Contravencional cuya constitucionalidad está cuestionada. 

 

 

El control del Poder Judicial

Los ataques al Poder Judicial y a Omar Palermo se iniciaron en 2015 con el gobierno de Cornejo, quien designó a dos supremos, pero su candidato a presidir la Corte fue derrotado a fin de 2019 por un voto. No solamente está en juego la impunidad de Cornejo y el oficialismo, que no ha sido citado a declarar por el enriquecimiento de su hijo de 22 años, socio de una empresa contratista, ni por el direccionamiento de la licitación de Portezuelo del Viento, ya que controla el Ministerio Público Fiscal.  También se juega el punitivismo que puso a Mendoza como la única provincia argentina con índices de prisionización brasileños y la sistemática represión a la libertad de expresión y criminalización de la protesta social y persecución a opositores políticos.   

Fue el Relator Especial para la Independencia de los Magistrados de la ONU quien alertó sobre la existencia de un plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina durante el gobierno de Macri. Resulta evidente que persiste en tierras mendocinas.

 

 

 

 

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