La muerte te da sorpresas

La herencia de Luciano Benjamín Menéndez es una historia con Moraleja

 

Los avisos fúnebres del día siguiente a la muerte de Luciano Benjamín Menéndez mencionaron condolencias esperables de Santiago Omar Riveros o de su promoción del Colegio Militar de la Nación. Pero también otras menos previsibles, como las de la empresa española La Moraleja S.A. y su personal, que participaron del fallecimiento “del señor padre del Ingeniero Martín H. Menéndez” con una oración por su memoria. El anuncio podría resultar un mensaje cifrado. Pero no lo es. Martín Horacio Menéndez efectivamente es manager general de La Moraleja. Lo curioso es que está compañía creada en dictadura sobre una enorme finca de 30.000 hectáreas en la provincia de Salta, una de las diez jurisdicciones bajo su comando, estuvo durante los últimos años asociada al caso Gürter en España. Su fundador es el ex tesorero del Partido Popular de España, Angel Sanchis Perales, amigo íntimo y socio comercial de su sucesor como tesorero del PP, Luis Bárcenas: uno de los nombres más afamados de esa trama, detenido en España por desvío de dinero negro, tesorero durante la era de Mariano Rajoy e investigado en Buenos Aires por transferencias millonarias de fondos hacia la compañía de Salta. La Moraleja S.A. hoy es tal vez la exportadora de limones más importante del país, proveedora de Coca Cola Company, blanco de denuncias por deforestación ilegal amparadas por el gobierno de Juan Manuel Urtubey y parte de la reñida agenda diplomática del gobierno con Estados Unidos.

La Moraleja S.A. se creó el 26 de diciembre de 1978 bajo el gobierno del interventor en Salta, capitán de navío (R) Roberto Ulloa. El desembarco se hizo a través de una sociedad panameña llamada RedWood Finance & Investment Corp. y de Fernando Diaz Colodrero, secretario de gobierno de Juan Carlos Onganía, hombre del Ateneo de la República, un importante club de la derecha nacionalista argentina desde donde se vinculó con sectores del poder militar salteño durante la última dictadura, según determinó una exhaustiva investigación de la PROCELAC en 2013. El representante de RedWood Finance & Investment Corp era Angel Sanchis Perales, tesorero del PP durante el gobierno de Manuel Fraga Iribarne y quién atendió el negocio con sus hijos, entre ellos Ángel Rafael Sanchís Herrero, hoy presidente de la compañía. Con domicilio fiscal en Ruta Prov. N° 5 Km 155 de Apolinario Saravia en Salta y domicilios alternativos en avenida Córdoba 333 Piso 5 y Talcahuano 750 Piso 9, emplea entre 1.600 y 1.800 personas y tiene declarada como actividad principal la elaboración de jugos naturales y sus concentrados, elaboración de frutas, hortalizas y legumbres. Entre las actividades secundarias, desde 2013 cultiva soja. La contabilidad general muestra aportes a la seguridad social impagos en diciembre de 2017 y enero de 2018. Crecimiento de deuda en 2017. Y un cambio de domicilio estatutario en abril de 2013, año sacudido por el escándalo.

Hoy no sólo es proveedora de Coca Cola, sino una de las principales exportadoras de limones del país, posicionado como uno de los mayores proveedores del globo.

La historia de La Moraleja cubrió páginas de diarios españoles a comienzos de 2009 con el destape del caso Bárcenas, detenido en España por el desvió de fondos y pago de sobresueldos a los más encumbrados integrantes del Partido Popular. La investigación argentina comenzó en ese contexto, cuando la justicia española seguía las pistas de 48 millones de euros depositados en una cuenta de Suiza parte de los cuales se perdían en el camino hacia la compañía de Salta. En una denuncia presentada en noviembre de 2013, el titular de la PROCELAC, Carlos Gonella, y su área de fraudes económicos y bancarios a cargo de Pedro Biscay, describieron que La Moraleja recibió 3 millones de euros a través de una operación que comenzó en Suiza y pasó por una cuenta de Estados Unidos de una compañía uruguaya de Bárcenas. El dinero de Suiza estaba a nombre de una fundación llamada Sinequanon creada en el despacho de Mossack Fonseca, dato que llegó a la justicia española en 2011, mucho antes del escándalo de los Panamá Papers.

La fundación transfirió el dinero en dos veces a una cuenta de la empresa uruguaya Brixco SA, localizada en la sucursal de New York City del HSBC y de allí a La Moraleja S.A. "con la finalidad de financiar operaciones de comercio exterior, enmascarando el origen ilegal de los fondos transferidos", señaló Gonella en la presentación de la denuncia penal contra parte del directorio de La Moraleja. "A criterio de PROCELAC la denuncia da cuenta de la existencia de una operatoria de lavado de activos mediante la cual la sociedad La Moraleja S.A. puso a disposición de Luis Bárcenas la estructura contable y financiera de la firma para canalizar fondos ilícitos en inversiones y préstamos por exportación, al tiempo que también se pudo determinar que dentro de la firma se habrían celebrado contratos simulados de compra venta de obras de arte (N.d.R: ya en 2006) en los que habría participado Patricio Bel, síndico de la sociedad y estrecho colaborador de Bárcenas, junto a quién también habría realizado viajes relámpago a la República del Uruguay, con fines hasta el momento desconocidos".

 

 

La investigación sobre Bárcenas continúa en España. La Moraleja volvió a ser noticia el año pasado cuando en enero declaró el hijo de Sanchis, durante las audiencias del juicio oral. Allí habló sobre la relación de su padre con Bárcenas y dijo que no sabían sobre la procedencia del dinero. "Si el PP no dudaba de Bárcenas, ¿por qué iba a dudar yo?"

Como sea, también fue noticia fronteras adentro. En mayo de 2017 cuando el gobierno negociaba bajo tensión el ingreso de limones a Estados Unidos, Greenpeace publicaba una denuncia por el desmonte de tres mil hectáreas con el aval del gobierno de Urtubey.

"La empresa tiene relación con el PP y con todos los gobiernos provinciales se han llevado muy bien desde 1978, cuando compraron la finca", dice Hernán Giardino, responsable de Bosques de la organización. "Los permisos de desmonte fueron otorgados de manera ilegal por el gobierno provincial actual y la gestión anterior. Es evidente la complicidad de los gobiernos de la provincia de Salta con la empresa para violar la Ley de Bosques: Juan Carlos Romero, el gobernador anterior, autorizó un desmonte en plena moratoria, una semana después de aprobarse la ley en 2007; Urtubey no sólo no obligó a la empresa a reforestar, sino que le otorgó otro permiso de desmonte en zona protegida”.

El 19 de agosto de 2011, Salta ratificó el contrato de promoción industrial que otorga beneficios promocionales como medida de estímulo y fomento. En ese sentido, la relación con la provincia semeja la de un matrimonio que ninguna tormenta parece disolver.

 

 

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