La mirona

 

El gobierno de la Alianza Cambiemos realizó operaciones de inteligencia ilegal sobre las comunidades de pueblos originarios, al menos desde el inicio de su gestión hasta junio de 2018, con el armado de fichas de personas vinculadas a la “causa mapuche”, carpetas con diferentes informes sobre la RAM –que eran enviados por Patricia Bullrich a la Secretaria de Asuntos Estratégicos a cargo de Fulvio Pompeo— y el seguimiento de personas relacionadas a Facundo Jones Huala.

Las maniobras de espionaje se realizaron con personal de Gendarmería –desde el Centro de Reunión de Información de Neuquén y de la mano de Jorge “El Potro” Domínguez—, agentes que trabajaron directamente con Bullrich como Fernando Cornes (ver nota aparte) y a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), una unidad que estuvo bajo la órbita de Gerardo Millman desde 2017, utilizada para la “contención” de funcionarios y asesores cercanos a la ex ministra; pero también para reunir información sobre los integrantes de la comunidad mapuche de la Pu Lof en Resistencia Cushamen.

La actual conducción de esta Dirección encontró en uno de los servidores del Ministerio más de 100 archivos e informes organizados en documentos en formato Word y PDF (texto), IPG y Zip de al menos 29 personas, incluida una menor de edad, vinculados a una ceremonia mapuche solicitada por Facundo Jones Huala para realizarse en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal de Esquel en junio de 2018 (Wiñoy Tripantu).

El pasado 3 de julio, la DNIC le envió una nota a la ministra Sabina Frederic para notificarle el hallazgo de las carpetas; luego de la copia y resguardo de esa información, el Ministerio de Seguridad realizó la denuncia penal en Comodoro Py para que se investigue “la producción de inteligencia fundada en la mera condición étnica de los involucrados”, situación que vulnera el artículo 4 de la Ley Nacional de Inteligencia.

 

 

La denuncia

Facundo Jones Huala había solicitado autorización para realizar la ceremonia del año nuevo mapuche cuando ya llevaba un año detenido en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal de Esquel. Corría junio de 2018 y Bullrich todavía seguía de cerca todo lo vinculado a las comunidades en alianza con los fiscales generales de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El lonko de la Pu Lof en Resistencia Cushamen –escenario de la desaparición y muerte de Maldonado— venía de una huelga de hambre que sólo interrumpió cuando le habilitaron la ceremonia. Hebe de Bonafini había dialogado directamente con el gobernador Mariano Arcioni para que intercediera ante Nación.

“Es una victoria colectiva, principalmente de las comunidades y el pueblo mapuche movilizados y organizados, una pequeña batalla ganada en esta gran confrontación contra los Estados opresores y el sistema capitalista”, sostuvo Jones Huala luego de levantar su huelga de hambre que duró 24 días.

Finalmente, la ceremonia ocurrió. Pero Bullrich no se privó de realizar tareas de inteligencia ilegal sobre cada une de les convocadxs por el lonko, incluida una menor de edad.

“Se encontró una carpeta con el nombre Año Nuevo Mapuche que contiene información de inteligencia sobre un grupo de individuos pertenecientes a la comunidad mapuche. Los documentos reflejan la realización de consultas de datos personales en bases de datos de acceso restringido de la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro Nacional de las Personas, la PFA, GNA, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales e Interpol. También obran registros de acceso a bases de datos privadas (Nosis y Sudamericadata)”, puede leerse en la denuncia a la que accedió El Cohete.

Nosis y Sudamericadata no son nombres extraños en el mundo de las causas por espionaje. Las dos bases, así como están escritas, son las bases de datos que usó la AFI en el seguimiento ilegal al obispo jesuita Jorge Lugones, su hermano Lucho Lugones que es presidente del PJ de La Plata y el sobrino de ambos, el otrora intendente Pablo Bruera.

Al cierre de esta edición, desde Comodoro Py no habían informado el juzgado sorteado para llevar adelante la causa.

Según el análisis preliminar realizado por las actuales autoridades del Ministerio de Seguridad, las tareas de inteligencia fueron realizadas “sin orden judicial”; tampoco aparece ninguna hipótesis criminal. Es decir, que toda la información reunida obedeció a la pertenencia étnica de los espiados, algo prohibido por ley.

“Uno de los informes titulado Año Nuevo Mapuche (1) fusión dinic’ describe hechos relacionados con la celebración de esta festividad comunitaria, una apreciación de la situación y análisis de probable evolución. También incluye imágenes y publicaciones relacionadas a las personas y organizaciones políticas que manifestaron su apoyo a la comunidad”, continúa el texto de la denuncia.

En base a este análisis, desde el Ministerio concluyeron que dichas acciones podían ser violatorias de la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe a los organismos de inteligencia obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas “por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias”.

Entre la prueba ofrecida está el informe de la DNIC que advirtió de las tareas de inteligencia y el contenido digital de esas carpetas.

 

 

Listados

Las 29 personas espiadas formaban parte del círculo íntimo de Jones Huala, desde su madre Isabel, su compañera Andrea Millañanco o Matías Santana, un testigo clave de la represión que desembocó en la desaparición (forzada) seguida de muerte de Santiago Maldonado.

No fue la primera lista de personas vinculadas a la “causa mapuche” que llegó a manos de Bullrich y que muy probablemente haya volcado en sus informes sobre la RAM remitidos directamente a la Secretaría de Asuntos Estratégicos; desde allí se construyó la idea de los “enemigos internos” que ponían en riesgo la seguridad nacional.

En el expediente por la desaparición forzada de Maldonado, la Gendarmería investigó a personas que habían ingresado a la Argentina desde Chile en el mismo momento que Santiago sólo para ver si alguna era mapuche o tenía alguna vinculación con ellos.

El CRI de Neuquén tenía fichadas a las personas que se habían solidarizado con la comunidad tras una represión de enero de 2017, tal como publicó este Cohete la semana pasada. Es más, entre los mensajes de WhatsApp cursados entre El Potro Domínguez con el jefe de inteligencia de Carabineros, Patricio Marín Lazo, se llegó a incluir dentro de un listado de “argentinos vinculados a la causa mapuche” a Andrea Antico, la compañera de Sergio Maldonado.

Muchos de los nombres que cruzaban Domínguez y su par chileno se repiten en el listado encontrado en uno de los servidores de la DNIC y entregado junto con la denuncia penal por posible espionaje ilegal.

Una pregunta que queda latente es si además de reunir la información sobre estas personas también había un seguimiento. Al fin y al cabo, la repetición de los listados y las referencias incluidas en los informes que elaboraban los integrantes de las fuerzas de seguridad –como el mensaje de WhatsApp del jefe del CRI Neuquén Darío Fernando Corbalán: Este muchachito escapó de Leleque el 10 de enero— darían cuenta de un seguimiento de cada unx de ellxs.

 

El pez por la boca

Antes de dejar el Gobierno, Bullrich fue denunciada por la APDH por haber ideado un plan sistemático contra los mapuches, causa que está dormida por la jueza Eugenia Capucchetti, puesta por Macri en el juzgado que supo ocupar Norberto Oyarbide.

La ex ministra respondió la denuncia con su habitual verborragia: “Cuando asumimos la RAM había cometido 96 atentados todos judicializados en Chubut y Río Negro, un policía asesinado en Neuquén."

De esas 96 causas, 84 eran NN; nunca tuvieron autores identificados. Las que sí, fueron cayéndose con el tiempo. La principal era la recuperación territorial de la Pu Lof, que Benetton denunció como usurpación. La jueza Karina Estefanía no sólo absolvió a todos los involucrados sino que sostuvo no haber encontrado nada vinculado a la RAM. Hace unos días, Ariel Garzi, amigo de Santiago Maldonado, fue sobreseído de la causa por el corte de vías de la trochita que incluyó la represión de la Gendarmería, el 10 de enero de 2017. Esa denuncia había sido incluida por Bullrich como una acción de la RAM.

Nunca existió la amenaza terrorista mapuche; pero el relato le sirvió a Bullrich para legitimar la represión en la Patagonia, que se cobró la vida de al menos dos personas.

 

 

 

 

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