Señor & Señora Espionaje

 

Poco más de medio año atrás, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas estaban sentados en sus despachos de la poderosa Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Esta semana, si no logran algún artilugio para demorarlo, deberán sentarse ante un juez y dos fiscales para dar cuenta del espionaje que desplegaron contra la principal líder de la oposición, Cristina Fernández de Kirchner.

Arribas y Majdalani fueron una pareja especial. Él, el amigo más atorrante del entonces Presidente Mauricio Macri. Ella, una conocida de La Casa. Él se quedó con las dos áreas que más le interesaban, Jurídicos y Finanzas. Ella, con Operaciones. Los testimonios de ex agentes empezaron a mostrar que los compartimentos no eran tan estancos al interior de la Agencia y que incluso áreas administrativas tenían en su interior áreas operativas. Pero ésa fue la forma en que el 5 y la 8 congeniaron durante cuatro años. Una paz armada.

 

Contrainteligencia

La Turca Majdalani eligió para hacerse cargo del área de Contrainteligencia a un hombre que había conocido en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI): Diego Dalmau Pereyra. Ex militar y agente desde el gobierno de la Alianza, Dalmau Pereyra fue quien convocó a un grupo de policías de la Ciudad para pasar en comisión a la Agencia. Un desaire para el elenco estable de la ex SIDE.

Dalmau trajo consigo a Jorge Saéz, un ex agente de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que había pasado a la Policía de la Ciudad. El Turco Sáez incorporó a dos compañeros de esa fuerza, Leandro Araque y Mercedes Funes Silva. El grupo del Turco – que se iba a nutrir de ex policías e incluso de abogados como Facundo Melo – no habitaba las bases de la Agencia, sino que Dalmau los había habilitado para alquilar un departamento en la calle Pilar que pertenecía a la familia de Funes Silva.

El grupo funcionó más o menos en armonía hasta el primer semestre de 2018. Dalmau, según él declaró, posó los ojos en un funcionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y lo llevó a la AFI. Era Alan Ruiz, un personaje verborrágico y central de esta historia. Dalmau llegó a hacer un evento para presentar a Ruiz como el director de Operaciones y persona a cargo de la llamada Base 95 – donde él había mudado a Contrainteligencia.

Al poco tiempo, Majdalani le comunicó a Dalmau que iba a relevarlo. Le dijo que eligiera destino entre Chile y España, y Dalmau cruzó Los Andes. La 8 llamó a un nacido y criado en la Agencia para reemplazarlo. Era Martín Coste, que había entrado a la entonces Secretaría de Inteligencia (SI) en 2002, poco después de haber cumplido la mayoría de edad y había crecido en Contrainteligencia, los dominios de Antonio Horacio Jaime Stiuso. De hecho, Coste fue cuñado del mismísimo Jaime.

A Dalmau la designación de Coste le sentó como una estocada. Él lo había conocido en la ENI – donde Stiuso lo tenía recluido -- y había pensado en él para ocupar una de las direcciones que estaban debajo suyo. Entre 2016 y 2017, había sido su director de Contrainteligencia y, en la práctica, su número dos.

A fines de 2017, hubo una reestructuración en la Agencia, producto de los desafíos que le imponían la realización de las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G20 – momentos propicios para el espionaje masivo. Coste se fue entonces a trabajar al área de Terrorismo con Darío Biorci, el cuñado de Majdalani, y volvió a Contrainteligencia para mediados de 2018 para ocupar el lugar de Dalmau.

 

 

Espíen a Cristina

A Alan Ruiz lo presentaron con bombos y platillos, e incluso le dieron un sello que decía director, pero lo que nunca tuvo fue un cargo asignado en el organigrama ni una resolución con su nombramiento. En los papeles era Augusto Rovero.

Coste aceptó el cargo en junio de 2018. Pero le aclaró a Majdalani que tenía unos pasajes comprados para irse de vacaciones. Antes de partir, quiso asegurarse de que iba a poder deshacerse de Ruiz.

—Dejalo como director. Yo lo veo una persona súper capacitada. Es lo mejor que tenemos en este momento. Es lo que siempre quise. Me costó un montón sacárselo a Patricia Bullrich, porque trabajaba con ella, y quiero que esté ahí – le aconsejó la subdirectora.

El flamante director operacional de Contrainteligencia tuvo ahí su primera derrota frente a Ruiz. El 3 de agosto, Coste volvió a la Base 95. Estaba revisando el organigrama cuando otro agente entró y le pregunto si el auto que aparecía en la televisión era suyo. Lo habían enganchado el 7 de agosto en la calle Rodríguez Peña 80 vigilando el Instituto Patria.

Coste salió de su oficina. Preguntó y le dijeron que era una orden de Ruiz y que venía desde la 8. Agarró el teléfono y la llamó a Majdalani, que estaba en la oficina central de la AFI. “Lo estamos viendo”, le respondió, pero le aclaró que había una causa judicial.

 

 

 

Bolsos, bolsitas o bolsones

El 1° de agosto de 2018 se conoció que Claudio Bonadio y Carlos Stornelli investigaban un circuito de coimas que había quedado registrado en una serie de cuadernos que llevaba el suboficial del Ejército chofer Oscar Centeno. En todas las anotaciones, hablaba de bolsos. Después se iba a conocer que los cuadernos no estaban, que habían sido quemados en la parrilla y que finalmente iban a resurgir de sus propias cenizas. Pero ése es otro tramo de esta historia.

Bonadio pidió allanar tres propiedades de la entonces senadora Fernández de Kirchner por la llamada causa de los cuadernos de Centeno. El 7 de agosto, la Comisión de Asuntos Constitucionales trató el pedido del magistrado que era motorizado por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Allí, la senadora Anabel Fernández Sagasti denunció que habían detectado la presencia de autos de inteligencia frente al Patria.

En efecto, su presencia había quedado registrada y fue confirmada por los propios agentes ante la justicia de Lomas que investiga el espionaje contra CFK. El 7 de agosto, cuando los descubrieron, había tres ocupantes en el Volkswagen Voyage NNV 682. Los tres eran agentes orgánicos de La Casa, aunque no necesariamente incorporados para esas tareas.

Uno de ellos era, en realidad, portero de la Base 95 – y de profesión bailarín de salsa y merengue. A él le habían dicho que tenía que estar atento a la posible salida de bolsos o bolsas. En eso estaba cuando los descubrieron.

Después de la denuncia de Fernández Sagasti, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, presentó una denuncia que cayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi en Comodoro Py.

 

 

 

 

Cubrir y cubrirse

Arribas y Majdalani entraron en pánico. Todo había salido peor de lo previsto. El 9 de agosto, firmaron una carta dirigida a la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Trataban de explicar que había un auto de la agencia, pero haciendo otras tareas ordenadas por la Justicia y que no estaban vinculadas a CFK.

“Sobre el particular, cumplimos en hacerle saber que esta institución de ninguna manera ordenó, dispuso u efectuó las tareas que se le imputan en relación a la Sra. Senadora ni respecto de otra persona”, escribieron el 5 y la 8.

La otra movida fue empezar a preparar el terreno para tener cobertura judicial. A fines de 2017, en el juzgado de Lomas de Zamora que entonces estaba a cargo de Federico Villena se había abierto una causa por posibles amenazas antes de las cumbres mundiales a raíz de una denuncia de la propia AFI.

En ese expediente, la Agencia había pedido una serie de medidas que le permitían un control masivo, ya sea de las cámaras en los accesos a la Ciudad, de las llamadas al 911 o de los ingresos al aeropuerto de Ezeiza. Fue con esta causa que la AFI justificó la compra de la licencia del programa Earthwatch, que permite captar imágenes satelitales y que se usó entre el 22 de octubre de 2018 y 2019. La interventora Cristina Caamaño remarcó que no encontró para qué se usó la herramienta y que casualmente el período en el que se empleó coincidió con el calendario electoral de 2019.

Diez días después de que descubrieran el auto en el Patria, la AFI presentó un informe bastante atípico en Lomas. No estaba inicialado ni llevaba firma. La nota de presentación la había rubricado alguien que nada tenía que ver con jurídicos, ni contrainteligencia ni terrorismo. Era el director de Relaciones Institucionales y Antecedentes, Rubén Areso. Allí, mencionado al pasar, había referencias a riesgos en la seguridad de Macri, María Eugenia Vidal, Fernández de Kirchner y Diego Santilli.

 

 

 

 

Jurídicos en acción

El 27 de septiembre, el juez Martínez de Giorgi envió un oficio a la AFI pidiéndole información sobre la presencia de los autos. El oficio se lo derivaron a Coste porque los autos y el personal dependían de Contrainteligencia. Coste se enfureció y fue a verla a Majdalani. Amagó con renunciar -- según él declaró. Ella le dijo que no fuera idiota y lo mandó a Jurídicos, el área que manejaba Juan Sebastián De Stefano, un hombre de Daniel Angelici.

Cuando llegó, De Stéfano estaba sentado con Alan Ruiz y Hernán Martiré, otro de los directores de Jurídicos, viendo cómo arreglar el entuerto. A Coste lo mandaron a fabricar un informe con posibles amenazas anarquistas contra Fernández de Kirchner y otros dirigentes políticos.

—A mí me consta que era mentira –dijo Coste ante la Bicameral el 26 de junio pasado.

El informe, en realidad, se presentó el 5 de octubre en la causa de Lomas de Zamora. Llevaba el número 8409 y la firma de José Padilla, uno de los directores de Jurídicos. Decía casualmente que el 30 de julio – un día antes del estallido de la causa cuadernos y una semana antes de que descubrieran el auto de la AFI – se había tomado conocimiento de posibles amenazas contra la ex presidenta. Lo curioso es que nadie se lo comunicó a ella ni a su custodia.

Casi un mes después, el 2 de noviembre, le respondieron a Martínez de Giorgi que los autos habían estado haciendo tareas de prevención por orden del juzgado de Lomas.  La versión se fue amoldando a medida que pasaban las semanas. El 28 de noviembre, Martínez de Giorgi sobreseyó a la dupla dirigente de la AFI. La resolución fue cuanto menos ligera coincidieron los fiscales Incardona y Eyherabide así como el juez Juan Pablo Augé.

 

Las causas

Coste se presentó el viernes último en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Augé. Allí quedó radicada una denuncia que el 20 de febrero pasado presentó la interventora Caamaño por el espionaje contra CFK en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Augé tiene, además, desde hace diez días la investigación que llevaba adelante su colega Federico Villena, quien fue apartado por la Cámara Federal de La Plata porque estaba investigando hechos en los que había estado involucrado su juzgado. Las dos causas -- que son conexas, pero corren por cuerda separada -- están delegadas en los fiscales Incardona y Eyherabide.

Alan Ruiz fue el primer procesado por el espionaje en el Patria. Así lo decidió el martes el juez Augé en consonancia con los fiscales, quienes pidieron que espere el juicio en libertad. El magistrado dio por acreditado que Ruiz ordenó que agentes orgánicos montaran guardia frente al Instituto Patria y al departamento de la actual vicepresidenta. Durante la noche, quedaban autos estacionados que filmaban todos los movimientos. Augé no descartó que antes de la vigilancia de los orgánicos hayan hecho esas tareas “los externos”. En la Bicameral, el Turco Sáez había contado que Ruiz les había pedido el seguimiento a CFK, pero que su grupo lo había eludido con elegancia, dando a entender que lo habían llevado adelante otros de los “externos” que estaban en mejor sintonía con Ruiz.

La causa por el espionaje a Fernández de Kirchner sigue en pleno trámite. El lunes debe presentarse Majdalani y el martes, Arribas por estos mismos hechos. Coste ratificó lo dicho ante la Bicameral, pidió ver la causa con detenimiento y ampliar la indagatoria. Lo esperan el viernes 17.

En la semana también terminaron la primera ronda de indagatorias por la megacausa de espionaje. Ruiz también declaró ahí y descargó muchas de sus responsabilidades en Majdalani e incluso en Coste. Ninguno de ellos fue citado por ahora, a indagatoria en esa causa.

 

 

División Fiestas Electrónicas

Martín Terra no podía pasar desapercibido en Contrainteligencia. Es alto, grandote, musculoso. Pero allí terminó por una amistad de larga data con Gustavo Arribas, a quien conoció en su propio casamiento en 1998. Sus esposas eran amigas y ellos terminaron siendo socios en el negocio del fútbol. Terra estuvo cuando Arribas juró como director general de la AFI y chocaron las copas en el cóctel posterior.

Para fines de 2016, el negocio de Terra de colocación de pisos industriales estaba mal. Le mandó un mensaje a su amigo Arribas y fue a almorzar a la sede central de la AFI, donde terminó pidiéndole trabajo. Arribas, de corazón generoso con los amigos, le dijo que sí, pero lo mandó a la ENI. Terra fue del 10 por ciento de los ingresantes durante el macrismo que pasó tiempo en la casona de la calle Libertad. Cursó entre abril y julio de 2017.

Cuando terminó el curso, lo mandaron a Contrainteligencia. Lo recibió Dalmau Pereyra, pero lo dejó en manos de Coste. Según Terra, Coste trató de sacárselo de encima como pudo. Lo mandó a hacer un curso que daba el FBI en Gendarmería, otro con los servicios de inteligencia italianos, uno sobre narcotráfico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y también lo envió a aprender tiro. Esos cursos los impartía el mismísimo Gastón Quindi Vallerga, campeón de tiro y a cargo del área de Seguridad de la AFI. Quindi fue uno de los imputados por el fiscal Ramiro González por la venta de armas al interior de la Agencia.

A Terra le preocupaban las drogas de diseño. Se lo dijo a su amigo Arribas y éste lo puso a cargo de un grupo de cuatro personas. Una de ellas era Dominique Lasaigues, que también llegó a la AFI por un conocido de Arribas. La misión del grupo era buscar en Facebook fiestas electrónicas e  intentar detectar quiénes eran los dealers y qué pastillas comercializaban. El grupo se terminó disolviendo para julio o agosto de 2018, cuando comenzaba el apogeo de Alan Ruiz y la rivalidad con Coste.

Terra es, además, el ex marido de Analía Maiorana, la actual pareja de Diego Santilli. El ex AFI estuvo en rebeldía durante una semana. El miércoles se presentó en el juzgado de Augé y lo indagaron por la megatrama de espionaje. Negó haber espiado al vicejefe de gobierno y dijo estar viviendo una pesadilla. Lo mandaron a su casa de Nordelta, de donde no puede alejarse por más de 24 horas.

 

 

Te escucho

La oficina de escuchas fue el regalo de Navidad que Macri le hizo a la Corte en diciembre de 2015. Su traspaso efectivo fue en febrero de 2016, cuando Caamaño -- entonces a cargo de la oficina en la Procuración -- se sentó frente a Ricardo Lorenzetti -- entonces presidente supremo. Con un sorteo dudoso, la Corte puso en manos del camarista Martín Irurzun la oficina. Irurzun no sólo dio nombre a la doctrina que permitió preventivas por doquier, sino que hasta febrero de este año estuvo a cargo de las interceptaciones telefónicas.

En Lomas, Irurzun es un legajo de la causa de espionaje. ¿Por qué? Porque el grupo de Alan Ruiz también lo siguió al presidente de la Cámara Federal. Una de las ex agentes, Dominique Lasaigues, reconoció haber sido ella quien le sacó fotos al juez en un bar de Recoleta, que tenía asientos rojos y un gran espejo. Dijo que no sabía de quién se trataba. La orden había venido de Ruiz y aparentemente el pedido era del "1". ¿Macri?

La oficina de escuchas está ahora mismo bajo revisión. El martes, un equipo de la Bicameral va a desembarcar en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). En principio serán dos abogados y dos informáticos que van a revisar todo lo hecho en la oficina de escuchas desde que quedó en manos de la Corte.

Así lo acordaron el viernes después de una reunión en el edificio de Avenida Los Incas en las que estuvieron las autoridades de la DAjuDeCo e integrantes de la Bicameral que preside Leopoldo Moreau. Por una resolución firmada conjuntamente por Fernández de Kirchner y Sergio Massa, se habilitó un proceso de auditoría de la oficina.  El trabajo estará a cargo de una subcomisión que integran por la mayoría del Frente de Todes Rodolfo Tailhade y Martín Doñate y José Cano por Juntos por el Cambio.

Entre los puntos que le interesan a la Bicameral es entender cómo funcionaron las escuchas en las precausas que armaba la AFI y hasta cuándo hubo personal de la Agencia en Los Incas. Esa es parte de la información que ya le aportaron  a la Bicameral tanto la interventora Caamaño como el director ejecutivo de la DAJuDeCo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y que ahora el Congreso deberá escrudiñar.

La Bicameral quiere retomar el ritmo de audiencias, que quedó interrumpido con el crecimiento de casos de Covid en el Congreso. Está previsto que en los próximos días retomen las convocatorias a altos cargos del área de Jurídicos de la AFI macrista para que den explicaciones sobre sus maniobras en las causas, como la que se desnudó en Lomas.

 

 

 

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