Nacionalizar la pobreza

 

Cuando tenía dos años mis padres se mudaron de la Capital Federal a Moreno, a 36 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Allí crecí, nacieron mis hijos y desarrollé mi profesión. Viví en Moreno 48 años. Recuerdo que, cuando era un niño, inauguraron el tren eléctrico. No me acuerdo si era el primero, pero en mi fantasía sin duda lo fue. El tren salía de Moreno y llegaba a Once, por ello los que vivíamos en la zona de Moreno o de Paso del Rey éramos, y nos sentíamos, privilegiados, ya que siempre conseguíamos asiento, mientras que los de Merlo y más allá tenían que viajar parados.

Los recuerdos que tengo de Moreno en mi adolescencia son muy lindos. Tenía bellas y prolijas avenidas, con rutas que comunicaban a la ciudad con casi todos los distritos del oeste del Gran Buenos Aires. Las calles estaban arboladas y el pueblo poseía un centro urbano muy prolijo, con cercos de fachada bajos, y para tocar el timbre había que llegar al porche, traspasando la puerta de entrada al pequeño jardín que estaba siempre abierta. Recuerdo aún el paso de los autos de Turismo de Carretera, que cuando hacían la última etapa del Gran Premio, pasaban a toda velocidad por la Ruta 7, que en ese tiempo bordeaba las vías del ferrocarril, un evento emocionante que congregaba al pueblo entero.

También vienen a mi memoria los corsos que se hacían en los carnavales, pintorescos y alegres, que invitaban a un festejo lleno de matices y aventuras. Pasaban carrozas con sus comparsas, algunas grandes y otras más pequeñas, pero en mi recuerdo todas eran hermosas y daban rienda suelta a mis fantasías infantiles. Lo que no es fantasía es que los vecinos de las diferentes casas-quintas que poblaban el distrito llegaban al festejo en carros tirados por caballos, algunos muy pintorescos y otros totalmente destartalados, pero todos con espíritu de diversión. A las doce de la noche, los más chicos teníamos que regresar a casa porque a partir de esa hora estaba permitido jugar con agua, aventura solo autorizada a “los grandes”. En Moreno tengo aun entrañables amigos. Allí padecí la dictadura, perdí otros tantos buenos amigos, me detuvieron tres veces y luego vi, con inmensa alegría, resucitar a la democracia.

A lo largo de todo ese tiempo Moreno tuvo una especie de metamorfosis, aquel pueblo cadencioso y tranquilo de mi adolescencia fue cambiando paulatinamente para transformarse en el torbellino que es hoy. Según explicó la actual Intendenta municipal, el distrito ostenta el triste récord de ser el pueblo con mayor proporción de la población con sus necesidades básicas insatisfechas de la Provincia de Buenos Aires. Un reciente informe emitido por el IMDEL de la Municipalidad de Morenos, se lee que “si tomamos uno de los métodos de medición de la pobreza que utiliza el INDEC, el denominado método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) relevado cada diez años por el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), en 2010, un 15% de los hogares de Moreno registraba al menos un indicador de NBI. Este indicador supera a la media provincial en 2010 que era de un 9%, y está muy por encima de un distrito cercano que se ubica en la primera corona como el Partido de Morón, que solo un 3,6% de los hogares registra un indicador de NBI”. Y agrega que “una proporción importante de la población del municipio de Moreno, un 32,18%, reside en lo que se define como 'viviendas inconvenientes'” .

Si bien a lo largo del tiempo Moreno tuvo intendentes de distinta naturaleza y color político, en general a todos les fue mal, no porque hayan sido incapaces, ni malas personas, o porque no se esforzaran lo suficiente. La causa es, y ha sido, su propia conformación: los últimos datos disponibles en el Centro de Estudios Municipales muestran un distrito que al 2010 tenía una población de 452.505 habitantes, con un 12,9% de los hogares con sus necesidades básicas insatisfechas, una densidad poblacional de apenas 2431,12 habitantes por km2 y con porcentajes paupérrimos en cuanto a infraestructura de servicios públicos. Estos números dejan poco margen de acción a cualquier gobernante, dificultándole el cumplimiento de sus responsabilidades, como ejecutar la limpieza, el barrido y la iluminación de sus calles, y sobre todo, descartar el desarrollo de infraestructura pública o saneamiento ambiental, incluso extender los servicios públicos ya que apenas logran mantener los actuales, donde cada cosa que se rompe pasa a la lista de necesidades por satisfacer en otra oportunidad. Esa situación obedece a que todo gobernante de distrito pobre tiene una disyuntiva: cumplir con su rol institucional o ayudar a los vecinos que tienen necesidades desesperantes, que en el caso de mi pueblo están condensadas en intentar que las más de 140.000 personas con sus NBI puedan tener un plato de comida en su mesa. Con semejante marco de pobreza, todo gobernante, si tiene algo de humanidad, verá empañada su gestión al no contar con otra opción que cubrir esas necesidades desesperantes y dejar el resto para otra oportunidad.

Para completar la imagen de lo que es un distrito pobre con problemas estructurales, comparemos los números de Moreno con distritos más favorecidos como, por ejemplo, Vicente López, que tiene el 2,4% de personas con sus Necesidades Básicas Insatisfechas, una población de 269.420 habitantes, con una densidad poblacional de 7978 habitantes por km2, y con casi la totalidad de la población cubierta por los servicios públicos. Además, Vicente López tiene una superficie de 33 km2, mientras que Moreno tiene una de 184,2 km2. Es decir, la Municipalidad de Moreno tiene que atender casi seis veces más territorio que Vicente López. Por ello, la evaluación de los servicios públicos hecha por el Centro de Estudios Municipales muestra el nivel de satisfacción de la población respecto de:

• Salud
  • Vicente López 56%
  • Moreno 14%
• Agua potable y cloacas
  • Vicente López 80%
  • Moreno 19%
• Educación
  • Vicente López 46%
  • Moreno 11%

 

Pero ahí no termina todo. Veamos también qué pasa con la capacidad contributiva de la población. Mientras en Vicente López la recaudación per cápita alcanza a $9.300, en Moreno solo es de $1.300. Si esas cifras las medimos en pesos por km2, la comparación es abismal: el municipio de Vicente López recauda $76 millones por km2, mientras Moreno solo $3,1 millones por km2.

En conclusión, esta comparación entre Moreno y Vicente López podríamos repetirla entre cualquier municipio rico y cualquiera pobre y el resultado sería el mismo. El municipio pobre en estas condiciones no puede cumplir su rol institucional y empeora cada día la situación social y económica del conjunto de sus habitantes. Mientras que los municipios ricos, por su parte, serán cada día más ricos en una suerte de “condenados a la riqueza”. Es decir que lo mismo que pasa con las personas ocurre con las instituciones emblema de la democracia, a medida que esta diferenciación se amplia, se hace cada vez más notoria la destrucción de valores como equidad y solidaridad. La diferenciación social se dispara y se torna apabullante, poniendo en riesgo la cohesión social necesaria en todo sistema democrático. Esta realidad fue verbalizada por Raúl Alfonsín cuando dijo que “el peor enemigo de la democracia es la persistencia en el seno de la sociedad de los valores disolventes del egoísmo individual o de grupo, de los prejuicios y de los dogmatismos. El principio de la solidaridad social puede no estar explicitado en la Constitución ni en la plataforma de los partidos políticos, puede no figurar en los estatutos de los sindicatos y organizaciones empresarias, pero sin su presencia efectiva en las mentes y en los comportamientos de los ciudadanos, no hay sistema democrático real”.

Hay que tener en cuenta que la diferenciación entre municipios ricos y municipios pobres genera en grandes sectores de la población actitudes discriminatorias y xenófobas, las cuales alteran negativamente el pacto democrático requiriendo actuar rápidamente para recrear los valores de la solidaridad social, no solo por un imperativo moral sino por una necesidad política de preservar la democracia y la convivencia social. Por eso es importante revisar la historia, porque ello nos permite entender y aprender de nuestros errores de manera de tener la oportunidad de no repetirlos y, sobre todo, de proyectar el futuro.

En 1982 Domingo Cavallo fue responsable de nacionalizar la deuda privada, beneficiando a los grandes intereses económicos y, en particular, a la familia Macri, lo que le valió transformarse, en aquellos tiempos, en la fortuna más grande de la Argentina. Esa tarea luego fue complementada por el mediático economista Melconian, quien se ocupó de despenalizar a quienes fueron responsables de uno de los mayores desfalcos de nuestra historia. Esa nefasta página nos tiene que servir de ejemplo de cómo opera el capital concentrado con el Estado cuando es manejado por el neoliberalismo.

Creo que, como contracara de gobiernos que tuvieron como responsables de gestión a personajes como Cavallo o Melconian, un gobierno que defiende los intereses de los sectores populares debería encarar, a modo de reparación histórica, la “nacionalización de la pobreza”. Sacar de los municipios pobres la necesidad de hacerse cargo de la angustia social y del hambre, y resolver todas las caras de la pobreza. ¿Y cuál es el instrumento o la política social que permitiría cristalizar tal cometido? Pienso sinceramente que tal desafío puede verse coronado de triunfo con la implementación del Ingreso Básico Universal (IBU) que vengo proponiendo desde hace un tiempo en mis notas de domingo en El Cohete: una prestación monetaria universal, asociada al derecho de ciudadanía, que permita erradicar de una vez por todas la pobreza de nuestro país. Esta “nacionalización de la pobreza” requiere transformar la implementación del IBU en una causa nacional, financiada entre todos los que habitamos el suelo argentino pero unificando en una sola, gran parte de las políticas sociales vigentes.

Si algo caracteriza a nuestro país en materia de seguridad social es la fragmentación en la implementación de los distintos programas sociales. Tres organismos y un ministerio son los encargados de brindar las prestaciones involucradas: el Ministerio de Desarrollo Social, ANSES, PAMI y la Super-Intendencia de Servicios de Salud (SSSalud). Además de ello, cada provincia tiene su propio ministerio para atender esta problemática, cada municipio una secretaría y una infinidad de ONGs, de organizaciones sociales y diversos cultos religiosos implementan programas sociales o caritativos de diversa naturaleza. Esta fragmentación no solo es costosa, por el dispendio de recursos, sino que atenta contra la eficacia necesaria para brindar una solución integral al problema. Debería conformarse una vía institucional, un ministerio de Protección Social o un ente coordinador que unifique todas las políticas sociales en un único organismo de aplicación, con una política de Estado básica y otras complementarias.

Este desafío es absolutamente posible de realizar si se toma como el objetivo prioritario de este momento histórico. Como dejó estampado Willam Beveridge en su plan de seguridad social en 1942: “La liberación de la necesidad no puede ser impuesta ni concedida a una democracia. Debe ser conquistada por ella misma. Para conquistarla necesita valor, fe y sentido de unidad nacional: valor para hacer frente a las dificultades, y superarlas; fe en nuestro futuro y en los ideales de lealtad y de libertad [...] y sentido de unidad nacional que se imponga a los intereses de clase o de grupo”.

 

 

 

 

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