UN COMBATE DESIGUAL

 

Los italianos de las primeras décadas del siglo XVI estaban experimentando en carne propia los rigores y las consecuencias de la guerra. Con la incursión del rey francés Carlos VIII en 1494, iniciaron las llamadas guerras italianas, cuyas consecuencias más definitorias fueron que la mayor parte de los Estados italianos perdieron su independencia; a partir de este suceso las potencias europeas, principalmente España y Francia, se repartieron porciones importantes de su territorio. Nicolás Maquiavelo, gran observador de su tiempo, escribe al respecto en su libro Del arte de la guerra: “La intención de quienes promueven una guerra ha sido siempre, y es lógico que así sea, enriquecerse ellos y empobrecer al enemigo; y la única razón por la que se busca la victoria y se anhelan las conquistas es el acrecentar el propio poderío y debilitar al adversario”.

La guerra contra los pueblos y los Estados en los tiempos modernos es más sutil y tiene una cabeza de puente, que es la deuda. En ese altar se condicionan nuestro presente y nuestro futuro, se ceden activos, se pagan tributos (intereses y amortización de capital) y los gobernantes pasan a ser meros administradores de los acreedores, cumpliendo la definición del objetivo de la guerra del gran florentino.

El primer atisbo de que los subordinados no respetan el orden establecido y se va a dar batalla es no acatar las condiciones impuestas. Eso hizo el gobierno de Alberto Fernández cuando presentó su propio plan de pago y dejó de pagar a los tenedores privados de títulos argentinos, el 22 de abril de 2020.

La deuda externa argentina se incrementó en más de 100.000 millones de dólares en el gobierno de Cambiemos, para llegar a 323.065 millones de dólares al 31 de diciembre de 2019. Una parte, 66.238 millones de dólares, está en 21 títulos en moneda y jurisdicción extranjera sobre los que el gobierno argentino plantea un canje, con nuevos plazos y nuevas tasas de interés, tras demostrar la imposibilidad de afrontar los pagos con las cláusulas originales, estudio que avaló el mismo Fondo Monetario Internacional.

Una parte importante es la deuda con el mismo FMI, unos 44.000 millones de dólares; otros aproximadamente 30.000 millones de dólares, con organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial, el BID, la CAF, etc.; otros 130.000 millones es deuda intra sector público (FGS de la ANSeS, BCRA, Banco de la Nación Argentina, diversos fondos fiduciarios, etc.); y el equivalente a 53.000 millones de dólares restantes es deuda con el sector privado en moneda nacional e incluso en moneda extranjera, pero en jurisdicción nacional. (El gobierno nacional enviará un proyecto de ley de reestructuración para asimilarlos al canje propuesto a los títulos de jurisdicción extranjera y de acuerdo a la cláusula RUFO, que obliga a dar igual trato a todos los acreedores, en cuanto a interés y plazo.)

El principal problema a dilucidar es por qué esa deuda se tomó para pagar el déficit fiscal que es en pesos, bajo qué condiciones el Estado Nacional le vendió esos dólares al BCRA y este a los bancos a un precio atrasado ex profeso para que la bicicleta financiera funcionase y por qué unos 86.200 millones de dólares fueron fugados del país, con el agravante de que los cien primeros compradores (personas físicas o jurídicas) lo hicieron por 24.679 millones de dólares. La deuda se tomó para endeudar al Estado y beneficiar a una minoría rentística.

Ese objetivo del endeudamiento no invalida que la Administración Nacional tomara deuda por más de 100.000 millones. Quienes las compraron lo hicieron muy cerca de ese valor. Los primeros que vendieron los títulos argentinos a bajo precio porque prefirieron pasarse a dólares, en abril de 2018, fueron JP Morgan, Deustche Bank, Goldman Sachs, HSBC y Morgan Stanley, lo que desató la corrida. El 25 de abril de 2018 compraron a $ 20,20 y a los tres meses valía más de $ 40 cada dólar. Prefirieron ganar el 100% o más en tres meses que esperar al vencimiento del título. Obviamente a ellos los siguieron otros tenedores de títulos argentinos y eso empujó a la baja en el precio de mercado de todas las obligaciones de deuda pública y también del valor de las acciones de las empresas argentinas.

Ante esa situación de derrape irremediable se acuerda con el FMI en junio de 2018, lo cual reflota al gobierno de Macri y, paralelamente, aparecen los principales poseedores actuales de los 21 títulos de deuda argentina con jurisdicción extranjera. Los fondos de cobertura BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc, , compraron por la mitad del valor nominal de esos títulos.

El gobierno argentino hizo la primer propuesta de canje global el 19 de marzo de 2020, con un período de gracia hasta 2023 y una tasa de interés para los títulos nuevos del 0,5% anual. Esto implicaba un valor presente de esos nuevos títulos del 40%. La mayoría de los bonistas no lo aceptó.

 

 

La propuesta ante la SEC

El  lunes 6 de julio de 2020, tras una larga negociación, el gobierno argentino presentó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) una nueva oferta de reestructuración de deuda pública bajo legislación extranjera. A la vez informó que, de aceptarse mayoritariamente dicha propuesta, enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina, en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

La propuesta consiste básicamente en un canje de los 21 títulos de deuda por nuevos y que por ley nacional se les reconoce la prorroga de esa jurisdicción extranjera. Para estos casos se dan 12 propuestas distintas que van desde:

1. Bonos con interés anual fijo del 1,00% en U$D, con vencimiento en 2030;
2. Bonos con interés anual fijo del 0,5% en euros, con vencimiento en 2030;
3. Nuevos Bonos 2030 en U$D que devengan tasas de interés variables que van del 0,5% al inicio a 1,750% al vencimiento final;
4. Nuevos Bonos 2030 en euros que devengarán intereses del 0,125% anual pero comienzan a amortizar capital en 12 cuotas semestrales en 2025;
5. Nuevos Bonos 2035 en U$D que devengarán interés anual variable que va de 0,125 a 5% al final;
6. Nuevos Bonos 2035 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125% al 4,0%.
7. Nuevos Bonos 2038 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125% a 5,0%;
8. Nuevos Bonos 2038 en euros que devengarán interés anual variable de 0,1250 a 4,250%;
9. Nuevos Bonos 2041 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125 a 4,875%;
10. Nuevos Bonos 2041 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125 a 4,50%;
11. Nuevos Bonos 2046 en U$D que devengarán interés anual variable de 0,125 a 5,0%,
12. Nuevos Bonos 2046 en euros que devengarán interés anual variable de 0,125% a 4,125% en el año 2046.

Depende de cuál de las doce opciones se tome, pero en promedio el valor presente para los títulos en dólares es de 54,4 dólares por láminas de 100. Y en las opciones en euros es de 50,8 euros por láminas de 100, siempre en el marco del exit yield del 10% que es reconocer una tasa de riesgo país de 1.000 punto por encima de la tasa de los Estados Unidos por un lado y, por otra parte, los títulos que provienen del canje del año 2005 que tenían la cláusula indenture 2005 (esto es cualquier modificación debe ser aceptada por el 85% de los acreedores), continúan con ese beneficio.

 

 

Análisis y síntesis

La deuda es legal porque el gobierno de Cambiemos se endeudó y el Congreso de la Nación, con el voto afirmativo de muchos de los que hoy son conspicuos miembros de la bancada oficial, le autorizó todos los años a tomar esa deuda.

La propuesta, como lo reconoce el Ministro Martín Guzmán, es un esfuerzo desmesurado porque cualquiera sea la alternativa que podrían elegir los acreedores de canje de títulos, va costar pagar y condiciona nuestro presente y nuestro futuro.

El fondo BlackRock que lidera uno de los grupos de acreedores dijo que no va aceptar la propuesta argentina, pese a que tiene fuerte participación en empresas en el país y le convendría que la economía local se recupere, pero pesa también el hecho de que, de aceptar la quita formal (por ejemplo que el BONAR 2024 devenga una tasa de interés anual en dólares del 8% y como se compra a menos del 50% de su valor nominal la tasa de interés real, si se pagara, sería más del 16%), sería un ejemplo a seguir por muchos países y seguramente que ellos poseen títulos de deuda de esas naciones que están en condiciones similares a la nuestra.

El gobierno argentino hizo la propuesta formal y dependía de que la aceptasen más de las dos terceras parte de los acreedores para no incurrir en default con las intimaciones de pagos judiciales correspondientes en jurisdicción extranjera. El rechazo de BlackRock y otros da por caída la misma. Aparentemente la presión del grupo es continuar la negociación a la espera de obtener una “libra más de carne”.

No es lo mismo defaultear con Paul Singer, que es un pequeño usurero con claras y manifiestas influencias en los tribunales de deuda de los Estados Unidos, que con Larry Fink, presidente de Blackrock que reconoce que administra activos por 7 billones de dólares (más de 20 veces el PIB argentino) y con vinculaciones de todo tipo, incluso en la misma Argentina, pero también queda claro que el gobierno nacional no quiso llegar a esta situación.

 

 

Auditar la deuda

Lo antes dicho es razón por demás para averiguar donde se fueron gran parte de los dólares de la deuda y si la gestión fue de acuerdo a derecho, y proceder internamente a que se haga público y se castigue a los culpables por el delito de malversación de fondos públicos y abuso de autoridad.  Gran parte de la población los eligió para que deliberen y gobiernen en procura del bienestar general  para nosotros y para nuestra posteridad y en cambio, han endeudado al país sujetándonos a sacrificar nuestro trabajo y nuestra producción en dependencia a fondos extranjeros.

Repiten el mismo mecanismo desde Rivadavia y Mitre hasta la dictadura militar, Menem y Macri, y sin embargo, como han servido a intereses foráneos, gozan de impunidad legal.

Se necesita auditar la deuda, adónde se destinó, quiénes se beneficiaron y establecer responsabilidades. Paralelamente, se debe desarmar el andamiaje legal entre la ley 24.156 de Administración Financiera y Control de Gestión del Sector Público Nacional (sancionada en 1992) y la ley 25.188 de Responsabilidad de los funcionarios públicos (sancionada en 1999) y cumpliendo con la Constitución Nacional restablecer la plena soberanía del Congreso en auditar las acciones del Poder Ejecutivo. Es imprescindible comunicar fehacientemente todo lo actuado al pueblo, porque desde el 25 de mayo de 1810 quiere saber de qué se trata.

Los acreedores están sujetos a derecho, los que tuvieron acción maliciosa y dolosa deben hacerse cargo de su obrar, lo decía Arturo Illia: “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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