HACIA UNA POLÍTICA ENERGÉTICA

 

Uno de los tantos efectos negativos de la pandemia ha sido sacar del foco de la administración a algunos sectores que, si bien tienen la atención gubernamental, no disponen de la prioridad que absorbe la dedicación principal de los funcionarios.

Uno de ellos ha sido la energía, cuya importancia es innegable para el funcionamiento de la economía, pero que transita el momento con los inconvenientes de esa ausencia en las miradas intensas que tendría en épocas de normalidad.

Por eso estas líneas: para intentar una reflexión sobre sus problemas actuales. Uno de ellos reside en la gran dificultad para desandar un modelo establecido en los '90 para la energía, naturalizado por gran parte de los actores intervinientes en el tema. Este sistema de funcionamiento fue establecido en su oportunidad para el protagonismo de la actividad privada, sus beneficios y, paralelamente, el acotamiento de la intervención estatal. Si bien no ha funcionado para la inclusión ni para un desarrollo armónico de acuerdo a las necesidades de la población y de la economía, persiste en la organización y normativa que rige actualmente, más allá de numerosas modificaciones que no alteraron aquél objetivo inicial. El desafío de nuestra administración está en resolver la coyuntura, y al mismo tiempo sembrar el camino de cambios que permitan transitar hacia una nueva política energética. De lo contrario es posible que los avatares de la gestión cotidiana y sus urgencias terminen con la subsistencia de la estructura actual. Es una gran tentación, y la posibilidad de que los intereses involucrados en el modelo predominen finalmente por sobre los del conjunto de la población y las obligaciones del Estado. Por ello las medidas circunstanciales que se adopten en cualquiera de las áreas energéticas son muy importantes si tienen ese norte.

Sin pretender ya el proceso consensuado hacia la fijación de una nueva política energética, la identificación de algunos problemas centrales, diríamos ejemplares, que hacen a aquellos cambios estructurales del modelo, y que tienen la posibilidad de reparación con medidas actuales, permitiría despejar el camino para ir elaborando aquella política.

Uno de ellos estriba en el precio de la electricidad para los consumidores, residenciales o comerciales, pymes o grandes industrias. Ese valor para los usuarios debe tener la razonabilidad que permiten nuestras fuentes de energía apenas se ordene el manejo de los costos de producción eléctrica, hoy atravesada por un conjunto de complejos contratos y variables que deben necesariamente ser revisados.

Más allá de la buena voluntad de las actuales autoridades para lograrlo, el organismo que administra esos precios, CAMMESA, es una herencia central del modelo neoliberal creado en los '90’: es manejada principalmente por los actores privados que resultan luego los beneficiarios de las regulaciones y decisiones que ellos adoptan, en tanto el Estado nacional apenas tiene eventualmente una posibilidad de veto. Si no se advierte en este punto la necesidad de modificar la normativa de ese ente, ni de la mayor parte de las variables que justifican la magnitud de los precios de la electricidad que paga todo el país, es probable que el modelo noventista persista. El conjunto de rubros que componen ese precio merece una profunda revisión que elimine rentas injustificadas o meramente irregulares. Es posible entonces reducir notablemente un costo de la economía argentina, y no existen razones para demorar ese proceso.

Por cierto que en el sector eléctrico existe otra importante cantidad de cuestiones a resolver, incluyendo organismos o empresas que se desenvuelven en este ámbito. Pero el señalado anteriormente es sin dudas el principal. Para ejemplo de esa centralidad, digamos que la deuda que tienen los distribuidores de todo el país con CAMMESA por el suministro de electricidad asciende actualmente a más de 100.000 millones de pesos, un problema grave a resolver. Es cierto que no toda esa deuda es debida a los incrementos en los precios en los últimos cuatro años, porque también incide la recesión y la pandemia, pero aquellos tienen una importante cuota de responsabilidad en ese monto.

Con relación a otros aspectos, la revisión del plan de renovables, del precio del transporte, de los costos de la distribución, del funcionamiento de Transener, en fin del planeamiento de este subsector y otros temas más, implican definiciones y responsabilidades que se suman a un sistema integrado de políticas que debe tener necesariamente la energía.

En el ámbito de los hidrocarburos, la coyuntura impide además definiciones de mediano plazo, y los problemas se acumulan sin una orientación definida. YPF, su centralidad, padece de su dispersión, como no queriendo asumir su obligación con el momento, con el país. La fantasía de una Vaca Muerta salvadora para obtener divisas, en lugar de una excelente oportunidad de autoabastecimiento y desarrollo nacional, encegueció sus gestiones y su política, impidiendo que la empresa insignia cumpla su rol esencial: producir abundante gas para que el país no dependa en gran parte de la gestión privada y de sus requerimientos de renta a costa de precios subsidiados, cuyos costos terminan asumiendo el Estado y los usuarios. Y por otra parte en su función de dinamizar en todo el territorio nacional la exploración y extracción del petróleo necesario para el consumo local y para continuar con la exportación.

La ausencia de organismos especializados que colaboren entre la administración nacional de este subsector y la producción, refinación y distribución de combustibles, conspira también contra el necesario control y regulación de un segmento con poca transparencia.

Son dos ejemplos, en distintas esferas del quehacer energético, que muestran la necesidad de cambios paulatinos para modificar una estructura global ineficiente, que justifica beneficios inadecuados.

Estos aspectos puntuales son apenas una señal de un sector que está exigiendo una nueva mirada, especialmente una conducción unificada y experta de la energía —que funciona como un sistema integral—, con la suficiente autoridad para garantizar que el desarrollo federal del sistema no implique una disgregación de esfuerzos e iniciativas que perjudique una política nacional para el sector, lo que requiere pasos concretos y consensuados con todas las jurisdicciones que reflejen una política de inclusión y de protagonismo de la producción industrial.

 

 

 

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