SOCIEDAD Y ESTADO

 

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la República el 25 de mayo de 2003 planteó un capitalismo serio que significó qué se produzcan bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos, sostenía el Presidente), que se defienda el mercado interno, que las exportaciones principalmente de soja paguen una retención que permita al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado, que el Estado cumpla su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de juego por un lado y de asistencia a los que menos tienen por el otro, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

La Argentina crecía y crecía la industria, que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre 2003 y 2011, según los números del INDEC revisados durante el macrismo por Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación, en lugar de invertir prefirió hacer el juego que más conoce y que más practica: fugar capitales. De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar, que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía, que en gran parte se debió comprar del exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debía producir un nuevo reordenamiento por parte del Estado. A fin de 2011 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo anunció con la denominación de “Sintonía Fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal” que significaría ver cuánto recibe en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuánto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

Se trataba de compensar el proceso de desinversión y fuga de capitales de los empresarios  con políticas de impulso a la demanda. Pero como al mismo tiempo no se adoptaron las anunciadas medidas de sintonía fina, y ante la restricción de la oferta, se generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

Ante la falta de dólares para frenar la fuga y la presión sobre el tipo de cambio, se intentó volver a los mercados de capitales, de allí que primero se le pagó la indemnización a Repsol S.A. por el 51% del paquete accionario de YPF SA; se reconoció y comenzó a pagar la deuda con el Club de París; se aceptaron los fallos del CIADI; pero el rechazo a tratar el caso argentino por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el 14 de junio de 2014 y de esa manera convalidar la interesada interpretación del pari passu del juez Thomas Griesa, cercenó el retorno al sistema financiero internacional.

Una de las alternativas que Kirchner exploró en 2005, cuando junto a sus pares de la región le dijo no al ALCA en la Ciudad de Mar del Plata, fue acordar con China planes de inversión y financiamiento. Con los tiempos que se toman los orientales, sus frutos se vieron diez años más tarde, para financiar las represas Cepernic y Kirchner en su provincia natal, a la vez de acordar swaps [1] por un monto significativo que compensaron el goteo incesante de dólares demandados por los sectores de ingresos medios y superiores de la Argentina.

Las grandes empresas que operan en el país dependen más del exterior (sus ventas, su ganancia, las posibilidades de renta y de inversión) que del mercado interno. Para ellas los trabajadores son más un costo que un potencial demandante de sus productos (sea esto soja u acero), la fuerte extranjerización del sector, su interrelación con grandes organismos comerciales y financieros internacionales hace que propongan un Estado mínimo (en la dictadura se ufanaban diciendo que achicar el Estado era agrandar la Nación) y altas tasas de desempleo como presión sobre las remuneraciones de los que trabajan. Como esas empresas no quieren pagar impuestos, pretenden que ese Estado mínimo lo financien los trabajadores.

La idea del gran empresariado nacional es contar con un Estado limitado y que no traspase las puertas donde diga “Prohibida la entrada a toda persona ajena a la empresa” por un lado y, por otra parte, recibir todo tipo de prebendas (contratos y licitaciones, créditos a tasas preferenciales, desgravaciones impositivas y sobre todo, que el Estado se haga el desentendido de sus negocios). Cuando se produce una catástrofe, como la Covid-19, no garantizan los puestos de trabajo pero reciben la postergación o reducción hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al sistema previsional y el Estado abona el salario complementario por hasta el 50% de la remuneración neta percibida por el trabajador (no pudiendo ser inferior a un salario mínimo vital y móvil ni superar dos salarios mínimos), mediante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Son los distintos Estados, nacional, provinciales y municipales, los que deben socorrer a la población en el equipamiento de los hospitales, en asistencia alimentaria y de ingresos como es el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), etc. La cuarentena impacta sideralmente sobre la economía (según estimaciones del FMI se proyecta un descenso del PIB del 9,9% para este año 2020 en nuestro país). Como el sistema impositivo está mayoritariamente ligado al consumo y al nivel de actividad, tanto en la Nación (IVA, impuesto al cheque, internos, combustible) como en las provincias (el impuesto a los Ingresos Brutos representa más del 70% de la recaudación propia de cada jurisdicción sub nacional) en abril y mayo 2020 el déficit fiscal de la Nación fue de casi la mitad del gasto total realizado [2].  Y en forma desigual pero otro tanto pasa en las provincias.

En el conjunto de las provincias el Impuesto Inmobiliario Rural solo representa el 0,3% del PBG y no están dispuestos a realizar ninguna contribución al erario público. Tal vez el caso más flagrante sea la provincia de Buenos Aires: cuando se discutió a principios de este año 2020 el Código Fiscal, se corroboró que 211 familias o sociedades son dueñas de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables) y la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural fue de $ 7.294 millones en 2018 (el 2,66% de la recaudación tributaria propia de la provincia, cuando el Impuesto a los Ingresos Brutos representó el 69,87% de la recaudación). En 2019 los terratenientes pagaron $ 10.047 millones (el 2,74% de los ingresos impositivos de la provincia); y en los primeros cuatro meses del año 2020 el pago acumulado por el gravamen fue de solo $ 3.097 millones (el 2,17% del total ingresado por los impuestos provinciales).

Esto obliga al gobernador Kicillof a presentar un Proyecto de Ley para que la provincia tome deuda en organismos bilaterales y/o multilaterales de créditos por 500 millones de dólares, suma que se hubiera logrado con creces con que solo aportaran las 211 familias y sociedades la suma de 50 dólares por hectárea, por única vez y en compensación de la miseria que pagan, si es que pagan, por su propiedad.

 

 

La pandemia y después

La crisis provocada por el Covid-19 se atraviesa con falencias de todo calibre. Ningún país está preparado para enfrentar a este tipo de enfermedad, ni la población en general que no termina de tomar conciencia de la gravedad, ni había infraestructura para afrontarla. Es cuando más se necesita de la solidaridad de todos, especialmente de aquellos privilegiados que están en condiciones de hacerlo.

Pero no, lo que buscan es que el Estado esté más debilitado para obligarlo a acordar bajo sus condiciones que ellos llaman gobernabilidad. No por casualidad, lo mismo buscan los fondos de coberturas poseedores de títulos de deuda argentina, como el grupo de acreedores Ad Hoc —bajo el liderazgo de BlackRock— que cuando estaban arribando a un acuerdo pretendían que los nuevos bonos que reemplacen a los actuales, sean emitidos bajo la cláusula "indenture 2005" hasta que se terminen de pagar, es decir, una suerte de condena a convivir con la amenaza de que cualquier alteración debe ser aceptada por el 85% de los acreedores, cuando desde el año 2014 dicha severa restricción dejó de usarse en la renegociaciones de deuda en todo el mundo. Ante esa imposición inadmisible, el gobierno argentino extendió nuevamente el plazo de las tratativas de la deuda hasta el 24 de julio de 2020, con el objetivo de alcanzar su reestructuración.

En un marco adverso, mientras la mayoría de la población trata de sobrellevar la pandemia y ver si puede seguir trabajando y produciendo, la minoría enriquecida presiona al gobierno en consonancia con los grandes administradores de títulos de deuda en una clara comunidad de intereses en que, seguramente, los grandes fugadores de capital de la Argentina deben tener parte de esa fuga administrada por BlackRock y demás fondos.

De hecho sabemos que oficialmente BlackRock es uno de los dueños de Glencore, que Glencore es socia de Vicentin en Renova SA, ubicada en Timbúes, Santa Fe, a orillas del Paraná, con capacidad para moler 30.000 toneladas/día de grano de soja y un puerto con 2 muelles de cargas de aceite, harina de soja y/o cereales, que también a partir de aceites se obtiene biodiesel y glicerina, mientras que de cereales (maíz/sorgo) se obtiene etanol y alimento para ovinos, aves y porcinos.

Los geólogos Miguel Gianfrancisco y Guillermo Vergara, de la Universidad de Tucumán,  descubrieron una cuantiosa exacción al Estado por parte de Glencore, Goldcorp y Yamana Gold al no declarar la exportación de cromo, titanio, circonio, cerio, cobalto, cesio, hafnio, lantano, níquel, uranio, tungsteno y otros minerales de la planta minera Bajo la Alumbrera. Ubicada en Catamarca, fue descubierta por el investigador de la Universidad de Tucumán Aníbal Peirano. Glencore posee la mitad del paquete accionario  de su explotación, Goldcorp 37,5% yYamana, 12,5%. Los auditores estiman las exportaciones no declaradas a lo largo de las décadas, en miles de millones de dólares

Dichos minerales son trasladados en tren desde Tucumán al puerto de Rosario en la provincia de Santa Fe, cuya administración era realizada por las firmas Vicentin y Ultramar de Chile, siendo el presidente de la Terminal Puerto Rosario, Gustavo Nardelli.

 

 

La alternativa

En primer lugar se debe comunicar a todo el pueblo argentino el estado de situación, al solo efecto de que se sepa la verdad y se pueda desenmascarar la farsa de la libertad que da el capital. Segundo, más allá de que hay 14 puertos privados sobre la llamada hidrovía del Paraná y la comercialización se realiza en gestión privada, lo inadmisible es que el Estado no tenga capacidad de control, se debe cruzar la información y tomar cartas en el asunto.  Tercero, se tiene el listado de los que fugaron los 86.200 millones de dólares durante el gobierno de Cambiemos, con lo que se puede corroborar que rol juegan en el tema deuda y en el tema Vicentin y el comercio de granos y aceites. Incluso qué rol juegan en la difusión del conflicto.

Nuestra sociedad no ha superado ideológica y políticamente la dictadura militar, persisten sus escalas de valores en un alto porcentaje de la población. Una parte recibe algún beneficio, o piensa que si el Estado dirime le puede ir peor, sobre todo en ese sector que es uno de los principales acreedores por entrega de granos y dice que se trata de un negocio de palabra.

Es una contienda difícil, pero como le hace decir el poeta José Joaquín de Olmedo a Simón Bolívar a sus soldados en la Batalla de Junín: “Acometed, que de quien más se atreve el triunfo ha sido, quien no espera vencer ya está vencido”.

 

 

 

[1] El swap o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes (en este caso la República Popular China y la República Argentina), se comprometen a intercambiar una serie de cantidades de dinero en fechas futuras.

[2] En el mes de abril 2020 el gasto total mensual fue de $ 582.298 millones y el total de  ingresos de $ 316.248 millones (déficit fiscal $ 266.050 millones) Y en el mes de mayo 2020 el gasto fue de $ 636.340 millones y los ingresos de solo $ 328.121 millones (déficit fiscal de $ 308.219 millones) o sea en torno al 1% del PIB por mes.

 

 

 

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